La dictadura de Dina Boluarte autorizó el ingreso al Perú de más de mil militares de Estados Unidos, cuando se reactivan las manifestaciones nacionales contra el régimen que ha asesinado a 50 personas en protestas reprimidas con violencia letal -otras 19 fallecieron en incidentes relacionados- por parte de las fuerzas de seguridad.
La disposición se interpreta como un mensaje amenazante y disuasivo para el pueblo organizado que retomará las marchas masivas en las calles a partir del 19 de julio, en vísperas de los días de fiestas patrias. Desde la región Puno, epicentro de la oposición, se anunció la movilización hacia la capital de 13.000 manifestantes en lo que llaman la tercera toma de Lima.
De acuerdo al decreto aprobado por el Congreso en mayo, las tropas estadounidenses arribarán entre junio y diciembre, con el fin de ofrecer “apoyo y asistencia en operaciones especiales al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía del Perú”. Se desplegarán en al menos 14 departamentos, entre ellos Lima y zonas del sur andino violentadas por el terrorismo de Estado (Ayacucho, Apurímac, Cusco).
El gobierno de facto se sostiene por las armas. La alianza entre Congreso y Ejecutivo, bajo el mando de la oligarquía, se niega al adelanto de elecciones para este año, a pesar de ser una demanda del 70% de la población. El 80% desaprueba a Boluarte y el 90% rechaza al Parlamento, según las encuestas de este mes. Consultada sobre las próximas protestas, la presidenta de facto, en tono interrogatorio, verbalizó la amenaza de muerte permanente del modelo que defiende sobre la protesta legítima: “¿Cuántas muertes más quieren?”.
Foto: Marina de Perú
En respuesta, el Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú (Conulp) reafirma su posición no violenta, sin banderas de partidos ni sindicatos. “Los pueblos originarios de las 25 regiones ya tomaron su propia decisión: abolir de raíz este Estado. La conclusión es construir un nuevo Estado, plurinacional, de las regiones. Desde 1821 las 12 constituciones fueron para ellos, no para el pueblo. Los partidos de izquierda quieren nuevas elecciones, asamblea constituyente, nueva Constitución, pero todos hacen parte de esta clase política, de este Estado viejo. No los vamos a permitir en nuestra lucha, ni permitir la violencia. Responsabilizamos de la violencia a la cúpula policial y militar”.
Las próximas protestas en Lima determinarán el futuro del régimen. Desde la misma cúpula del poder se escenifica un cuestionamiento a la continuidad de Boluarte, ya sea por pugnas internas inmediatas, captar apoyo o como advertencia de la posibilidad del Poder Legislativo de llamar a elecciones antes de 2026.
En las movilizaciones masivas en la capital también participarán, de acuerdo a la Central Nacional de Rondas Campesinas del Perú, 30 mil integrantes de la organización encargada de la seguridad comunitaria en áreas rurales.
Guerras imperiales por extractivismo
A la vez de la advertencia interna, la presencia de militares de Estados Unidos en el Perú es un movimiento estratégico en la región latinoamericana, concretamente en el área andino-amazónica, donde Washington se disputa la explotación de litio y materias primas, como parte de las guerras imperiales con China y Rusia por territorios para el extractivismo en el sur global.
Estados Unidos respaldó, desde el principio, la investidura de Boluarte tras el golpe legislativo contra Pedro Castillo en diciembre pasado. En declaraciones recientes, la embajadora de EE.UU. en el país andino, Lisa Kenna, sostiene que trabaja con el Perú “fieles a los principios de la democracia”. Es la única nación suramericana en la que ejecutarán ejercicios militares este año y la tercera de Latinoamérica, con México y Belice.
Recientemente, el Estado peruano concedió a la canadiense Macusani Yellowcake el primero de tres permisos para la exploración de litio en Puno, el departamento peruano donde en enero la Policía y el Ejército asesinaron a 19 personas desarmadas, a las que dispararon con armamento de guerra en acciones calificadas como ejecuciones extrajudiciales por organismos internacionales de derechos humanos.
En los últimos meses, la jefa del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson, fue explícita sobre la misión que se asigna el capital de Washington: "Esta región está llena de recursos y me preocupa la actividad maligna de nuestros adversarios aprovechándose de eso. Pareciera que están invirtiendo cuando en realidad están extrayendo (…) La agresividad de China y su juego en el terreno con el litio es muy avanzado y muy agresivo”.
El litio es, actualmente, el mineral más codiciado por los capitales imperiales. Suramérica posee las mayores reservas mundiales: el 80% de todo el ‘oro blanco’ del planeta se encuentra en Argentina, Bolivia y Chile. Por estos días, la defensa de los territorios y el agua ante la explotación de litio es una de las consignas de las masivas protestas en Jujuy.
Para los pueblos afectados por la megaminería, el verdadero ‘triángulo del litio’ no lo conforman estos países, sino “el vínculo entre las fuerzas de seguridad, el Estado y las empresas multinacionales”, como observaba desde tiempo atrás la Asamblea Pucará de Argentina.
“Insistimos que es Estados Unidos que comandó las masacres en el Perú. Son esas empresas extranjeras que vienen por todo, en Argentina, donde hay litio, la provincia de Jujuy se ha levantado y está luchando porque para explotar el litio se apropian de tierras, el agua. Es una sola lucha, hay un mismo enemigo”, indicó, desde Lima, la delegada de gremios internacionales que respaldan al Conulp.
La violencia de Estado y del gran capital en Jujuy, así como en el Perú, se ejecuta en defensa de la extracción de materias primas. No es casualidad que Puno, con altas reservas de litio y otros minerales, sea la región más represaliada. Contra el poder militar y la minería ecocida de las potencias aliadas a las élites nacionales, el pueblo organizado contesta con la defensa de sus territorios y su representación, ante un modelo en agonía global al que le declaran su fin.
En portada: Aves migratorias en Oaxaca. Foto: Santiago Navarro F
En años no muy lejanos, el canto de las aves pintaba los paisajes sonoros de la biodiversidad. De pronto, los gorjeos, píos y las sonatas que entonaban, se esfumaron, como si el concreto los hubiera devorado. Esa ausencia del canto no es una señal de protestas, o quizás sí. Lo más probable, según estudios de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los EEUU, más conocida como NASA, es porque disminuyeron.
Si algo ha caracterizado a la era de los combustibles fósiles, no solo son sus máquinas de combustión interna que crearon miles de millones de mercancías en serie y en masa para las selvas de concreto, sino que, también, devastaron miles de millones de hectáreas de biodiversidad. Ya lo había anunciado, en 2019, el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, que en sus registros de los últimos 48 años registró la extinción de al menos 3 mil millones de aves silvestres solo en la región norte del continente americano, lo que supone un 29% menos que en 1970.
En el estudio lanzado por este laboratorio se alertaba que las aves son excelentes indicadores de la salud ambiental y de la integridad de los ecosistemas, por tanto, es urgente atender la pérdida de diversidad de aves, “para evitar un futuro colapso de la avifauna y la pérdida asociada de integridad, función y servicios de los ecosistemas”, señalaba el documento.
“Estamos realmente en una crisis global de biodiversidad, perdiendo no sólo especies enteras sino también viendo disminuir el número de plantas y animales que son importantes para los ecosistemas naturales”, declaró el científico Woody Turner, perteneciente a la NASA.
Quienes participaron en el estudio del Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, aseguran que sus estimaciones son “conservadoras”, no obstante, son datos que documentan y registran lo que se presenta como una crisis de biodiversidad en Norteamérica la cual “ha pasado desapercibida”.
Más destrucción de ecosistemas
Aunque los gobiernos, apegados a la llamada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, trazaron una estrategia para contener el aumento de la temperatura en el planeta, en distintas regiones se experimentan olas de calor inéditas. Esta Agenda tiene escasos siete años para concluir y las promesas parecen desmoronarse como castillos de naipes. “El calentamiento actual está ocurriendo a un ritmo no visto en los últimos 10 mil años”, asevera la NASA.
Entre las propuestas ofrecidas en la Agenda 2030 está la llamada “transición energética”, con esta salida aseguraron que se contendría la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados. Esto no se ha logrado, ya que el planeta se sigue calentando, pero, para lo que ha funcionando, es para reorientar las cadenas productivas del mercado global y la geopolítica.
Una de las mercancías más comercializadas en los últimos tiempos son las baterías, una demanda que se acelera con la implementación de las nuevas tecnologías. Impulsada en gran medida por el imperativo de reducir el cambio climático “mediante la electrificación de la movilidad y la transición energética en general”, soslaya la empresa de baterías de litio McKinsey & Company, quien proyectó en 2022 que toda la cadena de baterías de iones de litio (Li-ion), desde la minería hasta el reciclaje, podría crecer más de un 30% anual de 2022 a 2030, alcanzando un valor de más de 400 mil millones de dólares y un tamaño de mercado de 4,7 TWh (Tera Vatios Hora).
La demanda de los minerales que requieren la baterías se convirtió en tema de seguridad nacional para países como los Estados Unidos, quien acaba de lanzar su Estrategia de Baterías de Litio 2023-2030, firmada por el Subsecretario de Adquisiciones y Mantenimiento, Dr. William LaPlante, del Departamento de Defensa (DoD).
Esta estrategia cumple la principal recomendación para mejorar la seguridad de las cadenas productivas de baterías, sobre todo, para el ejército estadounidense, ya que estos componentes son parte los sistemas no tripulados, las capacidades de energía dirigida, la electrificación de vehículos tácticos, las comunicaciones de combatientes y para sus operaciones de combate.
Según esta estrategia, se busca romper la dependencia tanto de minerales como del suministro de baterías, de lo que consideran sus “adversarios” y, con ello, pretende “asegurar las cadenas de suministro de baterías” para el país norteamericano.
“El Departamento de Defensa debe adaptarse rápidamente para aprovechar las inversiones nacionales y aliadas en minería, procesamiento y producción de baterías que hacen posible la fabricación nacional de células de iones de litio y paquetes de baterías para nuestros sistemas de forma segura y asequible”, puntualiza el documento de esta estrategia, lo que implica, una mayor devastación de ecosistemas para ampliar los procesos de explotación minera en el planeta para suministrar los minerales necesarios para la producción de estas baterías.
Los minerales que están acelerado la extinción de ecosistemas completos son los considerados críticos para la energía: aluminio, cobalto, cobre, disprosio, acero eléctrico, flúor, galio, iridio, litio, magnesio, grafito natural, neodimio, níquel, platino, praseodimio, silicio y carburo de silicio.
No obstante, el gobierno de los Estados Unidos tiene una lista que incluye 50 minerales que implican su seguridad nacional, muchos de ellos, extraídos a través de procesos de explotación a cielo abierto o subterráneos; entre ellos están: Aluminio, antimonio, arsénico, barita, cobalto, grafito, litio, níquel, estaño, titanio, entre otros.
Como parte de la estrategia de los Estados Unidos figuran cambios políticos “para mejorar su poder de compra, incentivar los mercados aliados y nacionales”, de esta forma se pretende asegurar “el almacenamiento de energía fiable, seguro y eficiente necesaria para satisfacer las demandas tácticas y operativas de los combatientes”.
En portada: Poblaciones de la sierra mazateca, en el norte de Oaxaca, denuncian biopiratería realizada por expedicionarios extranjeros en sus tierras.
Durante la última Asamblea del Congreso Nacional Indígena (CNI), realizada en Tehuacán, Puebla, voces de distintas geografías de México alertaron sobre el incremento de la violencia dirigida contra territorios de pueblos originarios en todo el país.
En el análisis de las mesas de trabajo se identificó que esta violencia busca, entre sus objetivos, frenar y debilitar procesos organizativos para conseguir la imposición de megaproyectos como el Corredor Interoceánico y el Tren Maya, entre otros.
“Lo que estamos viendo en nuestro territorio es justamente una violencia diferente, pero que también nos afecta. Escuchamos experiencias de otros pueblos donde se les violenta directamente con el ejército, entrando a matarlos. Nosotros no lo vivimos (…) de la misma manera, pero, sin embargo, sí hemos sido violentados de otras formas”, nos cuenta Jazmín Alvarado, integrante del Movimiento de Articulación de los Pueblos Olvidados de la Cañada (MAPOC).
Alvarado hace énfasis en las distintas formas que adopta la violencia en comunidades de la Sierra Mazateca, al norte de Oaxaca. En esa región identifica situaciones que hieren gravemente el tejido comunitario como son la promoción del turismo cultural que acompaña un proceso de gentrificación en la región, así como el aumento en las agresiones contra mujeres y el alza en los feminicidios.
También denuncia otros métodos del despojo, menos comunes y silenciosos, como aquellos que, mediante la ciencia extractivista, ejecutan acciones de biopiratería, como es el caso de las actividades realizadas por espeleólogos norteamericanos en las cuevas más profundas del continente americano: el Sistema Huautla.
Pese al cercamiento de las comunidades, Alvarado, quien colabora en proyectos autónomos, hace énfasis en el trabajo organizativo volcado a las juventudes, infancias y la apuesta por incorporar a las nuevas generaciones en procesos de resistencia comunitaria para fortalecer la defensa de los territorios. Esta publicación forma parte de una serie de diálogos con participantes de la Asamblea del CNI. Puedes consultar las entregas pasadas sobre los procesos en Sonora, el Istmo de Tehuantepec, Michoacán y Quintana Roo. A continuación, compartimos los extractos de la entrevista con Jazmín Alvarado.
Avispa Mídia (AM): ¿Cómo se expresa la relación entre la ciencia, extractivismo y despojo que han denunciado en la sierra mazateca?
Jazmín Alvarado (JA): En nuestra región, en el pueblo Mazateco, hay muchos proyectos extractivistas de parte de la comunidad científica. La ciencia viene a violentar nuestras formas de ver el mundo y también pretenden venir a enseñarnos sobre lo que creen ellos que es la realidad. Y no solo eso, sino que se llevan conocimientos ancestrales y sin ni siquiera dejar nada pues no comparten su conocimiento a las comunidades; por ejemplo, nosotros como parte del Movimiento de Articulación de los Pueblos Olvidados de la Cañada (MAPOC), una parte que nosotros hemos defendido, pues ha sido nuestro territorio, es San Agustín Zaragoza, un pueblo que está ubicado a 20 minutos del municipio de Huautla de Jiménez. Ahí hay unas cuevas que se supone que son de las más grandes de Latinoamérica y entonces, quieren meterse allí, un proyecto espeleológico que se denomina Sistema Huautla.
Este proyecto espeleológico lleva 50 años entrando a nuestro territorio. Nunca se les cuestionó durante este tiempo cuál era su trabajo, qué era lo que estaban haciendo (…) y nunca se les cuestionó qué venían hacer o qué era lo que ellos estaban buscando, pero llegó el momento cuando personas jóvenes, y pues que de alguna manera habíamos conocido también otras luchas que, pues eso nos inquietó, el no saber qué hacían personas extranjeras metiéndose a nuestro territorio. Y a qué venían, entonces nosotros nunca obtuvimos alguna respuesta de ellos.
AM: ¿Cuáles fueron los argumentos de los extranjeros para realizar sus expediciones?
JA: Daban diferentes versiones. Cuando ellos llegaron dijeron que eran de la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los EEUU) y que ellos querían ir y explorar la Luna; o sea, nuestros abuelos y las personas que viven ahí, ellos saben que dieron ese discurso.
Ahora lo cambiaron totalmente. Cuando se les empezó a cuestionar dijeron que eran personas aficionadas que iban a hacer deporte y decían que ellos nada más se metían a ver qué había y a practicar este deporte. Ellos hablan perfectamente el español, incluso platicaban y dialogaban con nuestros familiares cuando se los encontraban. Hablaban el español y ahora cuando se les cuestionó, pues resulta que ya se les olvidó. Es una forma también como ellos tienen tan interiorizado su colonialismo. Cómo nos ven, como personas que pueden ser ignorantes, que no son capaces de leer, por ejemplo, un artículo en inglés, un artículo que ellos publicaron, y entonces cómo desde esa visión en la que ellos nos tienen, pues también nos sentimos violentados. Que crean que no somos capaces de poder acceder a la ciencia, que no merecemos tener acceso a saber qué están haciendo en nuestro propio territorio y nos sentimos vulnerados también.
AM: Ustedes han investigado sobre las labores que realizan estos espeleólogos, ¿cuáles han sido sus hallazgos?
JA: Nos hemos dado cuenta de que ellos han estado realizando diversas actividades ahí. Dentro han estado probando robots, han estado probando materiales, como vestimentas para bucear para el ejército estadounidense. Han estado haciendo varias cosas y sin siquiera tener permisos. Si al gobierno realmente le preocupara la situación de nuestros pueblos, si estuviera interesado en nuestros pueblos, esto sería un problema incluso de seguridad nacional, porque entonces ¿qué están haciendo estas personas ahí?, ¿por qué ellos tienen derecho a meterse a probar instrumentos?, a probar lo que sea que estén metiendo ahí, en nuestras aguas, ¿porque ellos sí pueden meter esas cosas, si no tienen ningún permiso?
A nivel estatal tampoco los tienen. Hemos investigado acerca de eso y pues estas personas no tienen permisos para estar ahí y, mucho menos, de nuestras autoridades de nuestra comunidad. A ellas, pues mucho menos se les ha consultado; hasta que se les puso el freno y hasta que se levantó un acta en donde se dijo pues que ellos ya no tenían permiso para para acceder a las cuevas. Y sin embargo aún así lo hicieron.
Sí se siguen haciendo esos acercamientos, queriendo entrar, porque justo hay esta entrada al sistema de cuevas en nuestro territorio, donde ellos quieren entrar a la fuerza. Están buscando otras alternativas, en otros pueblos. Nos hemos enterado que han comprado terrenos para poder ingresar a esas grutas y conseguir otra entrada que les permita seguir con sus planes y que aún, con todo esto, pues siguen sin decirnos, sin darnos una explicación real, de qué es lo que están haciendo y nos vienen con mentiras de que encuentran, según esto, restos de animales que son únicos en la región, pero pues no los enseñan. Cuando nos enteramos también de que habían encontrado los restos de un perezoso, pues resulta que ya estaba en manos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y eso nunca pasó por nosotros, nunca nos informaron, nunca se le informó a la Asamblea de nuestra comunidad. Ellos se llevaron esos restos asumiendo que el INAH podía tomarlo y que era la instancia correspondiente y se saltaron pues a nuestra autoridad, a nuestra asamblea.
AM: Durante los trabajos de la Asamblea has mencionado otras vías de extractivismo de la ciencia, ¿nos puedes compartir más?
JA: En cuanto a la ciencia, es como la que ha estado más inmiscuida en eso, están tratando de hacer estudios también sobre los hongos alucinógenos. Lo que pretenden hacer es la extracción de la psilocibina, el empezar a legalizar el uso de la psilocibina para llevarlos en medicinas. Según esto, la psilocibina trata la depresión, pero para nosotros, no es importante en sí el hongo como tal, sino el rito, todo lo que implica la ceremonia, eso implica la sanación.
Sentimos que es una falta de respeto hacia lo que nosotros creemos, hacia nuestra forma de ver las cosas, de que se hagan esas investigaciones o que se tome algo también de nuestra tierra para poder mercantilizarse. Sabemos que eso a la larga pues va a traer también consecuencias, porque sabemos que las drogas sintéticas traen consigo adicciones. Nosotros lo vemos, incluso tomando los hongos, pues a veces puede ser perjudicial si uno no lleva la ceremonia como tal y pues lo vemos ahora, ¿qué va a suceder con esas personas que empiecen a consumir eso sin siquiera llevar un proceso de sanación?, porque no es nada más tomarte el hongo y con eso ya te curas, sino que es, dijéramos, durante la ceremonia y durante los días posteriores, es cuando obtienes esa sanación. Es todo lo que conlleva, es todo un proceso y ellos lo están reduciendo a un simple medicamento.
Eso es lo que nosotros vemos en cómo nos están violentando, mercantilizando algo que nuestros ancestros lo usaban para curarse, pero para curarse de una manera diferente, no desde esa visión occidental donde nada más es ver si tienes depresión. Y acá, cuando se hace todo esto, se trabajan las emociones, se trabaja todo lo que has vivido tú como persona y entonces, pues eso es algo que a nosotros nos preocupa, todas las consecuencias que pueda traer la mercantilización de estos medicamentos o de las intenciones que ellos tienen y, pues, que incluso ahorita se está viendo reflejado en que ya no están saliendo los hongos. Ya hay muy poquitos, ya no crecen en los lugares que crecían y es preocupante.
Porque las personas de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, ellos sí se curan de esa manera y con el turismo que también llega y empieza a tomar los hongos sin siquiera ser conscientes de todo lo que implica; pues dijéramos que se genera la oferta y la demanda, entonces llegan y empiezan a consumir, pero no es un consumo responsable, no es un consumo que se haga, justo como lo que platicaba, de que se debe hacer conscientemente y haciendo todo un proceso de ceremonia.
También nos hemos visto afectados por el turismo, que justamente llega a esto y empezamos a ver la gentrificación de nuestro municipio, se empiezan a elevar los costos de la vivienda, de la comida, se empiezan a hacer hoteles para poder seguir atrayendo al turismo y es algo que a nosotros nos preocupa mucho porque las personas que viven ahí están empezando a ver sus vidas afectadas por los costos elevados.
AM: Otra de las denuncias que has hecho se refiere a las agresiones contra las mujeres, ¿cuál es el contexto de esta violencia en la región mazateca?
JA: Es también el aumento de los feminicidios y que han estado impunes, o sea, el gobierno de nuestro municipio, pues ha hecho caso omiso a todo eso. No hay, no se puede ver que haya realmente justicia para las víctimas. Al menos que se visibilice, al menos que se haga mucho ruido, que la propia gente empiece a exigir justicia, que empiece a movilizarse, hasta ese momento es cuando se empiezan ellos a mover, pero si no se les hace ver, que no están haciendo nada, entonces ellos no mueven ni un dedo, y así pueden estar matando una, dos, tres mujeres y no va a pasar nada. También vemos que es hasta clasista, llega a ese punto, porque si eres una mujer de una comunidad entonces no te hacen caso. Cuando eres del municipio o que viven en el centro, hay más oportunidades de que la gente pida justicia por ti o por tu asesinato, siendo mujer, y entonces cuando sucede esto en las comunidades, pues esas muertes son olvidadas.
Eso también es algo que nos afecta a nosotras directamente, porque a nosotras, como mujeres, no podemos estar con la seguridad o con la garantía de que vamos a obtener justicia si en algún momento nos llega a suceder algo. Lo único a lo que nos aferramos es a nuestros procesos colectivos. Son esos lugares o esos espacios, a los que pertenecemos, donde sentimos que ahí es donde no nos van a olvidar y no van a permitir que se cometan injusticias con nosotras. Pero pues es muy triste saber que, de parte del gobierno, no tenemos una garantía de que se nos haga justicia. Entonces, como que a veces nos ha tocado a nosotras, como mujeres, vernos en ese lugar, vernos en el lugar de ¿qué pasaría si yo un día desaparezco o si un día muero?, ¿quién va a pedir justicia por mí? Nos toca a nosotros vernos en eso, hacer esos ejercicios de reflexión para poder solidarizarnos también nosotros con las mujeres que son de nuestras comunidades, para seguir pidiendo justicia por ellas.
AM: ¿Cómo ha sido tu experiencia participando de esta asamblea del CNI?
JA: Yo siento que estos espacios justo nos permiten ver lo que está sucediendo en otros lugares, no para decir ‘a mí me está pasando menos que en otro lugar’, sino para reflexionar sobre cómo ellos ya tienen esa experiencia, cómo están pasando por esos momentos. ¿Cómo les están haciendo?, ¿Cómo se están organizando en sus comunidades para enfrentar todo lo que está sucediendo?
Para nosotros siento que es muy importante estar escuchando estas experiencias de los diferentes pueblos, porque también así nutrimos nuestro propio proceso. Nosotros vamos aprendiendo de todos esos procesos organizativos que hay y, sobre todo, pues ir viendo cómo nos vamos organizando, ¿qué podemos hacer para seguir articulándonos? Porque puede que a lo mejor tengamos puntos en común. Nosotros estamos escuchando qué se dice; el crimen organizado es un tema en común acá, entonces tenemos que ver ¿de qué manera nosotros podemos hacerle frente a esa situación?
¿Qué mecanismos nos quedan a nosotros?, y creo que eso es algo, más bien un ejercicio, que no es como que se pueda resolver de un día para otro, sino que hay que seguir reflexionando, ver qué es lo que podemos hacer frente a toda esa situación.
Nosotros, de nuestra parte insistimos en la importancia de crear ese espacio dentro del CNI, pues que pueda ser también para los jóvenes y para los niños. Para nosotros es muy importante que se pueda permitir ese espacio acá dentro de estas reuniones, para que ellos también conozcan, escuchen y también para que vayamos viendo cómo nos organizamos porque, al final, las personas que están defendiendo sus pueblos ya también están grandes, entonces tenemos que pensar, ahora sí, quiénes van a heredar toda esa lucha.
Yo siento que es algo que sí debemos de irnos planteando, el cómo acercar a los niños, cómo acercar a los jóvenes dentro del CNI, porque si seguimos enfocándonos nada más en nosotros, en las personas adultas, en las personas mayores, pues siento que nos vamos a ir quedando cada vez menos, y aquí lo que importa es cómo vamos a crecer.
En portada: Bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional marchan en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para protestar contra la guerra en Ucrania y todas las guerras en el mundo. Foto: Jeny Pascacio.
Son 17 meses que restan de gobierno a Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México. Desde su arribo a la silla presidencial, los vientos de cambio soplaron con fuerza, y no es para menos, los megaproyectos del gran capital que no pudieron empujar los anteriores gobiernos, los está concretando él a una velocidad impresionante. Pero, en este juego, hay ganadores y perdedores, entre ellos, los pueblos que resisten al avasallamiento de la nueva oleada capitalista pintada de sustentable, como las comunidades autónomas zapatistas donde se han agudizado los ataques paramilitares.
Apenas algunos días atrás, mientras se entonaba en 72 rincones del planeta en una misma voz la exigencia de un ¡Alto a la guerra en comunidades zapatistas!, el indígena base de apoyo zapatista, Jorge López Sántiz, sufría las secuelas de un impacto de bala que le dejo heridas en el intestino. Organizaciones de México y del mundo denunciaron que los ataques provenían del grupo paramilitar Organización Regional de Caficultores de Ocosingo (ORCAO), creado durante el gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Aunque las protestas resonaron en distintos espacios de noticias, más de 800 detonaciones de armas de fuego continuaron impactando a las casas, escuelas y clínicas autónomas, además de la quema de las parcelas en las que trabajan las familias bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
“Del 19 al 22 de junio, este grupo paramilitar continuó con el asedio a las bases de apoyo zapatistas. Con la anuencia o inacción de los tres niveles de gobierno, se ha buscado escalar la guerra atacando con armas de fuego de manera continua y coordinada en tres poblados zapatistas: Emiliano Zapata, San Isidro y Moisés y Gandhi, ubicados en el municipio de Ocosingo, Chiapas”, denunciaron cientos de organizaciones e individuos que conforman el Espacio de Coordinación NacionalAlto a la guerra contra los pueblos zapatistas, si tocan a un@, nos tocan a tod@s.
Esta Coordinación señala que las agresiones forman parte de una estrategia de guerra paramilitar contra el movimiento zapatista desde que surgió en el año 1994, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés). “Ahora se enmarcan en un contexto de creciente violencia, fomentado por la crisis económica en la que los pueblos no zapatistas viven; sin más recursos, dependientes y subordinados a las prebendas de programas sociales como Sembrando Vida. Pueblos no zapatistas se ven en la necesidad de intercambiar dinero por hectáreas de tierra, lo que ha llevado a organizaciones paramilitares como la ORCAO a realizar más de 100 ataques de 2019 a la fecha con el fin de despojar territorios”, resalta este conjunto de colectividades mediante comunicado.
AMLO niega la violencia paramilitar
A pesar de las constantes denuncias durante el mandato de Obrador, en la conferencia de prensa que realizó en el estado de Chiapas el 23 de junio, aseguró tenazmente que, “hay dirigentes de la sociedad civil, incluso, de las organizaciones de defensa de derechos humanos que no nos ven con buenos ojos”, sin mencionar nada relevante de los ataques paramilitares contra las comunidades zapatistas.
AMLO aseguró no ser “Salinas” (en referencia a Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México en 1994), y también dijo “no soy Zedillo, no soy Fox, no soy Calderón” refiriéndose a los exmandatarios que le presidieron.
Obrador reafirmó que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, “entonces nunca voy a dar la orden de reprimir al pueblo, nunca voy a dar la orden de masacrar al pueblo, de torturar a la gente, de violar derechos humanos”.
Además, resaltó que sus políticas sociales han ayudado “porque en programas como Sembrando Vida hay reencuentros de quienes estaban confrontados, participan todos. Porque se produjo mucha división abajo. Entonces, poco a poco se ha ido logrado la unidad y lo vamos a seguir haciendo, respetando a todos, pero pues también informando y aclarando las cosas”.
Las colectividades que han expresado su solidaridad con el movimiento zapatista mostraron su preocupación tras las declaraciones del mandatario mexicano, además, “esta actitud no sólo nos parece alarmante, nos preocupa que pueda tratarse del preámbulo de un ataque físico y/o mediático todavía mayor. Minimizar la violencia incentiva a los grupos paramilitares al cobijarlos con el manto de impunidad”.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil también se pusieron en alerta, “manifestamos nuestra preocupación y lamentamos la difamación en contra de las organizaciones de la Sociedad Civil y de Derechos Humanos en Chiapas”, se expresó desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba), ya que consideran que se vulnera su trabajo en medio de este contexto de violencia paramilitar, utilizada según esta organización “para el control social, político, económico, y territorial, marcada por la continuidad de una violencia generalizada y de una estrategia contrainsurgente”.
Los ataques
Del 19 al 21 de junio el grupo armado nuevamente accionó contra las comunidades zapatistas, casi 800 detonaciones de armas de fuego de alto y bajo calibre en tres días, así como la quema de las parcelas en las que trabajan las familias Bases de Apoyo del EZLN.
El Frayba ha registrado que desde que AMLO llegó al poder hasta la fecha se han perpetrado más 110 ataques armados contra comunidades autónomas zapatistas. “Estos ataques han incluido quema de escuelas y bodegas de café, agresiones armadas, tortura, secuestros y heridos de gravedad con armas de fuego, los cuales han sido denunciados por los pueblos zapatistas y documentados por el Frayba”, remarca esta organización de derechos humanos.
Esta organización, con sede en Chiapas, sostiene con firmeza que quienes han perpetrado estos ataques forman parte de la estructura gubernamental del municipio de Ocosingo gobernado por el Partido Verde Ecologista de México, que son quienes canalizan los recursos de los programas sociales del gobierno federal, como Sembrando Vida.
Contrario a lo que sostiene el presidente de la República mexicana, estos programas “en el territorio chiapaneco ha generado conflictos y tensiones, confrontando entre quienes pugnan por un control desde el derecho a la autonomía y autodeterminación y quienes buscan acceder al recurso de la tierra a partir del control estatal y la reconfiguración territorial, con un manejo de la tierra, ajeno a las necesidades de los pueblos originarios”.
María de la Luz Noguerón Valdés observa los restos carbonizados de su cerca. En Tecolocuatitla, desde hace al menos dos décadas, esta escena se repite por lo menos una vez al año: las cercas de los terrenos amanecen incendiadas, los animales muertos.
Restos de un animal en Tecolocuatilta.
Hace medio siglo el padre de María de la Luz comenzó a sembrar maíz y frijol en esta parcela de no más de una hectárea. Cuando la edad le impidió continuar, le dijo a su hija: “Toma las riendas del trabajo”. Ha pasado una década. Su padre murió hace cuatro años. Hoy María siembra aquí amaranto, flor de calabaza, frijol, maíz, avena, hortalizas.
Tecolocuatitla también es conocido como Xico: un paraje dentro del ejido de San Francisco Tlaltenco, en la alcaldía Tláhuac, oriente de la Ciudad de México. María es sólo una de los ejidatarios y poseedores históricos que denuncian que comisariados ejidales y especuladores inmobiliarios, por medio de un ordenamiento ilegal, intentan despojarlos de sus parcelas.
“Hemos sufrido hostigamientos, también presiones, eso es real”, explica María de la Luz. “Una mañana llegamos a la parcela y pues desafortunadamente machacaron a nuestros animalitos. A todos nos los mataron. De igual manera que a mi compañera: todas sus nopaleras las quemaron. Es como volver a empezar”.
Los campesinos han formado un frente unido para defender sus porciones de ejido. Hace poco, los campesinos encontraron buena parte de sus tierras de Tecolocuatitla a la venta en el sitio de Mercado Libre.
Aspectos de la nopalera quemada en el ejido de Tecolocuatitla.
Cosechar bajo amenazas
En Tecolocuatitla “cuando no hay lluvia, no hay cosecha; este año sí llovió y afortunadamente sembramos amaranto, flor de calabaza y avena”. La ejidataria Juana Mendoza explica que todos estos productos agrícolas se distribuyen entre vecinos y amistades.
Tecolocuatitla parece un lugar seco, semidesértico. Una nube de polvo lo cubre todo en ciertos días. Pero ahora, verano de 2022, las lluvias han hecho crecer una fila de hortalizas verdes que se asoman desde los surcos. A lo lejos, sin embargo, se alzan varias nopaleras de más de dos metros de altura. Están negras: fueron consumidas por el fuego.
A Juana Mendoza no le han incendiado sus parcelas, ni sus nopaleras. Pero más de una vez ha recibido amenazas: sus tierras, más cerca de San Francisco Tlaltenco, son codiciadas.
“Quieren invadir mi parcela”, dice.
Después de esta entrevista las amenazas se cumplieron. El 26 de abril del 2023, Juana hizo pública una denuncia debido a que funcionarios de la Comisión de Recursos Naturales (Corena) citaron a varios ejidatarios para tratar el problema del despojo de tierras por parte de grupos criminales, pero dentro de un terreno ocupado por invasores, quienes agredieron a los presentes y aprovecharon para identificar a los ejidatarios que defienden su tierra.
“Denuncio este hecho, ya que desde hace años hemos estado defendiendo nuestras parcelas conocidas como históricas, las que no tienen nada que ver con el plano que se trazó en un ilegal documento que data apenas del año 2000”, dijo.
“A mí me aventaron al suelo y varios fuimos víctimas de gritos y amenazas de quienes, como sea, viven en las cercanías a nuestros hogares”, denunció.
Aspectos de la cerca quemada en el ejido Tecolocuatitla.
El despojo de tierras se ha agravado en los últimos tres años. De acuerdo a datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), del 1 de diciembre del 2018 a febrero del 2023, se han iniciado 720 carpetas de investigación por el delito de despojo en la alcaldía. En el mismo periodo, se han detenido 36 personas por el mismo delito.
Los conflictos en Tecolocuatitla son antiguos. Fue en el año 2000 que, mediante un reordenamiento, se modificó la delimitación de las parcelas. Sin embargo, la gente que históricamente ha vivido y trabajado allí acusa ilegalidad, insisten en que se trató de un fraude hecho por una empresa privada y por el Comisario de ese tiempo, Gorgonio Méndez.
Esto ocasionó las disputas que hoy se traducen en cercas incendiadas, animales asesinados, cultivos destrozados. Nuevos ejidatarios que, aunque son reconocidos por la asamblea ejidal, no tienen parcelas donde sembrar y campesinos que, aunque han trabajado durante generaciones sus tierras, quedaron en el limbo.
Arcadio Hernández Batalla es uno de los poseedores históricos más antiguos del paraje Tecolocuatitla. “El comisariado Gorgonio Méndez exigió que se le tenía que dar 17 mil pesos para que nos respetaran nuestros terrenos, esto fue hace unos 20 años”, recuerda. “Nos dijo: ‘si no tienes, que tu familia te preste o que te den’”.
Les exigieron hasta 20 mil pesos para otorgarles un título parcelario. En una asamblea, realizada el 24 de septiembre del año 2000, se emitieron los nuevos planos y certificados parcelarios del paraje Tecolocuatitla.
“Así se les asignaron parcelas a estos nuevos ejidatarios”, explica Alejandra Vargas de la Cruz, abogada y antropóloga que asesora tanto a poseedores como ejidatarios afectados. “Contrataron una compañía, pagada de manera muy onerosa. Esta empresa levantó planos que están hechos en gabinete, lo que implicó que se crearan una serie de empalmamientos o encimamientos entre parcelas. En algunos casos desaparecen en el mapa las que existen en el sitio físico”.
Según denuncia, estas mediciones no cumplen los requerimientos exigidos por el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede). Isadora Heredia, antropóloga social, detalla que los más afectados por esta situación son un grupo de doce familias que no son reconocidas por la asamblea ejidal. Estas familias, sin embargo, “son quienes históricamente han poseído esas tierras y los que todavía siguen sembrando; han resistido mucho por defender la tierra ejidal que está siendo desaparecida ante la megaurbanización”.
Campesino posa orgulloso en su milpa en el ejido Tecolocuatitla.
Parcelas de papel
Más de un campesino, de los que actualmente trabajan las tierras de Tecolocuatitla, denuncian que existen nuevos ejidatarios que reciben ayuda de programas oficiales, aunque sus parcelas sólo existen en papel.
“Llegan y muestran su documentación que acredita que son dueños, aunque nunca han trabajado la tierra, ni están en posesión”, dice Tito Gabriel, mientras muestra los recibos de pago de servicios y otros documentos que demuestran que ha trabajado su parcela desde la época de sus abuelos. Pese a ello las autoridades agrarias no le han otorgado una constancia que lo acredite como titular de las tierras que labra.
En el año 2020, la abogada Alejandra Vargas tramitó un amparo, a favor de estas familias, contra cualquier desalojo y “contra la inscripción de cualquier documento relacionado con estas parcelas por parte de las autoridades agrarias”.
La abogada señala que el ejido de San Francisco Tlaltenco, donde se ubica Tecolocuatitla, es de propiedad colectiva. Los poseedores históricos y ejidatarios heredaron sus parcelas por usos y costumbres. Sin embargo, “se ha ido gradualmente desincorporando por medio de aplicación ficticia del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede)”. A la fecha, ni ella ni los campesinos conocen el número de hectáreas desincorporadas.
El problema es complejo. Hay quienes han comprado títulos ejidales que les otorgan “dominio pleno” sobre parcelas que no existen en el territorio. “Su certificación es totalmente ilegal, porque las parcelas que existen en el campo en cada paraje su orientación es diferente a la que quedó asentada en el papel”.
“Su certificación es ilegal: hasta la orientación es diferente a la que quedó asentada incluso”, dice Vargas. “Hay parcelas que están atravesadas por cuatro parcelas de papel, o sea las que constan en estos nuevos planos”.
Por ejemplo, la parcela de Tito Gabriel no existe en los planos trazados en algún escritorio. “Hay personas encimadas debido a cómo hicieron el nuevo parcelamiento”, explica él e insiste en que hubo personas que pagaron para realizar este nuevo parcelamiento. El amparo que hoy pelean intenta que estos nuevos ejidatarios no tomen posesión.
Isadora Heredia señala que esta zona de Tecolocuatitla representa uno de los últimos espacios verdes dentro de la Ciudad de México y que esta tierra agrícola ha sido protegida y resguardada, principalmente, por sus ejidatarios originales. “Son ellos quienes trabajan la tierra y defienden su uso agrícola”.
Y es que detrás de la mala gestión del Procede, según denuncian ejidatarios y poseedores históricos, se esconden empresas inmobiliarias y defraudadores que, en alianza con comisariados ejidales, buscan despojarlos de estas tierras para impulsar proyectos de urbanización.
No nos dieron título
“Un día le dije a mi papá: voy a ver al comisariado para que me dé una parcela, yo quiero mi parcela, ya soy casado, me casé en 1959, entonces fui a ver a Miguel de la Peña, quien en ese momento era comisariado de bienes comunales de San Francisco Tlaltenco. Y luego luego me dio mi parcela: no nos pidió dinero, no nos dió un título, solo nos dio más que un papel y a sembrar”.
La anécdota la recuerda Arcadio Hernández.
Arcadio muestra una fotografía de él y su compañera.
Al momento de entregarle la tierra, de la Peña le recordó a Arcadio que: “estas tierras se las damos no para que las tengan sin trabajar, sino para que siembren y para que no se vendan estas tierras”.
“Sembré rábano y amaranto, nunca dejé la parcela. Mis vecinos son testigos: don Beto, don Lino de la Rosa, Beto Ruiz, Héctor Chirinos, también Ricardo Castañedo. Aunque algunos ya se me murieron”.
María Guadalupe Hernández Valdés continúa con el legado de su padre Arcadio. Dice que, como mujer, a veces se ha sentido disminuida, chiquita, ante el duro trabajo de la siembra. Pese a ello, ha logrado sembrar más de 200 árboles de oliva en su parcela.
“Mi idea ahora es sembrar mucha frambuesa porque se da muy bien”, dice entusiasta. “Tenemos lo que es el cereal, el ayocote y la haba, lo que hubo muy poca producción fue la del maíz y el frijol”.
Un brote de tomate se asoma entre la tierra del paraje Tecolocuatitla.
Guadalupe recuerda que en dos ocasiones han llegado personas a agitar papeles en su cara y decirles que esa parcela, que llevan más de medio siglo trabajando, no les pertenece más.
María Guadalupe Hernández Valdés continúa con el legado de su padre Arcadio.Guadalupe señala su terreno, planea plantar más arboles de olivos.
“El comisariado Gorgonio Meza vendió estás tierras a base de mentiras. A muchos los despojó o vendió hasta tres veces una parcela. Fue un fraude total. A mí me han dicho: ‘Oye, Lupita, esa parcela ya pertenece al ejido’. Y pues no: esta parcela la tiene mi papá desde 1960 y se ha trabajado 62 años. Yo sigo trabajándola”.
La figura ejidal es uno de los grandes logros de la Revolución Méxicana. A partir del conflicto armado se otorgaron terrenos a varios grupos de personas para que la sembraran, bajo la premisa zapatista de “La tierra es de quien la trabaja”. Las tierras ejidales nacieron como una propiedad social; es decir, un bien común. Por esta razón, no podían venderse o privatizarse.
Fue en 1992 cuando se modificó el artículo 27 constitucional, que regula la propiedad de las tierras, y se abrió la posibilidad de transmitir el dominio de la tierra ejidal a particulares. Así nacieron los contratos de enajenación de derechos ejidales y, lo que antes era un bien común, comenzó a convertirse en mercancía.
De acuerdo al censo ejidal que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el año 2007, las distintas formas de la propiedad agraria abarcan 198.5 millones de hectáreas; más de la mitad son posesiones sociales. Al corte de 2021, de acuerdo al Centro de Información e Innovación Agraria (CIIA) de la Representación de la Procuraduría Agraria, la Ciudad de México contaba con 50 ejidos y 58 núcleos agrarios.
En la alcaldía Tláhuac, sobreviven siete ejidos: Tláhuac, San Juan Ixtayopan, Santa Catarina, Mixquic, Tetelco, Santiago Zapotitlán y San Francisco Tlaltenco. Estos representan un ecosistema único que aún conserva parte de su carácter lacustre. Aquí crecen especies vegetales nativas como el ahuejote y el tule, se cultivan hortalizas, flores de ornato, maíz y árboles frutales. La fauna nativa comprende especies amenazadas como el ajolote, culebras de agua, sapos. Existen algunas especies de insectos como el axayácatl, un insecto de agua considerado como un manjar desde antes de la conquista. También hay patos canadienses, lechuzas, halcones, gansos, garzas blancas, patos gallareta, urracas, pelícanos.
A la fecha, sólo el 40% de la superficie de Tláhuac ha sido urbanizado. El resto es tierra destinada a la agricultura, además de pastizales y una pequeña porción de bosque en las laderas del volcán extinto Teuhtli.
Ventas de parcelas en redes sociales
“Hay una empresa que está anunciando en páginas de internet, como Mercado Libre o Facebook, la venta de todo un polígono: miles de hectáreas que anuncia como uso de suelo industrial o para la construcción de viviendas”.
Ante estos hechos, la comunidad tramitó un amparo en 2020 con número 1165-2020 en el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa. El amparo ha logrado “la suspensión de plano y de oficio: los actos que reclamamos atentan contra la integridad de los derechos agrarios o contra la integridad del territorio ejidal”.
“Hay documentos desde 1969”, explica la abogada Vargas. Además existe un peritaje, donde se emitió un dictamen y se especificó cuál es el uso del suelo del paraje Tecolocuatitla: suelo de conservación ecológica. Allí se determinó la existencia real de cada parcela en su superficie, medidas, orientación y colindancias. Es falso que estas parcelas están en venta”.
A Maria de la Luz le sorprendió ver que sus tierras se ofrecían por medio de un anunció de Facebook, “empezamos a investigar y efectivamente eran nuestros terrenos. Supongo que son personas ajenas a estos lugares, que lo único que quieren es vender y adiós”. Las empresas a las que se refieren son Urbanikah y REMAX quienes anuncian el terreno, como “ideal para invernaderos, constructoras para zonas residenciales, hospitales, y centros comerciales”.
Tito Gabriel se enteró por medio de Whatsapp “un compañero lo encontró y vimos que estaban en venta nuestras tierras por medio de mercado libre”.
“Nosotros somos los verdaderos poseedores por usos y costumbres”, secunda Luz, “realmente ni siquiera lo queremos vender, nosotros lo que queremos es trabajar y conservar nuestras tierras”.
Tito grabriel muestra su nopalera ha sido victima de hostigamiento para despojarlo de su tierra.
Ahora el sol se oculta y abre paso a una brisa que enfría la piel. Guadalupe, su padre Arcadio y su madre levantan los trastes de la comida. Arcadio sigue recordando lo que le dijo don Miguel de la Peña cuando le entregó su parcela y se aferra a esa consigna como un náufrago a un bote salvavidas: “La tierra es de quien la trabaja”.
Lo escuchan Guadalupe, Juanita, Tito Gabriel, Maria de la Luz y un puñado de poseedores que se mantienen atentos a las amenazas. Les preocupa que proyectos anunciados por el gobierno de la Ciudad de México, como el rescate del lago de Chalco, o el nuevo plan de reordenamiento territorial, revivan o fortalezcan los intereses por despojarlos de las tierras que han trabajado sus abuelos, sus madres. Las tierras que quizás alimenten también a sus hijos.
El aumento de la demanda mundial por aluminio, considerado material crítico para la llamada “transición energética”, aumentará los impactos en comunidades tradicionales en la Amazonía brasileña e intensificará la deforestación. La alerta hace parte del estudioTransición energética y la demanda por aluminio en Brasil, realizado por la Comissão Pró-Índio de São Paulo (CPI).
El aluminio es uno de los metales claves en la “transición energética” y podrá, según el estudio, tener un crecimiento mundial de 29% en la demanda hasta 2030. El metal ya es el segundo más utilizado en el mundo, después del hierro, con 67,2 millones de toneladas producidas en 2021.
Brasil es el cuarto mayor productor de bauxita del mundo, materia prima del aluminio, y posee la cuarta mayor reserva internacional del mineral, después de Australia, Guinea y Vietnam.
El estado de Pará, en la Amazonía, posee alrededor de 75% de las reservas nacionales brasileñas de la bauxita. En el municipio de Oriximiná, en el mismo Estado, está la mayor productora de bauxita del país, la Mineração Rio do Norte (MRN).
De acuerdo con el estudio, la MRN a lo largo de los 40 años de operación, ha causado deforestación de 10,8 mil hectáreas para dar lugar a la instalación de minas de bauxita y presas de jales en la reserva Floresta Nacional de Saracá Taquera, en zonas originalmente utilizadas por comunidades tradicionales.
“Las comunidades impactadas por proyectos mineros, como los pueblos tradicionales de Oriximiná, sufrirán más la aceleración de la explotación minera y la apertura de nuevas minas y proyectos en Brasil, y particularmente en la Amazonía”, sostienen los autores del estudio Luiz Jardim Wanderley y Pedro Catanzaro Rocha Leão.
Emisión de carbono
Los autores alertan también para el hecho de que el aumento de la extracción de minerales, demandado para las nuevas tecnologías que requiere la “transición energética”, aumentará las emisiones de carbono. “Las emisiones de carbono relativas a la explotación minera mundial crecieron 50% entre 2005 y 2018. La emisión de carbono por la producción de aluminio casi duplicó en el mismo periodo y ya representa el 2% de las emisiones globales”, señalan los autores.
Inversiones para la “transición”
La “transición energética” cuenta con promesas de robustos paquetes económicos de los grandes Estados Naciones, conocidos como “New Green Deal Global”. “Los analistas del mercado apuestan en un nuevo ciclo de las commodities, en especial de los bienes minerales”. La meta de la Unión Europea y de los Estados Unidos, según el estudio, para cumplir el Acuerdo de París es alcanzar una matriz energética de emisión cero y una emisión líquida de impacto neutral hasta 2050.
Para eso, se estima ser necesario una inversión de 2,5% del PIB mundial por años, es decir, 2 trillones de dólares en inversiones pública y privada. Solo en el sector minero, para aumentar la producción de los cinco principales metales para las tecnologías de la transición, serán necesarios 1 trillón de dólares en 15 años, siendo 335 billones destinados para el aluminio.
