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Chiapas: Presos inician huelga de hambre ante negligencia estatal durante pandemia de Covid-19

En el contexto de la pandemia causada por el Covid-19, dos organizaciones de presos en Chiapas anunciaron el inicio de una huelga de hambre para denunciar la falta de atención médica en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No.5, ubicado en la ciudad de San Cristóbal de las Casas.

Ante las condiciones de vulnerabilidad y el deterioro de la salud de la población carcelaria, aunado a la inacción de los funcionarios estatales, presos integrantes de La Voz de Indígenas en Resistencia y la La Voz Verdadera del Amate anunciaron que realizarán una huelga de hambre a partir del 21 de mayo y hasta el próximo 5 de junio.

En contexto ⇒ Chiapas: Presos anuncian huelga de hambre indefinida para exigir su libertad

Alertas, desde hace semanas

En los primeros días de mayo y mediante diversas cartas difundidas por organizaciones civiles, los presos organizados han compartido su situación, debido al nulo avance en la revisión de los casos y en la exigencia de libertad debido a irregularidades y violaciones en el proceso que los mantiene recluidos.

Las condiciones de hacinamiento también han empeorado debido a que a nivel estatal se han suspendido las visitas a la población recluida para limitar el contagio. No obstante, dicha acción ha impactado negativamente a los reclusos puesto que era mediante la visita de familiares y personas solidarias como ellos obtenían desde alimentos, medicamentos y artículos de higiene o dinero para adquirir dentro del penal los objetos de primera necesidad.

Ver también Chiapas: Presos anuncian huelga de hambre indefinida para exigir su libertad

“No podemos solventar nuestras cosas sobre las necesidades básicas por lo mismo que las vistas no tienen acceso y este centro penitenciario no nos proporciona lo que es jabón de baño, pasta dental, papel higiénico”, denuncian los presos organizados de Chiapas frente a una situación que no es exclusiva de dicho estado al sur de México, pues de acuerdo a la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del año de 2016, casi el 60 por ciento de las personas recluidas en centros penitenciarios del país deben conseguir artículos de higiene personal por su cuenta, ya que no son suministrados por las cárceles.

Pese a la restricción de visitas, en una comunicación publicado el 10 de mayo pasado, los reclusos enfatizaron el riesgo de contagio que padecen debido a la falta de protocolos por parte de los custodios, quienes son relevados cada dos días y no cuentan con medidas ni equipo sanitario cuando interactuan con la población carcelaria.

“El centro carece de medicamentos que precisamos para cualquier emergencia lo único que dan aquí es puro paracetamol”, señalaron también los presos organizados quienes el 14 de mayo cumplieron un año presentes en un plantón en exigencia de su libertad. “El gobierno de Chiapas ha hecho caso omiso de nuestras demandas por que somos victimas de tortura que ejerce la fiscalía del estado de Chiapas. Para el gobierno quiere vernos morir aquí. Nuestro lugar es deplorable, pero seguiremos hasta conseguir nuestras libertades, pese a lo que pese”, enfatizaron en su comunicado.

Acciones frente a la pandemia

Los presos organizados justificaron la realización de la huelga de hambre debido a la falta de seguimiento a la salud de internos que muestran síntomas relacionados al Covid-19, “ni tan siquiera suministrando medicamentos para los síntomas”. 

Sumado a ello, los reclusos también señalaron su preocupación debido a la negación de los funcionarios del centro penitenciario sobre posibles contagios presentados entre su personal e incluso sobre la muerte no confirmada de un oficial.

Desde el pasado 4 de mayo, los presos organizados denunciaron que un recluso diabético presentó síntomas relacionados al Covid-19 y tras haber interactuado con otros presos fue aislado sin recibir atención médica. 

De acuerdo a los presos, este caso demuestra la necesidad de otorgarle arraigo domiciliario a personas contagiadas con el coronavirus para evitar poner en riesgo la salud de la totalidad de la población carcelaria, ya que de acuerdo a las denuncias “la población interna están sufriendo de calenturas, dolores musculares, diarrea, lo que no sabemos si es el Virus de Covid 19 o calenturas normales. No hay como sacar la prueba de Covid 19 y tampoco hay medicamentos para l@s internos e internas”, comparten las organizaciones, quienes enfatizaron los graves riesgos en su salud pues entre ellos se presentan casos de hipertensión, infecciones varias y diabétes, entre otros padecimientos que pueden aumentar la mortalidad del coronavirus.

Para saber mas ⇒ Chiapas: Salud de presos tsotsiles en peligro tras 110 días en huelga de hambre

En México existen más de 200 mil personas recluidas y de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a nivel nacional el 46 por ciento de la población carcelaria comparte celda con más de cinco personas.

Desde el 15 de Marzo del año 2019, los presos organizados han exigido su libertad incondicional debido a las múltiples irregularidades en el proceso de detención y juicio. En ese contexto, realizaron una huelga de hambre que se extendió por 135 días durante los cuales solo consumieron agua y miel, lo cual ha mermado su salud y los expone aún más en caso de contagiarse de Covid-19.

Hasta el 18 de mayo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró 120 casos positivos de Covid-19 en centros penitenciarios, además de 74 casos sospechosos, 28 personas recuperadas y 21 fallecimientos.

Mayo pandémico: utopías delirantes y voracidad extractivista

Chilean soldiers guard the entrance of a supermarket in Santiago, Chile, on March 26, 2020. - More than 1.3 million people of seven of the main communes of Santiago will enter into total quarantine for a week starting Thursday night, after prolonging the suspension of classes due to the coronavirus epidemic that has left 1,306 confirmed cases and four deceased. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)

En el actual escenario pandémico, muchxs desean mirar por su ventana un horizonte optimista, donde a pesar de estar el ser humano en un peligro latente de enfermar y morir, hay algo positivo: Se le está dando un “respiro a la naturaleza”. Seguramente la ventana por donde están mirando no está en Quintero (Chile) donde hace unos días se declaró preemergencia y alerta ambiental por dióxido de azufre, o en los diversos territorios de sacrificio bajo dominio del Estado empresarial chileno.

Incluso si la mirada se acerca a otros territorios en Perú, Bolivia, Argentina, México, etc., podemos afirmar que tal “respiro” no es más que una falacia antropocéntrica. Durante estos meses de cuarentena, confinamiento, estados de excepción, restricciones y distanciamiento, el extractivismo no ha tenido ni un día de “confinamiento”. El extractivismo no se ha tomado un descanso para dejar de explotar y así dar un “respiro a la naturaleza”. No existe tal descanso extractivista.

Mediante una búsqueda rápida en internet podrán leer noticias tales como: a) Derrame de 15 mil barriles de petróleo y combustible en la Amazonía ecuatoriana, provocando la contaminación de tres ríos y con ello sumando una nueva crisis en esos territorios; b) La depredación de la Amazonía en Bolivia bajo la avanzada de los grupos económicos ligados al agronegocio y la ganadería extensiva.

 A la ferocidad de los incendios provocados por la necesidad del desmonte en la Chiquitania y el Beni (en Bolivia), se suma la aprobación a fines del año pasado del Plan de Usos de Suelos del Beni (PLUS Beni) que legitima incluso la depredación de las áreas protegidas y la precarización de otras actividades productivas como la castaña y todos los impactos que ello conlleva en las comunidades indígenas de tierras bajas;

  1. c) Explotaciones mineras son uno de los focos de contagio del COVID19 en Perú, hasta el momento más de 200 casos informados (si consideramos la minería informal esto sería exponencialmente mayor). Explotaciones como Antamina (Haraz), Minera Bateas y Cerro Verde (Arequipa), Tika Resources y Nexa Resources (Pasco), Hudbay Minerals (Cusco), Antapacay (Cusco), entre otras, no se han detenido ni un día
  2. d) En Esquel (provincia de Chubut, Argentina) vecinxs se movilizaron contra la firma de acuerdo entre Yamana Gold y el grupo Elztain para reactivar el proyecto Suyai (anteriormente un proyecto de Meridian Gold)
  3. d) En México, el polémico “Tren Maya” sigue su curso, recientemente, el pasado 4 de mayo de 2020 se han adjudicado los contratos de limpieza o desmonte de las secciones o tramos por donde se habilitará el paso ferroviario.

En el caso de Chile, la noticia de preemergencia y alerta ambiental en Quintero es un hecho concreto que evidencia que el extractivismo no entra en la lógica del confinamiento (ni cuarentenas, ni toques de queda, ni controles sanitarios). Mientras el tránsito de personas se ha detenido y/o restringido, mineras como Collahuasi, por ejemplo, contratan servicios de chárterprivados para trasladar a sus “colaboradores” (la nueva categoría empresarial para nombrar el subcontrato).

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En Wallmapu, el territorio más afectado por la expansión del virus, forestal Arauco anuncia una inyección de 700 millones de dólares para asegurar el desarrollo del cuestionado proyecto MAPA, con el que ampliará sus operaciones, a la vez que nuevos proyectos de energías renovables no convencionales como el Parque Eólico Ovejera Sur, camufla de ‘verde’ una nueva avanzada colonizadora del mundo williche.

Se han cerrado las fronteras para el tránsito de personas, pero no los lugares por donde transita la mercancía de exportación e importación. Los puertos, aquel engranaje que encadena lo local a lo global, quizás no con el mismo dinamismo, pero siguen funcionando. En lo concreto, podemos ver que las góndolas de los supermercados se reponen más rápido que cuando no teníamos un virus acechando la humanidad. Mientras todos los días se forman filas de personas ansiosas de entrar al supermercado, vemos como frente a nuestras mascarillas llegan uno tras otro los camiones que abastecen el “super” y las farmacias. En las cadenas del retail, los precios de las mercancías suben su “valor” (mas no el sueldo de sus trabajadoras/es o “colaboradorxs”) y ya no hay chorreo de mercancías llamadas “grandes ofertas”.

Si seguimos la lógica del “respiro”, quizás debamos pensar que este puede ser el último, dada la probabilidad de que los planes detrás de la instalación del terror de la “recesión” o la “crisis económica”, comience a avizorar un nuevo ciclo extractivista. Como se ha posicionado desde los discursos oficiales del gobierno de Sebastián Piñera, el pasado 01 de mayo de 2020, se vienen “tiempos duros” y habrá que “apretarse el cinturón”, pues el desempleo ya es el principal impacto de la crisis sanitaria, lo que queda es la esperanza en la reactivación de la economía chilena.

Es probable que proyectos extractivistas paralizados o cuestionados en términos ambientales sean hoy reactivados sin ningún cuestionamiento. La reactivación neoliberal requiere que su Estado le dé las garantías necesarias para generar empleos precarios y consumismo; por supuesto el COVID19 presenta un escenario propicio para legitimar el extractivismo como la única salida posible a la “crisis económica”.

La gran paradoja en Chile es que la crisis, no tan sólo a raíz de la pandemia, sino también por la revuelta social, en alguna medida ha cuestionado las relaciones de producción capitalista que generan una devastación de los territorios y sus medios de vida. En amplios sectores críticos ya es sentido común afirmar que el virus de muerte es la sociedad capitalista. En esta perspectiva, el COVID19 vendría a reafirmar que hay una crisis civilizatoria que se despliega en diversos ámbitos: Climáticos, ecológicos, energéticos, alimentarios, económico-financieros y hoy sanitarios.

En consecuencia, habría que desmantelar tales estructuras de dominación que devastan la vida. Este parece un camino de reflexividad critica que muchas y muchos comparten, sin embargo, en la actual incertidumbre pandémica no se logra vislumbrar entre quienes se declaran “sectores críticos” posiciones que salgan de las trampas de una interpelación permanente a la figura del Estado (como si en algún momento de nuestra memoria corta el Estado se hubiese acercado a lo que se denomina “bienestar”) como la única forma de organización de la vida política capaz de dar seguridad ante momentos de incertidumbre.

Es claro que el Estado ejerce un monopolio de la vida política, a través de la violencia y el control, pero no es la única forma de organización de la vida política. Eso sería desconocer que el fantasma que recorre Abya Yala no es el comunismo sino la autonomía territorial.

En el caso de Chile, el Estado neoliberal en ningún momento de su corta historia ha garantizado las condiciones de vida digna para la población, menos aún en momentos de crisis sanitaria. Evidentemente los impactos de la pandemia expresan la profunda “inseguridad social” en que sobrevive la sociedad neoliberal chilena; cuestiones como la precariedad o mayor flexibilidad laboral, el endeudamiento y el acceso al consumo, devastan la vida de aquellos sectores que la tecnocracia economicista ha traducido como la creciente “clase media”, que no es más que un eufemismo para llamar a los pobres que compran en el mall.

Más allá del caso chileno, es importante para pensar los cambios o la transformación de la sociedad capitalista evidenciar las certezas que hoy se caen. No es cierto que la ciencia tiene todas las respuestas; no es cierto que el crecimiento económico nos hará iguales; no es cierto que los Estados están para garantizar derechos que sostengan la justicia social; no es cierto que la propiedad privada no dará seguridad material; no es cierto que el consumo es señal de ascenso social; no es cierto que la ciudad es un lugar mejor donde vivir.

Todas esas certezas nos hicieron bloquear la memoria larga de otros tiempos históricos, donde la agricultura no es atraso o pasado, donde recuperar el agua no es un discurso pachamamico, donde defender el territorio no es terrorismo, y donde la autonomía territorial no es sólo una utopía.

Quienes vivimos en permanente crisis y precariedad en la sociedad neoliberal chilena y se sienten a la deriva en sus ciudades, pues deberían abandonar la ciudad neoliberal y dar la espalda a todas sus promesas rotas. Aquellxs sin trabajo y sin techo debieran recuperar los valles, habitar las cuencas y liberar las aguas para cultivar comida; ocupar los extensos desiertos verdes que hoy explota la agroindustria y recuperar el tiempo cíclico de las sociedades agrarias.

Finalmente, la provocación es abandonar los mitos del capitalismo más brutal y sus reinvenciones benévolas como los sueños de progreso y desarrollo. En lo concreto, en el Chile neoliberal, es reconocer que las AFP (Administradora de Fondos de Pensiones) nos robaron y nunca redistribuirán sus suntuosas ganancias, pues el Estado sólo tiene garantías para el empresariado, y los bonos son miseria y humillación. Seguir interpelando al Estado empresarial para que sean los grupos económicos quienes “donen” alcohol gel y ventiladores mecánicos para “proteger” a los pueblos explotados es la expresión de un pensamiento crítico que sigue atrapado en las trampas mesiánicas del Estado neoliberal.

En este punto, es relevante discutir el rol de pensamiento crítico radical, no banalizado ni farandulizado, en tiempos de pandemia. Está interpelación es para ampliar la discusión más allá de la síntesis de que el “virus es el capitalismo”, consigna difundida como un meme con miles de “like” en redes sociales. Es la necesidad de un pensamiento crítico que esté produciendo provocaciones discursivas que rompan la estructura capitalista y su capacidad de “reinventarse”. 

Una cuestión ineludible es que la estructura del capitalismo no está en crisis. De todas las crisis (bélicas, económicas, ecológicas o sanitarias) el capitalismo sale fortalecido, incluso se convierten en momentos propicios para un nuevo “ajuste espacio-temporal” del capital global. Una certeza hoy es que cuando pase el momento de “incertidumbre pandémica” un nuevo ciclo extractivista se abre en Abya Yala.

Esta relación colonial del extractivismo en Abya Yala nos recuerda el lugar de estos territorios en el sistema-mundo: El lugar donde se expande con más brutalidad el capital. Hoy la expansión y letalidad del COVID19 en la región amazónica se convierte en una profecía capitalista.

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Este virus genera hoy las condiciones más óptimas para que una región acechado por el extractivismo extermine a los pueblos indígenas que han resistido a su explotación. La región amazónica será “limpiada” por un virus que nace en nuevos y viejos repertorios de expansión capitalista como lo son la China y su “nueva ruta de la seda”, articulada a la vez a la plataforma IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) en Sudamérica, que despliega infraestructura que violentamente abre la Amazonía a nuevas rutas para el tránsito del capital.

A modo de cierre y apertura, la crisis aún no toca la estructura de dominación capitalista. La crisis está en la boca, en los estómagos y en la frustración de quienes vivimos en permanente crisis. En los pueblos indígenas despojados de sus territorios y medios de vida; en los sectores populares explotados y subalternizados, y en sus mujeres doblemente invisibilizadas.

Lxs sacrificadxs del capital serán lxs de siempre, entre indios, pobres y subalternos; los mundos de abajo que se cruzan violentamente en una genealogía de opresiones en el sur global. En este escenario, demandar respuestas al Estado neoliberal chileno no es una expresión de pensamiento crítico, sino un mero ejercicio de adaptación y/o reinvención que se produce desde la comodidad de quienes han logrado un status de privilegio en la sociedad neoliberal, status que lxs distancia de las bocas y estómagos de aquéllos a quienes hoy acecha la muerte y el hambre.

El trueque, acciones para enfrentar crisis sanitaria y económica

Práctica ancestral para muchos pueblos, el trueque consiste en el intercambio de productos, saberes o servicios por otros, en base a la necesidad. La transacción se realiza entre bienes que se consideran de mismo valor, sin usar dinero. Puede realizarse entre vecinos, familias, comunidades o pueblos enteros. 

Historicamente, el trueque ha permitido obtener una variedad de productos que no se dan en las tierras locales pero sí en otras regiones, por diferencias de climas o conocimientos.

Aunque su práctica disminuyó mucho con la introducción del dinero y del sistema capitalista, nunca dejó de existir. Hoy, con la crisis provocada por la pandemia de coronavirus está resurgiendo con fuerza en muchas partes del continente americano. 

Las experiencias de trueque son muy variadas: realizadas en zonas rurales o urbanas, entre particulares, barrios, comunidades o incluso de manera más oficial con la gestión de las autoridades. Todas estas prácticas están permitiendo a miles de personas sobrevivir y resistir en medio de la pandemia.

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Ecuador

Tan sólo 15 días después de la declaratoria del estado de excepción realizada el 16 de marzo pasado, el intercambio ancestral se ha vuelto común entre comunidades de las regiones en la sierra, costa y amazonia.

De acuerdo a un reporte del periódico El comercio, en la provincia de Bolívar y ante la falta de dinero, comunidades serranas están intercambiando alimentos con regiones vecinas. Desde la serranía envían cebolla, papa, zanahoria, perejil, cilantro y plantas medicinales a cambio de plátano, naranja y yuca, alimentos provenientes de la zona subtropical.

“El espíritu del trueque es que debe ser de igual valor. No debe haber desconfianza y quedar dudas en que uno recibió más y el otro menos”, comentó Medardo Chimbolema, alcalde de Guaranda, desde donde se planea un mayor intercambio de alimentos con otras provincias, aún cuando existe temor en las comunidades de un posible contagio de Covid-19. 

En Ecuador también se están dando trueques con la coordinación de las autoridades. Así, en la provincia serrana de Tungurahua se están organizando trueques con las provincias costeñas de Guayas, Esmeraldas y Los Ríos. Entre los productos que se envían desde la sierra, están aguacates, higos, tomate, acelga, espinaca y plantas medicinales. Desde la costa, por otro lado, se mandan principalmente limones, arroz, yuca, calabaza y plátano macho.

El trueque entre las provincias surgió ante el aumento de los precios en los mercados y la complejidad de los procesos administrativos para recibir apoyos.

Argentina

En la región de Buenos Aires, los clubes de trueque nacieron en el año de 1995 como un sistema de intercambio sin dinero, recuerda Federico Rivas Molina para el periódico El País.

Cuando aconteció la gran crisis económica del año de 2002, la cual dejo a cientos de miles de argentinos en la pobreza, los conocimientos y redes de trueque se consolidaron en 6,000 clubes de trueque en una red que aglutinó a mas de 2 millones de personas.

Actualmente, en plena cuarentena suceden nuevamente los intercambios, como es el caso en la pequeña ciudad de Ensenada donde viven principalmente familias de clase media y baja, trabajadores con salarios medios y muchos otros informales que viven al día.

Por la imposibilidad de juntar a muchas personas en un mismo lugar, los participantes han tenido que reinventarse y para ello empezaron a usar las redes sociales. Daniel Branda, quien coordina uno de los tres clubes de trueque que se encuentran en la zona, relata que “en la primera etapa de la cuarentena cortamos todo, pensando que en 15 días retomábamos. Luego nuestro problema fue que ya no podíamos juntar gente en el club, porque hay 50 participantes por trueque. Entonces reactivamos el trueque por pedido”.

Ahora, los miembros del grupo toman encargos mediante mensajes en sus dispositivos móviles y los entregan en un punto de encuentro, evitando así la aglomeración de gente para evitar el riesgo de contagio de Covid-19.

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México

En la Ciudad de México, artesanas y artesanos también han estado recuriendo al trueque para sobrevivir la cuarentena, apoyándose unos a otros. “La contingencia no permitió salir y nos resguardamos durante la cuarentena, pero ya no pudimos quedarnos más tiempo, ya que se alargó, y tuvimos que salir a buscar una forma de ayudarnos y ayudar a los demás”, dijo Susana para la agencia de noticias Efe.

La artesana mixteca y su madre se trasladan desde el Ajusco, donde viven junto con una comunidad de artesanos, hasta la colonia Narvarte para ofrecer artesanías en palma natural tejida. 

“Es una comunidad sencilla y humilde donde viven artesanos y también personas que no lo son, pero nos hemos ayudado entre todos. Todo lo que estamos recibiendo y nos han traído lo hemos compartido entre la comunidad”, contó la mujer. 

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En San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, un espacio conocido como El Cambalache es administrado desde hace cinco años por un grupo de mujeres que promueven economías sin dinero a través del intercambio de conocimientos, objetos y servicios.

El Cambalache es un espacio donde las personas pueden asistir a talleres diversos: desde salud, bordado y permacultura, así como solicitar servicios entre asesoría legal y reparación de aparatos electrónicos, sumado al intercambio de ropa, alimentos y objetos de primera necesidad.

Ante la situación de la contingencia sanitaria y pese al cierre temporal del espacio físico, El Cambalache mantiene activa la red de intercambios entre grupos y organizaciones en Chiapas, así como en la participación en la construcción de redes de apoyo mutuo para la colecta y reparto de alimentos, elaboración y distribución de cubrebocas, así como la difusión de información sobre cómo prevenir el contagio del Covid-19.

Colombia 

“Los muiscas llamaban Ipsa a los mercados en donde tunebos, panches, sutagaos, muzos y otros grupos indígenas se reunían para intercambiar sus productos. Unos traían mantas de algodón y moyos de sal, otros conchas marinas y plumas de aves exóticas, algunos cargas de coca y alucinógenos como el yopo. Quienes vivían en tierras bajas llevaban el algodón que luego tejían diestros artesanos de las tierras altas. Después de horas o días de viaje, los indígenas se encontraban, hacían los trueques y regresaban con frutos que no crecían en su tierra”, relata Germán Izquierdo para el periodico colombiano Semana Rural.

En el contexto de la pandemis por el Covid-19, el trueque está recobrando importancia en el país, en particular en los departamentos rurales. En Ubaté, la capital lechera de Colombia, se están truequeando productos lácteos por dulce de la ciudad de Útica. Según el alcalde de Ubaté, Jaime Torres, en estos tiempos el yogurth tiene un precio que pocos pueden pagar. “Además se recupera una costumbre perdida. Hace muchos años Zipaquirá y Ubaté intercambiaban sal por papa, leche y otros productos”, relata Torres. 

Para Ramiro Lis de la Asociación de Cabildos Ukawe’s’ Nasa C’hab, en el departamento del Cauca y entrevistado por Desinformémonos, “el trueque es una alternativa política para una época como ésta (…) Se hace trueque entre productos de los diferentes climas, se establecen puntos de encuentro y de intercambio, en los que prima la necesidad, no el valor”. 

Desde la cabecera municipal de Inzá, también en el departamento del Cauca, integrantes del área de educación de la Asociación de Cabildos Juan Tama del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), relataron el trabajo que se hizo para hacer llegar comida a comunidades de indígenas que emigraron a las ciudades de Cali, Bogotá y Popayán. 

“Se organizaron 800 familias en los ocho municipios, en una dinámica comunitaria, para hacer un primer envío de yuca, plátanos, panela y otros mercados. Fueron 3,200 arrobas (36 toneladas) que salieron en tres camiones y una chiva (autobús)”, explicó Delio. En cambio, los indígenas urbanos mandaron a su vez productos de higiene y de aseo que aún no producen las comunidades. 

Tanto Ramiro como Delio relevan que el trueque no sólo sirve para sobrevivir sino que desafía la economía capitalista: “el trueque es una forma de solidaridad que permite fortalecer la economía propia”.

Fuerzas Armadas en México tendrán función de policía

Esta mañana (11 de mayo) los mexicanos amanecieron con la noticia de que el mandatario, Andrés Manuel López Obrador, ha decidido disponer la función de policía a las Fuerzas Armadas, para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria. Esta medida se ha tomado hasta que la Guardia Nacional consolide su estructura.

El decreto anterior que había sido emitido el 26 de marzo de 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación, establecía que, “la Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional”.

Pero este acuerdo es el que ha sido reformado, de tal modo que, “se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última”, además establece que la duración de este nuevo decreto tendrá una duración máxima de 5 años a partir de la entrada en vigor.

Las Fuerzas Armadas, en apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública, realizarán atribuciones y obligaciones que se le atañen a la Guardia Nacional, principalmente, las que están incluidas en el artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional. Entre ellas, “participar con otras autoridades federales, locales o municipales en operativos conjuntos que se lleven a cabo conforme a lo dispuesto en la legislación relativa al Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

El presidente de México ha venido anunciando en sus diversas conferencias que se está desplegando una estrategia para tener presencia con la Guardia Nacional en todo el país. A finales de este año se tiene programado la conclusión de 200 coordinaciones de este cuerpo de seguridad, así como el aumento del número de elementos. “No se tiene ninguna limitación presupuestal” para este órgano de seguridad, señaló López Obrador.

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Migración

Entre otras tareas, Guardia Nacional, ha venido desempeñando su papel en la contención del flujo migratorio en la frontera con Guatemala y en la frontera norte con los Estados Unidos. Dicha medida fue establecida en función del acuerdo de la Declaración Conjunta entre México-Estados Unidos, del 7 de junio del 2019, donde México se comprometió a combatir el tráfico de personas y desplegar a su Guardia Nacional en sus fronteras.

México también se comprometió a trabajar con los Estados Unidos para implementar y ampliar los llamados Protocolos de Protección de Migrantes, conocidos como MPP. “Desde la firma de la Declaración Conjunta en junio, hemos visto una reducción de casi el 60 por ciento en el número de inmigrantes ilegales que llegan a la frontera sur de los EE. UU”, según el testimonio del embajador Michael Kozak, registrado en el documento clasificado “Estados Unidos, Política en México y Centroamérica: garantizar políticas efectivas para abordar la crisis en la frontera”, del 25 de septiembre de 2019.

Megaproyectos

Mientras que se presenta el nuevo decreto, el presidente de México también anunció que, tras las afectaciones que ha provocado la pandemia del Covid-19, las actividades esenciales se reactivarán en el país de forma gradual.

Agregó que se reactivan también los proyectos de inversión, como Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que está proyectado con la activación de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, así como la modernización de las redes de telecomunicaciones y del Ferrocarril. “Ya se está trabajando en el corredor, ya se está rehabilitando la vía (del tren), ya se están ampliando los dos puestos”, asevero López Obrador.

La Guardia Nacional también viene realizando funciones de seguridad para que se reactiven las Zonas Económicas Especiales, ahora llamadas Zonas Francas. En el Istmo de Tehuantepec, desde mayo del 2019, se implementó una estrategia de la Guardia Nacional para reducir los índices delictivos y dar seguridad a las inversiones.

Ver también México: La Guardia Nacional y las Zonas Económicas Especiales

El mandatario señaló que, en estos polos de inversión, se tiene proyectado la edificación de 10 parques industriales. “Es un proyecto para unir países de Asia con la Costa Este de Estados Unidos, es una especie de Canal de Panamá, pero con ferrocarril”.

López Obrador arremetió asegurando que las empresas que se establezcan en esta Zona Franca recibirán apoyos fiscales, “se va a reducir el pago del IVA, del impuesto sobre la renta y otros apoyos. Porque queremos fortalecer el Istmo”.

En el mismo tenor el mandatario, sabiendo que hay una serie de controversias y oposición, aseguro que El Tren Maya también avanza. “Ya se tienen otorgados los contratos para empezar a construir la vía del tren. En este mes se tienen entregados cuatro contratos a cuatro empresas que van a construir alrededor de 900 kilómetros desde Palenque hasta Cancún”, dijo López Obrador.

El ejército a las calles

El ejército en las calles no es una novedad en México. En el año 2007, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, a través de un decreto, creó el Cuerpo Especial del Ejército y Fuerza Aérea denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal. Entre otras funciones, se ampliaba su poder de acción para “proporcionar apoyo a las autoridades civiles de cualquier nivel de gobierno, en tareas de restauración del orden y seguridad pública, en el combate a la delincuencia organizada o en contra de actos que atenten contra la seguridad de la nación”, según el Diario Oficial de la Federación 09/05/2007.

En el año 2017, mientras el gobierno de Enrique Peña Nieto perdía credibilidad y aceptación de la sociedad mexicana, decidió también emitir la Ley de Seguridad del Interior, que tenía por objetivo, “salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática”, de acuerdo con el texto de la propia Ley.

En términos generales esta Ley ampliaba la posibilidad de acción de las Fuerzas Armadas, incluso legitimando el uso de la violencia. Desde ese momento podían intervenir en acciones que conciernen a las autoridades civiles, como disturbios y protestas que fueran consideradas violentas o actos de resistencia.

El saldo fue, tan solo en la llamada Guerra contra el narcotráfico, que declaró Calderón, según las cifras conservadoras del INEGI, de 150 mil 992 muertes violentas y miles de desaparecidos. Mientras que el gobierno de Peña Nieto ascendió a 156 mil 500 homicidios, la mayoría vinculados al crimen organizado.

Francia: aumenta tensiones por la brutalidad policial, la pobreza y el hambre

Desde el sábado 18 de Abril, numerosas revueltas nocturnas se han observado en diferentes municipios de Francia, en plena cuarentena. La razón principal es la violencia de la policía hacia habitantes de barrios populares – donde suelen vivir familias de bajos recursos, muchas de ellas conformadas por migrantes e hijos y nietas de migrantes originarios de países que han sido colonizados por Francia, en particular en África – que se ha disparado en el marco de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. A esa violencia se suma la de la desigualdad social y económica que también progresa de manera preocupante.

Brutalidad policial en barrios populares

La ola de rebelión empezó en Villeneuve-la-Garenne, cerca de París, después de que, el sábado 18, un joven en moto chocara con un vehículo de la policía. Según el joven y varios testigos, un elemento uniformado abrió su puerta a propósito para hacer caer al motociclista mientras iba rebasando. El impacto fue tan fuerte que la pierna del joven fue casi arrancada.

La noche siguiente, a las 12 en punto, se escuchó la primera explosión de cohetes y varios botes de basura se empezaron a quemar. Es la estrategia que ocupó un grupo de jóvenes del barrio para atraer a los bomberos y la policía. Los enfrentamientos duraron alrededor de dos horas. La noticia se propagó rápidamente y eventos similares ocurrieron en varios municipios de los suburbios de París y en otras regiones del país, en particular en Toulouse, Amiens y Strasbourg a lo lago de la semana pasada.

“Hay un caldo de cultivo propicio para la revuelta, sentimos que en los barrios de hoy todos comparten este sentimiento, no son solo los jóvenes llamados “delincuentes” los que se rebelan por el comportamiento de la policía, es toda la población. Vimos escenas donde madres y padres de familias apoyaban o por los menos entendían la reacción de los jóvenes y su enojo. Hay algo que será muy interesante seguir, y existe la posibilidad de la rebelión se extienda a otros vecindarios”, expresó Ilyes Ramdani, periodista y jefe de redacción del périodico en línea Bondy Blog.

Mientras algunos tratan de justificar la presencia policiaca en los barrios empobrecidos argumentando que son zonas donde la población no respeta la cuarentena, el sociologo Michel Kokoreff expresa en una entrevista para Libération “la cuestión del no respeto del confinamiento es una pista falsa. Las cifras muestran muy bien que las medidas no son menos respetadas en Seine-Saint-Denis  (el departamento más empobrecido y más controlado por la policía) que en el departamento vecino de Hauts-de-Seine (una de las zonas más enriquecidas del páis). Este argumento tiene como objetivo sobre todo legitimar las intervenciones represivas y nuevamente estigmatizar a las poblaciones de estos barrios de clase trabajadora, que desempeñan el papel de chivos expiatorios en tiempos de epidemia”.

“La cuarentena está desatando la violencia de la policía en los barrios populares”, enfatizó por su lado Assa Traoré, activista antirracista y hermana de Adama Traoré quien fue asesinado por la policía francesa en 2016.

Cabe recordar que si bien la violencia policial se ve aumentada por la cuarentena relacionada por el coronavirus, para los habitantes de barrios populares franceses, y en particular para hombres jóvenes negros y morenos, las agresiones por parte de uniformados son el pan de cada día. Hasta la Defensoría de los Derechos, un órgano constitucional independiente del estado francés declaró en un informe de 2017 que “los hombres jóvenes identificados como negros o árabes tienen una probabilidad 20 veces más elevada de ser controlados por la policía que los demás”.

Esa realidad tiene su raíz en la historia colonial francesa. En su libro de investigación intitulado “El enemigo interior, la genealogía colonial y militar del orden de la seguridad en la Francia contemporánea”, el sociólogo y activista Mathieu Rigouste analiza como los métodos de control y contrainsurgencia desarrollados por el Estado francés en sus antiguos territorios colonizados, principalmente Indochina y Argelia, fueron adaptados y siguen siendo utilizados hoy en Francia para controlar y reprimir los barrios populares.

Precariedad y pobreza en aumento

La violencia represiva se ve complementada por otra violencia, social y económica. Los barrios más controlados por la policía también son los más precarizados y abandonados por los servicios públicos, y la pandemia actual hace más visible y empeora esa violencia. “El coronavirus es un poderoso revelador de desigualdades en barrios de bajos ingresos”, expresa Michel Kokoreff.

Mientras miles de familias de clase media y alta que son dueñas de casas en el campo y las costas de Francia huyeron de las ciudades grandes para pasar la cuarentena al aire libre, millones de otras están luchando para sobrevivir. La crisis sanitaria y su gestión política tienen impactos alarmantes sobre las vidas de muchas personas y familias.

Por un lado, los habitantes de barrios populares tienden a ser los más expuestos al virus, ya que muchos de ellos trabajan en sectores que les hacen indispensables al funcionamiento básico del país y por lo tanto les impide quedarse en cuarentena, como es el caso de los chóferes, las cajeras, repartidores, agentes de limpieza o de seguridad, empleados en hospitales, etc. Ese aspecto – combinado a que la gente más empobrecida tiende a padecer más enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión y a tener menos acceso a servicios de salud – explica el número más elevado de muertes por coronavirus en particular en Seine-Saint-Denis, el departamento más poblado despúes de París y más empobrecido de Francia, con más del 27% de la población viviendo debajo del umbral de pobreza.

Por otro lado, el brutal encierro ha resultado en una pérdida significativa de ingresos para muchas familias que vivían con salarios precarios, especialmente en los sectores de servicios, turismo o restauración afectados por la crisis. Muchas familias sobreviven hoy con la ayuda de organizaciones caritativas y colectivos vecinales que organizan distribuciones de comida.

Es el caso de Fatoumata, entrevistada por el periódico Le Monde, quien trabajaba haciendo la limpieza en hoteles de París y perdió su su trabajo en marzo con el cierre de establecimientos turísticos. Indocumentada de origen marfileño, ya no tiene recursos. Asustada por la presencia policial reforzada, “no ha salido de su casa desde el comienzo del encierro”.

Samia cuenta por su lado que todavía trabaja en un hospital, pero su sueldo ya no le alcanza para mantenerse a ella y sus cuatro hijos. Es el caso de muchas otras familias, que padecen del hecho de que los niños ya no comen en las escuelas desde que cerraron por la cuarentena. Tener que pagar por una comida más al día es suficiente para acabar con el presupuesto precario de un mes.

En Marsella, en el sur del país, un MacDonald’s ha sido tomado por trabajadores sociales y habitantes para repartir víveres entre las familias más vulnerables: migrantes, gente sin hogar, sin empleo, trabajadores pobres. “Las familias están empezando a decirnos que ya no tienen qué comer, por ejemplo, una madre nos explicó que llevaba tres día comiendo sólo sopa de cebolla con sus tres hijos” relató Nair Abdallah, miembro del colectivo Maison-Blanche, para el periódico Révolution Permanente.

En el departamento de Seine-Saint-Denis, en la zona conurbana de París, la situación está alarmando hasta el jefe de policía de la entidad. El periódico Le Canard Enchainé reveló un correo electrónico del 18 de abril en el que el prefecto Georges-François Leclerc escribía a su homologo de la región de Île-de-France, Michel Cadot: “Mi principal riesgo en la quincena que viene es, si exceptuamos el riesgo para la salud, el riesgo alimentario … “, y relevó que temía que estallarán “disturbios de hambre” ya que la zona cuenta con miles de personas que  “entre barrios marginales, alojamientos de emergencia y hogares de trabajadores migrantes, tendrán dificultades para alimentarse”.

En la región de Toulouse, en el Suroeste del país, la tensión también va en aumento. Para Thomas Couderette, del CEDIS (Colectivo de Ayuda mutua e inovación social), entrevistado por Yves Faucoup  para Mediapart “es probable que se desarrollen tensiones muy fuertes, incluso “disturbios de hambre”  los próximos días o semanas”.

Perú: Cronología de cuarentena armada

En tiempos de emergencia sanitaria, la carta libre a policías y militares para usar la violencia es un guiño de neoliberalismo con sangre en el ojo. Un detalle, un incentivo del modelo del gran capital privado a las fuerzas armadas públicas. La cuarentena, un campo de entrenamiento al paso de represión y guerra contra la población para futuros escenarios de control social masivo, aislamientos a gran escala. O ante cualquier manifestación colectiva, por pequeña que sea.

La Ley de Protección Policial va más allá del teatro del despliegue, del arsenal visual de los medios, de los aplausos puntuales a los uniformados, del lenguaje belicista. “Que esto es una guerra, estamos en guerra”, decretaron los gobernantes. La multitud pedía golpe, cuando menos, de puertas hacia fuera. Para empezar. Después a asaltar casas, cargarse a alguien de su techo a la comisaría más cercana. La bicentenaria costumbre de la humillación.

No les basta la detención porque nos cuentan que los castigos psicólógicos y físicos de los agente estatales son lecciones de civismo, de disciplina. Métodos, que les llaman, de entrega a la sociedad, aplicados casi siempre bajo presión, casi autoflagelándose. Y tantos que reclamaban a los superiores de escuadrón, tortura y gatillo fácil, especialistas en disciplinar en masa y solo con la escala evolutiva de las armas: palo, gas, plomo. Hasta que aparezca botado el primer cadáver de alguien a quien vieron por última vez con vida cuando lo subían de la calle a un patrullero a la luz de una mañana de inmovilidad.

En momentos de recolección infinita de nuevas clases de datos personales a buena parte de la humanidad, los algoritmos hacen salivar a los financistas de la muerte. En el Perú tienen un nicho en el mercado de ideas del terror, proyectándose a próximas elecciones, entre los que resumirían la ley en bala para todo desobediente, revoltoso. Coincidentemente, casi, casi siempre humilde y de piel oscura.

Los primeros a quienes exigirán desde documentos hasta permisos para existir. Y se dirá que no es aporofobia, clasismo ni racismo, pues habrá uno que otro malentendido con algún hijo de la burguesía o la aristocracia blanca. Es una metodología, sí, de opresión y crimen, al servicio de la necropolítica, o necroliberalismo, como define el pensador camerunés Achille Mbembe¹ a este sistema que selecciona quiénes morirán -mujeres, niñas y niños, gentes racializadas y pobres, básicamente- y quiénes vivirán. Y cómo lo harán. Por ejemplo, mediante dispositivos legales.

Y así, a cuadrarse ante la declaración formal de nuestro territorio como patio de cuartel. Sabiendo que en estos lugares, plenos de valores y vigilancia, se les pasa la mano por deporte, la barbarie hace rutina y vista ciega. En este contexto de remezón emocional colectivo, una carga extra en los barrios populares de las ciudades, zonas rurales y el campo, en las comunidades nativas. Porque la letra distingue y amenaza de muerte a las madres que sostienen su hogar, las manos de obra baratas, las minorías, disidencias, migrantes.

Hay una continuidad entre el verbo guerrero y el discurso de las élites con las políticas de muerte. Los pasamos por metáfora y deseo, cuando son afirmaciones, poderes letales sobre la realidad, sobre todas las esferas de la vida. “Más que una enfermedad, parece ser una forma de dictadura mundial multigubernamental policíaca y militar (…) El coronavirus es la militarización de la vida social”, observa la activista boliviana María Galindo². En un paréntesis al ámbito de seguridad, con otro léxico, seguimos el olor a carroña, la línea de destrucción en las medidas económicas y laborales que “aconsejan” gremios empresariales a gobiernos frente a la pandemia.

Hasta el Ejecutivo de Martín Vizcarra, aplicado para criminalizar protestas sociales, rechazó, en el papel, la Ley de Protección Policial. No la acepta ni el Gobierno que aplasta lo mismo reclamos ambientales en provincias extractivistas como, en la puerta del Ministerio de Salud, a familias contaminadas por la minería. Incluso la decorativa ONU susurró una alerta por la Ley 31012 promulgada por el Congreso peruano el 28 de marzo. “Exagerada”, para el ministro de Defensa del Perú, Walter Martos, quien reconoció que, aparte de intervenir e inmovilizar, cualquier aderezo del personal es “violación a los derechos humanos”. ¿Le tomamos la palabra de general?

La norma exime de responsabilidad penal a los efectivos que lesionen o maten en “cumplimiento de su función constitucional”, los exonera de prisión preventiva y, además, deja un vacío en el principio de proporcionalidad de la fuerza. Que el protocolo de acción y empleo de armas es el mismo, que lo jueces pueden interpretar y proceder, recuerdan letrados asépticos. ¿El reglamento aplicado ayer nomás en Lima a niñas y niños víctimas de mineras? ¿Cuáles jueces, los que no pertenecen a mafias generalizadas en el Poder Judicial? ¿El PJ que repone en bandas a policías separados de la institución?

No se trata solo de otro recordatorio criminal del fujimorismo y el Apra en el Parlamento, de sus complicidades y coincidencias de principios con el partido que llevó a Vizcarra al Gobierno. La brutalidad de los cuerpos armados legales, cuando tiempos de paz, no exclusivamente en estallidos sociales, es instrumental a las fuerzas políticas poseedoras de los mayores recursos. Aquí y en la región. Ansiosas de recuperar poderes totalitarios, las Fuerzas Armadas del Perú ya planean el servicio militar obligatorio para menores de edad -desde los 16 años- que no estudien. Casi siempre humildes, piel oscura. Es parte del “sacrificio”, retomando a Mbembe, que exige el neo o necroliberalismo en los dos hemisferios.

En Suramérica están activos los comandos de aniquilamiento dentro y fuera de las favelas de Brasil, el exterminio y terrorismo de Estado contra los mapuches en Chile y en Argentina, donde la Policía Bonaerense también le dispara por la espalda a chicos motorizados “sospechosos” y devuelven en cuidados intensivos a detenidos a causa de “caídas”, esta cuarentena.  Casi, casi siempre de piel oscura y humildes. La masacre de defensores de derechos humanos en Colombia lleva la marca de paramilitares con la mano de agentes en actividad y la inacción del Estado. Son comodines de la maquinaria estatal capitalista. Con Bolsonaros, Piñeras, Macris y Duques a la ultraderecha.

Y en administraciones de izquierda, que en la Bolivia y el Ecuador de Morales y Correa, respectivamente, se derramó sangre en defensa de corporaciones. No es una cuestión de estados de emergencias o conflictos sociales. Esta es la normalidad del vecindario en el siglo XXI.

Una cotidianidad aceptada a punta de intimidación y privilegios legales. Así como la norma creará en el Perú una procuraduría especial a cargo de la defensa de policías, al parecer fuera de la tutela del Ministerio Público, aumentemos la vigilancia al Estado policializado. Pidamos nuevas garantías en casos de intervenciones simples, que no hay otra que la palabra oficial y la posible fábrica de pruebas. Planteemos más protecciones a todas las personas de civil frente a la Policía, pongamos a funcionar, desde la sociedad, alternativas de regulación de su accionar.

Dentro y fuera de los márgenes tradicionales. Partiendo por examinar las causas absurdas de detención, las faltas y delitos menores prescindibles en los códigos. Exijamos que se eliminen, será un ejercicio de contrapeso. De estos primeros pasos pueden depender nuestras mínimas libertades individuales y colectivas venideras. Es la proporción de la fuerza de la que no habla la gran prensa, a la cacería de culpables marginales.

Hay que tenerlo claro. Los agentes del orden -colonial capitalista- a quienes aplauden, volverán a gasear para defender la doctrina de saqueo del gran empresariado y las instituciones. A los mercaderes de la salud privada, por ejemplo, y los funcionarios coludidos. Cogotearán a más dirigentes que clamen mejores condiciones para la salud pública. Cumplirán el deber de mantener los usos de los que mandan: la precarización absoluta de la vida de las mayorías, el ecocidio, todos los genocidios.


1. Historiador y teórico político, uno de los principales pensadores del poscolonialismo y grandes intelectuales africanos . Miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. De su obra se ha publicado en español Necropolítica(2011), Editorial Melusina, Madrid.

2. Activista feminista y anarquista boliviana, cofundadora del colectivo  Mujeres Creando. Escritora, director de cine y comunicadora de radio y televisión. Pueden seguir sus programas en Radio Deseo y sus redes sociales.