No hay avances a un año del feminicidio de la migrante Victoria Salazar

Más de 80 organizaciones de la sociedad civil y redes de organizaciones de defensores de derechos humanos llamaron al gobierno de México y El Salvador a garantizar justicia y reparación del daño, pronta y expedita, por el feminicidio de Victoria Salazar.

El 28 de marzo se cumplió un año del asesinato de Victoria y su familia aún enfrenta obstáculos para acceder a la justicia, como en la mayoría de casos de personas centroamericanas muertas o desaparecidas en México. 

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Entre las trabas están las dilaciones en el proceso penal, falta de perspectiva de género, exhaustividad y de cumplimiento de la recomendación 34/2021 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 

A través de un comunicado, el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) dio a conocer que las autoridades del Juzgado de Control y de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulum, Quintana Roo, suspendieron la audiencia sin previo aviso. 

Las inconsistencias en el proceso penal de Victoria y de su hija, también resultan en la demora de siete meses para el reconocimiento de la representación legal de la adolescente, incluso, en algún momento del proceso las autoridades quisieron eliminar el caso como feminicidio.

Desde la emisión de la CNDH, el 24 de agosto de 2021, la recomendación fue ignorada por las autoridades, pues hace hincapié en una disculpa pública, atención médica, psicológica y tanatológica para la familia; la reparación del daño y su reconocimiento como víctimas indirectas, tanto de las hijas de Victoria como de su madre y sus dos hermanos. 

El Ayuntamiento de Tulum justificó el incumplimiento con el argumento de una responsabilidad compartida con la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Tulum.

La representación legal del caso está en manos de la Fundación para la Justicia (FJEDD), Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL), Asylum Access México (AAMX) y el Instituto para las Mujeres en la Migración, que señalan vacíos en la misma recomendación. 

Un manifestante cuelga un cartel en un monolito que marca la frontera con México durante una vigilia para protestar por la muerte de la migrante salvadoreña Victoria Esperanza Salazar, en la frontera entre México y Estados Unidos en Tijuana, estado de Baja California, el 2 de abril de 2021. Foto: Guillermo Arias

No contempla la opinión de las víctimas indirectas, no tiene una perspectiva de género ni transnacionalidad, no establece los mecanismos para el cumplimiento de ésta, no contempla los tiempos del proceso legal en la disculpa pública y no hace hincapié en la necesidad de una investigación exhaustiva. 

“La búsqueda de justicia no se limita al caso de Victoria, sino que es un proceso que busca ser la voz de miles de mujeres migrantes, solicitantes de protección internacional y refugiadas, a las que el Estado mexicano no les garantiza la protección y el acceso a la justicia, por el contrario, las violenta reiteradamente al invisibilizarlas, discriminarlas y perpetúa la violencia institucional”, agregó el Imumi.

¿Refugio?

Victoria Salazar fue reconocida como refugiada de México en 2018. El 27 de marzo de 2021, fue asesinada a la luz del día y en la vía pública por cuatro elementos de la policía local de Tulum, Quintana Roo. 

Aunque el gobierno de México y de El Salvador se comprometieron, desde el más alto nivel, a dar seguimiento al caso y garantizar acceso a la justicia, a un año de los hechos, ésta no ha llegado para la madre e hijas de la mujer centroamericana. 

Las mujeres atraviesan países enteros en busca de una calidad de vida más digna para ellas y sus familias, sin embargo, se ven afectadas no solo por las condiciones en las que viajan sino por discriminación, sexismo, racismo, clasismo, entre otras violaciones a sus derechos. 

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“Nos dirigimos a ustedes para reiterar el llamado de justicia y reparación del daño a la familia de Victoria Salazar, así como el apoyo para las organizaciones de la sociedad civil que acompañan y representan legalmente a la familia”, señala el documento firmado por más de 80 redes de organizaciones. 

El crimen fue grabado y se hizo viral rápidamente en redes sociales, caso contrario al proceso jurídico, cita el texto: “nos sumamos a la exigencia de la familia de Victoria y de las organizaciones que representan haciendo un llamado a la actuación pronta y expedita la justicia y reparación del daño por parte de las autoridades” de Tulúm, así como de Quintana Roo, México y El Salvador. 

La Unidad de Política Migratoria mantiene en ceros las estadísticas de denuncias de delitos cometidos contra personas migrantes en lo que va de 2020, pero encargados de albergues, activistas y defensores coinciden en que las personas en movilidad no confían en las autoridades, pues también los violentan y discriminan. 

Aunque en el caso de Victoria, imposible de ocultar, las autoridades bloquean a las víctimas morales o en su caso los convencen de desistir para no realizar las investigaciones bajo el protocolo de feminicidio. 

La salvadoreña, quien fue asesinada por elementos de la policía municipal al ser arrestada por una falta administrativa, al igual que el cubano Cristóbal Cabreiro Ramírez de 35 años, asesinado a tiros por agentes de la Guardia Nacional en Echegaray, Chiapas, el 31 de octubre de 2021, son la punta del iceberg de la violencia que padecen los migrantes en los estados del sur de México.

En ambos casos la investigación no avanza. Representan dos graves muestras, de cientos de familias que diariamente buscan acceder a la justicia mexicana, como las familias de las víctimas del accidente donde murieron 57 migrantes en Chiapas. 

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De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones, en las Américas, en el 2021 se registraron 1,121 fallecimientos – incluyendo la última tragedia mencionada – una cifra superior a años anteriores.

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