En portada: Asamblea en memoria de Abisaí, realizada el pasado martes 21 de febrero. En el evento, individuos, colectivos y organizaciones exigieron justicia por el asesinato del activista y periodista.
Organizaciones sociales y ambientales exigieron que las autoridades del estado de Hidalgo investiguen la muerte del activista Abisaí Pérez Romero, estudiante de ciencias de la comunicación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), colaborador del Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas) e integrante del programa de servicio social del programa “Identificación y documentación de conflictos socioambientales” de la UACM.
Abisaí desapareció el lunes 13 de febrero, cuando se desplazaba en su bicicleta en el municipio de Tula, Hidalgo. Su cuerpo fue encontrado un día después, el martes 14 de febrero, en un camino vecinal.
En un comunicado, organizaciones como el Grupo Intercolegiado de Investigación en Ecología Política (UACM), la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), el Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño A.C e intelectuales como Enrique Leff y Mina Lorena Navarro, exigen “una investigación seria de los hechos, sin descartar con presura ninguna línea de investigación, por parte de las autoridades correspondientes”.
Abisaí “era un defensor del territorio, un defensor de derechos humanos que investigaba la articulación entre diferentes conflictos en la región tolteca”, sostiene para Avispa Midia el profesor e investigador de la UACM, Hernán Correa, quien integra el programa de servicio social “Identificación y documentación de conflictos socioambientales”, del cual Abisai hacia parte.
Abisaí Pérez Romero, estudiante, activista y periodista.
Abisaí estaba vinculado con la Red de Conciencia Ambiental “Queremos Vivir”, organización radicada en Tula, que ha denunciado los estragos ocasionados en la población del Valle del Mezquital por la construcción del Túnel Emisor Oriente.
Denunció los efectos nocivos que ha producido la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Atotonilco, insertada en lo que se ha llamado uno de los “infiernos ambientales” de México.
Estuvo vinculado con el Comité de Defensa Ambiental de Atitalaquia, que denuncia la imposición de un relleno sanitario regional en la comunidad de Dendhó. El asesinato de Abisaí es el segundo a involucrar activistas ambientales en la región de Tula.
El 20 de junio del 2022, Jesús Bañuelos Acevedo, conocido como ‘Chuí’, fue asesinado de un disparo en la cabeza. “Es un caso que también está en la impunidad”, recuerda el investigador.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo descartó que el cuerpo de Abisaí presentara huellas de violencia y determinó que la causa de muerte “fue un hematoma subdural secundario a un golpe en el rostro sufrido por una caída desde su propia altura”.
Sin embargo, según las organizaciones, el asesinato de Abisaí podría estar directamente vinculado con su trabajo. “Por esta razón hacemos un enfático llamado a las autoridades judiciales para que investiguen esta muerte teniendo en cuenta su profesión de comunicador social y su actividad como defensor de la vida”.
La organización Artículo 19 se manifestó, por medio de sus redes sociales, al respecto de las investigaciones. “Exigimos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, investigar de manera pronta, imparcial y diligente aplicando el Protocolo Homologado para investigar delitos cometidos contra la libertad de expresión y determinar las causas del asesinato”.
La Red de Reporteros Sin Fronteras, también por medio de sus redes sociales, pidió a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo que “investigue urgentemente los hechos, sin descartar motivos basados en la labor periodística de Abisaí Pérez Romero”.
De acuerdo con Correa, “su núcleo familiar es que está a cargo de recibir la información de la carpeta de investigación”.
En portada: Participantes de la 2ª Asamblea Nacional por el Agua y la Vida posan sobre un camión cisterna para enfatizar la crisis hídrica que experimentan diversas entidades del territorio mexicano. Foto: Santiago Navarro F
Un viento suave, y otras veces fuerte, revolotea la tierra creando polvaredas que danzan entre los cuerpos de quienes van llegando de distintas geografías de México y unx que otrx extranjerx. Cruzan miradas con cierta complicidad, no es para menos, los tiempos presentes son de tragedia. No hay ningún proceso organizativo que no haya sufrido la represión del Estado; desaparecidxs, presxs, desalojadxs, hostigadxs y, lo peor, asesinadxs. Pero en esta ocasión, la congregación se da en torno a un común que representa la vida, del cual también se comparte el destino: el agua.
Provenientes de al menos 18 entidades de la republica mexicana y asistentes de seis países, más de medio millar de personas fueron llegando al territorio rebelde del Pueblo Otomí, establecido desde tiempos ancestrales en la comunidad de Santiago Mexquititlán, perteneciente al municipio de Amealco, Querétaro. La gran mayoría pisaba por primera vez estas tierras y asistían animosamente a la 2ª Asamblea Nacional por el Agua y la Vida.
Durante dos días, compartieron sus sentires, sus estrategias y los retos que tienen que enfrentar para impulsar acciones coordinadas en conjunto “ante el despojo del agua y la crisis hídrica que provocan empresas nacionales y multinacionales”, han declarado.
Las mujeres Otomí, quienes portan sus vestimentas tradicionales, con colores contrastantes que hacen más imponente la mirada y la certeza de su palabra, lo saben: el haber elegido su comunidad para realizar este evento no fue casualidad. “En el estado de Querétaro han iniciado con las leyes de privatización del agua. Pero este vital liquido se encuentra principalmente en nuestros territorios, en los pueblos originarios”, señala la indígena Otomí, Sara Hernández.
Fotos: Santiago Navarro F
Las leyes a las que se refiere Sara fueron promovidas desde el año 2021, entraron en vigor en julio del 2022 y benefician principalmente al capital privado, ya que, junto a esta ley, “se emitió una gran cantidad de concesiones de agua al sector privado” agrega.
Entre otros beneficios, a la letra, la nueva ley les permite a los concesionarios del agua: “la facultad para prestar en forma temporal, total o parcialmente (…) los servicios públicos de agua potable, potabilización, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales”.
Además de permitir el lucro con el oro azul, a los privados se le dejan abiertas las puertas para participar en el establecimiento de políticas, lineamientos y especificaciones técnicas para la construcción, ampliación, rehabilitación, administración, operación, conservación y mantenimiento de los sistemas de suministro de agua potable y demás servicios. Incluso, esta ley premiará a este sector con un reconocimiento por incentivar lo que han llamado como “participación ciudadana en la cultura del agua”.
La indígena Sara rememora que una de las principales actividades que puso en alerta a toda la comunidad fue en ese mismo año 2021, cuando se comenzaba a cocinar la nueva ley en el parlamento de Querétaro. “En este año empezamos a evidenciar que estaban saqueando el agua en la comunidad a través de tuberías y pipas (tanques cisterna)”, puntualiza la indígena Otomí.
Lo más aberrante, relata Sara, es que la comunidad estaba pagando el servicio de agua a la Comisión Estatal del Agua (CEA), pero no les estaba llegando el agua para su uso cotidiano. El extremo fue que, el único pozo que abastece a toda la comunidad, el agua estaba llegando a su límite y se estaba comenzado a secar. “Entonces la comunidad se organizó y retuvo una de las pipas y decidió tomar el control del pozo”, arremete Sara.
La lucha legal por el agua
En el lugar donde se encuentra el pozo de agua potable del pueblo Otomí, yace el esqueleto de un vehículo oficial de la CEA, un camión cisterna y una frase que reza en su estomago de 30 mil litros de capacidad: “No es sequía, es saqueo”, haciendo alusión a la crisis hídrica que experimentan diversas entidades del territorio mexicano.
Foto: Santiago Navarro F
El pozo de agua potable del pueblo Otomí forma parte del Valle de Amealco, uno de siete acuíferos de los cuales se sostienen los monstruosos complejos industriales establecidos en esta entidad y zonas urbanas. A la vez, estos resquicios de agua forman parte de 653 acuíferos que permiten la disponibilidad media anual de agua subterránea para México, según los estudios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
“El agua sigue siendo manejada de la misma forma que se viene haciendo con los gobiernos anteriores, como se viene haciendo desde que se reformó el articulo 27 (de la constitución política de México). Desde que se promulgo una ley de aguas nacionales, por medio de la simulación del régimen de concesiones, se ha permitido la privatización y el despojo”, señala el abogado Carlos González, del Congreso Nacional Indígena (CNI), quien también acompaña jurídicamente al pueblo Otomí.
El abogado le llama “simulación” al sistema de concesiones, porque “a través de la figura de las concesiones, el agua se ha entregado de manera brutal y desmedida a las grandes empresas y se ha concentrado en unas cuantas manos en este país. En el sector minero, para empresas refresqueras y cerveceras, para el sector industrial e inmobiliario, para la agricultura y ganadería industrial”, resume el asesor del CNI.
Carlos González señala que esta estrategia de privatización es la que se esta llevando acabo en la región del pueblo Otomí, principalmente con la concesión de su pozo ubicado en el Barrio 4 de esta comunidad, que formalmente es administrado por la CEA. “Con esta ley existe la posibilidad, la probabilidad altísima de que este pozo sea a su vez entregado a alguna empresa particular para su administración”, remarca el abogado del CNI.
Es por ello, dice Sara, “también iniciamos una lucha jurídica y fue así que se interpusimos varios amparos en Querétaro. Pero también nos comenzamos a movilizar”.
De acuerdo con el abogado, entre las diversas estrategias de lucha que este pueblo decidió sostener, han sido los recursos legales, entre ellos, tres amparos en contra de la ley. En contra de la omisión de entregarle la administración del pozo a la comunidad, la cual ha sido solicitado, en diversas ocasiones, por la comunidad. También por la posible concesión del pozo a alguna empresa privada.
“Entonces se logró que dos amparos resultaran a favor de la comunidad. Se obtuvo la suspensión en contra de estos actos inconstitucionales y tan lesivos para nuestros pueblos”, afirma el asesor jurídico.
La lucha debería de ser en todo el país
Cual, si fueran espejos, las problemáticas sociales y legales que se desprenden de la crisis hídrica que ya sufren diversos pueblos originarios de México, reflejan el mismo escenario de despojo. Esta 2ª Asamblea, que fue llevada acabo los días 18 y 19 de febrero en esta comunidad Otomí, inició en un pueblo donde decidieron accionar ante el saqueo descarado por la multinacional Danone.
La historia comienza en Santa María Zacatepec, en Juan C. Bonilla, Puebla, donde esta empresa de capital francés, con su filial Bonafont, que se instaló desde el año 1992 en esta comunidad, “extraía un millón 642 mil litros de agua por día. Además, explotaban a los trabajadores por los sueldos de miseria. Esta empresa nos dejo sin agua. En 2021, los 20 pueblos que nos hemos organizado ya no teníamos agua en nuestros pozos”, relata una activista de esta comunidad, quien, por seguridad, tan solo se presenta como Adela.
Fotos: Santiago Navarro F
Esta empresa ofrece, en el mercado mexicano, un litro de agua a casi el mismo costo de un litro de gasolina. “Entonces si el robo del petróleo es un delito grave, ¿Por qué el gobierno permite el robo del agua y no lo tipifica como un delito?”, cuestiona el indígena Alejandro Torres de la organización de Pueblos Unidos de la Región Choluteca y de los Volcanes.
Estos pueblos en una acción directa retomaron y clausuraron las actividades de la planta Bonafont. “Desde ese momento nuestros pozos comenzaron a tener agua de nuevo. Calculamos qué, desde que esta empresa dejó de explotar nuestra agua, más de mil 200 millones de litros de agua han vuelto a fluir hasta el día de hoy. Esa cuenta va a seguir creciendo porque no vamos a permitir que esa empresa vuelva a nuestros territorios a despojarnos del agua”, agrega Adela.
Es así que, tras este ejemplo, diversos pueblos de distintas entidades de México decidieron convocar a la 2ª Asamblea para fortalecer la defensa del agua y los territorios indígenas. Entre los acuerdos que decidieron fue que, como pueblos originarios, se apegarían la libre determinación y que no pedirán permiso al gobierno para administrar su agua. “Porque tenemos las fuerzas y las formas de organizarnos, sabemos administrar y cuidar nuestra agua, como lo hemos hecho desde tiempo atrás”, afirma el indígena Miguel López Vega, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala.
Los asistentes a esta 2ª Asamblea alertan que, de no actuar, la crisis que se avecina será mucho peor y esto no solo corresponde a los pueblos originarios, sino que también a las zonas urbanas. “La lucha debería de ser en todo el país”, acrecienta Adela.
Quienes participaron y suscribieron esta asamblea han nombrado este nuevo tiempo de despojo como “una guerra de exterminio” y los ejemplos son claros, al mencionar diversos proyectos que han escalado al ámbito de seguridad nacional para el Estado.
Entre las muestras están: “El saqueo, la extracción, el tráfico, la venta y la explotación del agua. B) El exterminio de nuestros bosques, ríos, mares, minerales, flora, fauna, riqueza y diversidad tanto cultural como lingüística. C) La imposición de megaproyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos y D) Por todos los medios buscan acabar con la autonomía de nosotros, los pueblos indígenas”, denuncian en sus acuerdos.
Para dar continuidad a sus trabajos organizativos han acordado realizar la 3ª Asamblea, que será realizada los días 12 y 13 de agosto, en el Pueblo Originario de Xochimilco, si así lo aprueba la comunidad.
Foto: Santiago Navarro F
Entre las distintas actividades a las que convocan previamente, serán los días 8, 9 y 22 de marzo, que van desde distintas movilizaciones, pero sobre todo una “Acción Global en contra del despojo de Agua y por el derecho a la Vida”, en el marco de la conmemoración de la Organización de las Naciones Unidas sobre la importancia del acceso al agua potable como una necesidad básica de la humanidad.
En contraparte, buscan denunciar el despojo, la privatización y el saqueo del agua, sobre todo de “las empresas saqueadoras como Nestle, Bonafont, Danone, Coca Cola y empresas inmobiliarias turísticas”.
Al cierre de este encuentro, el día lunes (20), en conferencia de prensa remomoraron al activista que se opuso al Proyecto Integral Morelos (PIM), asesinado cuatro años atrás, el indígena Samir Flores Soberanes.
“Su lucha contra el Proyecto Integral Morelos (PIM) y su oposición abierta a la Termoeléctrica de Huexca generaron que el narco estado ordenara su ejecución. Cuatro años después, no solamente condenamos la dilatación de la justicia y la impunidad, demandamos verdad y justicia para Samir. Hoy refrendamos que las semillas que sembró en el andar de su lucha, florecen en esta Segunda Asamblea Nacional por el Agua y la Vida”.
Esta Asamblea fue dedicada a los activistas Antonio Díaz Valencia y Ricardo Arturo Lagunes Garza, quienes desaparecieron desde el pasado 15 de enero en Aquila Michoacán. En todo el evento se hizo énfasis en la exigencia de la presentación con vida de los activistas.
Una investigación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario (UNR) confirmó que las personas jóvenes de los pueblos fumigados con agrotóxicos tienen 2,5 veces más probabilidad de padecer y morir de cáncer que las personas que viven lejos de los agroquímicos. Los datos se obtuvieron en una investigación inédita en su tipo, que llevó siete años y está basada en estudios epidemiológicos de ocho localidades de Santa Fe (involucró a 27,000 personas). “Con tres décadas de este modelo agroindustrial, ya nadie puede negar que la evidencia científica confirma que el agronegocio daña la salud, genera enfermedad y muerte”, afirmó Damián Verzeñassi, del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas y uno de los autores de la investigación.
Las Madres de Ituzaingó (Córdoba), el colectivo Paren de Fumigar (Santa Fe), la Coordinadora Basta es Basta (Entre Ríos), el Encuentro de Pueblos Fumigados (Buenos Aires) y la Red de Salud Popular Ramón Carrillo (Chaco), son sólo algunas de las organizaciones y espacios de articulación que desde hace más de dos décadas denuncian el impacto en la salud del modelo de agro transgénico.
El trabajo científico “Incidencia y mortalidad por cáncer en localidades rurales argentinas rodeadas de tierras agrícolas tratadas con pesticidas”, publicado en la revista internacional Clinical Epidemiology and Global Health (Epidemiología Clínica y Salud Global), confirmó lo que esas organizaciones (y otros científicos y activistas) gritan desde hace muchos años: existe una relación directa entre el modelo transgénico, las fumigaciones con agrotóxicos y el cáncer.
La investigación fue realizado por el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR. Consistió en estudios epidemiológicos en las localidades de Acebal, Arteaga, Chabás, Luis Palacios, San Genaro, Sastre, Timbúes y Villa Eloísa. Todas tienen la característica de ser pueblos dedicados al agronegocio, con predominio de cultivos transgénicos y uso de agroquímicos. “Vivir en pueblos fumigados aumenta el riesgo de padecer y morir por cáncer”, alertan los investigadores Damián Verzeñassi, Alejandro Vallini, Facundo Fernández, Lisandro Ferrazini, Marianela Lasagna, Anahí Sosa y Guillermo Hough.
Y precisan: “El estudio evidencia que en la población joven (entre 15 a 44 años) la probabilidad de morir por cáncer es 2.48 (mujeres) y 2.77 (hombres) veces mayor en estas localidades en comparación con el resto del país”. Y alertan que el porcentaje de fallecimientos por cáncer (tomando la referencia internacional de cien fallecimiento por cada 100,000 habitantes) en estas ocho localidades fue del 30 por ciento, mientras que a nivel nacional la cifra es mucho menor (19.8 por ciento).
“Se demostró que la incidencia de cáncer en la población de las ocho localidades fue significativamente mayor en comparación a la población general. Y, en particular para la población femenina, se determinó que tiene un 66 por ciento de mayor probabilidad de sufrir algún tipo de cáncer en comparación con la población femenina general del país”, remarcaron.
Damián Verzeñassi apunta a las causas de las estadísticas obtenidas: “El actual modelo agroindustrial no ha hecho más que incrementar los daños en la salud de los territorios y, por tanto, de las personas que vivimos en esos territorios. Nuestro trabajo es un aporte más a una gran cantidad de clara evidencia científica que se vienen haciendo desde hace ya muchos años y que da pruebas concretas de las consecuencias de los pesticidas”.
En la investigación del equipo rosarino se precisó que, en promedio, el 27 por ciento de los pesticidas utilizados en los países de altos ingresos (como Estados Unidos) están en la categoría “altamente peligrosos”, mientras que el porcentaje aumenta a 45 en los países de ingresos bajos y medios (como Argentina). “En nuestro país las cantidades por hectárea son muy superiores a las utilizadas en Europa o Estados Unidos”, señala la publicación, que cita decenas de trabajos científicos que dan cuenta de la presencia de agrotóxicos en ríos, napas de agua, suelos urbanos, alimentos e incluso en agua de lluvia.
El equipo de investigación apunta también a los responsables de que esto suceda. “La principal responsabilidad es del Estado que habilita este modelo. También hablamos de los funcionarios, de distintos signos políticos, que sostienen y defienden este modelo de una manera cuasi fundamentalista, sin aceptar una discusión en serio”, afirma Verzeñassi. También precisa el rol cómplice del Poder Judicial y del los poderes legislativos, tanto nacional como provinciales. Y señala a los grandes productores, muchos representados en la Mesa de Enlace: “Son partícipes de este proceso que es ecocida y mata a nuestras poblaciones”.
“Y claro que no tenemos que olvidar a las empresas que producen y venden estas sustancias tóxicas, son de las mayores responsables. Saben de los daños que producen y siguen con sus negocios sin importarles el sufrimiento de las poblaciones”, denuncia. Entre las empresas que comercializan glifosato en Argentina figuran Bayer-Monsanto, Syngenta, Red Surcos, Atanor, Asociación de Cooperativas Argentinas, Nufram, Agrofina, Nidera, DuPont, YPF y Dow.
La investigación del Instituto de Salud Socioambiental, en su conclusión, remarca la necesidad de reducir el uso de agrotóxicos y, sobre todo, hace un llamado a aplicar el “principio precautorio”, vigente en la legislación argentina, que implica el tomar medidas de protección cuando está en riesgo la salud y ambiente. “Luego de tres décadas de este modelo, de innumerables pruebas tanto en los territorios como en los laboratorios, es urgente aplicar el principio precautorio ante esta forma de producir que atenta contra la vida de las poblaciones”, exige Verzeñassi.
En 2020 la organización Naturaleza de Derechos publicó el informe “Antología Toxicológica del Glifosato +1000”, de 270 páginas, recopilado por Eduardo Martín Rossi. Allí detallaban 1,100 trabajos científicos que confirman los efectos en la salud y el ambiente del herbicida glifosato. Figuran más de 200 investigaciones de académicos argentinos (del Conicet y de universidades públicas). En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, ámbito especializado de la Organización Mundial de la Salud), vinculó el glifosato al cáncer, y confirmó que produce daño genético en humanos.
En contraposición, no existen investigaciones independientes (donde no intervengan empresas y científicos con conflictos de intereses) que dé cuenta de la inocuidad de los agrotóxicos utilizados en los campos. De hecho, tanto en Argentina como en Estados Unidos, las agencias estatales aprueban esos químicos en base a estudios de las mismas empresas que los venden.
Una experiencia única y censurada
La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario contaba con una experiencia única: los “campamentos sanitarios”, de la materia Práctica Final del último año de la carrera (impulsada por el Instituto de Salud Socioambiental). Todos los estudiantes y docentes se instalaban durante una semana en un pueblo (siempre en acuerdo con las autoridades locales) y, con una detallada encuesta, trazaban un perfil socio-sanitario del lugar. Se realizaron 40 campamentos en el periodo 2010-2019 (entre ellos los ocho de la publicación científica) y reunieron evidencias claras del incremento de enfermedades vinculadas al modelo agropecuario. Pero las actuales autoridades de la Facultad (encabezada por el decano Jorge Molina) eliminaron esa experiencia única de estudio e investigación.
Agrotóxicos y su impactos en la salud
El médico e investigador Damián Verzeñassi explica que los estudios epidemiológicos no pueden precisar qué agroquímico causa determinada enfermedad en cada paciente, pero sí remarca que las poblaciones son expuestas a cócteles de agrotóxicos que individualmente está probado que estimular el desarrollo de problemas endocrinos y distintos tipos de cánceres.
Destaca que el glifosato es teratogénico (produce malformaciones) y está asociado al desarrollo de linfoma no hodking; la atrazina está vinculado al cáncer de mama y alteraciones en tiroides; el clorpirifós es neurotóxico, desregula la tiroides y aumenta la incidencia de tumores de mama.
En tanto el glufosinato de amonio (que se intenta utilizar en el nuevo trigo transgénico) es disruptor endocrino y teratogénico. Mientras que el 2-4D es teratogénico, aumenta el riesgo de aborto y es clasificado por IARC-OMS cómo posiblemente cancerígeno en humanos y asociado a linfoma no hodking. “Existen además trabajos científicos que demostraron que si se combinan los pesticidas, algo que ocurre en la práctica habitual, la capacidad de daño es aún mayor que individualmente”, afirma Verzeñassi.
En portada: Manifestación de habitantes de Sitilpech por la contaminación de su territorio debido a la operación de una mega granja de cerdos.
La madrugada del pasado sábado (18), elementos de la policía estatal y municipal, de Yucatán e Izamal, respectivamente, ejecutaron un operativo contra el campamento erigido por habitantes de la comunidad maya de Siltepech en rechazo la reanudación de una mega granja de cerdos que contamina el aire, agua y tierra de la región.
Registros en video muestran a los elementos de seguridad violentando a mujeres y adultos mayores que participan en la iniciativa pacífica de Siltepech para cuidar y defender su territorio ante la cría industrial de hasta 50 mil cerdos.
En el operativo también participaron policías antimotines, quienes reprimieron, asediaron, agredieron físicamente y finalmente desalojaron con violencia el bloqueo de la organización La Esperanza de Sitilpech. Testimonios de las y los manifestantes aseveran que los policías robaron sillas, mesas y celulares para evitar la documentación del hecho, violando con ello los protocolos de uso de violencia.
Registro del operativo policiaco efectuado la madrugada del sábado 18 de febrero.
Por su parte, la tarde de este domingo (19), la organización Kanan difundió que las y los habitantes de Sitilpech interpusieron un amparo indirecto ante la represión policiaca, argumentando la violación a sus derechos a la libre manifestación y la defensa de sus derechos humanos.
Alertaron que, con las acciones del Estado, existe el riesgo “de desaparición forzada o detenciones arbitrarias que supone este tipo de intervenciones. Actos que, por demás, violentan los derechos reconocidos en la Constitución, Convención Americana Sobre Derechos Humanos y en el Acuerdo de Escazú”.
En el comunicado, la organización de derechos humanos informa que un juez federal concedió la medida cautelar, reconociendo con ello la legitimidad de la protesta pacífica de las y los habitantes de Sitilpech. Además, la resolución ordena al Estado a cesar los malos tratos (asedios, agresiones y violencias), así como cualquier acto de incomunicación contra las y los manifestantes.
“Exijamos a las autoridades a acatar la resolución judicial y cesar la criminalización, represión y vio en contra de la comunidad maya de Sitilpech y quienes integran el colectivo La Esperanza de Sitilpech”, asevera el documento.
Tribunales y represión
En comunicado, difundido el sábado (18), la organización Kanan Derechos Humanos, quien acompaña legalmente a las y los manifestantes, enfatiza que la reapertura de la mega granja porcícola amenaza la vida en la comunidad maya.
Fue en 2021 cuando habitantes de Sitilpech iniciaron un proceso organizativo y de defensa legal para exigir el respeto a su libre determinación. Desde entonces también han denunciado la vulneración de sus derechos a un medio ambiente sano y a la salud ante los daños por la operación de la empresa porcícola Productos Pecuarios para Consumo (aparcera de Kekén).
Tras años de trabajo colectivo, un juez de distrito en Yucatán otorgó medidas cautelares a los habitantes, mismas que condujeron a la suspensión de operaciones de la granja. No obstante, “nueve meses después, el poder del empresariado porcícola en Yucatán logró que un Tribunal Colegiado, bajo propuesta del Magistrado Jorge Enrique Eden Wynter García, desechara el caso judicial de la comunidad de forma arbitraria, permitiendo así el reinicio de operaciones de la mega granja”, denuncia la organización Kanan.
Evidencias de la violencia ejercida contra las y los habitantes de Sitilpech
En la primera semana de febrero de 2023, con la venia del Tribunal, la empresa Kekén reanudó el envío de camiones para suministrar de cerdos al complejo industrial. Sin embargo, desde el pasado 10 de febrero, cientos de mujeres y hombres de Sitilpech se congregaron para levantar un campamento pacífico con la intención de bloquear el paso de los transportes hacia el interior de la mega granja.
Como respuesta a la protesta pacífica, la empresa Kekén emprendió una campaña de criminalización y estigmatización contra el pueblo de Sitilpech y la organizacion Kanan Derechos Humanos. Así lo denuncian una docena de organizaciones sociales, quienes mediante pronunciamiento conjunto acusan a medios de comunicación locales de participar en la denostación de las manifestaciones, contexto que precedió la represión del pasado sábado (18).
“Responsabilizamos a la empresa Kekén y a Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado de Yucatán, por la integridad de los defensores del agua y el territorio de Sitilpech y expresamos nuestro repudio a los medios de comunicación que participan en esta campaña y a la policía estatal y municipal de Izamal por su violencia contra personas defensoras, que abonan a la larga lista de casos de estigmatización, criminalización y represión de movimientos sociales en Yucatán”, se posicionan las organizaciones de derechos humanos.
En portada: Productor de maíz. Foto: Eduardo Miranda
El presidente de la República de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 13 de febrero, un nuevo decreto que establece nuevas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado. En diciembre de 2020, el presidente publicó un primer decreto, que queda abrogado, en el cual decidió eliminar gradualmente el maíz transgénico y el herbicida glifosato para el 2025.
La nueva publicación fue la respuesta al ultimátum que Estados Unidos dio a México al solicitar los fundamentos científicos frente a la prohibición del maíz genéticamente modificado y el glifosato, consideró Malin Jönsson, coordinadora de la Fundación Semillas de Vida, en entrevista para Avispa Midia.
La publicación fue difundida un día antes de la fecha solicitada por el nuevo jefe de comercio agrícola de Estados Unidos, Doug McKalip, y el Subsecretario de Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USTR), Alexis Taylor, para que el gobierno mexicado presentara explicaciones sobre su decisión de prohibición.
En el reciente decreto se mantiene la prohibición de sembrar maíz genéticamente modificado, así como su utilización en la alimentación humana en el sector de la masa y la tortilla.
Lo anterior, “no representa afectación alguna al comercio ni a las importaciones, entre otras razones”, sostuvo la Secretaria de Economia en un comunicado a la prensa.
El nuevo decreto quita el plazo para prohibir el maíz transgénico en la alimentación animal e industrial de alimento humano. En el comunicado, la Secretaría de Economia explica que “en cuanto al uso de maíz genéticamente modificado para el forraje y la industria, se elimina la fecha límite para prohibir su uso, quedando sujeto a que exista suficiencia en el abasto. Se instalarán mesas de trabajo con el sector privado nacional e internacional para lograr una transición ordenada”.
Además, se recorre la fecha para dejar de importar glifosato y sustituirlo por alternativas agroecológicas, de enero a marzo de 2024.
En el comunicado de prensa, la Secretaría de Economía sostuvo que “Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) realizará investigaciones científicas en torno a los posibles impactos en la salud de las personas del maíz genéticamente modificado. Tales estudios se realizarán con agencias sanitarias de otros países”. Con eso, “México reitera su compromiso de cumplir el T-MEC, según el cual las decisiones fitosanitarias deben estar basadas en evidencia científica”.
T-MEC
El gobierno de EEUU amenaza México con recurrir a medidas formales apegadas al Acuerdo Comercial de América del Norte (T-MEC), antes TLCAN. Para las organizaciones que integran la campaña “Sin Maíz no Hay País”, la polémica muestra que los tratados de libre comercio ponen en riesgo la soberanía de los países cuando alguna de las partes está en situación de desventaja.
Sin embargo, como argumenta Jönsson, en el T-MEC existen artículos que protegen la soberanía de los países, es decir, México puede prohibir el uso productos de tecnología moderna u organismos genéticamente modificados (OGM).
Obrador y Biden reunidos en EEUU. El gobierno de Estados Unidos se declaró “decepcionado” ante el decreto de este lunes 13 de febrero.
“No hay una obligación del T-MEC para admitirlas (las denuncias de EEUU). Podemos ocupar esos argumentos que tenemos, hay muchísimos estudios que están mostrando el daño que provocan a la biodiversidad, a la salud, a la vida”, agregó Jönsson y dijo que, incluso, se puede poner fecha de cierre de frontera para la importación.
Queda Corto
Existen varios estudios sobre harinas de maíz contaminadas con transgénicos y glifosato. “Se están mezclando los dos”, dijo Jönsson.
Incluso, investigaciones de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y la Asociación de Consumidores Orgánicos mostraron hallazgos de glifosato y transgénicos en las tortillas. Y de estar usando maíz amarillo para este alimento, habrían fallado los controles por parte del gobierno.
“¿Cómo vamos a eliminar el consumo de harinas contaminadas que tenemos actualmente?, ¿cómo lo vamos a implementar realmente el decreto?, ¿cómo vamos a asegurar que no lo estamos consumiendo?, ¿qué se ha hecho para garantizar que no estamos consumiéndolo directamente?”, cuestionó Malin Jönsson. Como hay varios problemas, “queda un poco corto el decreto”, porque no los resuelve.
La investigadora de Semillas de Vida recordó que el maíz es modificado genéticamente para resistir al herbicida, “van de la mano”. Es así como la aplicación del glifosato acaba con otras plantas. “Controla, pero mata todas las otras vidas, mata la biodiversidad”.
Los considerandos del nuevo decreto presidencial reconocen las investigaciones científicas que alertan sobre los efectos nocivos del herbicida en la salud de los seres humanos, el medio ambiente y la diversidad biológica. Además, reconoce como probable carcinogénico, como lo establece la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer.
La Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), publicó un amplio expediente al respecto. Pero, a decir de las organizaciones mexicanas, ni el gobierno estadounidense ni las empresas consideran válidos estos estudios. “Nos quieren llevar a un callejón sin salida”.
Es una situación sumamente compleja, insistió Jönsson, también por los intereses de grandes capitales de las transnacionales que controlan el comercio del glifosato y la producción de los maíces transgénicos como la empresa Bayer- Monsanto, Syngenta, entre otras.
“Realidades incompatibles”
México es centro de origen y diversificación constante del maíz. Es el resguardo genético vivo más grande en el mundo de los maíces. Los pueblos originarios llevan unos diez mil años guardando, seleccionando y mejorando las semillas, destacó la investigadora.
Existe el registro de 59 razas nativas, pero existen millones de variedades de maíces como esencia de la cultura alimentaria de México, que lo domesticó desde hace más de 7 mil años. En cambio, en Estados Unidos el maíz es una mercancía y un insumo para forraje, para elaborar productos ultraprocesados y para generar agrocombustibles.
“Son dos realidades distintas e incompatibles”, coincidió la investigadora. “Pero venimos de un modelo económico neoliberal donde no se ha apoyado nada la población campesina, se ha dejado que entre el maíz transgénico”, dijo.
Las organizaciones hacen hincapié en la autosuficiencia de México en la producción del maíz que consume. “Por ello es indispensable establecer políticas públicas congruentes y transversales con su respectivo presupuesto, que garanticen que en un plazo perentorio habrá autosuficiencia permanente de maíz no transgénico para la cadena alimenticia en su conjunto”, dijo.
Reacción
El martes 14 de febrero, el secretario de Agricultura estadounidense destacó que están revisando cuidadosamente los detalles del nuevo decreto “y tenemos la intención de trabajar con la USTR para asegurar que nuestro compromiso basado en la ciencia y las reglas se mantenga firme”.
Fernando Bejarano, de la Red de Acción sobre Plaguicidas, considera que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán realizar las acciones conducentes a efecto de llevar a cabo la sustitución gradual del glifosato hasta llegar a su prohibición en marzo de 2024.
Destacó el artículo octavo del decreto 2023 que habla del protocolo de investigación conjunta que integrará la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y las instancias equivalentes de otros países en un estudio sobre el consumo del maíz genéticamente modificado y los posibles daños a la salud.
Las organizaciones que integran la campaña nacional convocaron a las personas a unirse a los propósitos, para que se establezcan leyes y reglamentos que incluyan sanciones.
En la actualidad se importan alrededor 17 millones de toneladas de maíz transgénico a México, debido al Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y Canadá.
En portada: Santos Hipólito Rivas concede una entrevista durante una protesta a 19 años del asesinato del defensor del ambiente, Carlos Escaleras Mejía, quien se opuso a la instalación de una fábrica extractora de aceite de palma que contaminaría los afluentes de la región.
El pasado domingo (12) fue asesinado Santos Hipólito Rivas, miembro fundador de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Gregorio Chávez de la comunidad de Panamá, en el departamento de Colón, costa atlántica de Honduras.
Rivas destacó por su labor en la reivindicación de los derechos de familias campesinas, quienes demandan la devolución de sus tierras para fines de Reforma Agraria. Esto, en un contexto de acaparamiento territorial en la región del Aguán, el valle mas productivo de Honduras. La situación empeoró a partir de 1992 tras la aprobación de la Ley de Modernización Agrícola, alineada al Banco Mundial, cuyos efectos beneficiaron a terratenientes agroindustriales.
“Desde que el Banco Mundial concedió esos préstamos a los terratenientes nosotros hemos vivido en la pobreza. Los países que están comprando aceite (de palma) y biodiesel están comprando sangre y muerte de los que han caído por defender sus tierras”, sostuvo Rivas en entrevista con Avispa Midia durante una protesta en la ciudad de Trujillo a finales de 2016.
Tras el reciente asesinato, la Plataforma Agraria del Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) señalaron que, pese a que Rivas era parte del Mecanismo de Protección de Honduras desde 2019, “el Estado ha sido incapaz de proteger a los y las defensoras de la tierra y el agua”.
Dichas organizaciones denuncian que días previos a su asesinato, Santos Hipólito Rivas expresó durante una reunión que tenía amenazas y que había acudido al Mecanismo de Protección para interponer la denuncia. A pesar de ello, el dirigente campesino fue asesinado, junto a su hijo de 15 años, Javier Rivas, mientras conducía una motocicleta en la comunidad de Ilanga, Trujillo.
Con estas agresiones, suman siete defensores asesinados en Honduras a inicios de este año. Fueron asesinados Alí Domínguez y Jairo Bonilla, defensores del agua y del río Guapinol; el defensor garífuna Ricardo Arnaúl Montero, de la comunidad de Triunfo de la Cruz; el presidente de la Cooperativa Agropecuaria Los Laureles, Omar Cruz Tomé y su suegro, Andy Martínez, ocurrido la noche del miércoles 18 de enero. Horas antes del mismo día, se registró un tiroteo en la Cooperativa Remolino, la cual fue invadida en diciembre por un grupo armado irregular que tomó posesión de forma violenta de más de la mitad de las tierras adjudicadas a la cooperativa, informaron la Plataforma Agraria y COPA.
Destaca que los homicidios han sido cometidos tras la ampliación temporal y territorial de un estado de excepción en la región, lo que se traduce en un desarme general, y donde solo son los elementos de seguridad quienes pueden ir armados.
Recuperaciones
La Empresa Asociativa Campesina de Producción Gregorio Chávez aglutina 25 familias, cuyos integrantes mantienen un proceso de recuperación de 1,200 hectáreas de tierras que la empresa DINANT, propiedad de la familia Facussé, mantiene cultivadas con palma aceitera.
La custodia de las tierras emprendida por los campesinos se mantiene en un vaivén, entre las acciones de recuperación empleadas por las familias y los operativos para desalojarlos realizados por la corporación DINANT.
En 2012, después del asesinato de Gregorio Chávez a manos de guardias privados de DINANT, las familias comenzaron las recuperaciones en las tierras de la finca Panamá. Como respuesta, la empresa coordinó un desalojo efectuado con apoyo de militares hondureños, durante el cual Santos recordaba que habían sido utilizadas 300 bombas lacrimógenas contra los campesinos.
18 octubre 2016. Tocoa, Colón. Campesinxs del Valle del Aguán realizan protesta por el 19° aniversario del asesinato del activista ambiental Carlos Escalera por órdenes del terrateniente Miguel Facussé. El mismo día de la movilización fueron asesinados el presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán junto con un acompañante.
De acuerdo a un reportaje de ContraCorriente, los intentos de recuperación emprendidos por los campesinos se repitieron entre 2014 y 2017, así como la respuesta violenta, no solo por parte de la empresa y sus aliados militares, sino también de parte de criminales.
“Ya no hay palabras para describir la barbarie que ocurre de manera permanente en El Aguán”, es la frase con que el Bufete de Derechos Humanos “Estudios para la Dignidad” condena el doble homicidio más reciente.
Para la organización, que acompaña el proceso legal para la reivindicación del derecho a la tierra de los campesinos del Aguán, “su muerte, junto a la de su hijo, mantiene el mismo patrón de los últimos 10 asesinatos en la zona y que reiteramos se ordenan desde empresas agroindustriales como DINANT, que en este gobierno también mantiene el privilegio de su impunidad”.
En un pronunciamiento público, el Bufete demanda detener la violencia en El Aguán contra los líderes campesinos frente a la persecución y violación de derechos humanos que cometen los agroindustriales, “las bandas de matones que están a sus órdenes y por las fuerzas de seguridad, policiales y militares, que están en la zona para protección de estas élites de poder, nunca, nunca para garantizar la vida de los y las campesinas”.
Por su parte, la Plataforma Agraria del Aguán y COPA aseveran que Rivas denunció en distintos espacios que era víctima de amenazas, persecución y vigilancia por miembros del grupo armado liderado por un personaje conocido como ´Piturro´ quien opera a lo interno de la finca Paso Aguan, desde hace varios años, situación que es de conocimiento de las autoridades de la región.
Las organizaciones sostienen que, ante esa situación, el 25 de junio del 2019, la comunidad de Panamá presentó una denuncia ante el Fiscal General de República, Óscar Chinchilla, contra dicho grupo armado, cuya formación paramilitar busca sembrar el terror entre la población y los integrantes de la Empresa campesina Gregorio Chávez.
No obstante, tras esta denuncia, en julio de 2021 fue asesinado Juan Moncada, miembro de la Empresa, pese a que también tenía medidas de protección del Mecanismo de Protección.
“Nos preocupa que criminales involucrados en asesinatos entre los años 2010 y 2013 han regresado a la zona y se han integrado al grupo armado que lidera alias ‘Piturro’”, denunciaron la Plataforma Agraria y COPA ante los recientes homicidios.
Acuerdo incumplido
El Bufete Estudios para la Dignidad resalta que, aunado al desinterés de las autoridades para intervenir en la violencia estructural en El Aguán, el crimen contra los campesinos de Panamá se enmarca en una campaña mediática de desprestigio emprendida por los agroindustriales contra las recuperaciones de tierra, pues “insisten en su pretensión de hacer creer que la lucha por la tierra en esta zona está en manos de ‘delincuentes, revoltosos y usurpadores’”.
Xiomara Castro, presidenta de Honduras
La organización de derechos humanos recordó que, en febrero del 2022, el gobierno de Xiomara Castro firmó un convenio con el movimiento campesino de El Aguán, “un acuerdo que generó desde la Plataforma Agraria una propuesta de solución para la violencia en la zona, misma que pareciera que duerme el sueño de los justos en su escritorio”.
Las acciones violentas continúan, pese a que el gobierno se comprometió a establecer mecanismos de diálogo que impulsarían la protección y la defensa de los derechos humanos a través de una comisión tripartita lo cual, denuncian, no ha sucedido.
Pasado un año, el equipo legal reclama que, pese al acuerdo, también está pendiente la instalación de una instancia encargada de la investigación de las muertes y violaciones de derechos humanos ocurridas en El Aguán.
“Es momento de acciones concretas, reales y duraderas para El Aguán. Le exigimos justicia integral para los miles de familias campesinas en El Aguán y justicia particular para las víctimas de los más de 200 asesinatos de campesinos de la última década”, enfatiza el Bufete en pronunciamiento por el asesinato de Rivas y su hijo.
