Este miércoles (6) fue amenazada una de las representantes de las niñas y niños de Homún, quienes presentaron un amparo contra la mega granja porcícola de la empresa Producción Alimentaria y Porcícola (PAPO), aparcera de Kekén.
Así lo denuncio el Equipo Indignación, quien destacó que la infancia de Homún y el colectivo Kanan Ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes) han luchado ante el riesgo de contaminación que implicaría el funcionamiento de la mega granja porcícola.
La representante de la niñez de Homún recibió una llamada telefónica mediante la cual le cuestionaron su labor como activista. “La persona al otro lado de la línea le preguntó si le daba miedo luchar por los cenotes y si no temía que le pasara algo a sus hijos”, refiere el Equipo Indignación.
Esta agresión sucede a unos días de que el Juez Segundo de Distrito, Rogelio Leal Mota, resuelva si mantiene o no la suspensión de operaciones de la fábrica que pretende criar 49,000 cerdos.
Ante la amenaza, el colectivo Kanan Ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes), y el equipo Indignación exigieron a las autoridades garantizar la seguridad de la defensora de los derechos humanos y de todas las personas que integran el colectivo.
Agresiones
Mediante comunicado, reiteran que se han reportado varias acciones de intimidación contra defensores de derechos humanos del pueblo maya de Homún. Esta no es la primera vez en que se realizan amenazas contra quienes se han pronunciado ante la contaminación que representa la operación de la mega granja porcícola.
“En el 2018 un integrante de Kanan Ts’ono’ot fue víctima de amenazas e intento de extorsión. En septiembre de ese mismo año, mientras el pueblo de Homún clausuraba simbólicamente la fábrica de cerdos, un equipo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), apoyado por la Policía Estatal, puso sellos de clausura en los cenotes de los cinco miembros de la coordinación de Kanan Ts’ono’ot”, detalla el documento.
También, en mayo de 2021, después de que se ratificara la suspensión definitiva de operaciones de la fábrica de cerdos, la Secretaría de Salud estatal, clausuró los paradores turísticos de algunos integrantes de la directiva del colectivo maya.
“Además de estas acciones, es importante recalcar que el gobierno estatal ha sido omiso en garantizar nuestros derechos como pueblo maya, en vez de esto, ha favorecido y alentado a dicha empresa porcícola”, denuncian las organizaciones.
Sobre todo, hacen énfasis en que la amenaza más reciente esta dirigida contra la infancia de Homún, “la cual está en su legítimo derecho de defender el agua, los cenotes y su derecho a la libre determinación y a un ambiente sano”.
En portada: Una protesta contra el Ejército, en Acapulco. Bernardo Hernández (Cuartoscuro)
8 de septiembre, 2020. Agricultores protestan para exigir el cierre de la presa La Boquilla en Chihuahua. Están enfurecid@s, pues en medio de una temporada de sequia, exigen detener el flujo del agua que va del embalse en México con dirección hacia los EEUU.
Tras las manifestaciones, se retiran, pero son vigilados de cerca por elementos de la Guardia Nacional (GN). Jessica Silva viaja en camioneta con su esposo después de que ambos participaron en la manifestación. A la altura del municipio de Delicias, una camioneta de la GN les da alcance y sin previa advertencia, dispara en su contra, provocando la muerte a Silva e hiriendo a su acompañante.
Los primeros reportes de la GN divulgaron que sus elementos dispararon como respuesta a una agresión, “por lo que su personal se vio obligado a aplicar medidas de seguridad, conforme a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la fuerza”, refiere la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en informe obtenido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Los elementos de la GN elaboraron una narrativa en la que ellos fueron objeto de un ataque e incluso reportaron heridos. Todo era mentira.
Más tarde, la propia SSPC confirmó que no hubo ningún elemento de la GN lesionado o fallecido. Además, en la carpeta de investigación del caso no existen elementos que acrediten que las víctimas hayan efectuado disparos de arma de fuego, por lo que no se justifica que el personal de la GN accionara sus armas, lo cual de acuerdo a la CNDH constituyó un uso excesivo de la fuerza.
Por estos hechos, la CNDH emitió la Recomendación 52VG/2022 dirigida a la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, institución responsable por la GN, aunque el control operativo cotidiano recae en el Ejército.
Mediante evidencias recabadas, testimonios de los propios elementos de la GN y de testigos que presenciaron la agresión, la Recomendación concluye que los integrantes del cuerpo de seguridad militar hicieron uso ilegítimo de la fuerza y de las armas de fuego que derivó en la ejecución arbitraria de Silva.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de la CNDH, la Sedena y la Guardia Nacional contabilizan 2,169 quejas por violaciones a derechos humanos en los tres años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
A casi tres años de su creación y pese a registrar casi 5 mil reportes de violencia en su unidad de control interno, hasta junio del 2021, ésta es la primera recomendación emitida por la CNDH que cataloga como violación grave a los derechos humanos la actuación de los elementos de la Guardia Nacional.
Investigarse a sí mismo
El artículo 22 de la Ley de la Guardia Nacional dispone que el cuerpo de seguridad militar contará con áreas especializadas como la Unidad de Asuntos Internos.
Según el Reglamento de dicha ley, le corresponde a esta unidad la realización de actividades de supervisión e inspección generales, tales como la recepción e investigación de quejas, y en su caso, la presentación de casos ante el presidente del Consejo de Carrera o a los Consejos de Disciplina.Estos últimos,conforme a los artículos 70 y 71, están compuestos por los propios mandos de la Guardia Nacional, en quienes recae la facultad de resolución definitiva de las denuncias.
La Guardia Nacional cuenta con más de 113 mil elementos, de los cuales el 88 por ciento está desplegado en todo el territorio nacional
Voces que han cuestionado el proceso de militarización en México por más de dos sexenios, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), critican que esta normatividad excluye la posibilidad de contar con mecanismos independientes y externos de supervisión para atender las quejas por abuso y violencia de los elementos de la GN.
Además, en el informe “Poder Militar”, el Centro Prodh detalla que “la Unidad de Asuntos Internos la encabeza un General de Brigada retirado, con antecedentes de haber sido parte de un cuerpo especialmente opaco y propenso a la vulneración de derechos humanos como lo es la Policía Judicial Militar. No es claro, además, que en efecto el nombramiento haya sido realizado desde la Presidencia”.
Esta es una referencia a David Enrique Velarde Sigüenza, titular de la Unidad desde enero de 2021 y sobre quien pesan acusaciones de tortura, retención arbitraria y detención ilegal. Acorde a la norma, el titular “contará con autonomía de gestión y conocerá de las quejas y denuncias, incluso anónimas, para llevar a cabo actividades de vigilancia, inspección, supervisión e investigación y las demás que determine el Reglamento”.
El Centro Prodh lamenta que, aún cuando la ley buscaba que quien ocupara esta posición fuera un civil que sirviera de contrapeso independiente de las Fuerzas Armadas, esto no ocurriera así. “El caso de la Unidad de Asuntos Internos es especialmente delicado pues la Ley de la Guardia Nacional dispone que ésta sea prácticamente el único control interno relevante”, advierte la organización de derechos humanos.
La reflexión cobra sentido ante el desdibujamiento del carácter civil de la Guardia Nacional, como fue prometido en el momento de su creación en 2019, pues prácticamente el 75% de los elementos que la integran son de extracción castrense.
Para febrero del 2022, la misma Guardia Nacional reporta que cuenta con más de 113 mil elementos, de los cuales el 88 por ciento está desplegado en todo el territorio nacional.
Miles de denuncias
Un análisis realizado por el Centro Prodh del periodo comprendido del 27 de mayo de 2019 al 10 de marzo de 2021 arroja que se han iniciado 4,867 expedientes de investigación en la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional, órgano de control interno del cuerpo de seguridad militar.
De estas carpetas, 3,483 se encontraban en trámite hasta junio del año pasado y de las 1,370 concluidas, solo 39 fueron declaradas procedentes para iniciar los procedimientos administrativos ante la Dirección General de Consejos Superiores.
Entre las conductas que registran los expedientes procedentes se encuentran: Incumplimiento a los requisitos de permanencia (no aprobar las evaluaciones de permanencia); vínculos con delincuencia organizada; conductas que desacreditan la imagen de la institución; toxicológico positivo en evaluación de control de confianza y delitos contra la salud.
“El que un cuerpo colegiado de oficiales de la propia Guardia Nacional, que actualmente –hay que insistir– sería de extracción predominantemente castrense, resuelva en definitiva sobre estas conductas tampoco asegura ni debido proceso para los acusados ni exhaustividad en el análisis”, argumenta el informe del Centro Prodh.
Aunado a ello, el Centro también resalta que, de acuerdo con la información brindada por la propia Guardia Nacional a través de su Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, los Consejos son incipientes, pues o no cuentan con información de sus actividades o han sesionado en pocas ocasiones.
Guardia Nacional agredió a migrantes con piedras, toletes y escudos, se extralimitó en sus funciones señaló la CNDH. Foto: AFP
Por otro lado, la ley de la GN obliga a dicho organismo a registrar los eventos en que se hizo uso de la fuerza. En respuesta a solicitud de información, la Guardia Nacional refiere que de 2019 a 2021 registró 161 eventos con uso de fuerza y armas de fuego, mientras que señala la inexistencia de casos con determinación de exceso de la fuerza.
“Que no se reporten casos con determinación de exceso de uso de la fuerza en un contexto en el que es la propia Guardia Nacional la que realiza la investigación y en un entorno en el que se reportan 161 eventos de uso de la fuerza no resulta convincente. Máxime cuando la propia Guardia Nacional reportó que cuenta al menos con 33 registros de denuncias o quejas por uso excesivo de la fuerza”, cuestiona el Centro Prodh, a quien se le negó el acceso a los reportes pormenorizados pues la GN reservó la información por cinco años.
Para el Centro Prodh, la composición castrense de la Unidad de Asuntos Internos incide en la repetición de conductas de las instituciones militares, quienes al indagar denuncias relacionadas con militares no realizan su labor con exhaustividad.
“Resulta especialmente grave que la Guardia Nacional reporte que entre las conductas analizadas en estas instancias se encuentran algunas que, por ser delitos, deberían ser indagadas por el Ministerio Público de la Federación y no por la Guardia, a efecto de que no se construya una suerte de fuero fáctico para sus integrantes”, alerta el Centro, en referencia a que la GN indague conductas como los vínculos con delincuencia organizada.
Abuso de la fuerza
Intersecta es una organización feminista que ha documentado “cómo la participación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública, lejos de disminuir la violencia, ha derivado en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos”.
En 2020, se registraron 260 enfrentamientos con involucramiento de elementos de la SEDENA con un saldo de 237 civiles muertos y apenas 6 militares fallecidos. “Por sí solo, el 2020 da suficientes motivos para sonar las alarmas. Cuando se contrasta el 2020 con años previos, la preocupación solo aumenta”, señala el informe De Nuevo Laredo a Mazapa de Madero: el índice de letalidad de la SEDENA crece.
De acuerdo al Centro Prodh, en estos casos han sido las propias Fuerzas Armadas quienes reportan los eventos, sin que ninguna de las instituciones externas de control, como la Fiscalía General de la República (FGR) o la Comisión Nacional de Derechos Humanos realicen investigaciones al respecto de los casos y denuncias.
“El silencio de la CNDH es especialmente grave, pues tratándose de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, claramente ha retrocedido en la práctica de emitir pronunciamientos para expresar preocupación por el uso excesivo de la fuerza y anunciar el inicio de expedientes de queja cuando hay casos públicos y notorios, práctica que sí mantiene respecto de otras autoridades y violaciones a derechos humanos. Esto, desde luego, impactará previsiblemente en una disminución de emisión de recomendaciones”, señala el documento del Centro Prodh.
Según los registros de la GN, hasta mediados de 2021, sus elementos han privado de la vida a 94 personas, de las cuales sólo cinco son reconocidas como civiles, mientras 89 son catalogadas como “agresores”, una identificación en que las Fuerzas Armadas tradicionalmente han reportado los ‘saldos’ de sus operaciones.
“Es relevante analizar en cada uno de estos casos si en efecto la fuerza letal se empleó como último recurso y si en realidad la Guardia Nacional fue objeto de la agresión a la que se refiere su registro”, destaca el informe “Poder Militar”. Para el Centro Prodh, resulta previsible que sigan ocurriendo las violaciones a derechos humanos “considerando la forma en que las inercias relacionadas con el abuso de la fuerza arraigaron en las instituciones de seguridad desde el inicio de la ‘Guerra contra el Narcotráfico’. Por otro lado, frente a la comisión de éstas no se están activando los controles externos, sino que –como en el pasado– se continúa dejando a las propias Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional el procesamiento de tales casos, aun cuando en nuestra historia reciente ese proceder ha desembocado siempre en la impunidad.
A man checks his phone while walking by a banner promoting Nicaraguan President Daniel Ortega and Vice President Rosario Murillo, as presidential election campaigns begin, in Managua, Nicaragua September 25, 2021. REUTERS/Maynor Valenzuela NO RESALES. NO ARCHIVES
Recientemente, autoridades migratorias nicaragüenses prohibieron el ingreso al país al catedrático Carlos Sandoval, director del Doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Este caso se suma al endurecimiento del control para ingresar al país centroamericano, sobre todo a partir de mayo de 2021, momento en el cual el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo escalaron la represión contra toda crítica a su administración de cara a las elecciones presidenciales efectuadas en noviembre de aquel año.
El medio nicaragüense Confidencial resalta que desde esa fecha se han encarcelado a precandidatos presidenciales, periodistas, empresarios, defensores de derechos humanos, exdiplomáticos y ciudadanos críticos del gobierno.
Policía política
El pasado 31 de marzo, Sandoval intentó entrar a Nicaragua por la frontera terrestre de Peñas Blancas, en Rivas. “Una oficial en ventanilla me dijo que yo era analista y escritor. Yo le pregunté que cómo sabía ella eso, entonces me respondió que me habían ‘buscado’”, contó Sandoval al medio Confidencial.
El catedrático refiere que durante al menos dos horas tuvo que responder preguntas de la agente migratoria, quien insistió en conocer los nombres de las personas con las que él se vería en Nicaragua, así como los datos de contacto de las mismas. Sandoval comparte que se negó a brindar esa información por temas de seguridad y privacidad.
En consecuencia, la agente migratoria le notificó que no podría entrar a Nicaragua y fue conducido a la línea fronteriza de regreso a Costa Rica. “Tienen una lista de personas, una especie de ‘policía política’”, detalló Sandoval sobre el hecho.
De acuerdo a Confidencial, “a medida que incrementó la represión dentro de Nicaragua en 2021, fueron más las personas rechazadas en la frontera, incluyendo ciudadanos nicaragüenses. También se añadieron a la lista casos de periodistas extranjeros de medios regionales e internacionales que pretendían llegar a Nicaragua en noviembre para cubrir la votación y que se les prohibió el ingreso al país”.
“Me llamó la atención el nivel de control que tienen (las autoridades) que incluye a personas como yo, que no soy nicaragüense, que ni soy periodista. El rechazo es de oficio, me llamó también la atención el nivel de autoritarismo. Es una manifestación de cómo administran el poder”, compartió Sandoval quien trabaja el tema de la migración en Centroamérica.
Despojo de territorios, contaminación, crimen organizado, hidroeléctricas, extracción minera y de hidrocarburos son las constantes denuncias de los pueblos originarios al paso de la Caravana por el Agua y la Vida, a dos semanas de haber iniciado su travesía por nueve entidades mexicanas.
El pasado 22 de marzo, organizaciones convocadas por Pueblos Unidos de la Región Choluteca y de los Volcanes, a propósito del aniversario de la toma de la sede de la empresa Bonfont en Puebla, partieron de la comunidad Juan C. Bonilla y, respetando el itinerario, continuaron con actividades en el Mercado Hidalgo, Calpan, Atlixco, Ahuacatlán, Ocotepec, en Puebla.
Durante las dos primeras semanas también visitaron Apizaco, Tlaxcala; Actopan, Puerto de Veracruz y Santa Marta, en Veracruz. Aunque hubo alertas del cuerpo de seguridad este fin de semana (2 y 3 de abril) las organizaciones realizaron las actividades previstas en Chilapa de Álvarez y Alcozacán, Guerrero, sin incidentes.
El domingo llegaron a Milpa Alta en la Ciudad de México y el lunes (4) compartieron un mitin con el Campamento Triqui y a las afueras de Okupa Chiapas.
En el trayecto participan en acciones como mítines, marchas, foros, asambleas, conversatorios, eventos culturales que organizan los grupos en cada destino.
“En los diferentes puntos que hemos recorrido los compañeros denuncian la contaminación que hay en los territorios, la violencia que se desata por parte del mismo Estado y las empresas”, señaló Camilo, integrante de la caravana, en entrevista con Avispa Midia.
Resistencia
La primera denuncia de la caravana tiene contexto en la comunidad Juan C. Bonilla, en la zona cholulteca, con la extracción masiva de agua por parte de los corredores industriales y embotelladoras (Danone) que provocaron consecuencias, como el socavón de 50 metros de profundidad y 126 metros en su eje mayor, que apareció el 29 de mayo de 2021. Según estudios del Instituto Politécnico Nacional, fue ocasionado por extracción masiva de agua.
A su paso por Xoxtla y en Tlaltenango, la queja se causó contra las industrias Ternium; una fundidora de hierro que “genera montañas de desperdicio” de armex, de varillas, de latas, “que no les funcionan y son montañas a cielo abierto que han contaminado ya todo el aire de la región”, explicó Camilo.
En el mismo estado de Puebla, con el problema de basureros en San Juan Tautla, hicieron visibles la contaminación por los líquidos que se filtran al subsuelo que dañan los mantos acuíferos y el aire. Mientras en la sierra norte denunciaron los proyectos mineros.
La privatización del agua, extracción de hidrocarburos, delincuencia y crimen organizado, de nueva cuenta, fueron los temas centrales de las acciones en Veracruz.
Por ello, Camilo reiteró la importante labor de la Caravana en visibilizar las batallas, para organizarse como pueblos y trabajar en colectivo con el Consejo Nacional Indígena (CNI) y el Consejo Indígena de Gobierno (CIG).
Alerta
El sábado 2 de abril, el portal del CNI publicó un reporte de la presencia de 50 camionetas y 20 motocicletas del grupo de sicarios «Los Ardillos» en la comunidad de Colotepec, Chilapa, uno de los puntos por donde la caravana transitaría para continuar su recorrido en Guerrero.
El CNI reiteró que el movimiento es pacífico y repudió las prácticas de guerra en contra de los pueblos, “hacemos responsables a los tres niveles de gobierno de cualquier atentado en contra de la Caravana y de nuestros hermanos del CIPOG-EZ”, se lee en la información.
Camilo dijo que en la marcha se incorporan más organizaciones como Sol Rojo de Oaxaca, la Red de Resistencias y Rebeldías de Veracruz, Euskadi de Tlaxcala, medios de comunicación y una delegación de Francia y Alemania.
Los que faltan
Este 5 de abril la caravana cumplió 15 días de haber iniciado su trayecto para fortalecer la defensa de los territorios con un llamado reiterado a la conciencia, como lo expresó en su mensaje María de Jesús Patricio Martínez, vocera del Concejo Indígena de Gobierno, también conocida como Marichuy.
“Los megaproyectos se aprovechan de lo que da la vida en nuestras comunidades”, dijo en el mitin realizado a las afueras de Casa Okupa Chiapas en la Ciudad de México, en el que hizo llamado para unificar luchas y construir “algo más fuerte”.
En la misma ciudad, la caravana visitó el plantón de mujeres Mazatecas por la Libertad de siete indígenas, presos políticos de Eloxochitlán, que mantienen frente al Consejo de la Judicatura Federal, ante la omisión del gobierno de Oaxaca.
“Hoy hacemos uso de nuestra autonomía a nuestra libre determinación. Los pueblos seguimos resistiendo. Mientras ustedes permanecen sordos nosotros seguiremos luchando”, se escuchó en las participaciones.
También acudieron a Ciudad Universitaria y a las instalaciones de Conagua, “es la culpable de la sequía en nuestros pueblos … la declaramos culpable de las muertes que provoca en nuestros pueblos, le decimos a Conagua que el agua no se vende, se ama y se defiende”, se escuchó al unísono.
El 6 de abril continuarán en actividades en el plantón en la Preparatoria Benito Juárez de Iztapalapa; el 7 estarán en Calixtlahuaca en el Estado de México y regresan a Xochimilco en la Ciudad de México para participar al día siguiente (8) en el Encuentro Internacional en defensa de la Madre Tierra con la Casa de los Pueblos y las comunidades indígenas “Samir Flores Soberanes”; y con la comunidad Otomí.
El 9 de abril planean llegar a Querétaro donde serán recibidos por el Consejo Autónomo de Santiago Mexquititlán de Amecalco. Un día después vuelven a la Ciudad de México para una movilización por el 103 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. El 11 de abril está calendarizado en Asurco y Huexca, Morelos; y el 12 en Amilcingo y Tetlama, en la misma entidad.
Del 13 al 16 de abril las actividades serán con organizaciones internacionales en reuniones por plataformas digitales. El 17 y 18 estarán en Tehuacán y Chila de las flores, respectivamente; para después viajar a Santa Rosa, el 20 de abril a 4 Venados, el 21 a Yerba Santa y el 22 al Istmo de Tehuantepec. La caravana concluye en Cuentepec el 23 y 24 abril con la Primera Asamblea del Pueblo Nahum de Morelia.
“Falta Querétaro, Estado de México y Oaxaca para concluir en Morelos donde se realizará un decreto comunitario de los Pueblos Nahuas de Morelos: es sobre la minería, se nos quiere imponer un proyecto de muerte pasando por los derechos indígenas de los compañeros de las comunidades de Tetlama y Cuentepec y de lo que se va sumando”, dijo un morelense integrante de la caravana.
El decreto es con base en la ley de los pueblos y la libre determinación que tenemos las comunidades originarias “para decidir qué es lo que queremos o no, en nuestro territorio”.
Al finalizar la caravana, las organizaciones trabajarán un informe sobre la documentación realizada en la ruta por los nueve estado de México, “para acordar lo que sigue”, precisó Camilo.
Las amenazas de Estados Unidos (EEUU) y Reino Unido, en el contexto de la guerra en Ucrania, de dejar de comprar petróleo y gas a Rusia, han servido para que los costos de los energéticos se dispararan drásticamente, incluso, por arriba de los precios alcanzados con la crisis financiera del año 2008.
Para empeorar la situación, el jueves pasado (31), el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto que establece que "países extranjeros no amistosos" comiencen a pagar en rublos el gas que les vende o, de lo contrario, cortará los suministros. "Nadie nos vende nada gratis, y tampoco vamos a hacer obras de caridad, es decir, se detendrán los contratos existentes", sostuvo Putin.
El precio de la gasolina en el país norteamericano ha alcanzado su máximo histórico. En el estado de California, por ejemplo, el galón llegó a costar 6 dólares; en 2021, estuvo a 3,73.
“Los costos los tenemos que pagar los ciudadanos que vivimos al día. ¡Todo está aumentando de precio!”, comparte para Avispa Midia, Mara de Cordero, residente de California, quien se dedica a la limpieza de oficinas.
Cordero asevera que no solo es la gasolina que esta subiendo y asegura, “nos afecta, sobre todo, a quienes tenemos un salario mínimo; nuestra situación ya era vulnerable con la pandemia y hoy, con esta guerra, sentimos que los tiempos que vienen serán más difíciles”.
Semanas antes de la declaración de guerra de Rusia contra Ucrania, las empresas petroleras ya comenzaban a beneficiarse con el alza de los precios de los combustibles fósiles y los ciudadanos de a pie sufrían los impactos.
Elvys D. Cordero, mecánico residente en California, comparte con Avispa Midia que, actualmente, están gastando en sus cuentas diarias el doble de lo que gastaban antes de la pandemia. “En este país hay personas que trabajamos dos o tres turnos para poder solventar nuestros gastos y esta situación nos está afectando aun más”, comparte.
El escenario bélico viene impactando en escalada los costos de los energéticos y la inestabilidad en la oferta y la demanda podría agudizar aun más la situación. Según la agencia Bloomberg, la Casa Blanca debe anunciar próximamente un plan para liberar hasta un millón de barriles diarios de sus reservas estratégicas durante varios meses para frenar la inflación e intentar estabilizar el mercado.
El gobierno de los EEUU ha incentivado a los Estados y a las compañías petroleras a producir más petróleo y gas frente a la inestabilidad del mercado.
Por ejemplo, Jennifer Granholm, secretaria de energía de EEUU, pidió a Bento Albuquerque, ministro de Minas y Energía de Brasil, durante una videoconferencia el jueves 10 de marzo, que aumentara su producción de petróleo.
“Ella [Jennifer Granholm] me preguntó si Brasil podía formar parte de este esfuerzo, y yo le dije 'por supuesto que sí'. Ya estamos aumentando la producción, mientras que la mayoría de los países de la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos] la han reducido", respondió Albuquerque.
La OPEP+ (Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados) redujó su producción en 1,1 millones de barriles por día (bpd) por debajo del objetivo establecido, según La Agencia Internacional de la Energía.
Reducción en la producción Rusa
De acuerdo con un estudio llamado La invasión rusa de Ucrania y los escenarios del mercado mundial del petróleo, del Instituto de Estudios Energéticos de Oxford, se contempla la reducción de 1,1 millones (bpd) de producción de petróleo ruso para mayo de 2022 y en 2023 podría alcanzar pérdidas de crecimiento de hasta 2,5 millones de barriles por día.
En 2021 Rusia ocupo el 2º lugar como productor mundial de petróleo crudo, 14% de la producción mundial. Un 60% de este petróleo tienen como destino Europa y otro 35% termina en Asia, señala el informe de Oxford.
Acuerdo entre China y Rusia
Los analistas de Oxford destacan que, con el acuerdo comercial de gas entre Rusia y China, anunciado el 4 de febrero de 2022, se pretende vulnerar la dependencia de Europa. Según este estudio, la sorprendente rapidez con la que se ha firmado este pacto, se remonta a planes que se vienen dando desde el año 2014. “Sus bases se establecieron en diciembre de 2017, cuando se firmó un acuerdo de intenciones para el suministro de gas ruso a China a través de la ruta del Lejano Oriente”, remarca el documento.
Si Europa dejara de comprar gas a Rusia, los países impactados inmediatamente serían Italia y Alemania, principalmente con el aumento de los precios de la calefacción, que ya se consideran altos.
En un acto desesperado, este lunes (5), el ministro alemán de Economía, Robert Habeck, dio la orden a la Agencia Federal de Redes para tomar el control fiduciario de Gazprom Germania, la filial alemana de Gazprom Rusia. El ministro justificó esta acción asegurando que las relaciones legales con Rusia han sido poco claras y esto implica una violación de las normas de información.
Por otra parte, la petrolera rusa ya había anunciado desde días antes que abandonaba su participación en Gazprom Germania GmnH, también de Gazprom Marketing&Trading Ltd. "El 31 de marzo el grupo Gazprom puso término a su participación en la compañía Gazprom Germania GmbH y todos sus activos", informó en su sitio web la empresa.
Mientras tanto la Agencia Federal de Redes de Alemania asumirá por un período transitorio la función de accionista fiduciario de Gazprom Germania.
EEUU
Por su parte, EEUU se mueve rápidamente para intentar llenar los vacíos que podría dejar Rusia y responder a la inestabilidad de los precios. La compañía de capital estadounidense, ExxonMobil, anunció recientemente que ha decidido invertir 10 mil millones de dólares en su cuarto proyecto de producción de petróleo frente a la costa de Guyana, el mayor del país sudamericano.
Estados Unidos, con tan solo 4% de la población mundial, consume más de 17 millones de barriles de petróleo por día que representa el 25% del consumo de energéticos a nivel mundial. En Guyana se busca producir hasta 1,2 millones de barriles diarios de petróleo y gas (boed), que se espera alcanzar para 2027.
Exxon y sus socios Hess Corp (HES.N) y el Consorcio CNOOC Ltd. iniciaron la producción en Guyana en 2019 y son responsables de toda la producción del país.
Este proyecto es uno de diez que estas empresas tienen previsto instalar en Guyana.
Además, la casa blanca esta buscando, según el The Wall Street Journal, reiniciar operaciones en Venezuela. La estadounidense Chevron se prepara para iniciar operaciones comerciales del crudo venezolano y pretende asumir el control operacional de cuatro empresas mixtas que comparte con Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA).
Los principales países exportadores de petróleo hacia Estados Unidos son: Brasil, Argentina, Colombia, México, Venezuela, Ecuador y Guyana.
El Poder Judicial de la Federación quitó el pasado 25 de marzo la suspensión a las obras de los tramos 1, 2 y 3 del Tren Maya, que había sido concedida, en marzo de 2021, a la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal.
El proceso judicial fue enmarcado por contradicciones en las decisiones tomadas por los tribunales de Yucatán, como explica para Avispa Midia el abogado Miguel Anguas, de Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, organización que asesora a las comunidades mayas desde 2020, cuando empezó la pandemia de Covid-19 y el gobierno mexicano declaró el proyecto como prioritario.
Ya en 2020, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal empezó los amparos contra el proyecto Tren Maya, por considerar que viola el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la información, los derechos de los pueblos.
Sin embargo, en noviembre de 2020, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la fase uno del Tren Maya, que incluye los tramos 1, 2 y 3. Al autorizar la MIA da luz verde para el inicio de las obras. “Entonces se inicia un amparo contra esta autorización en específico”, explica el abogado.
En marzo de 2021, el Juzgado Cuarto de Distrito determinó conceder la suspensión definitiva. “Es decir, obliga la Semarnat y a Fonatur [Fondo Nacional de Fomento al Turismo] a que suspendan las obras, los permisos, hasta tanto se termine el juicio de amparo [contra la obra]”.
Ante la suspensión, Fonatur y Semarnat interpusieron, de manera individualizada, recursos de revisión buscando impugnar la resolución.
Al resolver el recurso de Fonatur, en noviembre de 2021, el Tribunal Colegiado de Circuito en Materias del Trabajo y Administrativa optó por revocar y negar la suspensión del Tren Maya, pero en enero de 2022, ante el recurso de Semarnat, ordenó paralizar las obras. “Aquí es donde se da la contradicción. Teníamos la inquietud de cual decisión iría prevalecer”, dijo el abogado.
Fonatur decide, entonces, presentar una solicitud de aclaración a los tribunales sobre las dos decisiones. El pasado 25 de marzo decide que lo que prevalece es la primera decisión, que revoca la suspensión de las obras. “Le da luz verde al proyecto del Tren Maya, a pesar de que continúan los juicios de amparo”, explica Anguas.
Principio Precautorio
Lo que se cuestionó en el amparo fue la viabilidad ambiental de las obras y la forma en la cual se está realizando la MIA del proyecto. “Los estudios están siendo hechos por pedacitos. Existen los estudios de la fase. Luego hay el estudio del tramo 4. Van a sacar del tramo 5. Hay tramos que no tiene manifestación de impacto ambiental”, relata el abogado, “aún así no fue suficiente para suspender la obra”.
El abogado considera la decisión un retroceso en materia ambiental. Los proyectos que tengan o puedan tener impactos negativos en el medio ambiente “aplica el principio precautorio, en el cual ante la falta de certeza de los impactos que puedan llegar a tener un proyecto, es preferible proteger al medio ambiente, es decir, en caso de duda, mejor proteger a la naturaleza”. Pero se desconsideró totalmente este principio.
A eso se suma la violación a los derechos de los pueblos. “Sí se da una consulta indígena en 2019. Pero esta consulta se da en el margen de la entrada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Solamente sacan aspectos positivos. Ni siquiera se tenía los estudios de impacto ambiental, entonces qué información se les iba a dar a los pueblos indígenas para que se aprobara o no el proyecto”.
No se cumplió
A pesar de la resolución de los tribunales de suspender el proyecto, en marzo de 2021, las obras jamás fueron paralizadas.
“El poder judicial al notificar la autoridad sobre su decisión sí le pide un informe de cómo está cumpliendo”, explica Anguas.
En el caso del Tren Maya, las autoridades nunca rindieron este informe de cumplimiento de las suspensiones, cuenta el abogado. “Bastó con que las autoridades interpusieran sus recursos para que el juzgado se hiciera a un lado y no continuara con la supervisión de cumplimiento de estas suspensiones”.
Indignación interpuso incidentes de violación a las suspensiones, sin embargo, “debido a la burocracia” nunca se resolvieron.
En un comunicado, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal e Indignación sostienen que todo esoevidencia “las autoritarias decisiones de los Poderes de la Unión para imponer un proyecto en la península. También se continúa con la obstaculización de la defensa de derechos con base en intereses políticos sobre los territorios mayas, y con ello se pone en riesgo total y alta vulnerabilidad de las personas defensoras de derechos humanos”.
La experiencia del abogado corrobora que existe “un actuar generalizado del Poder Judicial de revocar las suspensiones para que el proyecto continúe”.
¿Qué sigue?
Ahora el objetivo es continuar con los juicios contra el proyecto. “A pesar de que nos revocaron las medidas de protección, los juicios continúan hasta que se emita una sentencia final. Eso nos puede llevar a las últimas instancias e incluso intentar que la Suprema Corte atraiga los casos”, explica Anguas.
