Un grupo de paramilitares desalojó en la mañana de este martes (15) el plantón de la comunidad tseltal Aguacatenango, en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas. La comunidad había bloqueado la carretera federal San Cristóbal de las Casas – Comitán, a las 9:30 horas, para denunciar que viven una crisis hídrica en su territorio.
Alrededor de las 12:30 horas, los paramilitares llegaron con armas de alto calibre – pistolas, metralletas y rifles - y dispararon contra los manifestantes, incluyendo niños.
En un comunicado publicado en la noche del martes (15), autoridades comunitarias y ejidales de la comunidad relataron que “nos corretearon por más de 500 metros, gritando que no tenemos nada que hacer en este lugar, que este tramo de la carretera es de ellos, nos quitaron nuestras mantas, las destruyeron”.
Durante todo el tiempo de la manifestación ninguna autoridad civil o militar llegó al lugar de la protesta. La policía municipal, estatal o la Guardia Nacional “muy sospechosamente” no se presentaron. “Dejaron actuar libremente al grupo armado. Nos preguntamos si es acaso la nueva estrategia del gobierno en todos sus ámbitos, acallar la protesta usando a grupos armados”, señalaron en el documento.
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En entrevista a Avispa Midia, uno de los ejidatarios de la comunidad cuyo nombre reservamos por cuestiones de seguridad, reclamó que “no es justo que, a nosotros, que necesitamos agua y hacemos nuestra manifestación pacífica, nos manden paramilitares para desalojarnos”.
Las 1,200 personas que viven en el poblado están privadas del suministro de agua potable. La realidad es que un pueblo indígena en el “Estado con las mayores reservas de agua del país, no tiene agua para su sobrevivencia diaria”, señaló el ejidatario, “cada vez es más difícil sobrevivir en nuestra comunidad”.
La comunidad siempre dependió del suministro de agua de un municipio vecino, Amatenango del Valle. Sin embargo, desde 2019, el suministro se ha disminuido y ahora ha llegado a una situación de crisis. “Llevamos tres años en estado de alerta por crisis de falta de agua. Y ahora ya no hay agua”, detalló el ejidatario.
También desde 2019, las autoridades de Aguacatenango han informado el agravamiento de la situación a las instancias de gobierno federal, estatal y municipal, incluso al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Inpi), pero no hay respuesta. “Nos ignoran completamente. Solo excusas y pretextos hemos obtenido como respuesta”, cuenta el indígena tseltal.
Decisión de la comunidad
En el acta de asamblea de la comunidad, realizada el 10 de marzo, 448 ejidatarios de la comunidad, con derechos agrarios legalmente reconocidos, y vecinos, un total de 801 pobladores, decidieron no “seguir cruzados de brazos”, ya que “nuestros hijos e hijas son los que más sufren por la falta de agua y ya muy pocos animalitos de corral podemos tener, por no haber agua en nuestras casas”, señalan en el acta.
Así que el plantón fue una de las decisiones de la comunidad, acordada en asamblea y votada según sus usos y costumbres, para denunciar la crisis hídrica que viven.
En asamblea, los ejidatarios y vecinos de la comunidad decidieron también pedir la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
“No vamos a dejar de protestar. Necesitamos el agua para vivir”, señaló el ejidatario.
Al borde de la guerra civil
La actuación del grupo paramilitar contra la comunidad de Aguacatenango no es un caso aislado en Chiapas. En una carta dirigida a los gobiernos federal y estatal, publicada el 7 de marzo, diversas organizaciones de derechos humanos denuncian una lista de casos de comunidades que han sufrido constantemente ataques de grupos armados.
“La lista de episodios violentos, enfrentamientos, asesinatos, desapariciones, crece día con día en todo el estado, como expresión de una clara, acelerada y, al parecer, incontrolable descomposición social”, resalta el documento.
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En la carta, dirigida a los gobiernos federal y estatal, sostienen la alarmante cantidad de armas de alto poder y de uso exclusivo del Ejército que circulan por todo Chiapas “sin que ninguna autoridad intervenga para detener el flujo”.
También denuncian la impunidad con que diversos grupos delincuenciales, algunos de relevancia nacional, operan en el Estado. “Estamos hablando de una abierta disputa por el control territorial, en la que confluyen intereses de todo tipo”, alerta el documento.
