^{Buenos Aires, Argentina, 2023. Foto por Santiago Navarro F}

Desde que asumió su mandato Javier Milei, actual presidente de Argentina, en apenas 17 días de gobierno, ha promovido tres paquetes de reformas estructural. El primero de ellos es llamado Luis Caputo; posteriormente le siguió el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU); por último, ha lanzado su paquete estrella con la Ley Ómnibus que, entre otros cambios, pretende la privatización de al menos 40 compañías estatales, las cuales impactarían directamente a las leyes de protección de bosques y glaciares.

La Ley Ómnibus, enviada el miércoles pasado al Congreso como “Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, es un megraproyecto que comprende 351 páginas con más de 664 artículos. “El texto incluye reformas profundas, necesarias y urgentes en materia tributaria, laboral, penal, energética y electoral”, señaló en conferencia de prensa Manuel Adorni, vocero presidencial.

Este último paquete de reformas, que será atraído por el Congreso en sesiones extraordinarias, ha sido analizado por el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) de Argentina, quienes han alertado que “en caso de aprobarse, este proyecto representaría un golpe al corazón de la legislación de protección ambiental de Argentina”.

Esta asociación de abogados ha presentado el informe llamado “Sin límites para el saqueo: ataque al corazón de la legislación de protección ambiental argentina”, destacando que, al aprobarse estas reformas, se estaría liquidando la Ley de Protección de Bosques y de Glaciares.

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Entre las modificaciones figura el reemplazo del articulo 26 que prohíbe la deforestación de las áreas de protección I y II (roja y amarilla). La categoría de protección roja (I) corresponde, precisamente, a las zonas de muy alto valor de conservación que no deben transformarse. La categoría amarilla (II), también se prohíbe el desmonte, pero sí se permite el desarrollo de otras actividades de aprovechamiento sostenible.

También se elimina la obligación de informar sobre las actividades productivas realizadas en torno a estas áreas. Esto implica, según los abogados, el derecho a la información de los pueblos originarios y de las comunidades campesinas, particularmente comprometidas en casos de desmontes.

Minería en los glaciares

Con la modificación de la Ley de Glaciares (No 26.6392), “se permite la actividad minera en el ambiente periglacial, que actualmente está expresamente prohibida”, aseveran los abogados en el informe. Esto implica la modificación de las masas de hielo y sus cursos de agua internos y superficiales, donde tampoco está permitida la minería.

Estas zonas congeladas, según los activistas ambientales, actúan como regulador de los recursos hídricos. “Su protección se incluyó en la Ley de Glaciares expresamente, producto de un arduo proceso legislativo, en el que se tuvieron en cuenta los aportes de diversos especialistas nacionales e internacionales”, subrayan los abogados.

Detrás del decreto se encuentran diversas iniciativas de exploración y explotación en zonas glaciares y periglaciares, “especialmente en la Cordillera de los Andes y su precordillera”, denuncian los abogados.

Efectivamente, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha anunciado recientemente que la cordillera de los Andes de Sudamérica alberga importantes yacimientos de pórfidos de cobre. De facto es considerada la región principal que suministra cobre a nivel mundial, por tanto, es “una zona minera en proceso de exploración y desarrollos activos”, asevera en su documento publicado en 2022 llamado Yacimientos y perspectivas de pórfidos de cobre en la Cordillera de los Andes de Sudamérica.

Además de cobre, Argentina posee yacimientos de minerales considerados críticos por sus escasez, como el litio. Por ello el USGS ha catalogado el año 2023 a este país como principal proveedor de litio de Estados Unidos, con más del 50% de la cuota del mercado, destinado principalmente para la industria automotriz estadounidense.

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Incluso, Argentina es considerada como uno de los 13 gobiernos que forman parte de la Asociación para la Seguridad de los Minerales (MSP), una iniciativa del gobierno de los Estados Unidos (EEUU), para catalizar la inversión pública y privada en las cadenas de suministro de minerales críticos a nivel mundial que tienen por objetivo las cadenas de suministro de minerales a los sistemas productivos encaminados hacia la transición energética.

Los abogados son tajantes al aseverar que, en el caso de Argentina con las nuevas reformas de Milei, se está retrocediendo en términos ambientales, por “la exigencia histórica de grandes mineras transnacionales como Barrick Gold que pretenden avanzar sobre estos ecosistemas y, con dicha modificación, podrán hacerlo sin limitaciones, estrechando de manera considerable la zona de protección”.

Los abogados advierten que entre las reformas también están consideradas las Fuerzas Armadas extranjeras en territorio argentino, ya que el articulo 346 faculta al Poder Ejecutivo la autorización del ingreso al país de contingentes militares pertenecientes a otros países para actividades de ejercitación, instrucción o protocolares de carácter combinado.

La comandante del Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom por sus siglas en inglés), Laura Richardson, se refiere a Sudamérica como un teatro de operaciones considerando parte de su seguridad nacional de los Estados Unidos. Es “como nuestro vecindario debido a la proximidad física, a los lazos familiares, económicos y culturales”, dijo este alto mando del ejercito estadounidense en 2022 ante 117º Congreso de Servicios Armados de la Cámara de Representantes.

Richardson argumenta que su presencia en la región es de vital importancia debido a que “el 60% del litio del mundo se encuentra en el Triángulo del Litio en Sudamérica”, que comprende Argentina, Bolivia y Chile, declaró ante la audiencia del senado de EEUU en marzo del 2022

“En un contexto global donde los países refuerzan sus fronteras y la seguridad nacional, la Ley Ómnibus habilita la posibilidad que fuerzas armadas extranjeras ingresen a nuestro país bajo el sutil disfraz de prácticas de ejercitación, instrucción o protocolares, cediendo control de nuestros suelos y bienes comunes”, alertan los abogados. 

De facto, estas organizaciones consideran que esta reforma es “de entrega y despojo de nuestra soberanía nacional”, al considerar que va encaminada con la derogación de la Ley de Tierras Rurales realizada por el DNU 70/2023, a través del cuál se habilita que capitales extranjeros puedan adquirir tierras nacionales en zonas de frontera, renunciado al control sobre límites fronterizos.

Privatización

La Ley Ómnibus pretende privatizar al menos 40 compañías estatales, entre ellas la petrolera YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación, la Casa de Moneda (donde se imprimen los billetes), la agencia de noticias Télam, la empresa de agua AYSA y Ferrocarriles Argentinos.

En términos ambientales, se desregulariza la fiscalización de la explotación de combustibles fósiles que, de por sí ya venía ocasionando severos impactos ambientales, denuncian en el informe. 

Por ello, “la privatización de las empresas públicas del sector, tanto estatales como provinciales, intensificará y profundizará las desigualdades socioambientales ocasionadas por el avance de la frontera hidrocarburífera en nuestro país”, acrecientan los abogados. 

Además, con el decreto se desregula la fiscalización de quema de vegetación, pastizales y residuos, las cuales requerían el permiso del Estado. La “Ley Ómnibus da lugar a que, transcurridos 30 días hábiles desde la solicitud de una autorización de la quema, si el Estado no se expide, su silencio se interprete como autorizado tácitamente”, destaca el informe.

Con estas reformas también se propone la privatización de la Administración General de Puertos, creando las condiciones para “la privatización de los ríos, en particular, el Paraná, imposibilitando aún más el control social y de las provincias en la gestión pública con visión de cuenca del mismo, en el contexto del federalismo de concertación, negando la titularidad de las provincias de sus bienes naturales”, agregan en este documento.

La asociación de abogados hace un llamado a la sociedad argentina para “rechazar y resistir estas propuestas que ponen en riesgo la naturaleza, sus ecosistemas y la capacidad del Estado para regular y proteger el ambiente”. De la misma forma exigen a los legisladores que “rechacen enérgicamente este proyecto y resguarden la poca legislación vigente que puede servir como un puntapié para la justicia ecosocial y la protección ambiental en Argentina”.