El pasado fin de semana, 18 y 19 de marzo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) emprendió la gira número 28 por el tercer estado más pobre de México, Oaxaca. Uno de sus objetivos fue supervisar los avances del Tren Transístmico y de los parques industriales en el Istmo de Tehuantepec. Fue recibido, al menos, por tres protestas y un autobús incendiado.
Mientras AMLO, acompañado del gobernado de Oaxaca, Alejandro Murat, supervisaba las instalaciones del Tren Transístmico, en la comunidad de Donají, municipio de Matías Romero Avendaño, integrantes de la Unidad de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) se movilizaron. Realizaron pintas y lanzaron consignas para exigir la renuncia de funcionarios, “por actos de corrupción y opacidad, en detrimento de los campesinos de la región”, denunciaron en el mitin que realizaron.
Mientras tanto, la Asamblea Comunitaria de Puente Madera, donde se pretende construir un parque industrial, lanzó un comunicado junto con otras organizaciones y comunidades señalando que mantenían un bloqueo carretero en el kilómetro 185 de la carretera Panamericana. “Esta acción se enmarca en el marco de la gira 28 a la región del Istmo de Tehuantepec por parte del Ejecutivo Federal, con motivo de supervisar su magno Megaproyecto de despojo, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”, puntualizaron en el comunicado.
Además, denunciaron que la visita de AMLO se da en un panorama de conflictividad social en la región, provocado por los “elegidos de llevar a cabo la Cuarta Transformación en el Istmo”.
Ponen como ejemplo de esta situación a la Procuraduría Agraria, su delegado Gonzalo Villalobos López, y la residente en Tehuantepec, Lila Rodríguez Villanueva, quienes han “avalado el cambio irregular de la mesa directiva del Ejido, para beneficiar la instalación del Parque Industrial que se tiene proyectado en la comunidad” de Ixtaltepec, reza el comunicado.
Estas comunidades también presumen que la funcionaria Lila Rodríguez ha ejercido cierta presión sobre las asambleas de comuneros de varios núcleos agrarios, como el caso de la comunidad de Santa maría Mixtequilla, para acelerar el avance de los parques industriales. “Pretenden expropiar tierras comunales para la instalación del parque industrial, a pesar de la negativa de la SEMARNAT [Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales] por ser tierras de selva baja con flora y fauna endémica”, denuncian.
Por otra parte, pobladores de la agencia municipal Álvaro Obregón, Juchitán, realizaron bloqueosen la carretera federal Panamericana 190, a la altura del tramo Pepe y Lolita. Durante estas acciones incineraron un autobús del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) perteneciente a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Entre las exigencias de esta comunidad, conocida por su resistencia ante un proyecto eólico que se quiso imponer en sus tierras comunales y que lograron echar abajo, está la nulidad de las elecciones locales, realizada el domingo 13 de marzo, donde resultó victorioso Víctor Santiago Sánchez.
Los pobladores denuncian que estas elecciones han sido irregulares y llaman a sus ciudadanos a convocar nuevos comicios que tomen en cuenta otra forma de elección, por consenso, y que no sea a mano alzada. No obstante, las autoridades de Juchitán, municipio al que pertenece esta comunidad, ratificaron el triunfo de Víctor Santiago Sánchez.
A estos contextos de conflicto en la región del Istmo, se suma el aumento de los feminicidios, siendo que el 50% registrado en todo el estado de Oaxaca se ha recargado a región del Istmo, expresan las asambleas comunitarias de Puenta Madera, Alvaro Obregon, Santa María Xadani. “Nos oponemos contundentemente a la Industrialización y despojo de nuestras tierras de Uso Común, así como a la industrialización de la región del Istmo de Tehuantepec”, reafirma el comunicado que también esta firmado por Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio.
Durante 34 días, organizaciones y colectivos de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Guerrero y Querétaro integrarán la Caravana por el agua y por la vida: Pueblos unidos contra el despojo capitalista para visibilizar las luchas de México, además de Europa, África, Asia, Sudamérica y Norteamérica.
En el marco del Día Internacional del Agua y a un año de la toma de las instalaciones de la empresa Bonafont, los pueblos partirán del municipio Juan C. Bonilla, Puebla; y concluirán el recorrido día 24 de abril en la comunidad de Cuentepec, Morelos.
“Se hará eco a la voz de los pueblos que han decidido ya su destino a través de sus leyes, pronunciamientos, decretos y acuerdos propios que los malos gobiernos han despreciado e ignorado. Es decir, la Caravana por el agua y la vida tiene por objetivo hacer valer la Ley de los pueblos”, reza un comunicado de la Caravana.
Planean estar cinco días en Puebla, en San Miguel Xoxtla, donde hay problemas con la fundidora de hierro Hylsa S.A.de C.V. que daña gravemente el río Prieto y el manantial Almolón, que prácticamente se secó.
La travesía incluye la zona de los volcanes con las resistencias contra el gasoducto del Proyecto Integral Morelos; también en la zona de Atlixco. En Morelos con las organizaciones que rechazan el gasoducto y la termoeléctrica.
Visitarán el plantón contra el acueducto del río Cuautla. En la Ciudad de México acudirán a la manifestación que mantienen otomíes; así como al campamento de triquis desplazados de comunidades de Oaxaca; tan solo por mencionar algunos puntos del recorrido fechado para realizarse en un mes.
“Cerraremos en Morelos en un Encuentro Nacional de los Pueblos Nahuas donde se realizará un decreto como pueblos que defendemos el territorio, la vida, en contra del capitalismo”, cuenta para Avispa Midia el integrante de los Pueblos Unidos de la Región Choluteca y de los Volcanes, Camilo. Pueblos Unidos comparte la organización de las actividades con 20 organizaciones más.
La Caravana busca juntar las luchas entre miembros del Congreso Nacional Indígena y otras comunidades que no son parte, pero están en los mismos procesos, “para fortalecernos, seguir organizándonos y no solo de manera nacional sino también internacional”.
El acompañamiento de los pueblos estará a cargo de brigadas de Alemania, Italia, Suiza, que también hablarán de sus luchas contra megaproyectos. Al paso, esperan que más pueblos se unan, “muchos nos han pedido que en el recorrido de la caravana los visitemos”.
Camilo dice que se trata de una lucha por la vida y para que las comunidades puedan crecer a su ritmo y a su decisión, “para que como pueblo seamos respetados en nuestra libre determinación; para seguir viviendo en comunidad”.
Otra integrante del mismo movimiento, que no se ha identificado por cuestiones de seguridad, agregó, en entrevista para Avispa Midia, que la Caravana tiene varias tareas y la primera es visibilizar las luchas diversas y activas en México ligadas a la defensa del territorio, del agua, la libertad de presos políticos, defensa de espacios de trabajo, generación de espacios autónomos en la ciudades, entre otras.
Con festivales, encuentros, foros, marchas, recorridos y mítines, además de otras formas de expresiones físicas y digitales, se fortalecerán para hacer respetar la decisión de los pueblos.
“Son victorias que no vamos a perder”
La organización de estas actividades se da en un contexto de resistencias como la de Pueblos Unidos de la Región Choluteca y de los Volcanes contra la empresa Bonafont del Corporativo Danone.
El 22 de marzo de 2021 tomaron las instalaciones de la empresa en la comunidad Juan C. Bonilla. En asamblea, el 26 de marzo del mismo año acordaron que Bonafont no volvería a abrir sus puertas. El 8 de agosto concluyeron en que convertirían el lugar en un espacio de resistencia comunitaria.
Fue llamado ‘Altepelmecalli, la casa de los pueblos’ y abierto a la escucha y al encuentro de todos los pueblos, principalmente de los 20 que forman parte del movimiento en defensa del agua y el territorio que, durante casi un año, implementaron diferentes proyectos autogestionados.
“En la madrugada del 15 de febrero (2022) los gobiernos que dicen representar al pueblo y ser distintos a los gobiernos anteriores enviaron a la Guardia Nacional, a la Policía Estatal y Municipal a despojarnos del espacio que habíamos recuperado y convertido en una verdadera Altepelmecalli, para dejarlo nuevamente en las manos de quienes nos roban el agua, la vida, y que creen que nuestra dignidad está en venta”, dijo la integrante de Pueblos Unidos.
Este desalojo se esperaba, dijo la integrante de la organización. “No podemos confiar en ellos mucho menos en las empresas”, aunque no imaginaron la magnitud del operativo, “eso da cuenta de cómo nos perciben como organización”.
Pueblos Unidos considera que la solución al conflicto es el diálogo para respetar la ley de los pueblos. “Esta empresa (Bonafont) ya no puede volver a funcionar y más ahora” que regresó el agua para los pozos, ameyales y canales.
Aunque les fue quitado el espacio, desde sus trincheras construyen la autonomía con brigadas de salud con trueques, coordinación entre las comunidades con visitas que documentan otros problemas que se van sumando al movimiento; y tienen un canal de televisión para difundir los temas.
“Seguimos trabajando todo el tiempo para que nuestros objetivos se cumplan; al final el objetivo principal es la defensa de nuestra agua”, dijo la integrante de Pueblos Unidos.
Las sillas permanecen vacías
Al principio cuando Pueblos Unidos cerró la planta acudió un delegado de gobierno, pero no volvió más. “Nosotros los llamamos al diálogo para resolver y para indicarles nuestra decisión pero no asistieron, los invitamos el 8 de agosto del año pasado también, primero habían dicho que sí, la empresa y Conagua, pero después dijeron que no que no había condiciones”, explicó Camilo.
A pesar de estos intentos, no hubo respuesta. Entonces, por acuerdo de asamblea, determinaron un proceso de expropiación para que las comunidades pudieran decidir sobre el destino de estas instalaciones de Bonafont en beneficio de la comunidad Juan C. Bonilla.
En 1992 la empresa Arcoíris adquirió ese terreno intestado “es muy turbia esa historia”. Preguntaron a los pobladores si estaban de acuerdo con la perforación de un pozo agrícola en pro de la comunidad. Aceptaron, pero en realidad se creó un pozo industrial, “los efectos fueron inmediatos”.
El agua empezó a disminuir hasta llegar al punto de secarse totalmente en la colonia José Ángeles que está junto a las instalaciones. “Muchísimos procesos turbios hasta la llegada de la empresa que fue totalmente bajo engaños”, que siguió con la entrada de Bonafont.
Durante sus operaciones, Danone sacó cada día 1, 641,000 litros de agua que provocó el socavón el 29 de mayo en Santa María Zacatepec. Desde el cierre forzado de la empresa el 22 de marzo de 2021, los mantos acuíferos se restablecieron de manera importante.
El movimiento documentó que en el Registro Público de Agua, la empresa tenía permiso de Semarnat para desembocar sus desechos de botellas y garrafones de agua directamente a una barranca de Nextetelco, a cielo abierto con materiales como plomo y cadmio que causó graves afectaciones a la salud de las 20 comunidades.
La empresa y las autoridades municipales en Juan C. Bonilla encabezado por José Cinto Bernal del PAN y PRD difunden información falsa que genera confusión en la comunidad pues rechazan responsabilidad en las afectaciones al medio ambiente y al agua; y acusan a los pueblos de retrasar el ‘progreso’.
En una asamblea para elegir el sistema de elección de sus autoridades municipales en Santa María Zacatepec, la misma autoridad permitió que Bonafont repartiera agua y leche a los asistentes. Además de las agresiones mediáticas, la empresa ahora busca involucrarse en actividades por usos y costumbres.
La historia de lucha de esta región tiende desde el siglo pasado, incluso más allá, “pues se remonta en la recuperación de las tierras un fuerte movimiento integrado al movimiento Emiliano Zapata”, recordó Camilo.
Con la organización también van contra la contaminación del Metlapanapa y la imposición de complejos inmobiliarios. En el 2017 intentaron contaminar el corredor industrial ciudad textil de Huejotzingo, arrojando sus desechos industriales con plomo, cadmio, cobre, zinc, arsénico y cianuro, pero los pueblos organizados los detuvieron.
Además del Metlapanapa, el río Prieto también es de preocupación por el nivel de contaminación por la empresa fundidora Hylsa (Ternium en México), los dos ríos que en la región se unen al río Atoyac que es el segundo más contaminado del país.
“Nosotros como pueblo nos seguimos organizando porque sabemos que la organización es la base fundamental para defender el territorio. Una organización colectiva y una de las muestras de esto es el trabajo en la caravana”, añadió Camilo.
por Javier Bedía Prado / Fotos por Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape
En minka, una forma ancestral de trabajo colectivo, madres, niñas y mayores arrancan cercos para plantar árboles como huellas de su territorio. De su paso por el bosque. La comunidad campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape, noroeste de Perú, se encuentra en proceso de recuperación de sus tierras -reconocidas por resolución ministerial- ocupadas por agroindustrias en el Perú.
Las acciones autogestivas han retornado, desde diciembre de 2020, cerca de 1.900 hectáreas a posesión comunal. Esta estrategia pacífica frente a nuevas invasiones de empresas privadas fue respondida con represión extrema. En una intervención irregular, policías hirieron de gravedad a un comunero en enero de 2021. Le siguieron más operaciones ilegales de la Policía Ecológica en la Área de Conservación Privada (ACP) Chaparrí, que comprende 34.400 hectáreas bajo administración comunitaria desde el año 2001. El territorio de la ACP abarca los distritos de Chongoyape (región Lambayeque), Llama y Miracosta (región Cajamarca).
Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape, continúa con la siembra de algarrobos y su mantenimiento de regar semanalmente a los plantones en su terreno definitivo, en la Reserva Ecológica Chaparrí.
La criminalización se desinhibió con la denuncia a seis comuneros, todos defensores de la reserva ecológica Chaparrí, por daños ambientales. Entre ellos protectores del bosque reconocidos por el Ministerio de Cultura.
Estas maniobras apuntan a los mismos intereses de la organización criminal que usurpó la dirección de la comunidad -elegida cada dos años por votación-, asesinó a un comunero y destruyó el área de conservación entre 2014 y 2018. No se determinó de dónde provinieron las órdenes y el financiamiento.
En la investigación fiscal surgió el nombre de uno de los empresarios peruanos más poderosos, Olivio Huancaruna, de acuerdo a declaraciones de testigos con clave de reserva. Durante la pandemia, una compañía perteneciente a su conglomerado agroindustrial cercó nueve hectáreas. Estas tierras son codiciadas para cultivos de exportación. Y la empresa del hermano de otro empresario involucrado con los crímenes pasados tomó 600 hectáreas. Este hombre de negocios estuvo en la violenta operación policial.
Para completar el cuadro, el Gobierno Regional de Lambayeque, sin consultar a la comunidad, negocia la construcción de una represa dentro del área de conservación, donde por ley se prohíbe “desarrollar proyectos de infraestructura que altere el paisaje”. En su mayoría, las comuneras y los comuneros viven en el distrito de Chongoyape (región Lambayeque). En la zona de reserva se extienden bosques de clima seco -con un ecosistema que alberga especies animales y vegetales en peligro de extinción-, proyectos de conservación, parcelas reforestadas y tierras sin cultivar.
El presidente de la comunidad, Edívar Carrasco, está amenazado de muerte -desde antes de asumir el cargo- por defender la tierra comunal y los bosques. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos emitió en 2021 una alerta por su seguridad y pidió garantías por su vida ante la comunidad internacional. El Perú es actualmente el noveno país más peligroso para los defensores ambientales. A continuación sus palabras.
¿En qué contexto empezaron la recuperación de tierras comunales y por qué optan por esta vía?
Desde que asumimos la dirección de la comunidad, en 2019, nos comprometimos a recuperar estas tierras. ¿Por qué por esta vía, de esta manera? Porque habíamos visto que diferentes denuncias que hacíamos en la fiscalía terminaban archivadas. Nos hubiera gustado tomar la decisión en una asamblea general de comuneros, pero debido a la pandemia nos reunimos los directivos y comunicamos a los comuneros, e iniciamos el proceso de recuperación. Antes no pudimos porque tuvimos una gran lucha para lograr nuestra personería jurídica (la acreditación de la directiva por parte de los registros públicos), que necesitábamos para la recuperación de tierras.
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¿Cómo fue el proceso de decisión? ¿Hay un antecedente de recuperaciones en la zona?
Para nosotros esta lucha a favor de la reserva de Chaparrí no es desde que asumimos la dirección, es desde hace más de siete años que venimos en esta lucha. Debido a esta experiencia con las autoridades, que lamentablemente las denuncias que realizamos las terminan archivando, es que tomamos esta decisión. Es la primera vez que una comunidad de Lambayeque intenta recuperar sus tierras, el de nosotros es el primer caso.
¿Qué consecuencias esperaban y cómo responden las autoridades?
Desde antes de tomar la decisión, sabíamos que iban a haber consecuencias. Teníamos conocimiento de que quien usurpó tierras tenía a gente de malvivir en la zona, sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar con las autoridades, si archivaban los casos, se iban en contra nuestra, sabíamos que eso se venía. Pero teníamos que pensar en recuperar, no en lo negativo y quizás nunca hacerlo, pensar positivamente. Aproximadamente 70 comuneros tomamos la decisión de ir y tomar posesión de nuestro territorio (este día se recuperaron 1500 has). La persona que usurpó nos denunció, ya habíamos informado a la comisaría que recuperaríamos y demostramos con documentos de la Sunarp (Superintendencia Nacional de los Registros Públicos) que es propiedad de la comunidad. El que pretendió desaparecer la comunidad nos denuncia por delitos ambientales, no denuncia que sea su propiedad; la Policía Ambiental, sin orden de fiscal, viene a intervenir en nuestro territorio sin ponernos en conocimiento. Tenían comunicaciones solo con la persona que denuncia. Algunos árboles podrían haber sido talados por ellos mismos para tratar de incriminarnos, criminalizarnos. La Policía Ecológica hizo tres intervenciones, en ninguna nos ha encontrado talando árboles, simplemente haciendo senderos, hoyos, que está contemplado dentro del plan maestro de la comunidad.
Teniendo un estatuto propio, ¿consideran que el Estado y la agroindustria garantizan sus derechos, su desarrollo?
La comunidad ha sido titulada en terrenos eriazos, entonces las tierras no pueden prácticamente ingresar en lo que es desarrollo agroindustrial. 34.000 hectáreas son parte de la reserva de Chaparrí, lo que se tiene que realizar son actividades compatibles con cuidado del medio ambiente. Hay políticos que se acercaron no a manifestarse en favor de nuestra lucha, sino simplemente a pedir votos. Sabemos que muchos de estos van financiados por los empresarios, y justamente nuestra lucha es contra estos empresarios que usurpan las tierras de nuestra comunidad.
¿Cuáles son sus expectativas ante el gobierno actual?
No se espera casi nada, porque vemos siempre que todos los gobiernos que ingresan están a favor de las grandes empresas, de las mineras que destruyen nuestro medio ambiente, hábitats, animales, vienen destruyendo nuestras vidas. Hemos visto que son financiados por estas grandes empresas, no esperamos mucho de ellos, hay pocos y son de otras regiones donde nos apoyan. Aquí en la región de Lambayeque, en los últimos años, ni uno solo se ha manifestado a favor de la reserva ecológica de Chaparrí.
La dificultad de buscar a su hijo, Óscar Antonio López Enamorado, desaparecido en tránsito por México, obligó a Ana Enamorado a cambiarse de Honduras, su país de residencia, e instalarse en México. En el proceso, inició un camino en el activismo contra el olvido y la impunidad en los casos de migrantes no localizados.
Durante los 12 años de búsqueda de su hijo, Ana ha colaborado con diferentes organizaciones como el Movimiento Migrante Mesoamericano, participó en la caravana Abriendo Fronteras y, en octubre de 2021, inició con las actividades de la Red Regional de Familias Migrantes.
Del 18 de febrero al 4 de marzo, la Red fue parte de la Primera Brigada Internacional de Búsqueda junto a familias centroamericanas y organizaciones de Sonora y Baja California que también sostuvieron encuentros con la Comisión Nacional de Búsqueda, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Instituto Nacional de Migración (INM), Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía General de República (FGR).
“La FGR fue con la que más se dificultó porque solo estuvieron en la primera reunión y, obligándolos, participaron en dos más. Bajo presiones. En realidad hemos tenido muchas dificultades para hacer la denuncia y para darle seguimiento con los Ministerios Públicos”, explicó Ana Enamorado.
En entrevista con Avispa Midia, Enamorado explica la falta de voluntad e interés de las autoridades ministeriales que, además, ponen trabas para acceder a la justicia. “En muchas ocasiones cuando acudimos a la FGR a presentar la denuncia lo primero que dicen es que no pueden aceptarla porque no hay delito”, a pesar de que la Ley de Víctimas establece la investigación.
En un comunicado de prensa, la Red denunció el trato discriminatorio de las autoridades mexicanas hacia las cinco familias de migrantes – de El Salvador, Honduras, Colombia y Perú -, que lograron integrarse a la brigada de búsqueda, aún cuando hubo avisos y acuerdos previos sobre las actividades.
“Invitamos a las familias extranjeras para que vinieran hacer la búsqueda de los familiares pero fue muy complicado. Nos llevamos meses trabajando para llegar a un acuerdo [con las autoridades migratorias] y que facilitaran la llegada de las familias al país, pero aún así fue muy difícil, nos pusieron muchas dificultades y no se podía llegar a un acuerdo”, dice Ana. “Fue un calvario en realidad”, el mismo que viven desde la desaparición de sus familiares en este país.
Nadie está preparado para una desaparición
En la época de la desaparición del hijo de Enamorado no existía ni el Mecanismo de Apoyo Exterior ni las comisiones de búsqueda, aún así, el contexto sigue complicado.
A pesar de que la FGR tiene la Unidad Especializada para Delitos a Personas Migrantes, Ana a través de la Red apoya para hacer el reporte de inmediato para la Comisión Nacional de Búsqueda y la denuncia ante la Fiscalía.
“Pero ninguna funciona y todo esto deberían hacerlo las familias desde su país de origen. La autoridad tiene la obligación de recibir a las familias, tomarles declaración y abrir carpetas de investigación pero en realidad no lo hacen”, denuncia.
Los casos de personas desaparecidas en situación de movilidad presentan mayores retos, además de geográficos. Por ejemplo, la ausencia de información por la falta de comunicación entre la persona migrante y su familia. “De repente se pierde la comunicación y nadie sabe qué fue lo que pasó, pudo haber sido detenido por la misma policía y no se volvió a saber nada de ellos”.
La mayoría de los casos fueron detenidos por los mismos agentes del INM o policías, “hay desapariciones forzadas pero nadie dice nada”, porque son invisibles tanto para la sociedad como para las autoridades, insiste Ana.
La Red Regional de Familias Migrantes trabaja con 13 casos de personas desaparecidas de Centroamérica y Sudamérica, de los cuales se abrieron 10 carpetas de investigación que no siguen el procedimiento correspondiente: sin avances. “A las familias no les proporcionan copias del expediente, no saben qué hay o qué han hecho las autoridades o respecto a la búsqueda y a la investigación”.
Por ello, la Red surge ante la necesidad de hallar a estas personas con vida y acompañar en ese proceso a familias de Honduras, Perú, El Salvador, Colombia y Nicaragua, con el apoyo de un grupo de antropólogos y psicólogos.
La ley
Las familias no tienen idea de cómo desapareció la persona en movilidad y la Fiscalía no cuenta con protocolos de atención específicos. “La mente se bloquea cuando toman la declaración, se olvidan las cosas, entonces no se puede declarar bien; estamos frente a una autoridad a la que siempre le tenemos miedo”, dijo Enamorado.
Ana explica que algunas familias se reservan información por miedo a que la persona migrante pudiera estar en peligro, “se piensa lo peor”. Enamorado dice que la autoridad toma cualquier error para argumentar que no hay delitos, “pero en realidad no los escuchan”.
“Ahí es cuando nos damos cuenta que es grave. Si ellos demoran mucho para abrir una carpeta e iniciar el proceso de búsqueda se pierde la información importante que son los teléfonos móviles, hasta los videos que pueden haber en las cámaras”, señaló.
La mayoría desapareció en zonas fronterizas como Tamaulipas y Sonora y entidades de la ruta migratoria como Veracruz. Enamorado ha documentado muchos casos donde el coyote que ‘guía’ al migrante pide más dinero y, se envíe o no, la persona desaparece.
Cuando esto sucede, tampoco en sus países de origen los apoyan a pesar de los Consulados, “por eso estamos luchando nosotros para que las familias se puedan presentar a hacer las denuncias y que les den seguimiento”.
La resistencia
Ana Enamorado vende productos para financiar la búsqueda de su hijo en la tienda comunitaria La Resistencia, ubicada en la Ciudad de México. Junto a la leyenda “Mírate en mí”, colocó el rostro e información de Óscar en bolsas y tazas que son parte de la línea “Enamórate de Ana”.
Pero en la lucha de Enamorado, nuevos propósitos llegan con la posibilidad de crear una base de datos para saber cuántas personas migrantes están desaparecidas en México, “por primera vez me buscaron autoridades hondureñas bajo la administración de la nueva gobernadora”, Xiomara Castro, electa en noviembre de 2021.
“Espero no se quede en pláticas y empezar a trabajar con una base de datos. Aunque con las familias estamos pensando en que vamos a trabajarla, porque hasta ahora ninguna autoridad le ha interesado. Detrás de un desaparecido hay responsables, no son cifras”.
En las acciones de la reciente búsqueda que emprendieron las madres de migrantes, encontraron pistas, “nosotras nos dedicamos a buscar en vida y para mí es muy importante porque en los recorridos que hacemos no encontramos a los nuestros, pero encontramos a otras personas y mucha información”.
Visitaron hospitales, centros de rehabilitación, hospitales psiquiátricos, reclusorios, incluso hablaron con personas en situación de calle, “sabemos todo lo que sucede en México y nuestros familiares pueden estar en cualquier situación”.
Las autoridades se comprometieron a dar seguimiento a los casos y trabajar en coordinación con las organizaciones.
De forma previa a la primera brigada, Ana Enamorado se reunió con el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU y otros comités de Centroamérica para solicitar que la desaparición de migrantes sea trabajada de manera coordinada.
Con gran entereza, Enamorado asume que las búsquedas e investigaciones de las familias no van a detenerse a pesar de la falta de apoyo institucional, la carencia de recursos económicos y nulo acceso a la información. “Esto no puede seguir incrementando”, preocupa Enamorado.
El pasado 8 de marzo, el Congreso de la República en Guatemala aprobó la iniciativa de Ley para la Protección de la Vida y la Familia, que criminaliza el aborto y endurece las penas; además, anula la opción al matrimonio de personas del mismo sexo, limita sus derechos y prohíbe la educación sexual diversa.
La iniciativa 5272, que al quedar aprobada ahora es conocida como Decreto 18-2022, modifica el Código Penal y en consecuencia amplía las condenas para mujeres que abortan y para el personal médico que se involucra.
Las penas van hasta 10 años de cárcel para quienes interrumpan su embarazo y 50 años a quienes realicen abortos sin consentimiento de la mujer o si ella muere en consecuencia.
Entre los grupos que se pronunciaron públicamente contra esta aprobación fue la Alianza Política Sector de Mujeres, a través de Marta Godinez, que señaló como corrupto el pacto que se hace en acuerdo criminal y con fundamentalismos religiosos.
“Esto responde a una clara alianza que se ha ido fraguando y sistematizando desde hace varios años, no viene de ayer ni de antier, si no de un proceso que en América Latina ha sufrido el movimiento de mujeres y feministas”.
Después de la firma de los acuerdos de paz en 1996, por el conflicto armado interno, cuando se iniciaba un proceso democrático en Guatemala y se callaron las armas, las mujeres y las feministas vieron la oportunidad de posicionar una agenda estratégica por la lucha para abrir espacios democráticos, enfrentar el racismo y colonialismo implantado, y solucionar los casos estructurales del conflicto con impactos diferenciados en la vida de las guatemaltecas.
Inició, entonces, una lucha por la participación política “y por constituirnos como sujetas políticas”, con el objetivo de posicionar los problemas estructurales, que son sustantivos en el caso de las mujeres: violencia, genocidio, violencia sexual en tiempos del conflicto armando interno y reformas al Estado que “siguen siendo profundas y no necesariamente han ido avanzando”.
La aprobación de la ley se da en medio de un contexto de implantación de una política institucionalizada de despojo, de corrupción y vinculada a los “poderes más oscuros”; al narcotráfico.
“Las mujeres feministas y de pueblos originarios han posicionado propuestas a nivel institucional para planes, programas y proyectos”, dijo Marta Godinez, también para cambiar el imaginario político y una agenda vinculada a la constitución como sujetas políticas en el tema de la autonomía por el derecho a decidir sobre sus cuerpos y territorios.
Capital Pro-Vida
El 9 de marzo, un día después de la aprobación del decreto, el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, una organización religiosa, declaró a Guatemala como "Capital Pro-Vida de Iberoamérica”.
El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, que desde sus redes sociales alinea las creencias religiosas a su administración gubernamental, aceptó la declaración ante cientos de creyentes reunidos en una ceremonia pública.
“No hay excusas para no cumplir lo que manda nuestra Constitución Política de la República, que protege la vida desde su concepción y nosotros hoy enviamos un mensaje claro al mundo ¡#GuateEsVida!”, escribió Giammattei en su cuenta de Twitter.
Para Malala Martínez, de la organización trans ‘Reinas de la noche’, es importante nombrar que las violaciones del Estado son históricas desde el momento que detienen a mujeres que resisten a los despojos de los territorios por megaproyectos.
También recordó la violencia que padecen las mujeres trans por razones diversas, entre ellas por identidad de género, por el nivel educativo, condiciones económicas y por el comercio sexual que ejercen, entre otras más. “Son justificadas por un sistema heteropatriarcal que siempre busca imponer y criminalizar todo lo que se considera diferente y lo percibe como antinatural”, dijo Martínez.
El hecho de que este gobierno declaró un país pro-vida y promulgue la política pública mencionada, evidencia que Guatemala no respeta el Estado laico, agregó Martínez.
Por el contrario abona a promover el odio sin saber el alcance que puede tener éste, “ya que legalmente se permitirían las agresiones contra todo aquello que es diferente, justificado con aspectos biológicos y genéticos del ser humano; con todo esto las mujeres trans no queremos menos de la igualdad”, añadió.
En este tenor, denunciarán y rechazarán cualquier ley o decreto que atente contra la integridad física, moral y vida privada, como lo cita el Artículo 1 y 11 de la Convención Iberoamericana de los Derechos Humanos.
En voz de las mujeres trans, Malala exigió a diputados y diputadas el reconocimiento pleno a través de la aprobación pero de una Ley trans, “estamos exigiendo las garantías sociales en todas nuestras etapas de vida”.
Así mismo, de acuerdo al Observatorio Nacional de Derechos LGBTIQ+ al menos 32 personas fueron asesinadas en Guatemala el año pasado como consecuencia de su orientación sexual o identidad de género. En lo que va de 2022 se han registrado otros nueve asesinatos.
Guardianas de los territorios
Grupos de mujeres del pueblo Xinka, Ixil, Kiche y Kaqchikel, de la Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base, rechazaron de manera rotunda la aprobación del Congreso de la República y alzaron la voz desde sus trincheras, “educación sexual para decidir, atención médica para no sufrir”, exigieron.
“Además de inconstitucional esta ley se convierte en un instrumento que criminaliza a las mujeres por tener abortos espontáneos. Restringen los derechos de la población de la diversidad sexual y limita el concepto de familia tradicional cuando en Guatemala existen familias diversas”, señalaron.
Las mujeres pusieron sobre la mesa los altos índices de embarazos no deseados en adolescentes y jóvenes que, tan solo en el 2021, superaron la cifra de 72,077 menores de entre 10 y 19 años; 2,041 eran niñas menores de 14 años.
“Aunado a los miles de casos sobre abuso sexual en niñas y niños, la ley no ofrece solución a estas problemáticas sino que prohíbe la implementación de acciones orientadas a fomentar y promover la educación integral y de sexualidad en las escuelas”, dijeron.
Desde los pueblos originarios de Guatemala se dijeron cansadas de que el gobierno de Alejandro Giammattei abuse del poder que le fue otorgado temporalmente, pues, con sus acciones, se convierte en el artífice principal y promotor de la violencia sexual y feminicidio que sufren las niñas, adolescentes, mujeres y poblaciones LGBTIQ.
Ante ello exigieron veto a la referida ley por ser inconstitucional y porque no garantiza la protección de las familias, mucho menos de la vida de la población guatemalteca.
Pidieron atención médica a las mujeres sin ser criminalizadas; además de exhortar a las diversas expresiones organizativas y población en general alzar la voz y manifestar su rechazo a la aprobación de la peligrosa ley desde cualquier medio posible, “y sumarse a las movilizaciones sociales en defensa de la vida”.
Organizaciones y redes de países del triángulo del norte, como El Salvador y Honduras, hicieron lo propio al pronunciarse contra la Ley 5272 por ser excluyente y anti derechos, “sumaremos las voces de miles de mujeres que se qué se pronuncian ante esta ley patriarcal”, dijo Breni Herrera, feminista en El Salvador, parte de la Red Alforja.
“Esta ley no protegerá a las familias ni a las vidas; fomentará el odio y la discriminación, poniendo en peligro la vida y los derechos de innumerables personas”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional en un comunicado de prensa.
Exhortó que si el presidente Giammattei quiere combatir estos problemas, y garantizar que su gobierno cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos, “debe vetar este proyecto de ley indefendible”.
Desde su aprobación cientos de personas levantaron la voz, incluso con protestas en los edificios institucionales vinculados al decreto.
Cientos de organizaciones alrededor del mundo denunciaron las estrategias denominadas “Soluciones Basadas en la Naturaleza” (SBN), propuestas por empresas y Estados para contrarrestar el cambio climático, como prácticas nocivas para la naturaleza, pueblos y comunidades.
Así lo difundieron este martes (15), cuando 364 organizaciones, redes y movimientos, así como 128 personas de 69 países, sumaron su reclamo a la Declaración contra los despojos basados en la naturaleza promovida por organizaciones como el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, por sus siglas en inglés), el Grupo ETC, GRAIN y otras.
Esto sucede en el contexto de las pláticas para actualizar el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), promovidas por la ONU y que se realizan en Suiza hasta el 29 de marzo. El objetivo es establecer un Marco Mundial de Diversidad Biológica para frenar la pérdida de biodiversidad.
En dicho evento, alertan las organizaciones, se corre el riesgo de permitir la inclusión de las SBN en el Convenio, tal como sucedió en las conversaciones de la COP26 realizada el pasado noviembre en Glasgow.
Para las organizaciones, las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) terminarán convirtiéndose en despojos pues cercarán los espacios vitales de pueblos indígenas, comunidades campesinas y de todos aquellos que dependen de los bosques. Con las SBN, señalan, se promueven acciones para capturar gases contaminantes como el dióxido de carbono, las cuales para su aplicación requieren el control de grandes extensiones de tierra.
“La realidad será mayor acaparamiento de tierras y territorios de los Pueblos Indígenas”, afirma Tom BK Goldtooth, integrante de la Red de Medio Ambiente Indígena. Para Goldtooth, las SBN se legitiman con los objetivos de emisiones “cero neto” de las empresas del sector privado, la ONU y gobiernos, quienes promueven los mercados de carbono como una estrategia para el combate a la crisis climática.
Falsas soluciones
Una de las problemáticas, identificadas por las organizaciones ambientalistas sumadas a la declaratoria, yace en la diferencia de lo que las empresas y los grupos conservacionistas entienden sobre la naturaleza. “Es incompatible con la naturaleza entendida como territorio, como un espacio vital inseparable de las culturas, los sistemas alimentarios y los medios de vida de las comunidades que la cuidan y que se ven a sí mismas como parte intrínseca de ella”, reclaman.
Las ideas de las SBN, promovidas por la industria de la conservación y trasnacionales de sectores como los combustibles fósiles, la agroindustria y gigantes tecnológicos, aseguran que realizar pagos para cercar bosques y mantenerlos intactos o la plantación masiva de árboles son acciones para contrarrestar el calentamiento global.
En contraste, la declaratoria alerta que con las SBN se incrementará el control de grandes extensiones de tierras y bosques por parte de las empresas. Esto sucederá, señalan, pues las corporaciones reducen a la ‘naturaleza’ como un proveedor de servicios a su disposición para “compensar” su contaminación y, con ello, les permitirá mantener la producción industrial y sus ganancias a costa del incremento en el caos climático.
“Las SBN tienen detrás de sí a los gigantes de la agricultura industrial, de la industria petrolera y de la industria farmacéutica. Somos testigos de una gran presión para imponer políticas que afirman falsamente salvar a la Madre Tierra, el planeta”, denuncia Goldtooth. Por su parte, el WRM alerta que esto “significará más despojos y más restricciones a la agricultura campesina y al uso comunitario de sus territorios”.
L@s firmantes de la declaratoria denuncian que las SBN promueven acciones que afectan al medioambiente y comunidades, tales como la expansión de las plantaciones de monocultivos de árboles y la agricultura industrial, “que se esconden tras la estratagema de marketing/lavado verde de las SBN”.
Por ello, piden que se rechacen las SBN pues argumentan que estos planes de compensación de carbono son solo un disfraz y no están diseñados para frenar el caos climático. Al contrario, acusan, las “Soluciones Basadas en la Naturaleza” son un medio para que las empresas continúen e incluso aumenten sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Soumya Dutta, integrante de India Climate Justice, sostiene que los proyectos de secuestro de carbono del suelo agrícola, como el proyecto ‘Boomitra’ en India, es parte de estas falsas soluciones al calentamiento global. “Permiten que las empresas y los países contaminantes continúen con altas emisiones a cambio de dinero del mercado de carbono”, enfatiza.
Engañar al mundo
Las SBN promueven la ilusión de que las plantas y los suelos pueden deshacer el daño climático causado por las emisiones de carbono provocadas por la quema de combustibles fósiles, denuncian las organizaciones, la mayoría de ellas con sede en América, Asia y África.
Este discurso lo interpretan como un peligroso engaño, el cual justifica las promesas de “cero neto” o “carbono neutral” de gobiernos y empresas, quienes, en lugar de reducir sus emisiones contaminantes para evitar la catástrofe climática, se vuelcan en la naturaleza como elemento mediante el cual eliminarán el exceso de contaminantes.
“El ‘cero neto' es un cálculo cínico de las empresas para producir datos falsos y engañar al mundo con que las actividades destructivas de las empresas pueden ser compensadas de alguna manera. Tenemos que unir fuerzas en todo el mundo para desmantelar el poder de las empresas y detener sus continuos intentos de extraerle valor a la naturaleza y la gente”, sostiene Shalmali Guttal, integrante de Focus on the Global South, otra de las organizaciones adherentes.
Un ejemplo de cómo se benefician las corporaciones con el discurso de las SBN es la estrategia adoptada por Eni, compañía italiana de energía. La empresa anunció que, para el año 2050, el 90% de su producción energética seguirá dependiendo de combustibles fósiles. Sin embargo, pretende compensar sus emisiones y, para ello, calcula utilizar hasta 8 millones de hectáreas para el uso de tecnologías de captura y almacenamiento de carbono y, con ello, declararse “cero neto” en el registro de sus niveles de contaminación.
Silvia Ribeiro, directora para América Latina del Grupo ETC, define a las SBN como un término paraguas para maquillar de verde a las empresas y así ampliar las oportunidades de lucro. “Pero simplemente no hay suficiente naturaleza para todas esas promesas, por lo que las empresas ahora también impulsan medios tecnológicos de ‘mejorar’ la naturaleza, como es el caso de los gigantescos proyectos de bioenergía con captura y almacenamiento de carbono y otras tecnologías de la geoingeniería”.
De acuerdo al plan de solo cuatro de las mayores empresas de petróleo y gas - Shell, BP, Total y Eni - para alcanzar sus objetivos de “cero neto” en emisiones, requerirán una superficie de tierra dos veces más grande que todo el Reino Unido.
Otro ejemplo es la estrategia de la empresa de alimentos más grande del mundo, la suiza Nestlé, quien “podría requerir 4,4 millones de hectáreas de tierra por año para compensaciones”. Estos acaparamientos de enormes cantidades de tierra se suman a los de otras corporaciones trasnacionales como los de las empresas tecnológicas como Microsoft, Amazon, Google y Apple.
Peligrosa distracción
Las organizaciones adheridas al rechazo de las SBN sostienen que estas constituyen una peligrosa distracción en el combate a la crisis climática. “Su concepto propagandístico se disfraza con datos no demostrados y defectuosos y con la afirmación de que la idea puede proporcionar un 37% de reducciones de CO2 para 2030”, denuncian.
Lo que es más alarmante, sostienen, es que las SBN son la continuación de mecanismos fallidos como REDD+, una estrategia que durante 15 años desvió la atención de medidas efectivas para evita la catástrofe climática.
El legado de REDD+ “es la pérdida de tierras y bosques para las comunidades campesinas y del bosque, y fuertes restricciones a la forma de uso de sus tierras”, acusan. Al mismo tiempo, señalan que una de las consecuencias de esta estrategia fue “la creación de una industria de consultores y proponentes de proyectos de ‘sostenibilidad y salvaguardas’ que se benefician cuando califican los proyectos REDD+ como ‘sostenibles’, a pesar de las violaciones de derechos que causan dichos proyectos”.
Por último, las organizaciones enfatizan que existe un creciente movimiento de comunidades, organizaciones y activistas por la justicia climática alrededor del mundo, quienes resisten los despojos basados en la naturaleza y las compensaciones de carbono.
“La resistencia de las comunidades a la destrucción de los depósitos subterráneos de carbono, a la minería industrial y a la agroindustria debe entenderse como parte de una misma lucha más amplia para detener la apropiación de territorios de comunidades por parte de las empresas”, concluyen.
