En portada: Saturación de reclusos en cárcel de São Paulo, Brasil. Foto: Jusbrasil
El Grupo de Litigantes contra la Tortura en América Latina, una plataforma conformada en 2019 por 17 organizaciones en 10 países, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la pandemia de Covid-19 ha agudizado la ya dramática crisis carcelaria en Latinoamérica.
En toda la región se ha aumentado las medidas que suspenden o limitan la comunicación de las personas privadas de libertad con el mundo exterior. Es decir, hay la reducción o suspensión de las visitas, de las actividades educativas y laborales y hasta de las consultas médicas.
Estas medidas “han generado una situación de aislamiento y desconexión que, en muchos casos, ha permanecido desde hace 19 meses, con consecuencias dramáticas para la salud mental y física de las personas, y un incremento de suicidios y violencia penitenciaria”, sostiene Melissa Scott, del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares, de Honduras.
Además, la suspensión de las visitas impide que las personas privadas de libertad obtengan alimentos y productos de higiene de sus familiares. “Lo que hemos visto es que esta medida ha generado hambre dentro de las penitenciarias [ya que el Estado no destina recursos suficientes] y no ha impedido la llegada del Covid”, sostiene Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Sin información
La omisión de información por parte de las autoridades carcelarias ha dificultado el conocimiento de cómo, en realidad, está la situación en las cárceles.
“En los países que hemos trabajado pudimos constatar que la opacidad de los lugares de detención ha incrementado desde el inicio de la pandemia. Las administraciones penitenciarias han tenido vacíos y retrasos injustificables en la transmisión y publicación de datos sobre el manejo e incidencia en la pandemia”, explicó David Mejía, abogado perteneciente al grupo de litigantes.
De acuerdo con el abogado, las organizaciones han impulsado solicitudes de información en los diferentes Estados para conocer la respuesta estatal frente a la pandemia. En Honduras, por ejemplo, hasta ahora no se conoce un informe oficial sobre los casos de muertos por Covid-19 dentro de las prisiones, tampoco sobre el presupuesto designado para hacer frente a la pandemia.
“Nos preocupa que hemos documentado un número significativo de casos en los cuales los familiares solo recibieron información acerca de la salud de las personas detenidas una vez que estas fallecieron a causa de Coronavirus”, sostuvo Mejía. “Tememos que hay un gran subregistro de casos”, agregó.
Además, pudieron constatar que falta información sobre protocolos de higiene, control y prevención de contagio dentro de las cárceles. “En muchos casos la imposibilidad de implementar medidas adecuadas de sana distancia, higiene y limpieza han sido factores que aumentan el riesgo de brote de virus en la población recluida”, explica Mejía.
Migrantes en México
En México, el Observatorio de Prisiones, de la organización Documenta, registró 256 muertes por Covid-19 de personas privadas de libertad hasta junio de 2021.
En el caso de personas migrantes privadas de libertad, en lugares destinados a detención administrativa migratoria, el grupo de organizaciones denunció que hay una negativa por parte de las autoridades de presentar información, incluso en relación al proceso de vacunación.
“La política nacional de vacunación no establece las medidas a seguir para la vacunación de personas privadas de libertad en estaciones migratorias y en estaciones provisionales. Por la información que contamos hasta el momento no se les ha empezado a aplicar la vacuna y no hay un plan para eso”, dijo Mejía.
Reducción de población
El funcionario de las Naciones Unidas, Jarab, sostiene que un tercio de la población encarcelada en América Latina están bajo prisión preventiva, es decir, todavía no están condenadas y necesitan pasar por un juzgamiento, lo que eleva de manera innecesaria el número de personas encarceladas.
La CIDH ha orientado a los Estados a implementar acciones para reducir el número de personas encarceladas, principalmente con el inicio de la pandemia. “Es cierto que en diversos países se impulsaron medidas legislativas, administrativas y judiciales tendentes a descongestionar el sistema penitenciario, pero estos han sido insuficientes”, explica Dania Coz, abogada de la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), de Perú.
En México, por ejemplo, la Ley de Amnistía Federal, con la cual se esperaba liberar a más de 6,000 presos, no ha tenido el impacto esperado. De acuerdo con la abogada, de las más de 1,500 solicitudes de amnistía, 47 han sido declaradas procedentes y solamente cinco personas han sido liberadas. “No existe transparencia ni regularidad en el funcionamiento de la Comisión de Amnistía. Además, solamente cuatro estados mexicanos han aprobado leyes necesarias para su implementación”, dijo la abogada.
En agosto de 2021, se aprobó una nueva Ley de Amnistía, la cual contempla la creación de un comité permanente encargado de gestionar las solicitudes, pero hasta ahora no se ha designado a los funcionarios para conformar dicha comisión.
Monitoreo: una misión casi imposible
El monitoreo independiente realizado por organizaciones de la sociedad en los lugares de privación de libertad es una de las herramientas de prevención a la tortura. Además es el único mecanismo posible que permite detectar y denunciar prácticas que atentan contra la dignidad de las personas privadas de libertad.
En América Latina, incluso antes del inicio de la pandemia existía dificultades para llevar a cabo estos controles de forma adecuada. “Eso bajo la excusa de que no se podía garantizar la seguridad de las personas que iban realizar estas inspecciones. La pandemia fue el pretexto ideal de los Estados para evitar los controles externos, prohibiendo los ingresos de las organizaciones de la sociedad civil en la mayoría de los países”, denunció el abogado Lucas Lecour, de la Fundación Xumek, de Argentina.
Los impedimentos ofrecidos a los monitoreos han provocado, de acuerdo con el abogado, la invisibilización de las graves violaciones de los derechos humanos que se comenten a diario en los lugares de encierro en la mayoría de los países de la región. “Lo que ha impedido los controles preventivos y denuncias de las prácticas carcelarias que atentan contra la dignidad de las personas privadas de libertad”.
De acuerdo con la abogada Helena Solá Martín, de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), es necesario que los Estados tomen medidas para terminar con el aislamiento y la falta de información que ha caracterizado la gestión de la pandemia del sistema penitenciario.
“Solo así se podrá mitigar la crisis humanitaria y de salud mental y física sin precedentes que está generando la pandemia y sus consecuencias en las personas privadas de libertad y en sus familiares y que impacta a toda la sociedad. Tendrá consecuencias nefastas si no se actúa”, advierte Martín. El Grupo de Litigantes contra la Tortura en América Latina debe publicar en los próximos meses un informe en el cual sistematizará la situación de las personas privadas de libertad en América Latina en contexto de pandemia.
