martes, septiembre 29, 2020
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Organizaciones denuncian “papel determinante” de gobierno canadiense en éxodo masivo latinoamericano

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Foto: Pedro Marrufo, Cuartoscuro

Por Sare Frabes

La delegación canadiense de la Alianza Internacional de Migrantes (IMA), conformada por organizaciones de migrantes, refugiados y sus aliadas de todo el mundo, denunció el papel del Estado canadiense en los recientes éxodos de miles de personas que migran desde América Central, principalmente de Honduras y Salvador, hacia Estados Unidos. Hoy día se encuentran por la mayor parte en México, tratando de llegar a la frontera con Estados Unidos.

Por medio de una declaración enviada a las autoridades canadienses, las organizaciones firmantes lamentan el silencio del Estado canadiense y de su Primer Ministro Justin Trudeau ante el tema y denuncian que Canadá tiene una responsabilidad específica en la situación actual de crisis sociopolítica en diferentes partes del mundo, justamente por incentivar y financiar megaproyectos que destruyen territorios indígenas y campesinos. Solamente en América Latina, entre 50% y 70% de las inversiones mineras provienen de empresas registradas en Canadá, sostienen las organizaciones.

La delegación recuerda el ejemplo de Honduras. En 2009, poco tiempo después del golpe de Estado militar contra el gobierno elegido de Manuel Zelaya, representantes de la embajada canadiense e inversionistas canadienses se reunieron con el nuevo gobierno golpista de Lobo Sosa. Canadá fue el primer país en reconocer formalmente la legitimidad del nuevo gobierno, a cambio de que Honduras llevará a cabo una reforma institucional para favorecer la inversión extranjera, la extracción minera en el territorio y la neutralización de las protestas de las comunidades afectadas por los proyectos extractivistas y turísticos. La nueva legislación minera es sumamente parecida a la canadiense, una de las más permisivas del mundo, lo cual explica porqué el 75% de las empresas mineras del mundo están registradas en Canadá. Aunado a esto, un acuerdo de libre comercio, firmado entre los dos países para facilitar la implementación de proyectos de extracción de recursos naturales y turísticos canadienses en Honduras, hace posible que en la actualidad el 90% de las inversiones mineras en el país sean canadienses.

“El caso de Honduras solo es un ejemplo de la manera de operar del Estado canadiense para ejercer presión económica y políticamente con el fin de favorecer la destrucción de los territorios, principalmente de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes en América Latina y en varias partes del mundo. Estos megaproyectos de extracción de recursos despojan a los pueblos afectados de sus medios de vida, de sus culturas y tradiciones y al mismo tiempo destruyen el tejido social. Causando desplazamientos forzados, inseguridad, persecución, así como varios tipos de violencia sistémica e individual tal y como desapariciones, violaciones sexuales y asesinatos”, según el comunicado.

Además, las organizaciones canadienses sostienen que no se debe olvidar que el Estado canadiense construye también su riqueza explotando la fuerza de trabajo de las y los migrantes, quienes huyendo el despojo territorial vienen a trabajar a Canadá mediante los programas de trabajo temporal extranjero en los sectores agrícolas, domésticos y otros empleos llamados “poco calificados”. Las personas trabajadoras en el marco de este tipo de programas constituyen para Canadá una fuente inagotable de mano de obra barata y desechable.

La delegación canadiense exige que el gobierno Federal de Justin Trudeau se comprometa inmediatamente a proteger los derechos de las personas solicitantes de refugio y desplazadas; así como que colabore con el gobierno mexicano para asegurarles un refugio seguro. Y exige que se detengan inmediatamente las actividades de las empresas canadienses responsables de la destrucción de las comunidades y del medioambiente en América Latina y en muchas otras regiones del mundo.

Defienden que las empresas registradas en Canadá deben de ser sometidas a procesos legales por las violaciones de derechos humanos de las cuales son responsables, tanto en los territorios indígenas de Canadá como en todos los países donde operan.

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