En portada: Integrantes de la Alianza Mexicana contra el Fracking recorren pozos e infraestructura abandonada que perpetúan la contaminación en la región del norte de Veracruz. Foto: Regina López.
El gobierno de la denominada Cuarta Transformación (4T), bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, recientemente lanzó su Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025, en cual figura una partida de 12 mil 364 millones de pesos para dar continuidad a cuatro proyectos de extracción de gas y petróleo no convencional, extraídos a través de método de fractura hidráulica, mejor conocido como fracking, que consiste en inyectar a alta presión una mezcla de agua, arena y un coctel de químicos para fracturar las rocas y liberar los hidrocarburos atrapados en ellas.
Estos proyectos provienen de administraciones anteriores, que tenían por objetivo intensificar la explotación de hidrocarburos no convencionales para incrementar la producción, así como las reservas de petróleo y gas en el país.
Con el presupuesto 2025, se destina 2,423 millones de pesos para el proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG), antes conocida como Paleocanal de Chicontepec. Otro proyecto es Burgos, al que se destina una suma 2,266 millones. Le sigue el Proyecto Integral Veracruz (PIV), con 7,420 millones de pesos; y el proyecto Miquetla, con 256 millones.
Sitios contaminados con residuos peligrosos mantienen la dispersión de contaminantes en la Sierra Norte de Puebla y en el Totonacapan, al norte de Veracruz. Fotos: Regina López.
De acuerdo con un análisis elaborado por la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF), junto con Engenera A.C. y Fundar Centro de Análisis e Investigación, la cantidad millonaria destinada a estos proyectos es contraria a los compromisos establecidos por la Cuarta Transformación de no permitir el fracking en territorio nacional.
“Son proyectos que ya vienen realizando la práctica del fracking y no es una cuestión menor que se sigan asignando recursos, ya que, en teoría, esta técnica se prohibió con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a no permitirlo en territorio nacional por los impactos ambientales y a la salud”, dijo para Avispa Mídia Beatriz Olivera, directora de Engenera, A.C.
Según Olivera, la actual presidenta de México también se comprometió en campaña que tampoco permitiría la fractura hidráulica, “pero los hechos nos dicen otra cosa”.
Ciertamente, al asumir el poder Sheinbaum presento un plan de trabajo que le ha denominado 100 Pasos para la Transformación 2024-2030, en el cual es tajante en el paso 87 al afirmar que además de no permitir la minería a cielo abierto, también, “no se va a permitir la explotación de hidrocarburos a partir del fracking”.
Las organizaciones activistas contra el fracking arguyen que la presidenta está actuando de forma contradictoria, incluso respaldan sus acusaciones no solo con datos del PPEF 2025, sino que también con información de la propia Estrategia Nacional del Sector de Hidrocarburos y Gas Natural 2024-2030 y las denominadas Acciones Estratégicas de Pemex Exploración y Producción (PEP) 2024-2030, “en la cual se anunció el incremento de la extracción de gas fósil (mal llamado gas natural) de 3,854 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) a 4,976 MMpcd, así como maximizar la producción de otros campos de gas en zonas terrestres lo cual implica el uso de fracking, sin importar las afectaciones al ambiente y a las personas en el corto, mediano y largo plazo”, asevera la Alianza.
La investigadora Olivera señala que la información de estos proyectos se ha podido adquirir a través de la solicitud de acceso a la información, pero no descarta la posibilidad de que existan mucho más en el país, principalmente en los Estados de Veracruz, Puebla y Tamaulipas. “ATG inicia en 2010, Burgos y el Proyecto Integral Veracruz al menos dos sexenios atrás” y en el gobierno de Obrador “inicia Miquetla”, puntualiza la activista.
De hecho, 2023 fue el año en que más presupuesto se destinó al fracking, con un total de 25,001 millones de pesos.
No hay información
La directora de la organización Engenera es consciente de que la información les ha quedado corta, ya que no existe información sobre el resto de los proyectos existentes en el país. “Aquí el tema es que la información no es clara o la poca información pública es muy fragmentada y esto nos preocupa. Porque estos proyectos son de riesgo y no se nos está dando a conocer en que lugares hay fracking. Esto es un atentado al derecho de la información hacia las personas, quienes son las afectadas”, advierte Olivera.
Extracción petrolera en Agua Fría, Veracruz. Foto: Aldo Santiago.
La investigadora afirma que, a pesar de tener la verificación de solamente estos cuatro proyectos, “podemos decir que al menos la mitad de todos los proyectos donde se ha desarrollado extracción de hidrocarburos convencionales también han recurrido a la extracción no convencional. Pero, no tenemos esa evidencia. Por eso exigimos que haya mayor claridad en el acceso a la información. Que Pemex (Petróleos Mexicanos) diga en cuáles de estos proyectos se ha practicado el fracking”, cuestiona Olivera.
Violación de derechos internacionales
Esta técnica ha sido ampliamente criticada por sus impactos en los recursos hídricos, la calidad del aire, la salud de las comunidades cercanas y su contribución al cambio climático. A pesar de las evidencias de estos efectos negativos, el gobierno federal parece continuar con una estrategia que favorece la explotación no convencional de estos hidrocarburos en detrimento de las comunidades vulnerables, muchas de las cuales se encuentran en los estados de Veracruz, Puebla y Tamaulipas, donde la extracción convencional ya ha provocado impactos en cadena.
Olivera, quien también es integrante de las más de 40 organizaciones que conforman la Alianza Mexicana contra el Fracking, puntualiza que se están violando acuerdos internacionales, como el acuerdo Escazú, que entró en vigor en 2021 y que establece los derechos y obligaciones para garantizar la protección del medio ambiente en América Latina y el Caribe y la participación pública informada en materia ambiental.
“En concreto se está violando este acuerdo sobre todo en el carácter la transparencia y del acceso a la información”, agrega la activista de la Alianza Mexicana contra el Fracking.
Esta Alianza urge la expedita aprobación de la propuesta de reforma constitucional que prohíbe el fracking en México, la cual ya fue dictaminada favorablemente por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el pasado 14 de agosto, la cual quedó estancada en el parlamento.
En portada: Elementos militares resguardan la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas. Foto: Jeny Pascacio.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que será el actual gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, quien asumirá el cargo de comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) cuando concluya sus funciones en la entidad federativa, a principios de diciembre.
Las organizaciones alegan que no hubo transparencia en la elección, pues no se convocó a una consulta o diálogo. El anuncio fue realizado sólo una semana después de la llegada de Sheinbaum a la silla presidencial.
Para Enrique Vidal del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (Frayma), primero se debió reconocer que en los últimos seis años el INM se ha mantenido como una de las instituciones más corruptas e impunes del gobernador Andrés Manuel López Obrador.
“Las personas siguen refiriéndose al INM como el cártel de migración por las formas con las que opera, por toda la extorsión, la corrupción y el soborno que sigue imperando día a día en los controles migratorios, en los permisos, en los trámites y dentro de las distintas instalaciones y campamentos o puestos de control”, explicó.
Para quienes acompañan y defienden los derechos humanos, las personas migrantes siguen teniendo una percepción muy negativa del INM y se mantiene en los primeros lugares de las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“En la nueva administración vemos una continuidad, un discurso de derechos humanos pero que realmente no está fortalecido con mecanismos reales de protección de violaciones graves de derechos humanos, y tampoco se están anunciando cambios de fondo en cuanto al acceso a la justicia”, dijo Vidal.
Por ejemplo, sigue la voluntad de mantener las facultades del control migratorio en la Guardia Nacional, la colaboración no oficial con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y esto provocará contextos de mucha violencia, lamentó Vidal.
Propuesta civil
Redes, organizaciones de la sociedad civil, activistas y defensoras, que acompañan a la población en situación de movilidad humana en México, lanzaron la iniciativa “11 ejes para una nueva política migratoria y de asilo, 2024-2030”, dirigida a las personas al frente del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de esta nueva administración, y al sector privado.
La idea es generar un consenso para construir políticas y medidas en materia de migración y asilo que se centren en la protección y garantía de derechos y no en la contención de la migración. El documento de 53 páginas busca colocar en la agenda nacional las necesidades de las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, apátridas, con protección complementaria, retornadas, deportadas y mexicanas residentes en el extranjero.
Los ejes van desde la construcción de una política de integración sostenible mediante la cual los derechos de las personas en contextos de movilidad sean respetados, protegidos y garantizados; el fortalecimiento del sistema de asilo; la atención y reducción de delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de personas en contextos de movilidad; la eliminación de la privación de la libertad por razones migratorias y alternativas a la detención.
Además de la prevención, atención y erradicación de la discriminación racial en contra de personas en situación de movilidad; la desmilitarización del control migratorio, la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad; la transversalización de la perspectiva de género en la política migratoria y de asilo, y atención integral a la violencia basada en género.
El fortalecimiento de la política exterior en materia de migración y asilo, así como de acciones binacionales para avanzar hacia la garantía y el respeto de los derechos de las personas mexicanas en el exterior y en situación de retorno en México; y, por último, el reconocimiento del cambio climático y de los desastres como causa estructural e irreversible de la movilidad forzada.
Lo anterior se integra a un programa urgente para atender y entender el contexto actual, donde las violaciones de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad humana son la regla y no la excepción. Por ello, en los 11 ejes se incluyen recomendaciones para que sean implementadas en la nueva legislatura del Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal.
La justicia, un reto
La citada iniciativa fue presentada después de que la presidenta, Claudia Sheinbaum, anunciara que el nuevo comisionado del INM será el actual gobernador interino de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
El poblano y ahora morenista es conocido por haber iniciado su carrera política en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI); en el 2014 apoyó reformas como la polémica Ley Bala que establecía el uso legítimo de la fuerza por parte de policías y que más tarde fue derogada.
“Él antes era empresario, después entra a la política por azares del destino y acaba en la gubernatura de Puebla”, dijo el representante del Frayma cuestionando la experiencia de Céspedes en materia de movilidad humana y protección internacional. Aunado a que Puebla no cuenta con oficinas de la Comar [Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados].
Personas en movilidad esperan trámites en la Comar, ubicada en la ciudad fronteriza de Tapachula. Foto: Jeny Pascacio.
Al parecer se trata de un nombramiento que obedece a aparatos políticos dentro de Morena, para ser un “administradormás del INM”, agregó Vidal.
“Seguimos en una situación particularmente compleja, como para poner a una persona que no tiene una experiencia acreditada en la materia, cuando somos un país que por su dinámica migratoria tiene muchos otros perfiles de dónde escoger, por así decirlo”, consideró el defensor.
El nuevo Comisionado del Instituto Nacional de Migración enfrentará retos y las consecuencias de decisiones que se tomaron en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, como la facultad que por primera vez se le otorgó a una corporación policiaca de corte militar en el control migratorio.
En este tiempo, las organizaciones documentaron masacres, asesinatos y otras graves violaciones a los derechos humanos cuyas recomendaciones aún no han sido atendidas. Además de un aumento en la violencia sexual ejercida sobre todo contra mujeres adolescentes migrantes y del tráfico de personas por parte de los cárteles.
Por otro lado, y también generador de violencias, está la corrupción de alto nivel en el interior del INM y la vinculación con las grandes estructuras del crimen organizado sobre todo en la frontera sur de México. La situación ha sido denunciada públicamente por el defensor de derechos humanos Luis García Villagrán que ha dado cuenta de los cobros excesivos de los trámites migratorios que por ley son gratuitos.
No hubo transformación
El 8 de octubre, cuando Claudia Sheinbaum anunció al nuevo comisionado del INM, también dijo que la investigación contra el actual titular, Francisco Garduño Yáñez, continúa, pero que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha encontrado nada en su contra.
Yáñez enfrenta un proceso judicial por la muerte de 40 personas por el incendio al interior de la estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 27 de marzo de 2023. Pese a la gravedad del hecho nunca fue retirado del cargo.
La Fundación para la Justicia que acompaña el caso del incendio explicó que tras los hechos era necesario que Yáñez se retirara del INM, porque la investigación sigue en curso y se busca objetividad tanto de las instituciones de migración como de procuración de justicia.
“Ahora se espera que el juicio que sigue tenga el objetivo de llegar a esclarecer lo que pasó en la estación migratoria, con todas responsabilidades”, dijo Yesenia Valdez del área de Defensa Integral de la Fundación.
Después de un año del incendio, de acuerdo a Enrique Vidal, el caso es un claro ejemplo de que el acceso a la justicia que tienen las personas migrantes es nulo en México y de la deplorable gestión que ha tenido Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General de la República.
“Este tipo de hechos con graves violaciones a derechos humanos siguen sin avanzar. Al ser corporaciones tan verticales se debe reconocer la cadena de mandos y la responsabilidad de, al menos, por omisión o por negligencia”, explicó Yesenia Valdez.
De acuerdo a la documentación de las organizaciones aquí mencionadas, la negación u omisión de responsabilidades ocurre o se repite cuando algún elemento del Ejército mexicano o la Guardia Nacional comete algún delito contra migrantes.
“No son hechos aislados y no son hechos que suceden de la nada, sino que son propicios a partir de un contexto mismo en donde se faculta la portación de armas para control migratorio y donde se faculta a los funcionarios públicos a tener a personas en privación de libertad como en el caso de Juárez”, agregó Enrique Vidal.
Por ello, otro de los grandes pendientes en el INM es la capacitación desde los derechos humanos en todo el sistema operativo que tiene contacto con las personas en movilidad, para evitar el constante maltrato.
Yesenia Valdez recordó que después del incendio hubo recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y del INM y se realizaron algunos cambios que se centraron en modificar la imagen de las estaciones migratorias, cuando en la realidad necesita un cambio en el trato a las y los migrantes.
Instalaciones migratorias operan de facto como centros de detención. En las imágenes, estaciones en las ciudades de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. Fotos: Jeny Pascacio
¿Qué gente y con qué formación cuentan los elementos que realizan los operativos?, cuestionó, “parece que la reacción es tratar a cualquier persona como enemigo, no están capacitados para tratar a personas en movilidad (...), seguimos siendo un país que violenta a los migrantes y se ha vuelto muy inseguro para cualquier persona que quiera cruzar o llegar a los Estados Unidos, ya no solo por la delincuencia organizada sino por los elementos de seguridad y el propio Ejército”, lamentó la representante de Fundación para la Justicia.
Otro de los casos más graves de la administración de Yáñez sucedió el 22 de enero de 2021 con la masacre de 19 migrantes en Camargo, Tamaulipas. Después de tres años, la FGR no ha determinado consignar la carpeta de investigación y no hay un solo detenido o procesado, aunque se conocen los nombres de los probables responsables.
Yáñez llegó al INM en junio de 2019, cuando México y Estados Unidos acordaron la contención migratoria en Chiapas y el despliegue de la Guardia Nacional en las márgenes del río Suchiate.
En la iniciativa de los “11 ejes para una nueva política migratoria y de asilo, 2024-2030”, señalan que de los 32 titulares de las oficinas de representación del INM [que tienen la función de realizar los trámites migratorios], 15 tienen formación militar, lo cual equivale al 43.7%.
Crimen y defensores
La pasada administración dejó a las organizaciones de la sociedad civil y defensores fuera del diálogo sobre el tema migratorio, su labor no es reconocida y padecen violencia directa por el acompañamiento de personas en movilidad.
“Nos exponemos a una realidad muy fuerte”, dijo Enrique Vidal al señalar que el control territorial, económico y social que el crimen organizado ha tenido en la frontera sur de México los vulnera.
“Disminuye el costo político del Estado porque ya no es el Estado represor, sino que existe permisividad por parte del Estado para que el crimen organizado pueda tener estos niveles de control”, lamentó.
Esta situación de violencia ya ha cobrado víctimas, una de ellas es Luis García Villagrán. Luego de años de acompañar a personas migrantes y denunciar públicamente todas las irregularidades del gobierno federal en el contexto migratorio, las amenazas por su labor incrementaron.
“Me secuestraron junto con mi esposa por la zona de Tecpatán (Chiapas). Le pagaron 3 millones al cártel de Sinaloa para matarme. Me lo dijeron abiertamente y me dieron un año para salir de Chiapas”, dijo el defensor para Avispa Mídia.
Villagrán comentó haber perdido la confianza en FGR o la Fiscalía de Chiapas, pues en su momento fue perseguido y difamado por sus elementos. “No es que no crea en las instituciones, pero, primero, el Estado me quiso matar en un atentado; segundo, inició una investigación contra mí y, tercero, el Estado mexicano y el Cártel de Sinaloa son los mismos”, dijo.
Al no poder realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades, se irá de Chiapas con apoyo de organizaciones que protegen la integridad de periodistas y defensores. En esta ocasión las amenazas también fueron directas contra su familia.
“Así le hicieron a Irineo Mujica, a Ramón Verdugo (perseguidos y amenazados), al padre Marcelo (asesinado), todos defensores de DDHH en Chiapas, y a Ricardo Lagunes que está desaparecido. Así les hicieron a todos, es una estrategia de los poderes fácticos para primero poner en duda la credibilidad del activista o del defensor que señala cosas muy precisas de corrupción y con el odio de la sociedad justifican un encarcelamiento, una desaparición, un asesinato”, precisó Villagrán.
¿Y la Comar?
En este contexto, tampoco hay claridad sobre la persona que será titular en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) que desde el 1 de octubre se encuentra sin un responsable. Sin embargo, para las organizaciones es importante que la Comisión mantenga una autonomía de gestión como órgano desconcentrado.
Si la Comar pasa a ser parte de la Secretaría de Gobernación, los criterios de protección internacional estarían sujetos a la política interior mexicana y no de acuerdo a criterios técnicos de protección internacional de los marcos respectivos, explicó Enrique Vidal a propósito de la salida Andrés Ramírez como titular de la Comar, desde el pasado 30 de septiembre.
A más de un mes, no hay nombramiento del nuevo titular de la Comar lo que hace dudar a las organizaciones sobre la situación de la Comisión, que se encarga de atender, proteger, brindar asistencia, entre otros servicios, a las personas que necesitan protección internacional.
La Comar se ha visto rebasada en los últimos años con el ingreso de miles de personas migrantes en la frontera sur de México. Por mencionar un ejemplo, de acuerdo a la Unidad de Política Migratoria, solo en el 2023, 140,812 personas presentaron una solicitud de asilo, y se registraron 778,907 eventos de detención migratoria.
Hasta ahora la información desde la presidencia es la posible reducción de presupuesto para Comar y el INM.
Autoridades comunales de las 24 encargaturas de Ostula, compartieron lo que recuerdan de aquel 29 de junio, algunos eran niños, pero hoy ya tienen un cargo otorgado por la comunidad. Foto: Regina López
En portada: Autoridades comunales, de las 24 encargaturas de Ostula, compartieron lo que recuerdan de aquel 29 de junio de 2009 cuando recuperaron las tierras comunales y fundaron Xayakalan. Foto: Regina López
En los próximos días, un tribunal con sede en Morelia, Michoacán, resolverá una demanda de amparo presentada por la comunidad nahua de Santa María Ostula, quien exige que se garantice judicialmente sus tierras frente a la invasión de personas que afirman ser pequeños propietarios. Como explica el abogado de la comunidad, Carlos González, el territorio en disputa, en el municipio de Aquila, se extiende por una franja de más de mil hectáreas de tierras comunales colindantes con el Océano Pacífico.
Este es un momento decisivo para la resolución del conflicto. “En el marco del Estado nacional, del Estado mexicano, es la última instancia”, argumenta el abogado González. En caso de que emitan una resolución desfavorable a la comunidad indígena, se apelará ante los tribunales internacionales. “El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos está enterado de la problemática de Ostula”, señala el abogado.
González define el conflicto social y agrario que se ha generado en Santa María Ostula, en los últimos 15 años, como uno de los más agudos de México. Ha dejado el saldo de al menos 40 comuneros asesinados y otras seis personas desaparecidas. Este contexto se agudizó a partir de que los comuneros iniciaron la recuperación de sus tierras en 2009, sobre todo, del lugar sagrado que nombraron como Xayakalan. “Actualmente resistimos el feroz acoso del Cartel Jalisco Nueva Generación”, dice un comunicado firmado por los integrantes de esta comunidad.
En todos los casos de asesinatos fueron abiertas carpetas de investigación. “Pero no existen resultados”, informa el defensor legal de la comunidad.
Foto: Santiago Navarro FFoto: Regina LópezFoto: Santiago Navarro F
La extensión de lo que abarca el territorio de Santa María Ostula está sustentada en títulos primordiales del siglo 18. Dicha dimensión fue dictaminada favorablemente por la autoridad agraria hace aproximadamente 80 años. “Se trata de invasiones en territorios que la comunidad ha tenido en posesión y en propiedad de manera ancestral”, señala el abogado, refiriéndose a las tierras que estaban en manos del crimen organizado y de los denominados pequeños propietarios.
La ocupación ancestral del territorio por los nahuas de Santa María Ostula también ha sido respaldada con dos recursos Amicus Curiae dentro del juicio de amparo directo. Uno, suscrito por 56 especialistas en las materias de arqueología, antropología e historia, con una larga y reconocida trayectoria en México y el mundo; el otro, suscrito por más de 100 prestigiados organismos defensores de derechos humanos.
Respuesta favorable
La comunidad a lo largo de muchas décadas sufrió invasiones de tierras en distintas porciones de su territorio.
En 1977, la presidencia de la República emitió una resolución de tierras al ejido Salinas de la Placita, las mismas que están invadiendo aproximadamente 100 hectáreas más pertenecientes a Santa María Ostula.
Sin embargo, el 15 de noviembre la comunidad Nahua fue notificada sobre la resolución de otro amparo en revisión, que resolvió dejar sin efectos dicha resolución presidencial del ejido Salinas de la Placita, por haber afectado terrenos de la comunidad.
El tribunal consideró que la resolución presidencial “afectó terrenos comunales pertenecientes a nuestra comunidad; terrenos que, es importante destacarlo, se localizan en los parajes de Xayakalan, La Canahuancera y Las Tres Majahuas, los mismos que están en conflicto con los supuestos pequeños propietarios”, menciona la comunidad en su comunicado.
Celebración del 25 aniversario de la recuperación de tierras comunales de Santa Maria Ostula. Foto: Regina López.
El abogado González considera que es una primera respuesta favorable por parte del Estado mexicano y “nos hace abrigar la esperanza de que esta respuesta del Estado a las exigencias de los pueblos originarios se va a repetir con esta resolución en puertas del Segundo Tribunal Colegiado”.
La comunidad exige que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el gobierno del Estado de Michoacán dejen inmediatamente insubsistente la resolución presidencial que dotó de tierras ejidales al poblado La Placita. Tenían tres días para hacerlo, después de la decisión judicial de 15 de noviembre, sin embargo, todavía no lo han hecho.
En portada: Campesinos del Copinh se manifiestan frente a la Corte Suprema de Justicia en el contexto del juicio contra Roberto David Castillo. Foto:Gustavo Amador.
Más de ocho años después del asesinato de la líderesa lenca Berta Cáceres, este lunes (25) la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras confirmó las sentencias contra siete de las ocho personas condenadas tras juicios realizados entre 2018 y 2022, como autores materiales en el homicidio acontecido el 3 de marzo del año 2016.
Esta decisión responde a los recursos de casación, presentados por los acusados, quienes pretendían invalidar sus sentencias condenatorias. Así se ratifica las sentencias contra Douglas Geovanny Bustillo, ex militar y jefe de seguridad de la empresa Desarrollos Energeticos S.A. (DESA, propiedad de la familia Atala Zablah); Mariano Díaz, mayor del ejército de Honduras; Henry Javier Hernández Rodríguez, militar; Elvin Rápalo Orellana, Óscar Torres Velásquez y Edilson Atilio Duarte, quienes recibieron condena desde el 2 de diciembre del 2019.
Mientras tanto, y pese a ratificar la condena de Roberto David Castillo Mejía, en el grado de autoría material intermedia, la decisión judicial modificó agravantes en la sentencia, lo que, argumenta el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), implica una reducción de su condena, la cual en el año 2022 le asignó 22 años y seis meses de prisión.
Berta Cáceres fungía como coordinadora del Copinh en el momento de su asesinato.
Castillo, quien presidió el consejo de Administración de la empresa DESA, también tiene pendiente el cumplimiento de otra condena, recibida apenas el pasado 15 de noviembre, en la cual fue sentenciado a otros cinco años de prisión por la causa Fraude sobre el Gualcarque, un caso donde fue encontrado culpable por cometer fraude, a título de cómplice y por el uso de documento falso a título de autor.
El caso del octavo implicado, Sergio Rodríguez Orellana, ex gerente ambiental y socio de DESA, pasó al pleno de la Corte Suprema de Justicia debido a la falta de unanimidad sobre la ratificación de su sentencia.
Confirmación de estructura criminal
Mediante comunicado, el Copinh asevera que la decisión judicial “confirma una vez más, la existencia de una estructura criminal responsable del asesinato de Berta Cáceres, cuyas cabezas, los miembros de la familia Atala, continúan en la impunidad”.
No obstante, en el caso de Rodríguez, la organización lenca denuncia que la decisión de enviar su caso al pleno de la Corte Suprema “prolonga aún más el proceso judicial y demuestra que el sistema de justicia hondureño continúa favoreciendo la impunidad de quienes actúan en nombre de intereses empresariales por encima de los derechos de las comunidades indígenas”.
Por su parte, Bertha Zúñiga, coordinadora de la organización lenca, compartió a medios hondureños que la ratificación de las sentencias sin respetar los parámetros emitidos por los tribunales anteriores, -en referencia a la modificación de los agravantes en el caso de Castillo y a la resolución pendiente para Rodríguez-, corresponde a acciones de “los grandes intereses económicos que están acechando por los bienes comunes de la naturaleza”.
En entrevista con Radio Progreso, Zúñiga sostuvo que la estructura criminal detrás del asesinato de su madre maniobró para interferir en el proceso de justicia y que elementos, como la reducción de la sentencia contra Castillo, ejemplifican esos esfuerzos producto de una campaña política y mediática por parte de miembros de la familia Atala.
“Nos corresponde proteger el proceso, ahora en el debate que va a tener el Pleno de la Sala de los magistrados, para que de nuevo esas maniobras de la impunidad no interfieran en la decisión de querer tumbar el caso de Sergio Rodríguez Orellana”, explicó la coordinadora del Copinh.
Además, Zúñiga subrayó que la organización lenca está demandando que se profundicen las investigaciones contra los autores intelectuales “para poder enfrentar, idealmente, con un proceso judicial en contra, pues sería en primer lugar de Daniel Atala Midence quien ya tiene un requerimiento fiscal, aunque obviamente con el gran desafío de que es una persona prófuga de la justicia”, detalló.
Cabe recordar que, en diciembre del 2023, la filtración a medios corporativos de la existencia de un requerimiento judicial contra Daniel Atala Midence (ex director financiero de DESA) como probable responsable del asesinato de Cáceres, derivó en su ocultamiento y, actualmente, se encuentra en calidad de prófugo de la justicia hondureña.
Miembros del Copinh durante el juicio que sentencio a Roberto David Castillo Mejía por su participación en el asesinato de Berta Cáceres.
Desde el año 2021, el Copinh reveló que existen pruebas de la participación de Atala Midence en el asesinato de Berta Cáceres. Fue en abril de ese año cuando Bertha Zúñiga informó sobre la existencia de una transferencia de 1.2 millones de dólares entre la empresa Concretos del Caribe S.A. (Concasa), propiedad de Daniel Atala Midence, y Potencia y Energía de Mesoamérica S.A. (Pemsa), de David Castillo, realizada dos días antes del asesinato de la lideresa lenca.
“Lo entendemos como la vinculación de estos señores Atala Zablah que siguen sin poner un pie en estas instituciones de supuesta justicia en nuestro país y despierta grandes suspicacias de que se pueda tratar de un pago para la comisión del delito por las pérdidas que les estaba significando la lucha de Río Blanco, liderada por mi madre”, expuso la coordinadora del Copinh en conferencia de prensa realizada en abril del 2021.
En ese momento, Victor Fernández, abogado de la causa de Berta Cáceres explicó que dicha prueba “relaciona movimientos financieros de la empresa con una acción material directa de dos sujetos importantes en la ejecución del crimen de Bertita, en este caso Roberto David Castillo y Douglas Geovanny Bustillo. Pero es más importante que la autorización de esta transacción financiera millonaria la hace el señor Daniel Atala Midence”.
Continuación de la lucha
Pese a estos detalles, para el Copinh la ratificación de las sentencias marca un precedente importante en la historia hondureña, pues la califica como “un aliciente para continuar en la lucha por la justicia para los pueblos”.
Sin embargo, para la coordinadora del Copinh, aún resta saldar la deuda con la comunidad de Río Blanco. En específico, Zúñiga exige que le sea otorgado un título comunitario para que, de esa manera, “se garantice que no se vuelva a irrespetar la voluntad y la autonomía comunitaria de Rio blanco”.
También aseveró que, para la salvaguarda del río Gualcarque, aún quedan pendientes “las acciones administrativas para poner fin a la concesión del proyecto hidroeléctrico, Agua Zarca, de manera que no sigan ganando estos empresarios corruptos por un proyecto que ni siquiera construyeron”.
Por último, el Copinh hace un llamado a la comunidad hondureña e internacional para redoblar esfuerzos en esta nueva etapa, que califican como crucial para responsabilizar a los autores intelectuales del crimen. “No descansaremos hasta que todos los responsables, tanto materiales como intelectuales, enfrenten las consecuencias de sus crímenes y se profundice la grieta de la justicia en el muro de la impunidad en Honduras”, sostuvó la organización lenca.
En portada: Claudia Sheinbaum, y Andrés Manuel López Obrador, realizaron un saludo a las Fuerzas Armadas de México, encabezado por el General Luis Crescencio, en el Colegio Militar de Tlalpan. Septiembre, 2024. Foto: Presidencia de México.
Ante lo que denomina una crisis de derechos humanos en México, exacerbada por la inseguridad y el alto nivel de violencia homicida, la organización Amnistía Internacional (AI) presentó durante este noviembre un informe en el que apunta como indispensable la desmilitarización de la seguridad pública, estrategia profundizada durante las últimas dos décadas.
La organización defensora de derechos humanos enfatiza que, derivado de la estrategia de militarización, son constantes las violaciones a derechos humanos cometidos por instituciones de seguridad y defensa.
Una muestra de ello es que durante el periodo de 2019 hasta agosto del 2024 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 1,893 quejas contra la Guardia Nacional y 2,279 contra la Secretaría de la Defensa Nacional. Entre los hechos reclamados se encuentran actos de tortura y privación de la vida, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad y defensa.
Estas violaciones a los derechos humanos, argumenta AI, demuestran el fracaso de la estrategia de seguridad, pues no solo no reduce el crimen y violencia, sino que ha creado un ambiente propicio para que integrantes de las Fuerzas Armadas violen los derechos humanos cuando llevan a cabo sus actividades de seguridad pública.
Aunado a estos abusos, durante 2022, una filtración de información de las Fuerzas Armadas reveló actos de espionaje y seguimiento contra actividades de organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, entre ellas contra Amnistía Internacional.
En este contexto, la organización de derechos humanos asevera que la decisión para emplear a las fuerzas militares en labores de seguridad pública les ha permitido actuar en una lógica de conflicto armado. “El utilizar toda la fuerza del Estado en un espíritu de combate a un enemigo para intentar reducir el crimen y la violencia, sin atender factores sociales y culturales que propician dichos actos, es una medida que tiene – al máximo - limitados impactos positivos momentáneos y al corto plazo, pero que puede contribuir desde el inicio a la comisión de violaciones a los derechos humanos”, acusa AI.
4T, la persistencia de la militarización
La participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública registró un aumento entre 2006 y 2012 cuando se involucró directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Marina en estas labores. Así, el despliegue militar fue de 48,500 durante el sexenio de Felipe Calderón y aumentó a 53,000 hacia el periodo entre 2012 y 2018. Para el siguiente periodo, y a pesar pese a las promesas de campaña del ex presidente López Obrador de desmilitarizar la seguridad pública, el número de elementos castrenses se incrementó hasta 73,347 para el año 2022, cuyo dato representa la cifra más actualizada del sexenio que culminó en septiembre pasado.
Además, durante el sexenio de Obrador se creó la Guardia Nacional (GN), cuya integración AI califica como “continuidad a la declaración de la ‘guerra contra el narcotráfico’” iniciada por el expresidente Calderón en 2006. Con la GN, señala la organización, las autoridades mexicanas decidieron afianzar la participación de las Fuerzas Armadas, al otorgar al presidente la facultad para disponer de los militares para tareas de seguridad.
Foto: Monserrat López.
Pese a las argumentaciones de que la GN sería un cuerpo policiaco civil, su conformación operativa y directiva por militares se ha concretado con la reforma al artículo 21 constitucional, en septiembre del 2024, que permite integrar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Hasta noviembre del 2023, la GN alcanzó una fuerza de 128 mil miembros; además cuenta con 295 cuarteles, otros 124 en construcción y pendientes por edificar otros 155 más en todo el país.
“Las graves violaciones de derechos humanos en el curso de las operaciones de la Guardia nacional han evidenciado las graves deficiencias de un cuerpo altamente militarizado para la labor de la aplicación de la ley. A pesar de ello, y en vez de reducir la militarización, la decisión de incorporar la Guardia Nacional a la fuerza armada ha aún más fortalecido la militarización”, denuncia AI.
Frente a este contexto, AI exige al Estado mexicano un cambio en las políticas de seguridad pública. Para ello enfatizan la urgencia para diseñar estrategias diferenciadas e integrales, con un enfoque en la protección de defrechos humanos. También demandan el cambio de un organismo militar a uno civil como parte de una reforma policial que garantice la seguridad de las personas.
En concreto, AI señala que México no respeta la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien, en en el Caso Alvarado, enfatizó que cuando las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad ciudadana lo deben hacer de forma extraordinaria, y subordinada, regulada y fiscalizada por la autoridad civil.
Para los defensores de derechos humanos, la estrategia de seguridad pública no especifíca los mecanismos que establezcan las características exigidas por la CIDH para la participación militar.
En portada: Claudia Sheinbaum, y Andrés Manuel López Obrador, realizaron un saludo a las Fuerzas Armadas de México, encabezado por el General Luis Crescencio, en el Colegio Militar de Tlalpan. Septiembre, 2024. Foto: Presidencia de México.
Además, señalan que, al no existir mecanismos de fiscalización de sus labores, “se genera un ambiente que propicia la violación de los derechos humanos, afectando sobre todo a personas en situación de vulnerabilidad, que ha sido evidenciado a partir de la documentación de organizaciones de la sociedad civil y recomendaciones y sentencias de organismos internacionales de derechos humanos”.
En este contexto, el saldo de la violencia desmonta el discurso de que la participación de los militares ha mejorado la seguridad de las personas. “Entre 2007 y 2024, al menos, 101,933 personas han desaparecido y 452,254 han sido asesinadas, entre ellas 49,100 mujeres, 140 periodistas y 221 personas defensoras del territorio, la tierra y el medio ambiente”, sostiene AI mediante datos recopilados en distintas dependencias gubernamentales.
Aunado a ello, el marco normativo que ha sido modificado sobre todo durante el pasado sexenio ha permitido la continuación de los abusos de los militares. Como un ejemplo, argumenta AI, está la publicación, en 2019, de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza la cual acusa no cumple con estándares internacionales en la materia.
La Cámara de Diputados de México aprobó en la noche de ayer, 20 de noviembre, la reforma constitucional que extingue el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en actividad desde 2002, y otros seis órganos autónomos. La aprobación se dio por 347 votos a favor, la mayoría de Morena y sus aliados, y 128 en contra por parte del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
Además de la desaparición del INAI, se votó la dilución del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH).
La sesión continuará este jueves (21) con el debate de todas las reservas. Después la reforma avanzará al Senado de la República. La extinción de los organismos autónomos forma parte de un paquete de 20 reformas enviadas al poder Legislativo a inicios de año por el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
Por un lado, el discurso del gobierno y parlamentarios a favor de la reforma sostiene que las disoluciones de los órganos se traducirán en un ahorro anual de alrededor de 100 mil millones de pesos, los cuales serán destinados al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Por otro lado, organizaciones de Derechos Humanos denuncian que es un retroceso, en el caso de la disolución del INAI, al derecho a la información. El Artículo19, tras la votación, posteó en sus redes sociales que la aprobación representa un grave retroceso para el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.
“Hemos insistido en que esta decisión representa un grave retroceso en la apuesta democrática por abrir la información y el quehacer gubernamental, que echa por la borda décadas de avances en transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas impulsadas por la sociedad”, sostuvo en un comunicado firmado por Artículo 19 y otras dos organizaciones, Poder y el Observatorio Designaciones Públicas.
Además, “la desaparición del INAI deja en desprotección a la ciudadanía ante la negativa de las autoridades de entregar información e implica la pérdida de millones de datos de interés público albergados en la Plataforma Nacional de Transparencia”, señalan.
Las actividades de las entidades disueltas serán asumidas por las Secretarías afines y otras dependencias del Ejecutivo. En el caso del INAI, sus diversas facultades se transferirían de manera fragmentada a la Secretaría de la Función Pública y sus equivalentes en los otros poderes y las entidades federativas.
En agosto de este año, la relatora especial sobre el derecho a la privacidad, Ana Brian Nougrères, y la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan, lanzaron un comunicado sobre la iniciativa del gobierno mexicano. De acuerdo con las relatoras, la garantía efectiva de estos derechos se alcanza cuando el órgano responsable de garantizarlos se encuentra fuera de la esfera de influencia delpoder político.
“Los Estados deberían propugnar procesos, mecanismos y herramientas que permitan al ciudadano ejercer sus derechos y obliguen a las autoridades, mediante los caminos institucionales, a cumplirlos. En este sentido, atomizar este órgano autónomo para que sus funciones sean desempeñadas por instituciones dependientes del Estado nulificaría el potencial que tiene como mecanismo de democratización del poder público”, manifestaron las relatoras.
Resaltan que es “notable la contribución internacional del INAI en materia de transparencia, acceso a la información y de protección de datos personales, factores que juegan un papel fundamental en el fomento de una democracia saludable y robusta”.
