Por Darío Aranda

Un reducido sector, con aval del Gobierno, impulsa el pan transgénico (y con agrotóxicos). Quiénes y cómo buscan aprobarlo. El factor Brasil. La interna empresaria. Y la voz de quienes reclaman: “No se metan con el pan”.

Un puñado de funcionarios. Una encumbrada científica del Conicet. Y medio centenar de empresarios. Ellos son los responsables de que 44 millones de argentinos estén a un paso de comer pan en base a trigo transgénico (y con restos de agrotóxicos), con consecuencias impredecibles en la salud y el ambiente. El macrismo lleva aprobados veinte transgénicos, de manera irregular, en tres años. Un verdadero experimento masivo a cielo abierto.

La principal estrella transgénica de Argentina es la soja, aprobada en 1996 por el entonces Secretario de Agricultura, Felipe Solá. Lo que sobrevino es historia conocida: uso masivo de agrotóxicos, desmontes, desalojos rurales y concentración de tierras en pocas manos. Fue un cambio radical en la estructura agraria del país. El “modelo transgénico” (llamado “agronegocio” por sus propios impulsores) avanzó luego en Argentina con otros dos cultivos: maíz y algodón. Se sabe que en Argentina el modelo agropecuario es política de Estado, sin importar los gobiernos de turno. Pero el macrismo dio un paso más: avanzó en la aprobación del primer trigo transgénico del mundo, cultivo que en Argentina abarca 5,6 millones de hectáreas y es central para el pan, uno de los alimentos más populares del país.

El trigo transgénico no está impulsado por Monsanto-Bayer, ni Syngenta-ChemChina, ni Corteva (fusión de Dow y Dupont). Se trata de una empresa “nacional”, conformada por medio centenar de empresarios del agro, entre ellos los millonarios Hugo Sigman (presidente del Grupo Insud, con presencia en cuarenta países, desde laboratorios farmacéuticos hasta medios de comunicación), Gustavo Grobocopatel (el llamado “rey de la soja”) y Víctor Trucco (presidente honorario de Aapresid, cámara que reúne a empresarios referentes del agronegocio e impulsores de los transgénicos en Argentina).

Bioceres se presenta como “proveedor totalmente integrado de soluciones en productividad de cultivos” y publicita que cuenta con “alianzas estratégicas con líderes mundiales, tales como Syngenta, Valent Biosciences, Dow AgroSciences, Don Mario y TMG”. Sus ejes de negocios incluyen semillas de soja, maíz, alfalfa y trigo.
En Noviembre de 2018, la empresa Bioceres había presentado su “trigo HB4”. La publicidad corporativa celebró su “tolerancia a la sequía”.

Ya pasó el visto bueno del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y de la polémica Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia). En Argentina, los estudios de “inocuidad” son realizados por las mismas empresas que producen los transgénicos y los expedientes son confidenciales. La Conabia, dirigida por Martín Lema, está controlada por las empresas: de 34 integrantes, 26 pertenecen a las compañías o tienen conflictos de intereses.

Para que los argentinos coman pan con trigo transgénico sólo resta un paso burocrático: la firma de la Secretaría de Mercados.

Ciencia de mercado

Raquel Chan es una investigadora conocida en el ámbito científico. Docente de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral y el Conicet, tomó notoriedad pública cuando desarrolló una soja resistente a la sequía. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el entonces (y actual) ministro de Ciencia, Lino Barañao, la mencionaban como ejemplo de la ciencia productiva para el país. “Este desarrollo significaría mayor producción de alimentos, con una población mundial que crece cada vez más”, afirmó Chan en 2012, en sintonía con el argumento central del agronegocio y la falsa necesidad de más alimentos para la humanidad, mientras en el país los precios suben y la comida escasea. Por cadena nacional, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la felicitó:

“Me siento muy orgullosa de formar parte de un gobierno y de un proyecto que ayude a que científicos argentinos puedan desarrollar estas aptitudes que le sirven a todo el mundo y que nos constituyen en un verdadero ejemplo”.

Lo que celebraban Chan, los funcionarios y empresarios era, para ellos, una buena noticia: más soja. Es decir, visto por las víctimas del agronegocio, más avance de la frontera agropecuaria, más desmontes, más agrotóxicos. Raquel Chan suele evadir la cuota de responsabilidad de los posibles impactos de su desarrollo.“Es algo que no va a depender de nosotros, va a depender de una decisión política. Estas cuestiones no dependen ni de nosotros ni de la empresa”, se excusó ante el diario El Litoral en 2012.

La científica trabajó con financiamiento estatal, junto a Bioceres en la soja y también en el trigo transgénico. El 18 de noviembre de 2018, la empresa emitió una gacetilla de prensa: “El trigo tolerante a sequía ya es una realidad”. Explicaba que fue presentado en campos de Alto Alegre (Córdoba) y Pergamino (Buenos Aires). Y destacó que el trigo “HB4” (como fue bautizado) es un “desarrollo conjunto” de Bioceres, la multinacional francesa Florimond Desprez y “la doctora Raquel Chan”.

La posibilidad de un alimento masivo como el pan proveniente de semillas transgénicas fue decidido entre un muy reducido grupo, sin debate social, y denunciado en pocos medios masivos (los no alineados con el agronegocio). En una inusual y sesgada columna en el diario Página 12, Chan defendió la (irregular) forma de aprobar transgénicos en Argentina, minimizó el uso de agroquímicos, omitió las consecuencias (sociales, ambientales y sanitarias) del modelo y resaltó el aspecto científico-empresario: “Su liberación (de transgénicos) comercial constituiría un hito en la historia de nuestro país ya que por primera vez se aprobarían tecnologías desarrolladas en Argentina y nacidas en laboratorios públicos. Las instituciones madres (Conicet y universidades nacionales) recibirán regalías por la comercialización de estos desarrollos que servirán para retroalimentar el sistema científico”. En línea con el discurso de Monsanto-Bayer, argumentó que los transgénicos son necesarios para “alimentar a la creciente población mundial”.

No se metan con el pan

Fernando Frank, integrante de la Asociación Campesina del Valle de Conlara e ingeniero agrónomo, estudia la situación del trigo desde hace una década pero mucho más desde 2016, cuando la agencia de noticias Reuters informó que un cargamento de trigo argentino había sido rechazao en Corea del Sur por estar contaminado con una variedad transgénica que, encima, no estaba autorizada en el país. Una hipótesis fue que estaba sembrada de forma ilegal.

Fernando Frank, que también integra el Colectivo AgroCulturas (grupo interdisciplinario que investiga el agro argentino), le respondió a Chan: “Realiza afirmaciones alejadas de la realidad, repite lugares comunes de la ciencia adicta a las transnacionales que concentran la venta de semillas y agrotóxicos, y oculta información que debería tener presente en su rol de investigadora del sistema público de ciencia”.

Le recuerda la forma irregular de aprobación de transgénicos (con la Conabia dominada por las empresas), la ausencia de debate público, y precisa que el modelo actual degrada los suelos y potencia la expansión de especies resistentes a herbicidas, que refuerza el círculo vicioso de más agrotóxicos. Le recuerda a Chan que, no inocentemente, ella omite mencionar que su trigo transgénico incorpora el uso del peligroso herbicida glufosinato de amonio.

“La ciencia adicta a las trasnacionales del agro repite una y otra vez falsas soluciones que omiten amplia documentación y experiencias en torno a las prácticas agroecológicas para salir de la grave calamidad ecológica, social y sanitaria que hoy atraviesa la agricultura, es decir la humanidad”, cuestiona Frank.

Una decena de organizaciones sociales lanzó en 2016 la campaña “No se metan con nuestro pan”, que alertó sobre los riesgos de comer pan con organismos genéticamente modificados: “Sabemos que los transgénicos son una amenaza para la biodiversidad, para el ambiente y la salud de todos. Sabemos que las aprobaciones y los controles son, en la Argentina, muy poco serios. Pero esto es peor. No queremos trigo ni pan transgénico. Exigimos saber qué estamos comiendo”. El documento estuvo firmado por la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la UBA (Facultad de Medicina), Acción por la Biodiversidad, Naturaleza de Derechos, Huerquen Comunicación, Foro Ecologista de Paraná y BePe, entre otras.

Frank explica que otro agravante es que el trigo transgénico puede fecundar al trigo convencional. Alerta que si las empresas logran la nueva ley de semillas (Cambiemos dio dictamen en la Comisión de Agricultura de Diputados y planea aprobarla antes de las elecciones), las cosechas convencionales podrán contener transgénicos (por simple contaminación) y los productores podrían ser obligados a pagar a las empresas.

El Grupo de Filosofía de la Biología (de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet) cuestionó que sea el mercado quien digite la política agraria y se dejen de lado las consecuencias sociales y ambientales. También remarcó que no se trata de una discusión de especialistas ni de científicos, sino que debe participar toda la sociedad y, sobre todo, los afectados directos por el avance del agronegocio (campesinos, indígenas, pueblos fumigados):

“Las investigaciones en torno a vegetales genéticamente modificados muchas veces se enmarcan en el modelo de cooperación público-privado, articulación entre organismos estatales de investigación y empresas; modelo orientado a maximizar las ganancias privadas, mientras que el bienestar de la población y de la naturaleza aparece en un segundo plano”.

Interna empresarial

El trigo transgénico abrió una discusión dentro del empresariado del agronegocio y también del gobierno nacional. Sólo resta la firma de la Secretaría de Mercados (segunda línea de Agroindustria) que aún no sucedió porque desde Brasil (principal comprador del trigo argentino) advirtieron de un posible rechazo al nuevo transgénico. Los productores locales temen no poder venderlo y esto provocó todo una debate en la llamada “cadena triguera”.

Bioceres y la científica Raquel Chan salieron de recorrida mediática defendiendo su producto (y negocio).

El secretario de Agroindustria y ex presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, tomó partido por los productores y pidió frenar la aprobación. Lino Barañao, ex kirchnerista y actual macrista (Secretario de Ciencia) apoyó sin tapujos a la empresa Bioceres junto a Aapresid. El argumento de Barañao-Bioceres-Aapresid promete que los demás países aceptarán el trigo argentino y que, si no lo hacen, de alguna forma se impondrá igual. Recuerdan que la soja transgénica hizo punta en Argentina, y comenzó a cultivarse de forma masiva e incluso sin aprobación en Brasil, Paraguay y Uruguay.

A fines de 2018, el director de Bioceres, Federico Trucco, se reunió con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y le argumentó todas las supuestas ventajas que Argentina tendría con el trigo transgénico. A fines de enero pasado, el presidente Macri recibió a Trucco. Se repitieron los argumentos favorables. En febrero hubo una tercera reunión, donde también estuvo Gustavo Grobocopatel (accionista de Bioceres), funcionarios de Agroindustria, INTA, Ciencia, Producción y exportadores, entre otros. Los trascendidos (en los medios del agronegocio) coincidieron que el Presidente pidió una solución en 60 días. “Hay riesgos que hay que asumir”, desafió el empresario Grobocopatel en una entrevista al diario Perfil.

En marzo, el ministro de Producción, Dante Sica, designó al ex presidente de Aapresid Pedro Vigneau como subsecretario de Mercados Agroindustriales, el área que debe firmar la aprobación final de los transgénicos.

Hoy, Mayo de 2019, aún no se resuelve si Argentina será el primer país en contar con trigo (y pan) transgénico.

Sí está confirmado que la decisión será tomada por un puñado de funcionarios, empresarios y científicos, de espaldas a la sociedad.

Gobierno Transgénico

En tres años, el gobierno aprobó 20 transgénicos (55 desde 1996).
La Secretaría de Agroindustria celebró el 14 de marzo pasado la aprobación de un nuevo maíz, de la multinacional Corteva, con uso de glifosato, 2-4D y glufosinato de amonio.

“Nuestra vocación es seguir promoviendo la biotecnología en nuestro país. Este es el camino que estamos haciendo para mejorar los rindes, la productividad y la competitividad de este sector”,

señaló el secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere.

No hay ninguna ley que obligue en Argentina a identificar qué producto contiene transgénicos (como sí sucede en la Unión Europea, Rusia, India, China y Australia, entre otros).

Y ningún país del mundo se animó a experimentar el pan transgénico con su población.

El presidente Macri tuvo un apoyo explícito al agronegocio en abril pasado en Entre Ríos. Ante un fallo judicial que protegió las escuelas rurales de las fumigaciones con agrotóxicos, el Presidente cuestionó al Poder Judicial: “Es un fallo irresponsable. Pone en peligro el trabajo de muchos entrerrianos”.

La Coordinadora Basta es Basta (que reúne a asambleas socioambientales, organizaciones sociales y docentes) le contestó en un comunicado: “Señor presidente, nuestros gurises merecen el mismo ambiente que Antonia”.

Recordaron que el cinismo es inherente a la casta política: a poco de instalarse en la Quinta Presidencial de Olivos, Macri y la primera dama, Juliana Awada, inauguraron una huerta con producción orgánica, libre de transgénicos y agrotóxicos.