Desde dos semanas atrás 42 migrantes rescatados en aguas territoriales de Libia naufragaban en el mar Mediterráneo a bordo de un barco de la ONG alemana Sea Watch. Ellos esperaban a que Italia abriera sus puertos para poder desembarcar, pero el vicepremier Matteo Salvini mantuvo su rechazo. La capitana del barco de la ONG Sea-Watch 3, Carola Rackete, desafió al gobierno de Italia y, atracó sin autorización en el puerto de Lampedusa, por lo que fue detenida inmediatamente.
Carola, de 31 años y nacionalidad alemana, anunció al gobierno de Italia, 17 días atrás, que los pasajeros se encontraban en mal estado físico y psicológico, pero no obtuvo una respuesta favorable. De acuerdo con el diario El País, Carola habla cinco idiomas y ya surcó las aguas de varios océanos. El miércoles, 26 de junio, alertó a Italia “¿Me recibís? Voy a entrar en aguas territoriales”. Carola decidió atracar aproximadamente a las 01.50 hora local (23.50 GMT) en el muelle comercial, pero durante su intento chocó contra una patrullera de la Guardia de Finanza (policía financiera y de fronteras italiana) que intentó obstaculizar su entrada, según han informado los medios locales.
Ahora es acusada de «resistencia o violencia contra un buque de guerra», delito que implica una sentencia de tres a diez años. A esto se suma que, de acuerdo con la nueva ley implementada por el Ejecutivo italiano, cualquier organización que entre en aguas territoriales sin la autorización correspondiente se expone a una multa de 50.000 euros y hasta a 15 años de cárcel para sus responsables.
Uno de los asesores legales de Carola, Leonardo Marino, aseguró que por el momento se le ha concedido el arresto domiciliario y sanciones de hasta 50.000 euros.
Carola ofreció una rueda de prensa este viernes 28 vía Skype desde el barco y, afirmó estar "segura de que la justicia italiana reconocerá que la ley del mar y los derechos de las personas están por encima de la seguridad y el derecho de Italia a sus aguas territoriales. Afrontaré todo con el apoyo de nuestros abogados. Ahora solo quiero que las personas puedan bajar a tierra", comunicó la capitana.
La capitana asegura que tiene intención de llevar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia, si tuviera que hacerlo. "No espero una condena. Y si tenemos que ir a Estrasburgo iremos. Me niego a creer que vivimos en una Europa a la que tienes que ir a la cárcel para salvar vidas necesitadas", manifestó para el diario Alemá Basler Zeitung.
“Estamos orgullosos de nuestro capitana, ella hizo exactamente lo correcto. Ella siguió la ley del mar y puso a la gente a salvo. En lugar de ella, (el ministro del Interior italiano) Matteo Salvini debe ser investigado por secuestro y violación del derecho internacional”, expresó en una nota el presidente de Sea-Watch, Johannes Bayer.
Sebastião Pinheiro es un ingeniero agrónomo e investigador social brasilero que ha sido pionero en el desarrollo de las propuestas agroecológicas, los bancos de semillas y la permacultura en América Latina. Colombia Informa, junto a otros medios populares de comunicación, aprovechó su reciente paso por Colombia para conversar con él.
Colombia Informa: ¿Por qué son importantes las huertas urbanas?
Sebantiao Pinheiro: Las huertas urbanas tienen la visión y la función de permitir a las personas más pobres consumir productos como hortalizas y frutas. Una población pobre come, normalmente, más almidón y menos proteínas, frutas o verduras.
Cuando utilizamos los espacios vacíos en las ciudades, pensamos en organizar al pueblo para tener salud para los niños y las familias, no para competir con los campesinos que tienen sus alimentos en el mercado.
Por ejemplo, cuando Cuba enfrentó la caída del muro, dejó de tener alimentos de la noche a la mañana; así, los vacíos urbanos en los territorios fueron ocupados y hubo producción local. Si queremos hacer una revolución tenemos que pensar en la identidad, en la soberanía alimentaria, en el empoderamiento de las personas en el sentido del poder consumir algo que antes estaba únicamente en la mesa del más pudiente.
Nosotros tenemos en las ciudades latinoamericanas un contingente de campesinos obligados a venir a la ciudad. Permitirles practicar agricultura en estas áreas urbanas es elevar el espíritu y la autoestima, porque la primera trinchera es el huerto que el campesino hace en su patio, en su traspatio, en su terreno baldío; ese trabajo tiene un valor comunitario.
¿Cómo afecta el cambio climático a las experiencias agrícolas basadas en el modelo de la permacultura y los cultivos biodinámicos?
El cambio climático es una de las amenazas más fuertes para los países más pobres porque tienen menos infraestructura y riqueza para aplicar soluciones, así como menos conocimiento científico y tecnológico.
Cuando hacemos un cultivo biodinámico, permacultura o agricultura campesina tradicional, los impactos son mayores. Sin embargo, la solución está en manos de los campesinos: fijar en el suelo una mayor cantidad de carbono, reactivando su ciclo y el del nitrógeno, dos ciclos naturales muy importantes.
Es por esta razón que los bancos quieren acaparar esta riqueza que es la fijación de carbón en el suelo. Los movimientos campesinos organizados tienen que estar conscientes de las implicaciones de una intervención financiera; nos tenemos que organizar y pelear contra eso.
¿Cómo afecta la agroindustria a la pequeña economía campesina?
La agroindustria es una forma de aprovechar los excesos de producción, es decir: yo produzco mucho durazno o melocotón, si no lo como se pudre, si lo pongo en almíbar voy a tener melocotón durante todo el año. Es una necesidad, pues el ama de casa actual no tiene mucho tiempo; si usted le trae la yuca, la zanahoria ya descascarada y lavada le hace un favor muy grande y eso le da al producto agrícola un valor agregado.
Siempre es necesario tener recursos para hacer alguna cosa, pero si viene una intromisión a través de un crédito del capital financiero, hay que pensar si realmente es ventajoso. Las grandes corporaciones les dicen a los campesinos, por ejemplo, que plantar palma aceitera es bueno, ¿Bueno para quién? Las comunidades, las organizaciones sociales son quienes determinan qué es beneficioso.
¿Cómo evitar la ampliación de la frontera agrícola que afecta parques naturales, páramos y otras áreas protegidas? ¿Los campesinos pueden conservar las zonas protegidas y permanecer en esos territorios vulnerables ecológicamente?
La ampliación de la frontera agrícola es la forma en la que el agro negocio enmascara su ineficiencia; en Brasil la productividad siempre se expande por la frontera agrícola, pero al costo de reservas naturales, ambientales, páramos, reservas de agua, reservas de clima, etc. Ese es un problema muy grave y tiene que ser discutido.
En toda América Latina crece el monocultivo de la palma africana. Si usted le pregunta a un campesino si quiere plantar palma él dice que no, jamás, sin embargo no tiene otra alternativa.
La empresa que domina la palma africana es Unilever; ésta es propiedad de la corona inglesa, la cual tiene los instrumentos para imponer y obligar a plantar palma donde, cuando y cuanta ella quiera. En Indonesia, Unilever provocó la casi extinción de un primate muy conocido: el orangután.
Nosotros tuvimos una discusión muy seria en Brasil porque había un asentamiento campesino cerca de un parque nacional y algunos ambientalistas no querían que se quedara allí. Fueron discusiones muy duras, pero llegamos a la siguiente conclusión: un campesino cuida mejor un parque que un guardia forestal, quien es un asalariado que lo hace no por su voluntad, sino porque le toca. Entonces, lo mejor para un parque nacional es que existan poblaciones dentro de él, poblaciones conscientes.
¿Cómo llevar los productos agroecológicos a los barrios populares? ¿cómo superar las barreras de precio?
Cuando empezamos a pelear contra los plaguicidas nos dimos cuenta de que el campesino era una víctima más, porque cuando iba a pedir créditos al gobierno le exigía como requisito utilizar el 20% para comprar plaguicidas.
Nosotros empezamos a hacer una agricultura sin plaguicidas, venenos, ni abonos; la idea que tenemos es que si el producto no tiene veneno debe ser más barato. Así creamos una cooperativa en donde la mitad de los miembros eran campesinos y la otra mitad consumidores; el campesino traía su producto directamente, no había terceros, y además debía venir con su esposa e hijos porque el intercambio cultural entre el consumidor y productor era el vínculo que queríamos impulsar.
Después hicimos una feria en la calle, pues no puede ser por falta de dinero que una persona deje de comprar un alimento sano; Boaventura de Sousa dice que eso es fascismo. Una sociedad en donde el pobre es obligado a comer con veneno y el rico puede pagar caro es una sociedad fascista con la alimentación y nosotros tenemos derecho a tener una alimentación sana, igualitaria y bien distribuida.
¿Qué estrategias han utilizado ustedes para proteger las semillas nativas?
Todos los países del mundo están tomando actitudes contra las semillas campesinas ¿Quién tiene el interés de quitar las semillas domesticadas, adaptadas al ambiente, adaptadas incluso al cambio climático? Pues las grandes empresas que tienen la industria de la semilla, los agroquímicos, la ingeniería genética, la biología molecular.
A las semillas criollas, nativas, nosotros les decimos semillas de la pasión porque toda semilla es fruto del amor. Si nosotros trabajamos la semilla demostrando que el campesino tiene amor por aquello creado hace 8 mil años, que esa domesticación viene de sus ancestros, de sus abuelos y que tiene una denominación de origen, eso genera identidad.
En las décadas de los 80s y 90s se empezó a decir que la biodiversidad valía mucho dinero. Esta diversidad pasó a tener un valor constante y sonante ¿quién determinaba ese valor? el que no tenía esa riqueza. Entonces comenzamos a crear nuestras semillas dentro de una visión que implica no usar plaguicidas, ni dejar que la semilla sea domesticada en un laboratorio para que los agrónomos desarrollen sus plaguicidas, así como todas las semillas modernas que deben ser fumigadas.
¿Cómo recuperar suelos tratados anteriormente con agroquímicos? ¿Cómo conservar sus nutrientes?
El suelo es un sistema complejo conformado por agua, nutrientes, materia orgánica, en donde hay una comunidad viva que necesita salud; cuando se emplean insecticidas, se provocan enfermedades.
La salud del suelo es salud para el campesino. En este momento, el Movimiento Sin Tierra de Brasil -MST- tiene 45 mil hectáreas de arroz orgánico, la mayor extensión de arroz orgánico en el mundo, sin un gramo de veneno. Se pueden usar muchas prácticas campesinas para recuperar y mantener el suelo: el descanso de la tierra, los abonos verdes. Nosotros usamos una leguminosa que se machetea para que quede sobre el suelo y se fermente; también usamos polvo de roca.
En Estados Unidos hay una práctica muy interesante y muy antigua. Ellos habitan la gran planicie americana que empieza en Texas y termina en Alaska. En esta pradera los indígenas no podían remover el suelo, pues el viento se lo llevaba; por esta razón utilizaban la cuba, una vara fuerte con la que hacían un agujero, ponían una semilla y la tapaban. Así el suelo no pierde su estructura: el microbio que está abajo está bien abajo y el microbio que está arriba está bien arriba. Entre menos mueva el suelo, más estructurado lo tiene y puede usar biofertilizantes así como abonos líquidos.
Sin embargo, en los monocultivos se utilizan grandes tractores y máquinas movidas con petróleo; todo eso hace parte de los intereses de un gran conglomerado llamado complejo militar industrial. No se olviden que todo tractor es también un tanque de guerra.
¿Cuáles son las alternativas viables para la sostenibilidad económica en los territorios?
La mejor alternativa es que ese territorio produzca la mayor cantidad de alimentos posible, de tal manera que pueda ser independiente de la oferta de alimentos producidos afuera. Si existe esta garantía de tener en la mesa suficiente alimento, la comunidad puede organizarse mejor porque esta independencia le proporciona autonomía alimentaria, posibilitando alcanzar la soberanía alimentaria.
Asimismo se debe garantizar que las semillas tengan una identidad local. Yo no puedo traer una semilla de Brasil a Colombia porque cada semilla se desarrolla en su ambiente desde hace por lo menos 3 mil o 4 mil años; ellas tienen una identidad dada por el sol, la lluvia, el frío, el viento. Por esa razón decimos: las semillas que yo cultivo en mi huerto son mis anticuerpos a partir de la evolución de la vida en el planeta y de mi evolución sobre este territorio.
Un grupo de pescadores de una comunidad indígena en Guatemala exigió conocer el impacto ambiental de una mina de ferroníquel implantada en sus tierras ancestrales. Uno de ellos fue asesinado, y un periodista local fue criminalizado por cubrir la historia. Forbidden Stories, un consorcio internacional de 40 periodistas que publican en 30 medios de comunicación, unió fuerzas para continuar el trabajo del reportero. Este artículo forma parte de la serie “Green Blood”, un proyecto que sigue indagando las historias de periodistas amenazados.
Si no fuera por un periodista que tomó fotos ese día, algunos podrían decir que no está claro cómo ocurrieron los últimos momentos de Carlos Maaz. Había una nube de gas lacrimógeno, el caos de una protesta improvisada, el eco de balas y rocas volando entre la multitud. En una fotografía, sin embargo, se le ve parado, en medio de la calle, entre los manifestantes, con las manos en los costados, sin arma. Un minuto después, el cuerpo del pescador yace sobre el pavimento y un policía, echado atrás en la parte trasera de una camioneta pickup, con la pistola en la mano, apunta hacia la cámara. Las imponentes montañas verdes de la Sierra de Santa Cruz permanecen impasibles en el fondo, frente a un asesinato cometido por un hombre en uniforme. La serie de fotografías durante mucho tiempo era la única prueba concreta de lo que sucedió ese día.
Según su esposa, Maaz fue abandonado durante medio día antes de que los aldeanos, conscientes de que las autoridades no iban a mover el cuerpo, lo recogieran y lo enterraran. Carlos Maaz era miembro de la comunidad maya Q’eqchi de Guatemala: un grupo indígena con un apego especial a la tierra. Era un pescador artesanal, preocupado por la sospechada contaminación del lago que era su medio de vida. También era padre y esposo.
"Él nos proveyó y nos cuidó”, dice su viuda Cristina Xol. “Cuando lo asesinaron, ni siquiera pensé en ser feliz. Desde ese día ya no me siento segura en ningún lugar. Y ahora no hay quién me ayude”.
La sociedad que está a la raíz de las preocupaciones de los pescadores es Solway, un grupo operando originalmente en Rusia y con sede en Suiza y una sociedad de cartera en Malta. Se instaló en 2011 en El Estor, un municipio remoto oculto en medio de montañas y colinas, para tomar el control de una mina de ferroníquel llamada Fenix Project, que vende el precioso mineral a diversas industrias, como la construcción o la electrónica.
Impunidad policial
Durante la conferencia de prensa posterior a la protesta, la policía negó que alguien hubiese muerto. Era simplemente una mentira, según Carlos Choc, periodista de la agencia de noticias mayas Prensa Comunitaria, quien tomó la foto del cuerpo sin vida de Maaz. El periódico digital de la comunidad acababa de iniciar un proyecto, de un año de duración, que iba a cubrir el impacto social y ambiental de la mina. El proyecto quedó detenido ese día. La investigación criminal sobre la muerte de Maaz estaba paralizada, mientras que las autoridades llegaron incluso a abrir una causa penal contra Carlos Choc.
Forbidden Stories, un consorcio de 40 periodistas que publican en 30 de medios de comunicación en el mundo, incluyendo Prensa Comunitaria, han retomado el trabajo de Choc. Después de una investigación de ocho meses, descubrimos que las autoridades guatemaltecas han mentido de forma repetida sobre lo que le sucedió a Maaz, así como sobre el impacto ambiental de la mina. También descubrimos que los reporteros que investigan estos hechos, han sido criminalizados erróneamente por hacer su trabajo. Y que las comunidades Maya Q’eqchi” que viven en El Estor tienen razón al preocuparse por su tierra y salud.
Carlos Choc, periodista local en El Estor, presenció la muerte del pescador Carlos Maaz. Es el autor de la fotografía de este asesinato. Desde entonces, es perseguido por “amenazas, incitación al crimen y asociación ilícita” después de cubrir las manifestaciones de mayo del 2017 en El Estor. Cuenta el instante en el que todo se vino abajo.
La “misteriosa” mancha roja
El día que murió, Carlos Maaz, participaba a una protesta con un grupo de pescadores. La causa de su preocupación: una mancha roja que apareció en marzo de 2017 en el lago Izabal, el lago más grande de Guatemala, y que atribuyeron a la mina de ferroníquel.
Pidieron un estudio ambiental. Un mes después, el gobierno tomó muestras de agua y concluyó que la maleza acuática era la culpable de la coloración del lago.
Aquella era causada por la Hydrilla, una planta acuática invasiva, dijo Alonzo, “que es roja, la mancha roja es parte del ecosistema del lago. Esa Hydrilla creció gracias al agua contaminada por bacterias, por causa de la falta de plantas de tratamiento de aguas residuales en el río Polochic ”.
Sin embargo, los expertos que consultamos llegan a una conclusión diferente. Según el biólogo brasileño especializado en contaminación del agua, Lucas Barreto Correa,
“Todos los resultados de los análisis existentes muestran una clara evidencia de los elementos característicos de las actividades mineras. Hay inconsistencias en las declaraciones oficiales, y se necesita una información gubernamental más consolidada con respecto a la contaminación presente en el lago”.
Cerrando los ojos
Durante una visita de la mina realizada por los reporteros de Forbidden Stories, la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN)- compañía que opera en la mina- negó categóricamente cualquier daño al medio ambiente. “No daña al lago porque, de hecho, tanto Pronico [la planta de procesamiento de metales] como CGN tienen programas de monitoreo ambiental”, dijo Carlos Fernández, director de una reserva natural administrada por la mina. “Tenemos certificaciones [de la Organización Internacional de Normalización], y estamos comprometidos con los estudios de impacto ambiental autorizados por el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas, y esos compromisos son una gran responsabilidad que cumplimos como empresa”. La empresa matriz Solway dijo que los niveles de contaminación no habían cambiado desde que la fábrica comenzó a operar.
Los pescadores no lo creyeron y afirmaron que la sospecha de contaminación les estaba afectando significativamente.
Anne Michel, Micael Pereira y Jules Giraudat obtuvieron el permiso de visita de la mina de níquel de parte de la empresa CGN-Pronico en El Estor. Los lleva allá Maynor Alvarez, responsable de las relaciones con las comunidades. Una oportunidad de cuestionarlo con preguntas que molestan.
“No podremos vivir de los peces si continúan contaminando nuestra agua”, dijo Alfredo Maquin, uno de los pescadores. “¿De qué vamos a vivir, qué les daremos a nuestros hijos? ¿Dónde vamos a trabajar?”
Finalmente el Ministerio de Medio Ambiente, anunció en una nota sumamente corta que se celebraría una reunión a 60 kilómetros de distancia del pueblo para abordar las inquietudes de los pescadores según el padre Ernesto Rueda Moreno,sacerdote que ejercía como contacto local para las autoridades.
Sin embargo, habían rumores de que se inciaban procedimientos penales contra ellos por bloquear el paso de los camiones desde la mina unas semanas antes. “Los pescadores temían ser arrestados”, recuerda el padre Ernesto.
David y Goliat
Cuando se reunieron al amanecer del 27 de mayo de 2017, se dieron cuenta que las autoridades guatemaltecas los habían abandonado. La respuesta de los pescadores fue organizar un bloqueo. No era el primero que armaban. Por su parte la policía ya estaba de camino. Cuando los pescadores comenzaron a tirar piedras, los policías respondieron con balas. Una hora y media después, Maaz yacía sangrando y muerto en el suelo, disparado en el pecho por un policía.
Dos años y un informe de balística más tarde, el ministro de Medio Ambiente, Alfonso Alonzo, todavía niega que una persona haya muerto Cuando periodistas de Expresso (Portugal) y Le Monde (Francia) lo enfrentaron en su oficina de la ciudad de Guatemala, él continuó dándole vueltas a un tecnicismo: “No se hizo ninguna investigación, no se pudo hacer ninguna investigación, ningún fiscal ni nadie del estado oficialmente estuvo ahí para verificar si esa persona había muerto ” dijo.
Por ende nadie ha sido responsabilizado por el asesinato de Carlos Maaz. En cambio, han sido criminalizados tanto los pescadores como los periodistas. Las órdenes de detención emitidas en agosto de 2017 acusaron a siete de ellos de “amenazas”, “incitación a cometer delitos” y “asociación ilícita”.
Los pescadores fueron inicialmente procesados por una manifestación anterior durante la cual bloquearon una carretera en El Estor y acusados por detener en su coche empleados de la mina. Choc y su colega Jerson Xitumul solo fueron mencionados en los expedientes judiciales posteriormente.”Creemos que los hechos presentados por la compañía como acusación no fueron suficientes para justificar una orden de arresto”, dijo el abogado de Choc. “De lo que hemos analizado en el expediente, hemos visto que se basa en identificaciones hechas por el abogado de la empresa que no estaba presente en el momento de los hechos”.
Según José Felipe Baquiax, un juez que preside la sala de lo criminal del Tribunal de Guatemala, los tipos de cargos presentados contra los pescadores y los periodistas suelen ser los que se usan contra el crimen organizado, no contra los manifestantes. “La libertad de expresión está reconocida en la Constitución, por lo que esto no constituye un delito”, subrayó Baquiax. “Debo decirle que no he visto aquí, desde que empecé como juez hasta ahora que soy magistrado, a nadie condenado por haber participado en una manifestación”.
Para los dos reporteros de Prensa Comunitaria, estos cargos significaban la amenaza de un arresto. Jerson Xitumul pasó un mes en una de las cárceles más peligrosas del país antes de que se le permitiera regresar a casa bajo arresto domiciliario. En julio de 2018, se retiraron todos los cargos contra él, pero decidió abandonar el periodismo.
Cuando Carlos Choc vio lo que le había pasado a su colega, decidió esconderse. “Tenía que vivir clandestinamente” recuerda. “Todo mi corazón está en mi ciudad, mi pasión por mi trabajo periodístico está en El Estor, pero hubo momentos en los que me desesperé”. Durante ese tiempo, Choc, se separó de sus hijos y tuvo que vender la mayor parte de sus posesiones al no poder trabajar.
Choc comenzó a trabajar en el mundo del periodismo hace 12 años y se unió a Prensa Comunitaria en diciembre de 2016. Prensa Comunitaria es la agencia de noticias mayas en Guatemala cuyo objetivo es “documentar la voz de la comunidad y sus diferentes luchas”.
Choc describe su trabajo simplemente como “decir la verdad”. Su pasión por el periodismo se remonta a su adolescencia. “Cuando tenía 15 años, recuerdo que a mi padre realmente le gustaba escuchar fútbol”, recuerda sonriendo. “Recuerdo que cuando él ponía la radio, a veces me gustaba narrar el juego. Ahí es donde nació mi trabajo como periodista. Luego, fui conociendo un poco más y también descubrí la necesidad que existe en nuestras ciudades y en nuestro pueblo de poder informar de la realidad de las cosas.”
Las tensiones entre las comunidades maya Q’eqchi, las autoridades y la mina han ido aumentando durante décadas. En El Estor, la operación minera de ferroníquel ha significado una reducción del gigantesco pulmón verde que era el bosque. Desde el cielo, ahora se puede ver una mancha de color naranja allí donde estaban los árboles: edificios y tuberías cubiertas de polvo de mineral.
En 2007 y 2009, las expropiaciones originales, necesarias para el establecimiento de la mina, provocaron acusaciones de violaciones y asesinatos por parte de la policía y las fuerzas de seguridad de la mina. En ese entonces, la mina era propiedad de una compañía canadiense, Skye Ressources, antes de que la compraran otros canadienses, la compañía, Hudbay, quienes finalmente la vendieron a Solway.
Arriesgando sus vidas
En El Estor, los rusos reemplazaron a los canadienses en 2011, pero la compañía operadora sigue siendo la Compañía Guatemalteca de Níquel. La seguridad industrial de la empresa ha sido cuestionada repetidamente. En 2016, la explosión de una caldera mató a cinco trabajadores. “Muchos de nosotros les advertimos que esta caldera era peligrosa y lo ignoraron”, explicaba Manuel Ramos Ochoa, ex empleado. “Están interesados en producir, producir, producir … ¡No les importa la vida de nadie!”
La viuda de uno de los trabajadores muertos en el accidente cuenta una historia similar. Ella desea permanecer en el anonimato por temor a que, al hablar, la compañía pueda quitarle la compensación financiera que recibe como resultado de la muerte de su esposo.
“Cuando él murió, siguieron trabajando”, dice. Su esposo había advertido varias veces sobre los problemas con la caldera hasta el día fatal de la explosión. “Su jefe dijo que no importaba, que siguiera trabajando, que nada iba a suceder. Incluso dijo que habían más muertos su país y que eso no era nada, que eso no era nada de asombro, que ellos ya estaban acostumbrados a perder gente, bastante.”
En un comunicado, el presidente del consejo de administración de Solway, Dan Bronstein, confirmó que en la mañana del 13 de agosto de 2016, día de la explosión de la caldera, se habían producido problemas previamente al drama, en una unidad de almacenamiento temporal de residuos auxiliares de la caldera en cuestión. “El personal de la central térmica detectó que la pared de la tolva se había desgastado.”, dijo. Pero “De acuerdo con la documentación de diseño de una caldera de ese tipo, este tipo de desviación no requiere que se detengan los trabajos.”, dijo justificando la decisión de no cerrar la caldera ese día trágico. Agregó que la empresa está reemplazando la caldera dañada por otra de otro fabricante y que otra caldera, idéntica a la que explotó, fue apartada. “Expertos contratados por la empresa operadora y una investigación del gobierno no pudieron establecer la causa de la explosión.”, declaró.
Una mina que nunca para
Fuera de la mina, las preocupaciones sobre su impacto ambiental están creciendo. Si bien no hay pruebas definitivas de que las operaciones mineras hayan causado problemas a los pescadores y a las personas, existen pruebas de un daño ambiental creciente. Los aldeanos reportaron haber visto humo rojo saliendo de la mina de noche.
“Por la noche, quitan los filtros, cuando están procesando sus productos”, dijo Ochoa. “Piensan que la gente no lo ve, y al final, nadie dice nada al respecto”. Un portavoz de la mina negó que su planta de procesamiento emitiera vapores rojos por la noche, a pesar de la evidencia fotográfica de lo contrario.
Forbidden Stories probó la calidad del aire durante un mes con un sensor ambiental. Los resultados muestran picos de concentraciones de partículas finas seis veces más altas que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. “Estos son los niveles que se pueden medir en China durante los principales episodios de contaminación”, dijo el científico atmosférico Boris Quennehen.
En un comunicado, Solway dijo que “las concentraciones excesivas de [partículas finas] en las comunidades están asociadas con fuentes de polvo no están relacionadas con las fábrica de la mina: polvo de la carretera, incineración de residuos en los campos y madera utilizada para cocinar”.
En El Estor, Guatemala, la comunidad local sospecha que la mina vecina propiedad de la multinacional Solway contamina el medioambiente. Anne Michel del Mundo, Micael Pereira del diario portugués Expresso y Jules Giraudat de Forbidden Stories han medido los niveles de partículas finas en el aire a los alrededores de la mina y ese día, estaban por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
“Estamos preocupados porque eso tiene un impacto a largo plazo”,
dice Anibal Coti, director de un centro médico en El Estor. “Hay personas que ingresan con problemas bronquiales, problemas de asma, bronquitis, neumonía”.
Ignorando las preocupaciones
Durante una visita a la mina en abril, los reporteros de Le Monde (Francia) y Expresso (Portugal) enfrentaron a Maynor Alvarez, gerente de asuntos comunitarios de la CGN. Él simplemente les respondió: “El monitoreo se lleva a cabo, no solo para el agua: para el agua, el polvo y el ruido. Y el monitoreo se lleva a cabo periódicamente de acuerdo con lo que la ley ordena. Tenemos fe, yo como Pronico, yo como autoridad, yo como comunidad, tenemos fe en estos monitoreos”.
En cuanto al gobierno, los aldeanos sienten que se han ignorado en gran medida sus preocupaciones. “Los gobiernos nunca piensan realmente en los pueblos indígenas”, explica Cristóbal Pop, el líder de la asociación de pescadores. “Lo que les importa son solo los intereses, dónde hacer dinero con las empresas, que les puede dar buenas ganancias, independientemente de la vida de la gente, del campesino, de los indígenas”.
Después de pasar un año y medio escondido, el periodista Carlos Choc finalmente pudo ver a un juez en Enero y logró evitar la prisión preventiva. Ahora está esperando una audiencia sobre su caso.
“Nunca pensé, durante los 12 años que trabajé como periodista, que algún día pasaría por esto debido a mi trabajo”, dijo. “Sé que las falsas acusaciones van a terminar. Y cuando todo esto termine, no quiero llorar.”
Director y editor del proyecto: Laurent Richard Coordinator del proyecto: Jules Giraudat Periodistas: Arthur Bouvart, Marion Guégan, Cécile Schilis-Gallego Investigadoras: Paloma Dupont de Dinechin, Audrey Travère
En Honduras, las movilizaciones que piden la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández están siendo brutalmente reprimidas por el gobierno del país, dejando hasta la fecha un saldo de dos personas fallecidas.
Las dos víctimas que fueron reportadas por el Hospital Escuela de Tegucigalpa como Erick Peralta y Luis Maldonado, el primero por una herida con arma blanca y el segundo por un disparo en la cabeza. Además, se reportan numerosos heridos en varias ciudades del país.
Las protestas empezaron a finales del mes de abril, cuando el Parlamento aprobó dos decretos ejecutivos de emergencia, conocidos como PCM-026 y 027, estableciendo la creación de una Comisión Especial para la Transformación del Sistema Nacional de Salud y otra para la Secretaria de Educación, para reformar el actual sistema. Según los manifestantes, encaminaban a la privatización de la educación y la salud publica, así como al despido masivo de personal.
El 2 de junio, el Gobierno derogó los dos decretos, pero las movilizaciones no han cesado por falta de confianza en las autoridades. Médicos y docentes también iniciaron una Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación, mediante la cual están llevando a cabo un "Diálogo alternativo ciudadano" para la mejora los sistemas de educación y la salud. Ese diálogo se realiza en paralelo al que promueve el Gobierno y al que no asistieron los maestros y médicos de la Plataforma, porque consideran que es falso.
Varios sectores de la población, en particular estudiantes, se sumaron a las movilizaciones y exigen ahora la salida del poder del presidente, a quien acusan de "usurpador" y de haberse reelegido mediante un fraude.
La magnitud de la movilización demuestra el hartazgo de la población hondureña frente a la situación de violencia, despojo, pobreza, represión e impunidad en la que vive todos los días. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 65,7 % de los Hondureños estaba en esa situación de precariedad en 2016, lo que hace del país el más pobre de la región.
Tomas de carreteras en todo el país
En los últimos días, se han reportado quemas de neumáticos y tomas de carreteras en la capital así como en otras ciudades como San Pedro Sula, El Progreso, La Lima, Santa Bárbara, Santa Rosa de Copán, La Ceiba, Comayagua y Danlí, en el norte, occidente, centro y oriente del país.
El martes pasado, transportistas y policías se sumaron a las protestas. El paro del transporte de carga ha provocado que las gasolineras sufrieran desabasto de combustible. Por su lado, los policías, desde la facción en paro de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), comunicaron: "Le reiteramos al Gobierno que nuestra postura es firme, y que no vamos a reprimir más al pueblo hondureño. Que busquen una solución mediante el diálogo". Además, pidieron a sus demás colegas que se sumarán al movimiento, a y a los manifestantes abstenerse de realizar “actos violentos y vandálicos”. Sin embargo, los dos sectores se reintegraron a sus puestos el viernes tras llegar a un acuerdo con el gobierno.
Los demás manifestantes continuaron con el cierre de carreteras en varios puntos del país y se enfrentaron a los antidisturbios.
"El país está viviendo un estado de insubordinación nacional. Comenzó como una bola de nieve, pero ahora es un bola de fuego", explica Víctor Meza, director del Centro de Documentación de Honduras (Cedoh) en una entrevista para El Pais, aunque advierte que "es un movimiento que puede debilitarse. Tiene la fortaleza de la espontaneidad, pero carece de estructura y organización interna que le den sostenibilidad en el tiempo".
El presidente ordena despliegue del ejército
Para contrarrestar las protestas, el gobierno de Juan Orlando Hernández ordenó el despliegue de la policía militar, una rama del ejército capacitada para acciones de guerra y no para acciones preventivas.
El presidente justificó su decisión diciendo que el Estado tiene la obligación de "garantizar el derecho a la libertad de locomoción, protección de propiedad privada y pública y desde luego la protección de integridad de la población”.
Además, este viernes Hernández les dio la bienvenida a los marines estadounidenses de la Fuerza de Tarea Marina Aeroterrestre de Propósito Especial del Comando Sur.
Hablando del mandatario, el analista Victor Meza concluyó que "es un gobernante que se mantiene gracias al respaldo que le da hasta este momento la cúpula militar y Washington, porque Hernández es un aliado muy obediente de EE.UU. en materia de seguridad regional, pero también es un aliado incómodo, por sus vínculos con el narcotráfico internacional y por la corrupción reinante"
En respuesta a la "Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP)" implementada por el gobierno de Martín Vizcarra, actual presidente de Perú, este jueves 20 de Junio cientos de trabajadores pertenecientes a la Confederación General de Trabajadores (CGTP) realizaron un paro nacional de labores. Entre sus exigencias esta el incremento del salario mínimo de 1,600 soles (usd $483), así como la nivelación de las pensiones y la reestructuración del Seguro Social.
Fue el 28 de Diciembre del 2018 cuando el mandatario de este país andino aprobó oficialmente, mediante Decreto Supremo (DS), las políticas que buscan potenciar la productividad y el crecimiento sostenido de su economía, pero los trabajadores ven estas políticas como una reforma laboral que provocará una reducción en el número de días de vacaciones y la flexibilización de contrataciones y despidos. “No nos oponemos a la política de competitividad sino a está forma de política que el gobierno está dando sin respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras”, dijo la vicepresidenta de la CGTP, Carmela Sifuentes.
Entre los diversos componentes de esta reforma, los trabajadores muestran su preocupación por el Objetivo numero 5 que establece: Crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo digno, un marco regulatorio adecuado y mejora de los procesos de fiscalización laboral para la formalización de los trabajadores.
Uno de los objetivos de esta movilización es derogar el punto de estas políticas laborales. “Le decimos al Gobierno que si su política de competitividad es para mejorar el desarrollo del país, ¿cuál es el temor que se derogue el objetivo 5 y se empiece a discutir desde el espacio de diálogo social, que es el órgano tripartito, donde están el Estado, los empresarios y los trabajadores?”, cuestionó Manuel Coronado, secretario de organización de la CGTP, quien sostuvo que el gobierno no tomó en cuenta a los trabajadores para la elaboración y aprobación de esta reforma.
A pesar de que el gobierno de Vizcarra había prohibido estas movilizaciones, cuatro centrales sindicales del Perú y organizaciones sociales se han movilizado en la capital de Lima. “Con garantías o sin ellas el paro unitario nacional, cívico y popular se realizará”, anunciaba unas horas antes el secretario de la CGTP Gerónimo López Sevillano.
También las trabajadoras y trabajadores de la limpieza pública se sumaron al Paro Nacional desde tempranas horas de la mañana. El paro convocado por la CGTP y otros sindicatos fue replicado en diversos puntos del Perú. El saldo fue 30 detenidos Huancayo, entre ellos 16 venezolanos que participabas en las protestas según los informes de la policía.También la marcha contra el cobro de Peaje en el distrito Puente Piedra fue reprimida con gases lacrimógenos por la policía.
Fotos de la protesta contra el peaje. De Waika /Comunicambio
Conferencia de prensa de la comunidad Otomí residente en CDMX.
Este 15 de junio de 2019, a las 10 de la mañana se llevó a cabo una conferencia emergente en la calle Roma 18, colonia Juárez en la Delegación Cuauhtémoc ubicada la Ciudad de México. La comunidad Otomí residente en la CDMX convocó de manera emergente ante la alerta de un desalojo en próximos días, denunció el racismo y la discriminación que viven por parte de las autoridades gubernamentales y las clases acomodadas de esta colonia.
“Queremos hacer una denuncia pública directamente en contra del gobierno de la ciudad, en contra de Claudia Sheinbaum, quien es responsable directamente de la política pública que se pueda llevar a cabo de la CDMX, queremos señalar la responsabilidad de la alcaldía de la Cuauhtémoc. Nestor Nuñez, el tiene mucho que ver en la situación que se vive”,
afirma Diego García Bautista, representante legal de la comunidad Otomí e integrante de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) Benito Juárez.
Bautista indica que la comunidad indígena ocupa el inmueble hace más de 20 años. La historia del inmueble data de 1930 y albergó la embajada de España en México. Después de los sismos de 1985 quedó abandonado y la comunidad indígena ocupó inmuebles vacíos en las colonias Roma y Juárez.
Estos, como Roma 18, Guanajuato 200 y Zacatecas 74, están inscritos de modo oportuno en el Instituto de Vivienda (INVI) a través de sus programas que contemplan inmuebles con alto riesgo estructural para ser expropiados en pro de un bien común. "Tenemos un sustento jurídico", sentenció la comunidad Otomí.
El representante legal anunció que existe una situación de urgencia desde el pasado 19 de septiembre del 2018, pues debido al violento desalojo se mantuvieron en un campamento a las afueras del inmueble.
“Nunca conocimos una orden”, afirma y recuerda que el 31 de mayo pasado se llevó a cabo un nuevo desalojo a cargo del cuerpo de granaderos que se efectúa en contra de los habitantes vecinos, ubicados en Londres 7: “La comunidad vecina ya no se encuentra, esto deja en plena indefensión a Roma 18”.
Por su parte, Néstor Nuñez anunció en conferencia de prensa la desocupación de Roma 18, por lo que la comunidad decidió alertar a la ciudadanía, a las organizaciones sociales y a los medios de comunicación sobre un inminente desalojo.
“Hacemos un llamado urgente a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para que esta mesa de trabajo que hemos demandado de manera directa pueda tener sentido para resolver. Desde su arribo a la jefatura, un solo funcionario se ha presentado para resolver la problemática. Denunciamos la política de gentrificación que tiene como total objetivo el desplazamiento de la Comunidad Otomí. Estamos enfrentándonos a un desplazamiento, lo que vemos comúnmente en las comunidades rurales lo vivimos aquí. Lo que están viviendo es un escenario de discriminación”, enfatizaron los denunciantes.
Incongruencia
La comunidad Otomí también criticó a la presidencia en turno: “Cuando hace su arribo AMLO para gobernar, el país recibe de una serie de pueblos un bastón de mando que contradice lo que hoy está pasando aquí. No hay congruencia en el discurso ni en la política pública del Gobierno Federal y esta comunidad hace esta denuncia, en términos de una salida en atención a la urgencia de vivienda”.
Durante la conferencia, Filiberto Margarito, integrante de la Comunidad indígena Otomí residente en la CDMX, inició con un saludo en lengua otomí y compartió su experiencia:
“Racismo es lo que estamos sufriendo en la Ciudad de México. El año pasado instalamos una escuela autónoma otomí. Los niños salen a la banqueta a estudiar y los vecinos se molestan y dicen que no pueden estar aquí afuera. Por la vestimenta que tienen dicen que somos unos farsantes. Que nos vayamos a donde venimos. También nosotros tenemos derecho a una vivienda, que queremos pagarlas no que nos la regalen por parte del gobierno. En la escuela en que van nuestros niños, la discriminación es por parte de la directora. Nos iban a cerrar la escuela Alberto Correa. Los vecinos de enfrente nos dicen que no podemos estar aquí porque somos delincuentes, nos acusan de robo de partes, trata de blancas y narcomenudeo. Somos artesanos, unos venden manzanas, somos comerciantes. En la colonia, saben las autoridades dónde venden las drogas, donde venden las autopartes. Nosotros aquí vivimos. No somos esa clase de personas. Con eso están en las redes y nos han señalado por algo a lo que no nos dedicamos”.
Estela Quirino, mujer habitante de Roma 18, integrante Comunidad indígena Otomí residente en la CDMX, también compartió:
“Que bueno que nos vinieron a ver cómo vivimos. Nosotros vivimos muy mal porque la gente nos discrimina. No se me hace justo que nos vean y nos digan de cosas. Viene un desalojo sin ningún documento; 200 o 300 granaderos vienen, todo lo que teníamos allá adentro lo perdimos definitivamente. Es cosa que a nosotros nos cuesta, salimos a trabajar. No es justo que el gobierno que está venga y nos quite un pedazo de donde vivimos. Los vecinos nos discriminan, no dejan que los niños jueguen aquí, nuestros niños. Nos dicen quítense porque no tienen derecho ¿Por qué no?
Tenemos derechos, no porque seamos indígenas nos vamos a quitar y no nos vamos a dejar que nos traten como nos traten. Queremos una vivienda digna para nosotros y nuestros hijos. No todo el tiempo nuestros niños van a estar viviendo en la calle. No nos vamos a ir. Yo quiero lo mejor para mis niños. Viene otro desalojo sin ningún documento. Los granaderos vienen y golpean a nuestros compañeros y no se nos hace justo. Vamos informamos todo y no nos hacen caso. Eso no se me hace justo a mi”.
Román Sánchez Nuñez, integrante de Colectivo Zapatista Neza, explica que el término de gentrificación tiene que ver directamente con una idealización de las ciudades, en donde la figura del indígena no es bienvenida, pues atiende directamente a un proceso capitalista.
Por último la comunidad Otomí hace un llamado a la solidaridad, pues la amenaza de desalojo es latente y vulnera directamente su derecho a la vivienda.
