Este reportaje es parte de cuatro entregas que documentan sobre los sistemas normativos de los pueblos originarios de Oaxaca. De los 570 municipios que conforman este estado, 418 se rigen por la forma tradicional de organización política conocido como “usos y costumbres”, sólo 152 han adoptado el sistema convencional de los partidos políticos.

En el año 2006 un equipo de geógrafos de la Universidad de Kansas realizaron una serie de mapeos de tierras comunales de la Sierra Norte de Oaxaca, bajo el proyecto denominado México Indígena, como parte de las Expediciones Bowman. Esto con el objetivo de incorporar por la fuerza o por la vía de acuerdos, los territorios indígenas al modelo corporativo transnacional de propiedad privada, con el argumento esencialista propagado por Geoffrey B. Demarest, que afirma que no hay paz sin propiedad privada. Dichas expediciones de interés estratégico para los Estados Unidos, con fines militares y geopolíticos, ha sido coordinadas desde el inicio por Peter Herlihy y el propio Demarest, este último teniente coronel del ejército de dicho país.

Aldo Gonzales Rojas, director de Vigencia de Derechos Indígenas del gobierno de Oaxaca afirma: "Las expediciones Bowman esta dentro de la lógica de contrainsurgencia de los Estados Unidos y lo denunciamos en el año 2009. Estas expediciones estaban haciendo una investigación sobre la información geográfica que poseen las comunidades indígenas de la Sierra Juárez. Los investigadores ocultaron que estaban financiados por  El Pentágono. Y creemos que esta investigación era una especie de piloto para ensayar como podrían hacer investigación en otros lugares del mundo en relación con pueblos indígenas y sus tierras comunales".

De acuerdo con el investigador y antropólogo Gilberto López y Rivas, «los agentes de las expediciones consideran  que las formas de propiedad comunal, colectiva y autónomas de las tierras representan un obstáculo para los planes de desarrollo que ya se están ejecutando de una forma muy agresiva, donde hay capital de empresas mineras, farmacéuticas, energéticas, entre otras». Las tierras comunales en México se reconocieron después de la Revolución Mexicana —en el año 1917— y han estado bajo posesión de los pueblos indígenas desde tiempos inmemorables.

El geógrafo y profesor de la Universidad de Colorado, Joe Bryan, afirma que como punto de referencia a esta ofensiva hacia las tierras comunales, esta el Comando Sur del ejército de los Estados Unidos,  uno de los diez que dicho país tiene desplegados en el mundo y que abarca el área relativa al Sur del continente Americano, América Central y el Caribe.

Han vuelto la vista donde no hay presencia estatal y ausencia de propiedad. Van buscando áreas comunales y presentan esas áreas como propicias para el narcotráfico y el crimen. Así que el Comando del Sur esta buscando como hacerse socio de los gobiernos y de ONG en Latinoamérica y con ese fin utilizan, por ejemplo, la operación llamada Misión Continua, que promueve servicios de salud a las comunidades, como método de ocupar el territorio y de contrainsurgencia.

El pensamiento de Demarest, como ideólogo o intelectual orgánico de estas expediciones, considera que la propiedad colectiva de la tierra es la matriz de la delincuencia y de la insurgencia y por ello hay que destruirla. Demarest es uno de los militares que formó la Escuela de las Américas, administrada por el Ejército de los Estados Unidos y fundada desde 1946 en Panamá con el objetivo de entrenar a soldados latinoamericanos en técnicas de guerra y contrainsurgencia. En los últimos años graduados de la Escuela de las Américas han participado en asesinatos en Colombia; han sido parte del grupo narcotraficante Los Zetas en México; y han estado involucrados en el golpe de estado en Honduras en el año 2009, como lo demostraron los activistas estadounidenses de SOAW, quienes ganaron una demanda en contra Departamento de Defensa en febrero del año 2013.  

«Demarest es uno de los coordinadores de estas expediciones. Fue entrenado en la Escuela de las Américas, posteriormente fungió como agregado militar de la embajada estadounidense en Guatemala en los años de 1988 y 1991, donde se implementó un proyecto contrainsurgente que provocó terribles masacres contra poblaciones indígenas», asegura López y Rivas.

Manual de contrainsurgencia

Según el manual del ejército de los Estados Unidos (FM-3-24, MCWP 3-33.5), que marca los puntos estratégicos para desarticular cualquier forma de insurgencia, publicado en mayo del año 2014, bajo el título Insurgencies and Countering Insurgencies, cuando los elementos de una población crecen insatisfechos con el status quo y están dispuestos a luchar para cambiar las condiciones a su favor, utilizando tanto medios violentos y no violentos para afectar un cambio en la autoridad que prevalece, están dadas las condiciones para el surgimiento de insurgencias.

En ese mismo sentido, este manual esta hecho para contrarrestar cualquier tipo de insurgencia con distintos métodos y en colaboración de lo que se considera como Socios de Acción Unificada, una colaboración en un esfuerzo integral que va desde empresas nacionales o multinacionales y Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales, hasta la presencia de organismos intergubernamentales como las Naciones Unidas. «Las organizaciones regionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE) o de organizaciones mundiales como las Naciones Unidas pueden participar en algunas de las operaciones de contrainsurgencia. Las Naciones Unidas, en particular, tiene muchas agencias subordinadas y afiliadas activas en todo el mundo», dice textualmente el manual.

 La academia en la contrainsurgencia

«Cada año la Iniciativa Minerva, con fondos del Pentágono que, entre otros proyectos, busca mapear 59 pueblos indígenas en Centroamérica, premia a doce proyectos de 300 que se presentan.  En el año 2013, premió a un proyecto que se va a llevar acabo en Honduras con respaldo de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, empleando como asistentes de investigación a indígenas y mestizos para mapear la zonas de propiedad comunal a destruir o aniquilar», afirma López.

En el año 2013 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos aprobó un presupuesto de 1.5 millones, con posibilidad de ampliarlos a 3 millones de dólares para Jerry Dobson y otros investigadores para poder continuar con las Expediciones Bowman, ahora con el programa de investigación Minerva. «La Iniciativa Minerva es un consorcio que se mueve en relación a los intereses del Pentágono y contacta a las mejores universidades de Estados Unidos y subsumen a universidades latinoamericanas que se prestan para recibir fondos del departamento de estudios militares del Pentágono para realizar investigación para la contrainsurgencia», manifiesta López.

Así, hay por lo menos 12 proyectos de investigación con financiamiento del Pentágono y canalizados por la Iniciativa Minerva para recabar datos para la contrainsurgencia. «Otro proyecto canalizado por la Iniciativa Minerva es le megaproyecto de la Universidad de Washington, en colaboración con Harvard que busca estudiar, el origen, las características y las implicaciones de los movimientos políticos de 23 países, contando con una base de datos de 58 países proporcionada por la Iniciativa Minerva, pretendiendo hacer un mapeo de los movimientos sociales en espacio y tiempo», sostiene López.

El caldo de cultivo de los movimientos indígenas

Las últimas reformas aprobadas en México, que tienen que ver con la privatización de la educación y el petróleo, por mencionar algunas, impactarán directamente en la vida de más de 80 millones de mexicanos, considerando que el 40 por ciento del gasto público del país han sido financiado con ingresos de Petróleos Mexicanos (Pemex), que en teoría destina dichos ingresos a educación, salud, infraestructura, seguridad y programas sociales. Un impacto que se verá reflejado también en el aumento del costo de la canasta básica, factor principal del aumento de la pobreza en México. Estas reformas son solo la punta del iceberg de lo que podría ser un caldo de cultivo que comienzan a provocar y agudizar nuevas movilizaciones sociales —pacíficas y violentas— en este país, catalogadas como movimientos insurgentes. Solo en tres sexenios de gobierno se concesionaron a empresas mineras casi la misma cantidad de tierras repartidas tras la Revolución Mexicana de 1910. Más de 94 millones de hectáreas concesionadas, una gran parte de estas concesiones se localizan sobre territorio indígena, a quienes no se les informó nada sobre el asunto. Desde diciembre del año 2013 Jaime Martínez Veloz, Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Ya había previsto que los movimientos sociales se agudizarían al señalar que «la situación propiciada en los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón podrían provocar confrontaciones sociales en las zonas afectadas».

La reforma sobre la ley de hidrocarburos, junto con la reforma educativa, la fiscal y la financiera, atentan contra los pueblos indígenas y el pueblo de México en general, da pase libre a las empresas transnacionales para expropiación de tierras, en lo que el artículo 33 denomina «para utilidad publica», lo cual contempla a las tierras comunales. Las comunidades solo tienen en su jurisdicción hasta 30 cm del subsuelo, después de ahí este es de ámbito federal. Esto «abre la puerta a la expropiación de terrenos por supuesta utilidad publica, a afectaciones, incluso a reservas de la biósfera, también a una serie de violaciones a los derechos humanos», afirmó en la discusión que al respecto de dió en el Congreso, el senador Zoé Robledo.

Estas reformas vienen acompañadas desde los primeros 16 meses de gobierno del mandatario de México, Enrique Peña Nieto, con un aumento de la criminalización del activismo y la lucha social en este país. Las desapariciones y detenciones forzadas ya son incuantificables.  «Desde aquí le decimos a Peña Nieto que no va a ser posible que decida por nosotros, porque nuestros pueblos están organizados, estamos decididos a que nos maten, pero no vamos a ceder las tierras a nadie», sostuvo Felipe Flores, que junto a otras comunidades indígenas se oponen a la construcción de una de la presas hidroeléctrica de La Parota, en el estado de Guerrero, al sur de México.

Para López, las luchas sociales están viviendo un contexto de militarización y contrainsurgencia, en donde se ve un Estado autoritario que usa la violencia selectiva, como lo hizo durante la guerra sucia de los años 60 y 70, con las desapariciones forzadas, los encarcelamientos y la persecución.

Guerra irregular

Las comunidades indígenas, donde se encuentran las bases de apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas México, son una muestra viva donde se aplican los mecanismo de la denominada guerra irregular, como lo determinan los manuales de contrainsurgencia.

Afirma Gilberto López y Rivas: "No es una Guerra de Baja Intensidad, sino una Guerra de Desgaste Integral, que va desde la cooptación de comunidades con programas asistenciales de gobierno, que siguiendo el manual de contrainsurgencia es quitarle el agua al pez, pero también se crean peces bravos al servicio del Estado que atacan a los peces insurgentes, es decir,  grupos paramilitares de la misma comunidad, quienes son los que perpetraron el ultimo ataque al movimiento zapatista, un movimiento que no ha realizado ningún acción ofensiva en estos últimos 20 años, porque tomaron la vía del apoyo a las autonomías de sus comunidades".

En los primeros días de agosto del año 2014, las comunidades zapatistas realizaban un encuentro con pueblos indígenas de México pertenecientes al Congreso Nacional Indígena (CNI) llamada Primera Compartición de los Pueblos Zapatistas y los Pueblos Originarios de México «Compañero David Ruiz García», cuando un grupo armado del Ejido Pojcol realizó actos de ocupación y hostigamiento hacia integrantes de la Comunidad Autónoma de Egipto. Por esta razón y tratando de evitar un posible ataque, el 2 de agosto de 2014, 32 personas —mujeres, niñas, niños y ancianos— se desplazaron forzadamente, caminando durante toda la madrugada, hasta llegar a otro pueblo zapatista en donde actualmente les albergan, tratando de evitar una confrontación.

Oaxaca, peligro de insurgencia

Desde el levantamiento armado del EZLN en 1994 y desde la firma de los acuerdos de San Andrés, en 1996, sobre derechos y cultura indígena, la gran mayoría de los pueblos indígenas de México hicieron eco de las exigencias plasmadas en ellos. Oaxaca, siendo mayoritariamente indígena, provocó preocupación para el gobernador en turno, Diodoro Carrasco Altamirano, y el entonces presidente de México, Ernesto Zedillo, quienes optaron por implementar una política de contención indigenista con una serie de reformas a la constitución local de dicho estado. Las reformas fueron acompañadas de una estrategia contrainsurgente elaborada por el Centro de Estudios Gubernamentales de Oaxaca, que siguió las mismas tácticas de contrainsurgencia implementadas por la Escuela de las Américas, quien desde 1953 y hasta 1996, había recibido a cerca de mil efectivos militares de México para tomar cursos de capacitación, según consta uno de los capítulos del informe histórico de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).

Es así como en 1996, a partir de estas tácticas de contrainsurgencia, en todo el estado de Oaxaca se implementaron acciones políticas para cooptar o comprar líderes sociales, tareas de inteligencia, se crearon grupos paramilitares, como el de «Los entregadores» en la región Loxicha, un grupo a sueldo de los caciques  y cuya labor más importante era la delación: entregaban a los presuntos guerrilleros y realizaban acciones de tortura, asesinato selectivo, violación de mujeres y detenciones arbitrarias. De mas de 150 indígenas detenidos en ese periodo, hay siete presos políticos aún, mismos que son conocidos como «Los presos Loxicha».

En el año 2006 durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, se volcaron a las calles más de 2 millones de personas que pedían la destitución de dicho gobernador. Desde entonces las tácticas de contrainsurgencia han sido renovadas constantemente en esta región del país. Desde este periodo de gobierno, la ciudad de Oaxaca es una de las mas vigiladas del mundo con tecnología C4 Inteligente, con más de 230 cámaras que forman parte del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4), que entre otras actividades no sólo filma y guarda los datos recabados en cada una de las áreas monitoreadas, sino que también es capaz de detectar rostros, gestos y rasgos, apoyados por sordomudos que analizan cada movimiento.

La guerra en sus diferentes fases, define un terreno de acción y un enemigo a reducir o controlar, en este caso, parece ser que los pueblos indígenas son el enemigo potencial que representan un peligro al conservar sus territorios de forma comunal o con proyectos autogestivos o autonómicos, donde la resistencia y la cohesión comunitaria, arma principal de la lucha de los pueblos indígenas, contrasta con el poder bélico y destructivo de los gobiernos y las empresas.

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Reforma electoral en México pone en riesgo la autodeterminación de pueblos indígenas

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Este reportaje es parte de cuatro entregas que documentan sobre los sistemas normativos de los pueblos originarios de Oaxaca. De los 570 municipios que conforman este estado, 418 se rigen por la forma tradicional de organización política conocido como “usos y costumbres”, sólo 152 han adoptado el sistema convencional de los partidos políticos.

Tierras comunales y autonomía

Adentrarse en el corazón de las comunidades indígenas del estado de Oaxaca, México, tierra de los mixtecos y zapotecas, es como abrir puertas y ventanas a un mundo de colores, formas, texturas y sabores que contrastan con la cultura occidental que rige la cotidianidad de las grandes ciudades y de las familias modernas. Estas comunidades indígenas son parte de las montañas,  del aroma a café que se mezcla con el olor de los pinos y la fragancia de las flores, que abren también puertas hacia las leyendas y la poesía tejida en la vestimenta y en los telares, todo esto pasa en las tierras que no tienen dueño ni precio.

Si la poesía, las leyendas, la vestimenta y la comida son los canales por los cuales se materializa y se mantiene viva la cultura de los ancestros indígenas oaxaqueños, los llamados «usos y costumbres» son la expresión viva de un sistema político propio de estos pueblos, que han sostenido su legitimidad históricamente como cualquier sistema estatal. De los 570 municipios del estado de Oaxaca, 418 se rigen por la forma tradicional de organización política de «usos y costumbres», sólo 152 han adoptado el sistema convencional de los partidos políticos, una realidad peculiar que no sólo es relevante en México sino en toda América Latina.

Por citar un ejemplo, Bolivia es el país con mayor población indígena de Latinoamérica según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 62% de su población. No obstante, sólo se reconocen 11 autonomías indígenas campesinas que tienen el derecho de elegir a sus autoridades mediante «usos y tradiciones propias».

Oaxaca es uno de los 31 estados de México donde se encuentra la mayor diversidad y cantidad de población indígena del país. De 3,5 millones de habitantes que tiene el estado, según las estadísticas oficiales, más de un tercio de ellos son de origen indígena (1,165,186 personas). No fue sino hasta el año de 1995 que a todos los municipios se les reconoció jurídicamente en el Congreso de Oaxaca, sus sistemas normativos de «usos y costumbres».

Cada pueblo tiene sus propias reglas para organizar de la mejor forma su vida en  comunidad, no son homogéneos. A pesar de la diversidad, dos puntos caracterizan estos sistemas políticos propios: el sistema de cargos y la asamblea.

A las asambleas, que constituyen la máxima instancia de decisión, asisten todos los jefes de familia, hombres y mujeres, y de viva voz deliberan sobre los asuntos del pueblo para llegar al consenso. La asamblea es presidida por autoridades designadas. Existen distintos niveles de asambleas: la doméstica amplia, la de barrio o sección, la de cabildo, la civil, la religiosa y la de tipo agrario. La asamblea comunitaria es producto y culminación de estas asambleas previas. De hecho, es la máxima autoridad indígena y la que decide las reglas de funcionamiento de la comunidad.

Sus autoridades no son elegidas por el sistema tradicional electoral, pero sí manejan un sistema jerárquico de cargos, desempeñados de forma gratuita y por obligación a cada miembro de la comunidad, llamado «sistema de escalafón».  Así, para que se llegue a ocupar el cargo en la presidencia municipal, el ciudadano necesita prestar su servicio en una serie de cargos a lo largo de su vida en la comunidad. Por lo general se inicia a muy temprana edad. Un niño de 10 años puede iniciar sus actividades comunitarias con algún tipo de servicio en la iglesia, tocando las campanas en horarios clave para la comunidad, por ejemplo.

Desde ahí se inicia un proceso de tránsito por los cargos, todos deliberados en asamblea. Las comunidades de Guelatao de Juárez, habitada por no más de 800 habitantes, y Capulalpam de Méndez, con 1500 habitantes, ubicadas a 60 km de la ciudad de Oaxaca –ambas localizadas en la Sierra Norte del estado– son un referente donde prevalecen estas tradiciones. En estas comunidades se inicia el cargo desde topil o auxiliar de policía, luego mayor, regidor tercero o de obras, regidor segundo o de educación, ecología, salud, regidor primero de hacienda, síndico y presidente.

Hay dos presidentes, uno es municipal, dedicado a la administración del área urbana, como el servicio de educación, drenaje, agua potable; y el otro es el presidente o comisariado de Bienes Comunes, quien administra cuestiones agrarias como las tierras comunales, ya que no existe la propiedad privada. Existen aún otros tres cargos: el alcalde, el tesorero y la secretaria. En Guelatao existe un consejo consultivo, formado por ancianos y personas con experiencia y de respeto para la comunidad.

En las tierras de Guelatao de Juárez, Jesús Hernández Cruz acaba de asumir su cargo de presidente municipal, aún tiene las manos ásperas, típica de un campesino, empuña un lápiz y un cuaderno donde hace sus notas, sentado en un escritorio hecho con madera de la región.  El presidente fue profesor por 34 años, se jubiló en 2005 e inició sus servicios comunitarios hasta ser elegido como presidente. Tiene una pensión y aún se dedica al cultivo de sus árboles frutales de tejocote, del cual produce jalea.

El presidente explica la lógica de participar en los cargos desde abajo, como la limpieza de lugares públicos, hasta alcanzar la presidencia. «El objetivo es que la persona pueda conocer los problemas y las necesidades de la comunidad para poder resolverlos cuando se asumen los cargos mas importantes. De forma colectiva, se van acomodando las personas en sus actividades, de acuerdo con sus habilidades. Antes de todo es un proceso de aprendizaje en el que se pulen las capacidades. No se gana dinero aquí. Así, cada uno va acumulando conocimiento sobre la realidad de la comunidad. Lo único que se gana al prestar un buen servicio, es el respeto de la comunidad y el reconocimiento del pueblo», comparte.

En Guelatao, los habitantes son compensados con servicios como el agua o el alumbrado público, que no pagan. «Los cargos son un servicio a la comunidad y, a cambio de él, la comunidad ofrece beneficios a los ciudadanos, como distintas facilidades que otorga la autoridad municipal en retribución. Por dicha razón, está mal visto que alguna persona no cumpla con el cargo y recurra a la autoridad a solicitar favores. Caso contrario, si no siente deseos de realizar el servicio –el cargo– de manera gratuita, es preferible que la persona abandone el pueblo, o dejará de gozar de los beneficios».

Las festividades también son momentos importantes para los pueblos. Las comunidades realizan por lo menos una fiesta cada año, donde participan todos y la asamblea nombra una comisión responsable por la organización, tarea que también forma parte del sistema de cargos.

Pilares

Un medio  de comunicación en las comunidades son los altavoces que están principalmente en el centro del pueblo y las radios comunitarias. Desde ahí las autoridades anuncian los festejos, las asambleas, el llamado al  tequio –trabajo colectivo– que se presta a la comunidad. «Apenas  invitamos a todos para limpiar la carretera que marca los linderos con la comunidad de Ixtlán. Este tipo de servicio sirve también para integrar a las personas en un sentido de comunidad», afirma el Comisariado de Bienes Comunales de Capulalpam de Méndez, Saúl Aquino Centeno.

Los elementos que sustentan toda la estructura organizativa comunitaria son los saberes y valores que han predominado a lo largo de su historia. «Debemos entender lo que somos nosotros, no como el yo o el tú, sino, el nosotros, y debemos aferrarnos a esos principios, para impedir la intromisión vulgar y descarada de los principios individualistas. No debemos entrar en competencia sino reproducir la compartencia», afirma el indígena y antropólogo zapoteco, Jaime Martínez Luna. «Estamos en contra del desarrollo, porque es lineal y ascendente, nosotros somos circulares, en espiral, por eso entendemos que el hombre y la mujer no son el centro de la naturaleza, no  somos dueños de la naturaleza, es ella la dueña de nosotros».

Además, «a la tierra se le considera una madre y no se le puede violentar porque nos da la vida, y respetamos a las semillas porque nuestros abuelos nos han enseñado que ellas lloran sino se les cuida, los abuelos dicen que la madre tierra nos da de comer y cuando morimos nos recibe y nos abraza», dice Silvestre Ocaña López, indígena de Tlahuitoltepec Mixes, Oaxaca, quien al mismo tiempo no duda en marcar una diferencia con el pensamiento de su pueblo y el pensamiento occidental. «Dentro del mundo occidental la tierra es una mercancía y para nosotros los pueblos indígenas, la vemos como nuestra madre, ella no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a ella».

Antecedentes

El abogado en derecho indígena Francisco López Bárcenas se ha sumergido al contexto histórico de las comunidades indígenas en Oaxaca, quien afirma que el debate sobre los derechos indígenas en este estado se ha sostenido desde antes de la creación del Estado. «Se retomó el 10 de enero de 1825, al promulgarse la primera Constitución Política del Estado, la cual estableció en su artículo 5 que para la administración del mismo se dividía en departamentos, partidos y pueblos; estos últimos serían administrados por Ayuntamientos integrados por alcaldes, regidores y síndicos, siempre que su población llegara a tres mil «almas». De esta forma, el Estado de Oaxaca reconocía la organización que desde la época de la colonia asumieron los pueblos indígenas para resistir la opresión española».

En ese sentido, López Bárcenas asume que Oaxaca fue el primero en legislar en materia de derechos indígenas, mucho antes incluso de que el gobierno mexicano firmara el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes en el año de 1989.

Tierras comunales

Las tierras en estos pueblos son comunales, todo es de todos. No hay propiedad privada, incluso la pequeña propiedad. La transferencia de tierra se hace por cesión de derecho. El padre puede transferir sus tierras para sus hijos, por ejemplo. Y todo pasa por asamblea. Nadie puede vender y nadie puede comprar.

«Si alguien quiere trabajar en el campo se designa una parcela de tierra para esta persona. Pero debe trabajarla continuamente. Si en tres años no produce, la tierra será transferida para otra persona que tenga interés. El  propio comisariado se encarga de eso», explica el presidente de bienes comunales de Capulalpam.

Las asambleas aun pueden decretar áreas comunales protegidas. «Estamos actualizando el estatuto comunal que rige los bienes comunes. Vamos a decretar intocable el área donde están nuestros manantiales. Sabemos que ya existen proyectos para tomar nuestra tierra», afirma el comisariado.

Las personas que vienen de otras comunidades tampoco pueden adquirir tierras, sólo alquilarlas. Ni pueden participar en el sistema de asamblea automáticamente. En Guelatao, «aquel que se establece tiene la obligación de reportarse al municipio para ser considerado para trabajos y cargos comunitarios, pero solamente es aceptado después de pasar por decisión de la asamblea», explica el presidente municipal de Guelatao.

Justicia

Guelatao posee  un reglamento de seguridad. «Aquí los castigos son desde la cárcel  –por 8 horas, 12 horas o 24 horas y de hasta tres días–, multa o trabajos forzados para beneficio de la comunidad. El síndico es la persona directamente responsable para la justicia en casos de golpes, robo y delitos. Ya el alcalde se responsabiliza por pleitos familiares. El es mediador de la familia.  Y el también  es el que da seguimiento a problemas que el síndico no esté en su competencia. Si fuera muy grave, la cuestión es transferida para un Ministerio Público. Pero la mayoría de los casos se solucionan aquí», explica Cruz.

Empresas comunitarias

En Guelatao, su presidente municipal afirma que la comunidad depende de recursos federales y del estado. «Existe una imposición de reglamentos a seguir que son los fondos destinados a los municipios para desarrollo social. Estos recursos provienen del gobierno federal, destinados a infraestructura y funcionamiento municipal».

En Capulalpam, también reciben recursos, pero es mínimo. «Las comunidades han crecido  y mejorado con los recursos propios. Es autosuficiente económicamente», explica el presidente de bienes comunales.

La autosuficiencia del municipio proviene de recursos generados por cinco empresas comunitarias: embotellamiento de agua, aserradero –existen bosques manejados de forma sustentable en la comunidad–, trituradora de piedras, una fábrica de juguetes y el proyecto ecoturístico. «Cada empresa posee su administración propia. La asamblea elige una comisión de acompañamiento para cada una de ellas. Cada unidad debe informar al comisariado sobre los movimientos económicos, que son llevadas para aprobación  en la asamblea, normalmente son cada cuatro meses», explica el presidente.

Las ganancias son aplicadas para beneficio social. «Ningún comunero o ciudadano posee apoyo o  beneficio directo económico. Los recursos son repartidos de acuerdo con las necesidades de la comunidad. El municipio tiene algunos empleados, como jardinero, bibliotecaria, una persona encargada del centro de cultura. Las empresas dan un aporte para pagar a estas personas», relata.

¿Será autonomía?

Poco se habla de autonomía como concepto entre la gente de las comunidades, definición tan perseguida por los espacios académicos. Es posible que no se tenga construido un concepto totalitario que pueda abrazar todos los matices y experiencias vividas por estos pueblos. Lo que si es seguro, es que bajo sus pies que han marcado su andar y entre el viento que agita los arboles esta el bien común de sus pueblos, de su lengua y sus tradiciones, esta su territorio, la madre tierra como la reconocen ellos.

La autonomía parece ser mas bien una cotidianidad que se respira y se siente en la armonía de su gente cuando va a dar su tequio –el trabajo colectivo– o cuando acude a la asamblea, o si es necesario defender el territorio, también cuando se  festeja y se baila. En los cargos de autogobierno aun lo hacen como un símbolo de respeto hacia el que es elegido a dar el servicio sin ninguna remuneración económica.

El presidente de Guelatao reconoce que existe autonomía de organización política e social, pero es critico en relación a participación de recursos gubernamentales en las comunidades. «El gobierno se está  metiendo en todo, desde que comenzó  hacienda y crédito publico. Antes los campesino tenían puro campo, ahí éramos autónomos. Producimos, y nos manteníamos. No necesitábamos que viniese el recurso del gobierno. Se administraban las cuestiones de la municipalidad por cooperación de la comunidad. Ahora no tenemos autonomía  al 100% porque dependemos de recursos do gobierno».

Para Martínez Luna, en la medida en que las comunidades garanticen, por ellas mismas, el abasto de alimento serán mas autónomas. «Que la autonomía no sea un ejercicio que nos inyecten de fuera, sino que sea la capacidad nuestra, ejercitada, no desarrollada».

Según el antropólogo, otros dos puntos son necesarios para garantizar la autonomía. «Tenemos que valorar lo que somos, porque así valoramos lo que tenemos, porque esto nos permite florecer en plenitud. Tenemos que pensar de manera descolonizada» La educación comunitaria es otro rumbo a seguir. «Impedir que el valor individual se introduzca a nuestra manera de ser, porque existe, pero tenemos que luchar por borrar eso a través de la educación comunitaria. Porque no soy yo o tú, somos nosotros».

Amenazas

Algunas comunidades indígenas han sido penetradas por los partidos políticos, tanto de izquierda como de derecha, quienes ofrecen despensas o condicionan apoyos económicos del gobierno que de todos modos tienen que llegar a manos de los campesinos o indígenas. Otra forma en que han influido, es cuando hacen acto de presencia junto con empresas constructoras que les ofrecen un porcentaje del presupuesto destinado a ciertas construcciones de obra publica a las autoridades o  representantes de la comunidad y a cambio deben aceptar dichos proyectos. En algunos casos, donde el  monto económico es mas alto, como los parque eólicos, contratan sicarios o crean grupos de choque para enfrentar a la misma comunidad y así pueda injerir el Estado para restablecer «el Estado de derecho», a tal grado de que hay líderes indígenas que han sido asesinados por no aceptar dichos proyectos».

«Reconocemos que enfrentamos el despojo de las empresas transnacionales y el hostigamiento de los malos gobiernos a través de sus partidos políticos, entrega de programas y dinero que corrompen a muchos líderes y nos dividen en nuestras comunidades», sostiene la declaración del Congreso Nacional Indígena (CNI) de la región Istmo, realizada en marzo del 2014.

Mientras que en otros pueblos de México y Latinoamérica se ha desatado una lucha férrea por el reconocimiento de los derechos y cultura indígena, en este estado se debate una nueva legislación en la materia y al mismo tiempo hay proyectos a gran escala que siguen avanzando.

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