Esta es la tercera entrega de la serie Chiapas: Desaparecer en la Frontera Sur de México, producida por Avispa Mídia. 

La disputa entre grupos criminales ha cambiado la cotidianidad de pueblos y comunidades en el estado de Chiapas, de manera particular, de poblaciones de la Sierra Madre de Chiapas, fronterizas con Guatemala como Frontera Comalapa, Chicomuselo, Motozintla, Siltepec, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, La Grandeza y El Porvenir.

En la primera entrega de esta serie presentamos una contextualización del conflicto que ha iniciado por lo menos desde 2018 y ha explotado en los últimos meses.

En los textos que siguen, el objetivo es mostrar el rostro de las estadísticas que apuntan centenas de muertes y desaparecidos. En la segunda entrega, trajimos la historia de Armando Agustín, un taxista de Ciudad Cuauhtémoc que desapareció mientras trabajaba. Su familia sigue en su búsqueda.

Ahora, presentamos la historia de Rolando Rodríguez Morales, el Comisariado ejidal de Sinaloa, municipio de Frontera Comalapa, que desapareció después de proteger a su comunidad.

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En julio de 2022 se intensificaron los hechos violentos en el ejido Sinaloa, municipio de Frontera Comalapa. El día 15, las niñeces se encontraban en la escuela cuando se escucharon las detonaciones de armas de fuego. 

Los docentes de la escuela primaria Emiliano Zapata Salazar trataron de tranquilizar a las y los alumnos que lloraban de miedo. Mientras hombres armados entraron a las viviendas a realizar disturbios, dañaron la producción y el comercio de muchos.   

Al ver la situación el Comisariado ejidal, Rolando Rodríguez Morales, decidió pedir ayuda a los militares. En menos de una hora regresó acompañado de los uniformados que lograron disipar el enfrentamiento que se suscitó por una supuesta traición entre grupos locales pertenecientes al cártel de Sinaloa, que en el ejido reconocen como "los mayos" y "los chapos" (aludiendo a los líderes). 

El ejido Sinaloa se localiza a 23 kilómetros de San Gregorio Chamic, a 61 de la cabecera municipal de Frontera Comalapa y 53 del municipio de Chicomuselo. Es decir, es otro de los puntos estratégicos en las rutas que se disputan los grupos criminales en la Sierra Mariscal de Chiapas. 

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La piedra en el zapato 

Pero el día del enfrentamiento entre cárteles (julio 2022), Rodríguez se convirtió en “la piedrita en el zapato, porque los hombres armados lo vieron llegar con los militares” y las amenazas comenzaron, dijo vía telefónica, Luis Moguel, habitante del lugar. 

Además de ser Comisariado, también se dedicaba a la renta de internet y el 20 de septiembre, del mismo año, debía pagar el servicio, por lo que a las 11h salió rumbo a Comitán de Domínguez, a 71 kilómetros de distancia, a pesar de que su esposa le pidió no hacerlo.

Para no gastar mucha gasolina decidió usar el transporte público, pero avisó a su familia cuando llegó y salió de Comitán. Alrededor de las 17h dijo que se encontraba en el transporte en San Gregorio Chamic y, en el último mensaje, mencionó que en el lugar había personas sospechosas. 

A los 10 minutos intentaron comunicarse con él y no respondió más. Algunas personas del mismo ejido que iban a bordo relataron que el transporte avanzó unos metros de la terminal y hombres armados gritaron en varias ocasiones: ¡Rolando, bájate!

El Comisariado, de entonces 45 años de edad, pidió auxilio, pero el miedo paralizó y nadie pudo hacer nada. Lo bajaron a fuerzas, lo golpearon, quedó inconsciente y se lo llevaron. Pero la violencia contra la familia no se quedó ahí y el crimen organizado comenzó a vigilarlos.

Acecho y la indefensión 

La familia de Rolando Rodríguez Morales puso la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas hasta 24 horas después del hecho, debido a que la autoridad los mandó de Frontera Comalapa a Comitán y viceversa. Después, solo emitió una fecha de búsqueda y nunca investigó. 

La gente que se llevó al Comisariado tampoco hizo contacto para negociar, por el contrario, la familia escribió al teléfono móvil que se llevó con él, y pidió que fuera liberado, también prometió irse muy lejos. Los mensajes fueron recibidos, pero nunca hubo respuesta.

Cuatro días después de la desaparición de Rodríguez, integrantes de la Unión de Ejidatarios exigieron su libertad y presentación con vida con una protesta-bloqueo en la vía que conecta el ejido con San Gregorio Chamic, en el mismo municipio. 

En la manifestación pacífica, pidieron la intervención de las fuerzas armadas de la nación para regresar la paz a la región Sierra. Tampoco fueron escuchados. Ese día los militares no brindaron seguridad a los manifestantes a pesar de la solicitud que hizo la propia familia.

En lugar de escuchar las peticiones de la población, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) cambió a todo el personal de la zona, así mismo, a quienes acudieron al llamado del Comisariado, el 15 de septiembre de 2022. 

Todo esto ocurrió, pese a que la familia logró hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo). Para contactar a Amlo, tuvieron que viajar al estado de Puebla, en el centro del país, donde tenía actividades públicas. Entre empujones entraron al recinto en el que se encontraba y le dieron a conocer la violencia y desapariciones en el ejido. Entonces Amlo se comprometió a brindar un apoyo que nunca llegó.  

La esposa e hijos de Rolando Rodríguez Morales quedaron en estado de indefensión y decidieron abandonar el ejido y, en el camino, uno de los integrantes recibió una alerta de que estaban intentando geolocalizar su teléfono móvil. 

Por más de tres meses, las amenazas de muerte continuaron a través de llamadas y mensajes de números con clave-lada de Jalisco, Michoacán y Sinaloa. Les exigían quitar la denuncia ante la Fiscalía. “Tuvimos que irnos y sufrimos porque sentimos que lo abandonamos, cuando lo único que queríamos era buscarlo hasta por debajo de las piedras”, agregó.

Pero de estos sucesos narrados también se desprenden las desapariciones forzadas del agente municipal Roberto Gómez Hernández y dos de sus hijos, Josefa Gómez Cruz y Aric Adonay Gómez Cruz.

La noche del 27 de abril de 2023, un grupo armado ingresó de forma violenta al domicilio del agente municipal que, siete meses antes, encabezó la búsqueda de Rolando Rodríguez Morales. Estas desapariciones ocurrieron muy cerca de bases militares que, según el discurso federal, se instalan para proteger a la población. 

Prohibida la pirotecnia 

Desde ese 15 de julio en el ejido Sinaloa se prohibió la pirotecnia, pues las infancias se alteran al escuchar los estruendosos sonidos que relacionan con las detonaciones de explosivos y armas de fuego. 

A las 17h del día las personas se encierran en las viviendas, nadie sale a jugar basquetbol, a comer tacos o sentarse en el parque central. “En un festival para las madres llegaron hombres armados a la escuela y las actividades se tuvieron que suspender porque los niños tenían mucho miedo”, recordó María Elena, habitante de Sinaloa. 

“Si las personas humildes no nos metemos con ellos no deberían meterse con nosotros porque nos arrebatan nuestro patrimonio, nuestra tranquilidad, nuestro hogar y eso es muy injusto”, insistió la mujer que tiene tres hijos pequeños, todos con miedo de morir por alguna bala perdida o intencionada. 

La economía del ejido se mueve por la ganadería y la agricultura, pero desde que los grupos delincuenciales entraron a la región, los campesinos son constantemente hostigados y amenazados para realizar otras actividades. Como lo sucedido en la localidad de Quespala, donde un grupo de personas fue convocado para impedir la entrada del ejército en mayo de 2023, cuando la región padeció una semana de violencia generalizada y desapariciones forzadas. 

Julián Gamez, agricultor, explicó, “no es que la gente no quiera que entren los militares, se tiene miedo, los amenazan para que vayan a bloquear y tienen que ir mujeres y niños, porque si no nos dan permiso de vender maíz y de eso se vive”. 

En el ejido Sinaloa se repite lo que ocurre en Ciudad Cuauhtémoc, como se reportó en la segunda entrega de esta serie, los pobladores señalan varios casos de desaparición, pero las familias temen denunciar y no tienen protección de ninguna autoridad.

*Los nombres de las personas que accedieron a dar testimonios fueron modificados por razones de seguridad.