Movilización contra reformas estructurales 2015, Oaxaca. Foto por Santiago Navarro F.
Por Brain Whitener
El tema de las reformas estructurales abordadas en la campaña presidencial y las promesas del hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de modificar las tres reformas estructurales (laboral, energética, y educativa) encontraron eco en la sociedad mexicana. Sin embargo, grupos autónomos e indígenas, y analistas de izquierda dudan que exista la voluntad política seria de revocar estos cambios para impulsar otro planteamiento para el futuro del país que no sea neoliberal o que al menos tenga una cara humana. Dentro de estos debates sobre el futuro de las reformas estructurales, una reforma, tal vez no estructural, pero no de menos peso se ha perdido: la reforma financiera.
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Aunque la reforma financiera no involucró cambios constitucionales, se modificaron 31 leyes. No obstante, la meta, y no los medios, fue la parte más asombrosa de esta reforma que apostaba por el crecimiento de la demanda interna y el consumo, y respaldar las ganancias de las mega-corporaciones a través de una masiva inyección de crédito en la economía mexicana. En pocas palabras, los capitanes de la nave del Estado decidieron seguir y seguir imitando los pasos de los economías BRIC (siglas formadas por las iniciales de Brasil, Rusia, Índia y China), sobre todo Brasil y China, que en los últimos diez años abrieron los accesos a todas las formas de préstamos que tuvieron al alcance.
Los propios términos que se utilizaron para explicar y vender estos cambios tienen el efecto de enturbiar las mismas aguas que necesitan ser esclarecidas. Son tres los conceptos con los que se vendió la reforma: la demanda interna, la inclusión financiera, y la democratización del crédito. Aunque de maneras distintas, los tres proceden de una mal-caracterización fundamental de lo que es el crédito, a saber, enclavada en estos conceptos está la idea de que el crédito, en si mismo, no es solamente neutro sino completamente positivo.
El crédito y tampoco la deuda son neutros. Como han argumentado una larga serie de críticos como Costas Lapastivas y otros, el crédito y la deuda son formas de explotación. Quizás en corto plazo mejoren la vida de unos (a través de la compra de un bien necesitado) pero después viene la realidad cruel y crispante de que ese dinero tiene que ser devuelto más con intereses. Para respaldar la tesis que el crédito y la deuda son mecanismos de explotación basta una mirada a los resultados de los bancos que subieron 25% en 2017 o una mirada a los intereses promedios que cobran los acreedores más utilizados en México: Banco Azteca, 53.1%; Banco Famsa, 72.6%; BanCoppel, 60.8%; y Compartamos, 78.3%. El hecho de que la tasa de interés del Banco Central de México es 7.75% muestra que no estamos en frente de intereses sino robos. Esto implica que para entender la reforma financiera hay que hacer una serie de sustituciones: en vez de demanda interna debemos decir economía dependiente de la sobre-explotación del trabajador a través de la deuda; por inclusión financiera substituimos expansión de la red de explotación; y por democratización del crédito, la profundización de la servidumbre del salario y de la deuda.
Tal vez será fructífero preguntarnos el porqué de la reforma financiera: ¿A qué fin responde? En México la amplia mayoría de los prestamos son pequeños, es decir de menos de 12 meses de plazo y menos de 5 mil pesos. El monto revela la inexistencia de ahorros porque ¿quién pagaría intereses si no tuviera que hacerlo? También nos indica que se usan los préstamos para salir de apuros puntuales, sea de un gasto imprevisto o para sanear otra deuda. Estos datos apunta a una condición estructural, que con los salarios existentes no se puede cubrir todos los gastos, ni mantener una calidad de vida digna, ni ahorrar dinero para inesperadas emergencias. Tanto en los Estados Unidos como en Brasil y México actual, la oferta de crédito se usa para compensar los salarios de miseria. En vez aliviar esta miseria el crédito y la deuda la profundizan.
Si recurrimos a los estudios más recientes, podemos confirman de manera empírica lo que muchos saben de la experiencia. En su artículo de 2017, Carlos A. Ibarra y Jaime Ros apuntan: “Al igual que muchos otros países desarrollados y emergentes, México ha presentado durante más de tres décadas una disminución a largo plazo de la participación del ingreso laboral. La participación salarial en el ingreso total disminuyó de alrededor del 40 por ciento a mediados de la década de 1970 a alrededor del 28 por ciento en 2015”. Simplemente dicho, el porcentaje de las ganancias que se destina a los trabajadores se ha desplomado en los últimos cuarenta años. Ahora, como en los noventa durante el auge del sufrimiento neoliberal, la provisión del crédito aparece de nuevo como un suplemento a los ingresos ya quitados por los dueños de capital.
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Dado que la reforma financiera no está en el radar nacional ni en el programa de partido Morena, pase lo que pase con las reformas estructurales durante el gobierno de AMLO, parece poco probable que se aborde la reforma financiera. Quizás haya una razón para esto: abordarlo significaría no solo revocar la legislación impopular, sino colocar la idea de explotación (ya sea por capital productivo o financiero) en el centro de la discusión y debate político. Esto significaría la posibilidad de que un sector más amplio de la población pueda comenzar a preguntarse si su explotación es una parte natural de la historia humana o una condición fortuita que podría ser abolida. Y esa sería una reforma para la que pocos parecen estar preparados.
