Foto de portada por ContraCorriente
Cinco días después del simulacro electoral realizado en Honduras para elegir nuevo presidente, el pueblo hondureño se ha volcado masivamente a las calles para protestar contra el intento de consumar un fraude electoral para mantener en el poder al actual presidente Juan Orlando Hernández por un periodo de cuatro años más.
Tomas de carreteras, quema de casetas de peaje y edificios públicos han sido algunas de las acciones populares en respuesta a la violencia militar y policial que arremete contra los manifestantes que exigen un recuento transparente de los votos emitidos durante el 26 de noviembre.
Cabe destacar que la reelección presidencial está prohibida por la Constitución hondureña. Sin embargo, en 2016, la Sala Constitucional bajo influencia del presidente Hernández, dio luz verde a su intención para presentarse por segunda ocasión como candidato en 2017, violando con ello los artículos pétreos que sólo pueden ser modificados por una Asamblea Constituyente.
Honduras arrastra una crisis política desde el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya el 28 de junio del 2009. Durante las elecciones posteriores en noviembre de 2009 y en 2013 se consolidó el régimen de gobiernos del Partido Nacional, de corte conservador. Sin embargo, ambos comicios han sido cuestionados y desconocidos por amplios movimientos sociales quienes han denunciado la imposición de un gobierno autoritario bajo la farsa electoral. Ahora tras el simulacro electoral de noviembre de 2017, parece que al pueblo hondureño se le acabó la paciencia. Nadie acepta los resultados y las calles son la viva expresión de su descontento.
Teatro
A cinco días de las votaciones, el silencio de las instituciones responsables de publicar los resultados ha incrementado la sospecha sobre la consumación del fraude electoral. Con el 60% de las actas contabilizadas, las primeras cifras difundidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante las primeras horas del lunes 27 de noviembre indicaban una ventaja de cinco puntos porcentuales para el candidato de la oposición Salvador Nasralla, sin embargo desde aquel momento el TSE comenzó a dilatar el proceso de conteo y a la par negó proporcionar mas datos acerca del resultado electoral conforme avanzaba el número de actas contabilizadas.
Para el miércoles 29 de noviembre, preso de la incertidumbre y mediante iniciativa de la Organización de Estados Americanos (OEA), el candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura cedió a la presión para sumarse a un convenio de no agresión en el que se comprometía a respetar los resultados del TSE. Después de la firma, y tras una sorpresiva caída del sistema de computo electoral, los resultados desplegados por el TSE reiniciaron con una tendencia favorable a Juan Orlando Hernández quien se mantiene con una ventaja de 1.5% hasta el viernes 1 de diciembre.
Horas más tarde, Salvador Nasralla se retiró de dicho acuerdo. Diversas denuncias mencionan que además de la manipulación del sistema de conteo, ha ocurrido la introducción de hasta 5 mil actas adulteradas en el computo del TSE sin la presencia ni de observadores ni representantes de los partidos.
Para el viernes 1 de diciembre el TSE continúa en permanente silencio.
Consentimiento
Durante los días previos a las elecciones en Honduras, fueron desplegados diversas delegaciones de observadores principalmente de la Unión Europea y la OEA. Los extranjeros autorizados para vigilar los comicios hondureños realizaron pruebas del sistema de cómputo del TSE en el cual nunca diagnosticaron fallas en el procesamiento de datos.
Días después de la elección y frente al aumento en la desconfianza del conteo realizado por las instituciones hondureñas, la misión de observación de la OEA instó al TSE para procesar el 100% de las actas antes de divulgar los resultados electorales. Por su parte, la delegación de la Unión Europea recalcó que “no están siendo contabilizadas actas que corresponden a más de 300 mil votos. Esta cantidad es muy superior a la brecha entre los dos candidatos que es de unos 38 mil votos”. Mientras tanto, la Embajada norteamericana mantiene la misma línea discursiva del Partido Nacional al que pertenece JOH, al hacer un llamado a la calma “esperando el conteo final” el cual manifestantes denuncian ha sido el origen de la violencia y caos en todo el país.
“La comunidad internacional, especialmente la Unión Europea, Estados Unidos y la OEA, deben dejar de lado su falsa imparcialidad y en cambio asumir un papel activo en la exigencia y observación de un recuento físico ya que el conteo del TSE no es creíble. Si esto no sucede, será catastrófico para el pueblo hondureño ya que no tenemos mas remedio que resistir y defender el voto popular y la oberanía del país” denunció Ismael Moreno, director de Radio Progreso, quien sumo su voz contra los intereses extranjeros en la consolidación de un estado autoritario en Honduras.
Protestas y represión
Las movilizaciones en Tegucigalpa comenzaron el día posterior a las elecciones. Los primeros contingentes se manifestaron frente al TSE para exigir la difusión de los resultados. Sin embargo tras horas de protestas pacíficas, la policía desplegó un operativo violento que arrojó a dos personas heridas mediante el disparo a sus cuerpos de bombas lacrimógenos.
Para el jueves 30 de noviembre se registraban protestas y movilizaciones en 16 de sus 18 departamentos. Se registraron 53 puntos de conflicto, en los cuales se reportaron 10 eventos de represión efectuados por las fuerzas militares.
Mapa de la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras
El lugar donde se cuentan las actas electorales, el Instituto de Formación Profesional (INFOP) ha sido objeto de las protestas. Los alrededores del boulevard Centroamérica fueron atestados de grupos de manifestantes que bloquearon el tránsito permanentemente. Pese a los continuos desalojos de las barricadas, los manifestantes han conseguido reorganizarse para volver al sitio donde el escrutinio de los votos se mantiene bajo resguardo militar.
Los operativos policíacos y militares han incrementado el uso de la violencia contra los manifestantes. La noche del jueves 30 de noviembre, durante el desalojo de una movilización en el barrio de El Pedregal, en Tegucigalpa, militares dispararon a las multitudes con lo que hirieron de bala a tres personas y un niño de 12 años que se encontraban en el lugar. Desde entonces decenas de vídeos y fotos circulan en internet como evidencia del uso de armas de fuego por parte de militares hondureños contra la población inconforme.
En otros lugares el tamaño de las movilizaciones han hecho retroceder a la policía, tal como lo ocurrido el viernes 1 de diciembre en la toma de la carretera que conduce de La Esperanza a Siguatepeque, donde miembros del COPINH fueron heridos mientras se manifestaban pacíficamente. Ante las constantes arremetidas de los cuerpos de seguridad, movimientos sociales realizan llamados a la comunidad internacional para estar atentos de los operativos policíacos contra la población inconforme con los resultados electorales.
Como parte de la consolidación de un Estado autoritario, a principios de 2017 se aprobó la reforma al Código Penal en el cual se criminaliza el derecho a la protesta, clasificándola como terrorismo. Pese a ello, con el paso de las horas las convocatorias para sumar protestas parecen indicar que la inconformidad del pueblo hondureño será encauzada en cientos de protestas por todo el territorio nacional.
Censura
Los esfuerzos por parte del Estado hondureño de minimizar los actos de inconformidad en distintos puntos del país se ha mostrado en coordinación con el discurso de las fuerzas armadas y los medios masivos de comunicación que tildan a los manifestantes de vándalos que protestan violentamente.
Sin embargo, medios comunitarios como Radio Progreso y las Radios del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras han mantenido sus micrófonos abiertos y mediante plataformas digitales continúan enviando información hacia el exterior de Honduras para evidenciar el uso de la violencia como única respuesta del Estado frente a la crisis política.
Ante la intensa cobertura mediática, los peligros de la censura y el bloqueo de la información reaparecieron la noche del jueves 30 de noviembre cuando la Red de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras denunció que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones analizaba la clausura de la transmisión televisiva de UneTV quien ha mantenido una cobertura de las protestas en todo el país.
"Esto no es más que una evidencia de la constante persecución contra los medios de comunicación y la violación al derecho a la libertad de expresión que viven las y los comunicadores y comunicadoras. Alertamos a organizaciones de Derechos Humanos a nivel internacional sobre este grave presente y la posibilidad de que esto de pie a la persecución contra otros medios que se atreven a denunciar las agresiones que enfrenta la población hondureña."
Hasta la tarde del viernes 1 de diciembre aún no se habían dado a conocer los resultados de la elección del pasado domingo.
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