En portada: Colectivos de familiares en búsqueda de desaparecidos en Oaxaca. Foto: Mario Jiménez Leyva.
A finales de enero fue presentado en Oaxaca el informe Desaparecer otra vez: violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres en México, documento emitido por la organización Amnistía Internacional que recupera la experiencia de más de 600 mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos en México, mujeres provenientes de este país, así como de El Salvador, Honduras y Guatemala, tanto independientes como pertenecientes a 134 colectivos de búsqueda.
Entre los datos alarmantes que proporciona el informe presentado por Amnistía Internacional, destaca que el 97% de las mujeres buscadoras, cuyas experiencias fueron registradas, han sufrido violencias y afectaciones de distintos tipos.
Entre las violencias destaca que 45% de ellas han sufrido amenazas verbales o por escrito, el 6% ha sido víctima de secuestro y 10%, de tortura. Al menos 16 mujeres buscadoras han sido asesinadas entre 2011 y mayo de 2025. El 39% ha sido víctima de extorsión, al ser blanco de llamadas falsas para solicitar rescates por sus familiares; mientras que el 27% de ellas han recibido ataques por redes sociales.
En cuanto a afectaciones sociales, 57% de las buscadoras aseguraron que ha experimentado un deterioro en sus relaciones familiares derivada de la desaparición de su familiar, mientras que 27% de ellas han tenido que cambiar de casa por diversas razones, entre amenazas y otras consecuencias de la estigmatización constante a la que están expuestas. En este mismo sentido, 66% de las mujeres buscadoras han enfrentado la pérdida de su trabajo asalariado o sus negocios, así como han tenido que emplear una gran parte de sus recursos económicos en la búsqueda de sus familiares.
En relación a la salud física, 79% de las mujeres buscadoras enfrentan condiciones de salud y enfermedades. El documento El costo de la búsqueda: Informe sobre las afectaciones a la salud de familiares de personas desaparecidas y la respuesta institucional en México Idheas, publicado en noviembre de 2025 por Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C., agrega que estas afectaciones se expresan principalmente en condiciones como la hipertensión y trastornos digestivos. La salud mental de las mujeres buscadoras también sufre afectaciones considerables, entre las buscadoras participantes de esta investigación, 73% vive con depresión y 72% ha sufrido de insomnio desde la desaparición de su ser querido.
Las mujeres buscadoras y sus familias están especialmente expuestas a la violencia institucional, según el informe de Amnistía Internacional. El 55% ha sufrido revictimización por parte de las autoridades y solo el 54% ha recibido apoyo gubernamental para enfrentar las afectaciones. De esta manera, solo 26% de ellas han recibido acompañamiento jurídico o psicológico, y solo 15% recibe medidas de protección por parte del Estado.
Un caso aparte son las violencias que viven las mujeres buscadoras de personas migrantes desaparecidas en México quienes, además de todo lo descrito anteriormente, sufren discriminación y, en gran medida, distintas formas de violencia institucional. Principalmente, estas mujeres y sus familias encuentran muchas dificultades para ingresar al país, incluso considerando que obtener una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias es su derecho, en el contexto de la desaparición de sus familiares. Al negarles esta garantía, muchas de ellas han podido entrar al país para buscar a sus familiares solo a través de la Caravana de Madres Centroamericanas, surgida en 2004 como una respuesta a esta situación.
A través de una serie de recomendaciones, Amnistía Internacional concluye su informe recalcando que, aunque la obligación de buscar a las personas desaparecidas corresponde al Estado, el mismo debe proteger a las mujeres buscadoras en su calidad de defensoras de derechos humanos y, en ese sentido, garantizarles el derecho a buscar a sus familiares de forma segura.
Desde 2021 el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. advirtió que el 90% de las personas que integran los colectivos de búsqueda, son mujeres.
En Oaxaca
En el marco de la presentación en Oaxaca del informe Desaparecer otra vez, colectivos de búsqueda que participaron en el evento denunciaron violencia institucional y falta de compromiso de las instituciones estatales responsables de la búsqueda de personas.
En voz de Martha Pablo Cruz, madre que desde hace cinco años lucha por encontrar a su hijo, Jassiel Florean Pablo, el colectivo “Oaxaqueños buscando a los nuestros” denunció que, a tres años del gobierno de la actual administración, no ha sido aprobado y puesto en práctica el Programa Estatal de Búsqueda de Personas, protocolo interinstitucional indicado por la “Ley en materia de desaparición de personas para el estado de Oaxaca”, publicada en septiembre de 2023.
“Un programa de búsqueda es un plan para saber qué hacer y quién tiene que hacerlo. Para que la búsqueda no dependa de la suerte ni de la insistencia de las familias. Sirve para que la búsqueda sea una obligación y no un favor. Necesitamos un programa que se cumpla, con acciones claras y con tiempos definidos y con seguimiento real. Un programa que permita saber qué se está haciendo, y qué falta por hacer. Un programa que no deje solas a las familias y que haga sentir que su dolor importa”, afirmó la madre buscadora Martha Pablo Cruz.
A la fecha, la propuesta del Programa Estatal de Búsqueda, creado por colectivos, personas buscadoras y el Consejo Estatal Ciudadano para la Búsqueda de Personas, espera el visto bueno del titular del gobierno estatal.
Jesús Romero López, Secretario de Gobierno de Oaxaca, declaró en días pasados que Oaxaca se encuentra en el último lugar del país en desapariciones; tiene el quinto lugar de recuperación y que la tasa de localización de personas desaparecidas en el estado es del 83%.
Ante las declaraciones de Romero, colectivos de búsqueda y familiares de desaparecidos de Oaxaca han expresado su indignación y responden que los datos proporcionados por el funcionario no corresponden a la verdad.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) indica que 343 personas han desaparecido en Oaxaca en la administración de Salomón Jara, de las cuales, 241 siguen sin ser localizadas, es decir, según el Registro, solo 29.74% de las personas han sido localizadas.
