En Honduras, las movilizaciones que piden la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández están siendo brutalmente reprimidas por el gobierno del país, dejando hasta la fecha un saldo de dos personas fallecidas.
Las dos víctimas que fueron reportadas por el Hospital Escuela de Tegucigalpa como Erick Peralta y Luis Maldonado, el primero por una herida con arma blanca y el segundo por un disparo en la cabeza. Además, se reportan numerosos heridos en varias ciudades del país.
Las protestas empezaron a finales del mes de abril, cuando el Parlamento aprobó dos decretos ejecutivos de emergencia, conocidos como PCM-026 y 027, estableciendo la creación de una Comisión Especial para la Transformación del Sistema Nacional de Salud y otra para la Secretaria de Educación, para reformar el actual sistema. Según los manifestantes, encaminaban a la privatización de la educación y la salud publica, así como al despido masivo de personal.
El 2 de junio, el Gobierno derogó los dos decretos, pero las movilizaciones no han cesado por falta de confianza en las autoridades. Médicos y docentes también iniciaron una Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación, mediante la cual están llevando a cabo un "Diálogo alternativo ciudadano" para la mejora los sistemas de educación y la salud. Ese diálogo se realiza en paralelo al que promueve el Gobierno y al que no asistieron los maestros y médicos de la Plataforma, porque consideran que es falso.
Varios sectores de la población, en particular estudiantes, se sumaron a las movilizaciones y exigen ahora la salida del poder del presidente, a quien acusan de "usurpador" y de haberse reelegido mediante un fraude.
La magnitud de la movilización demuestra el hartazgo de la población hondureña frente a la situación de violencia, despojo, pobreza, represión e impunidad en la que vive todos los días. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 65,7 % de los Hondureños estaba en esa situación de precariedad en 2016, lo que hace del país el más pobre de la región.
Tomas de carreteras en todo el país
En los últimos días, se han reportado quemas de neumáticos y tomas de carreteras en la capital así como en otras ciudades como San Pedro Sula, El Progreso, La Lima, Santa Bárbara, Santa Rosa de Copán, La Ceiba, Comayagua y Danlí, en el norte, occidente, centro y oriente del país.
El martes pasado, transportistas y policías se sumaron a las protestas. El paro del transporte de carga ha provocado que las gasolineras sufrieran desabasto de combustible. Por su lado, los policías, desde la facción en paro de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), comunicaron: "Le reiteramos al Gobierno que nuestra postura es firme, y que no vamos a reprimir más al pueblo hondureño. Que busquen una solución mediante el diálogo". Además, pidieron a sus demás colegas que se sumarán al movimiento, a y a los manifestantes abstenerse de realizar “actos violentos y vandálicos”. Sin embargo, los dos sectores se reintegraron a sus puestos el viernes tras llegar a un acuerdo con el gobierno.
Los demás manifestantes continuaron con el cierre de carreteras en varios puntos del país y se enfrentaron a los antidisturbios.
"El país está viviendo un estado de insubordinación nacional. Comenzó como una bola de nieve, pero ahora es un bola de fuego", explica Víctor Meza, director del Centro de Documentación de Honduras (Cedoh) en una entrevista para El Pais, aunque advierte que "es un movimiento que puede debilitarse. Tiene la fortaleza de la espontaneidad, pero carece de estructura y organización interna que le den sostenibilidad en el tiempo".
El presidente ordena despliegue del ejército
Para contrarrestar las protestas, el gobierno de Juan Orlando Hernández ordenó el despliegue de la policía militar, una rama del ejército capacitada para acciones de guerra y no para acciones preventivas.
El presidente justificó su decisión diciendo que el Estado tiene la obligación de "garantizar el derecho a la libertad de locomoción, protección de propiedad privada y pública y desde luego la protección de integridad de la población”.
Además, este viernes Hernández les dio la bienvenida a los marines estadounidenses de la Fuerza de Tarea Marina Aeroterrestre de Propósito Especial del Comando Sur.
Hablando del mandatario, el analista Victor Meza concluyó que "es un gobernante que se mantiene gracias al respaldo que le da hasta este momento la cúpula militar y Washington, porque Hernández es un aliado muy obediente de EE.UU. en materia de seguridad regional, pero también es un aliado incómodo, por sus vínculos con el narcotráfico internacional y por la corrupción reinante"
En respuesta a la "Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP)" implementada por el gobierno de Martín Vizcarra, actual presidente de Perú, este jueves 20 de Junio cientos de trabajadores pertenecientes a la Confederación General de Trabajadores (CGTP) realizaron un paro nacional de labores. Entre sus exigencias esta el incremento del salario mínimo de 1,600 soles (usd $483), así como la nivelación de las pensiones y la reestructuración del Seguro Social.
Fue el 28 de Diciembre del 2018 cuando el mandatario de este país andino aprobó oficialmente, mediante Decreto Supremo (DS), las políticas que buscan potenciar la productividad y el crecimiento sostenido de su economía, pero los trabajadores ven estas políticas como una reforma laboral que provocará una reducción en el número de días de vacaciones y la flexibilización de contrataciones y despidos. “No nos oponemos a la política de competitividad sino a está forma de política que el gobierno está dando sin respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras”, dijo la vicepresidenta de la CGTP, Carmela Sifuentes.
Entre los diversos componentes de esta reforma, los trabajadores muestran su preocupación por el Objetivo numero 5 que establece: Crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo digno, un marco regulatorio adecuado y mejora de los procesos de fiscalización laboral para la formalización de los trabajadores.
Uno de los objetivos de esta movilización es derogar el punto de estas políticas laborales. “Le decimos al Gobierno que si su política de competitividad es para mejorar el desarrollo del país, ¿cuál es el temor que se derogue el objetivo 5 y se empiece a discutir desde el espacio de diálogo social, que es el órgano tripartito, donde están el Estado, los empresarios y los trabajadores?”, cuestionó Manuel Coronado, secretario de organización de la CGTP, quien sostuvo que el gobierno no tomó en cuenta a los trabajadores para la elaboración y aprobación de esta reforma.
A pesar de que el gobierno de Vizcarra había prohibido estas movilizaciones, cuatro centrales sindicales del Perú y organizaciones sociales se han movilizado en la capital de Lima. “Con garantías o sin ellas el paro unitario nacional, cívico y popular se realizará”, anunciaba unas horas antes el secretario de la CGTP Gerónimo López Sevillano.
También las trabajadoras y trabajadores de la limpieza pública se sumaron al Paro Nacional desde tempranas horas de la mañana. El paro convocado por la CGTP y otros sindicatos fue replicado en diversos puntos del Perú. El saldo fue 30 detenidos Huancayo, entre ellos 16 venezolanos que participabas en las protestas según los informes de la policía.También la marcha contra el cobro de Peaje en el distrito Puente Piedra fue reprimida con gases lacrimógenos por la policía.
Fotos de la protesta contra el peaje. De Waika /Comunicambio
Conferencia de prensa de la comunidad Otomí residente en CDMX.
Este 15 de junio de 2019, a las 10 de la mañana se llevó a cabo una conferencia emergente en la calle Roma 18, colonia Juárez en la Delegación Cuauhtémoc ubicada la Ciudad de México. La comunidad Otomí residente en la CDMX convocó de manera emergente ante la alerta de un desalojo en próximos días, denunció el racismo y la discriminación que viven por parte de las autoridades gubernamentales y las clases acomodadas de esta colonia.
“Queremos hacer una denuncia pública directamente en contra del gobierno de la ciudad, en contra de Claudia Sheinbaum, quien es responsable directamente de la política pública que se pueda llevar a cabo de la CDMX, queremos señalar la responsabilidad de la alcaldía de la Cuauhtémoc. Nestor Nuñez, el tiene mucho que ver en la situación que se vive”,
afirma Diego García Bautista, representante legal de la comunidad Otomí e integrante de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) Benito Juárez.
Bautista indica que la comunidad indígena ocupa el inmueble hace más de 20 años. La historia del inmueble data de 1930 y albergó la embajada de España en México. Después de los sismos de 1985 quedó abandonado y la comunidad indígena ocupó inmuebles vacíos en las colonias Roma y Juárez.
Estos, como Roma 18, Guanajuato 200 y Zacatecas 74, están inscritos de modo oportuno en el Instituto de Vivienda (INVI) a través de sus programas que contemplan inmuebles con alto riesgo estructural para ser expropiados en pro de un bien común. "Tenemos un sustento jurídico", sentenció la comunidad Otomí.
El representante legal anunció que existe una situación de urgencia desde el pasado 19 de septiembre del 2018, pues debido al violento desalojo se mantuvieron en un campamento a las afueras del inmueble.
“Nunca conocimos una orden”, afirma y recuerda que el 31 de mayo pasado se llevó a cabo un nuevo desalojo a cargo del cuerpo de granaderos que se efectúa en contra de los habitantes vecinos, ubicados en Londres 7: “La comunidad vecina ya no se encuentra, esto deja en plena indefensión a Roma 18”.
Por su parte, Néstor Nuñez anunció en conferencia de prensa la desocupación de Roma 18, por lo que la comunidad decidió alertar a la ciudadanía, a las organizaciones sociales y a los medios de comunicación sobre un inminente desalojo.
“Hacemos un llamado urgente a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para que esta mesa de trabajo que hemos demandado de manera directa pueda tener sentido para resolver. Desde su arribo a la jefatura, un solo funcionario se ha presentado para resolver la problemática. Denunciamos la política de gentrificación que tiene como total objetivo el desplazamiento de la Comunidad Otomí. Estamos enfrentándonos a un desplazamiento, lo que vemos comúnmente en las comunidades rurales lo vivimos aquí. Lo que están viviendo es un escenario de discriminación”, enfatizaron los denunciantes.
Incongruencia
La comunidad Otomí también criticó a la presidencia en turno: “Cuando hace su arribo AMLO para gobernar, el país recibe de una serie de pueblos un bastón de mando que contradice lo que hoy está pasando aquí. No hay congruencia en el discurso ni en la política pública del Gobierno Federal y esta comunidad hace esta denuncia, en términos de una salida en atención a la urgencia de vivienda”.
Durante la conferencia, Filiberto Margarito, integrante de la Comunidad indígena Otomí residente en la CDMX, inició con un saludo en lengua otomí y compartió su experiencia:
“Racismo es lo que estamos sufriendo en la Ciudad de México. El año pasado instalamos una escuela autónoma otomí. Los niños salen a la banqueta a estudiar y los vecinos se molestan y dicen que no pueden estar aquí afuera. Por la vestimenta que tienen dicen que somos unos farsantes. Que nos vayamos a donde venimos. También nosotros tenemos derecho a una vivienda, que queremos pagarlas no que nos la regalen por parte del gobierno. En la escuela en que van nuestros niños, la discriminación es por parte de la directora. Nos iban a cerrar la escuela Alberto Correa. Los vecinos de enfrente nos dicen que no podemos estar aquí porque somos delincuentes, nos acusan de robo de partes, trata de blancas y narcomenudeo. Somos artesanos, unos venden manzanas, somos comerciantes. En la colonia, saben las autoridades dónde venden las drogas, donde venden las autopartes. Nosotros aquí vivimos. No somos esa clase de personas. Con eso están en las redes y nos han señalado por algo a lo que no nos dedicamos”.
Estela Quirino, mujer habitante de Roma 18, integrante Comunidad indígena Otomí residente en la CDMX, también compartió:
“Que bueno que nos vinieron a ver cómo vivimos. Nosotros vivimos muy mal porque la gente nos discrimina. No se me hace justo que nos vean y nos digan de cosas. Viene un desalojo sin ningún documento; 200 o 300 granaderos vienen, todo lo que teníamos allá adentro lo perdimos definitivamente. Es cosa que a nosotros nos cuesta, salimos a trabajar. No es justo que el gobierno que está venga y nos quite un pedazo de donde vivimos. Los vecinos nos discriminan, no dejan que los niños jueguen aquí, nuestros niños. Nos dicen quítense porque no tienen derecho ¿Por qué no?
Tenemos derechos, no porque seamos indígenas nos vamos a quitar y no nos vamos a dejar que nos traten como nos traten. Queremos una vivienda digna para nosotros y nuestros hijos. No todo el tiempo nuestros niños van a estar viviendo en la calle. No nos vamos a ir. Yo quiero lo mejor para mis niños. Viene otro desalojo sin ningún documento. Los granaderos vienen y golpean a nuestros compañeros y no se nos hace justo. Vamos informamos todo y no nos hacen caso. Eso no se me hace justo a mi”.
Román Sánchez Nuñez, integrante de Colectivo Zapatista Neza, explica que el término de gentrificación tiene que ver directamente con una idealización de las ciudades, en donde la figura del indígena no es bienvenida, pues atiende directamente a un proceso capitalista.
Por último la comunidad Otomí hace un llamado a la solidaridad, pues la amenaza de desalojo es latente y vulnera directamente su derecho a la vivienda.
Niño en campamento de desplazados en Canalumtik, Chiapas. Foto de Danny Alveal
“Fuimos desplazados por la delincuencia organizada. Somos 58 familias, y entre esas 58 familias llevamos 27 muertos y 3 desaparecidos. Fuimos atacados a nuestras casas. Llegaron 5 veces a atacarnos en las casas. Ahí mataron, son 27. Una niña de 8 años vió cómo mataron a su mamá y a su hermano. Fue en 2012. Querían madera, plantar drogas y los minerales que hay ahí”, relata un testimonio recibido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Sierra de Totolapan, Guerrero, durante su visita a México en 2015
En México, desde el inicio de la militarización del país bajo el pretexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico” por el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa en 2006, el número de personas que han sido internamente desplazadas por la violencia y la inseguridad pública no ha dejado de aumentar.
El número es incierto ya que no existen cifras oficiales, sin embargo, varios organismos han realizado esfuerzos para dimensionar la magnitud del problema.
Según registros de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), al menos 329,917 personas han tenido que abandonar su hogar del 2006 hasta la fecha.
Entre enero y diciembre del 2017, la organización civil registró 25 episodios de desplazamiento interno forzado masivo, los cuales afectaron a 20,390 personas de nueve estados del país: Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Coahuila, Durango y Zacatecas.
El registro destaca la importancia de precisar que esos números no contemplan “los desplazamientos que ocurren y no son reportados por los medios, ni aquellos que desplazan menos de 50 personas o diez familias”.
Por otro lado, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) habla de 8,726,375 personas desplazadas en el periodo de 2011 a 2017, lo que representa cerca del 6.76% de la población mexicana.
La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) habla de 185,936 personas en el periodo entre 2009 y 2014 y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) contabiliza 206,965 personas en el periodo de 2005 al primer trimestre de 2018 .
Regreso de familias desplazadas_de Calchihuitán, Chiapas. Foto de Cuartoscuro
Según el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado en México (2016) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), esos desplazamientos han provocado que al menos 53 pueblos y comunidades del norte y sur del país se hayan ido despoblando.
COMUNIDADES EXPULSORAS DE PERSONAS DESPLAZADAS A CAUSA DE LA VIOLENCIA
ESTADO MUNICIPIO COMUNIDAD
Chiapas
Las Margaritas
Gabriel Leyva Velázquez
Oxchuc
Oxchuc
Chihuahua
Ahumada
Miguel Ahumada
Praxedis de Guerrero
Praxedis y el Porvenir
Guadalupe
Guadalupe
Ascención
Palomas, Josefa Ortiz, 6 de enero
Guerrero
Heliodoro Castillo
Tetela del Río, El Rodeo, Huerta Vieja y Tlacotepec
Chilapa de Álvarez
Acatlán
Leonardo Bravo
Filo de Caballo
San Miguel Totolapan
Pericotepec, Comunidad Las Mesas II, las Shascuitas
Chilpancingo
Chilpancingo
Pungarabato
Altamirano
Jalisco
Tuxpan de Bolaños
Tuxpan de Bolaños
Sinaloa
Culiacán
Ranchería La Noria
Escuinapa
Ojo de Agua Las Palmillas
Mazatlán
Tecomate de la Noria, Tiro
Sinaloa de Leyva
Comunidad La mesa, El Zapote
Choix
El Oro, Tararán, Madriles, Puerto La Judía, Real Blanco, Los Laureles
Mocorito
Corral Quemado
Badiraguato
La Ladrillera
Ahome
Zaragoza
Concordia
Cieneguilla, Platanar de los Oliveros
Angostura
El Llano
Tamaulipas
Ciudad Mier
Ciudad Mier
Nuevo Laredo
Nuevo Laredo
Michoacán
Aquila
San Miguel de Aquila
Aguililla
Aguililla
Múgica
Nueva Italia de Ruiz
Apatzingán
Apatzingán
Tepalcatepec
Tepalcatepec
Coahuayutla de José María Izazaga
Coahuayutla de Guerrero
Durango
Mezquital
Tierra Colorada
Pueblo Nuevo
Las Guacamayas
Tamazula
El Verano, El Limón
Veracruz
Cosamaloapan
Cosamaloapan
Oaxaca
Juxtlahuaca
San Juan Copala
Por otro lado, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revela que la mayoría de las personas desplazadas entre 2009 y 2014 eran mujeres y niños. También enfatiza el hecho de que más de la mitad de las víctimas de desplazamiento tiene entre preescolar y secundaria como grado máximo de estudios.
Pérdida del territorio, marginación y vulnerabilidad
El desplazamiento forzado, al provocar la separación de las comunidades con sus tierras, tiene impactos negativos muy fuertes sobre las personas y colectividades. La CIDH identifica que los principales efectos son la pérdida de la tierra y de la vivienda, la marginación, graves repercusiones psicológicas, el desempleo, el empobrecimiento y el deterioro de las condiciones de vida, el incremento de enfermedades y de la mortalidad, la desarticulación social y la inseguridad alimentaria, de salud y educación.
El Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado en México de la CNDH agrega que la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas desplazadas les hace más propensas a volverse “víctimas potenciales de otros fenómenos delincuenciales como desapariciones y violaciones.”
Por otro lado, la CMDPDH expresa que “reconociendo la vulnerabilidad de todas las personas que se ven obligadas a abandonar sus lugares de origen o de residencia habitual para salvaguardar su vida, su integridad, su seguridad y libertad personales, los desplazados internos parecieran estar en una situación de mayor vulnerabilidad debido a la frecuente falta de reconocimiento de su situación jurídica al interior de los países, lo cual se agrava con la inexistencia de un instrumento jurídico internacional vinculante para su protección”.
Crimen organizado y megaproyectos
Según la CIDH, la presencia del crimen organizado y la implementación de megaproyectos son de las razones principales que causan los desplazamientos forzados adentro del país. Después de su visita realizada del 28 de Septiembre al 2 de Octubre de 2015, el organismo compartió en sus Observaciones Preliminares de la Visita in Loco de la CIDH a México: “la CIDH recibió abundante información y testimonios acerca de la forma en la que la violencia de grupos del crimen organizado, los cuales en algunos casos se encuentran coludidos con agentes estatales, está conllevando, directa e indirectamente, al desplazamiento interno de víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares. Los megaproyectos de desarrollo están conllevando al desplazamiento forzado de pueblos indígenas y otras comunidades en varias zonas del país. La violencia ha tenido un impacto particularmente grave en generar el desplazamiento forzado de grupos tales como pueblos indígenas, periodistas y defensores de derechos humanos.”
Ante la violencia que golpea a cada vez más comunidades, resalta la inacción de las autoridades.
Indígenas desplazados de Chiapas inician la “Caravana de pies cansados” para exigir ser atendidos por funcionarios estatales. Foto de Raúl Vera
“La problemática del desplazamiento interno forzado carece de un diagnóstico oficial, lo cual es un elemento necesario para la construcción de una política pública para la atención y protección de las víctimas de ese fenómeno en el país”, alerta la CMDPDH.
Por su parte, la CNDH responsabiliza al Estado mexicano por la impunidad que ha estado manteniendo. “Al dejar desprotegida a la población en riesgo de desplazamiento forzado interno, las autoridades de Seguridad Pública están generando impunidad y un aliciente a esos grupos para continuar afectando a la población”, alerta en su informe. “El desplazamiento interno forzado en México ha sido abordado aisladamente y sus víctimas acalladas, invisibilizadas e incluso criminalizadas por las autoridades del Estado mexicano”, recalca.
El aumento del número de personas víctimas de desplazamiento forzado interno no es exclusivo de México sino que puede ser observado alrededor del mundo, como consecuencia de la violencia generalizada, los conflictos o las violaciones de derechos humanos.
“Unos 13,9 millones de personas se convirtieron en nuevos desplazados por los conflictos o a la persecución en 2014. Entre ellos había 11 millones de nuevos desplazados dentro de las fronteras de su propio país, la cifra más alta nunca registrada. Los otros 2,9 millones de personas eran nuevos refugiados”, expone el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el documento “Mundo en guerra. Tendencias globales, desplazamiento forzado en 2014”.
Según el mismo organismo en su informe de 2017, el número de desplazados internos llegaba a 40 millones en 2017. Ese mismo año, la cifra de nuevos desplazamientos equivalía a que 44.400 personas se vieron obligadas a huir de sus hogares cada día.
Cristóbal Sánchez y la comisión de la comida. FOTO: Irving Mondragón.
por Colectivo Línea 84
“La criminalización consiste en quitarle a alguien la posibilidad de respetar las leyes. A las personas que se les criminaliza se les excluye de la justicia… se les excluye de la protección de la ley, pero no del castigo de la ley o de ser regulados o disciplinados por la ley”. Lisa Marie Cacho
Cristóbal Sánchez ha defendido y ayudado a las personas migrantes que por estar criminalizadas -por la absurda razón de no tener documentos de viaje- no son merecedoras de la protección de la ley. Él ha protestado con acciones de ayuda contra el castigo y la regulación de leyes injustas que violentan los derechos de las personas migrantes. Él ha luchado para que las personas migrantes ejerzan sus derechos y, que, de esta forma, se les respete. Esta manera activa de defensa de derechos humanos no encaja en el humanitarismo típico de la iglesia católica (salvo en su vertiente de la teología de la liberación) en el que las personas son sujetos pasivos a los que hay que “otorgarles” derechos que no poseen.
La manera en que él se ha solidarizado con los pasados y recientes flujos migratorios de miles de personas no es convencional, pero eso no lo hace un criminal o un “incitador” de caravanas migrantes -es decir, de desplazamientos forzados y criminalizados-, así como lo declaró Alejandro Vila Chávez, delegado estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chiapas, el 6 de Mayo de 2019.
Desde niños, adolescentes y adultos, familias completas viajan en el éxodo centroamericano. Foto de Irving Mondragón.
Desde Mayo o quizás desde antes, Alejandro Vila y su equipo ya investigaba a Cristóbal Sánchez y otras personas solidarias con los migrantes pues declaró que “dentro de muy poco va a haber resultados específicos. Hay tanto mexicanos como extranjeros. Porque para que salgan de su país necesitan que alguien les incite, les diga y los convenza”.
Ante este caso de criminalización es necesario señalar un par de cuestiones. Primero sobre la migración, segundo sobre las actividades de Cristóbal Sánchez y tercero sobre las caravanas.
La migración masiva en tránsito por el territorio mexicano hacia Estados Unidos de personas provenientes de Centroamérica y de otras partes del mundo, no está incitada por ningún grupo de traficantes.
La migración internacional masiva es la consecuencia tangible y visible en nuestras sociedades y comunidades de una política-económica específica y global. Esta política es la que llevó a México a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y a que los gobiernos mexicanos del último cuarto del siglo pasado hayan abandonado el interés público para darle preferencia al interés privado y económico. Esta política económica, también llamada neoliberal, incrementó de manera exponencial el flujo de mexicanos indocumentados a Estados Unidos en la década de los ochenta y los noventa.
Al neoliberalismo también se le llama globalización y es la fase más actual o moderna, como se prefiera llamar, del capitalismo contra el que -según Alejandro Solalinde entrevistado en el noticiero de Carmen Aristegui- López Obrador está luchando.
La migración masiva es una consecuencia de un capitalismo en expansión que considera los derechos humanos como un costo y no un beneficio, por lo que exige que los gobiernos repriman las consecuencias sociales que ha provocado la caída del interés público frente al económico.
Por ello es difícil creer que López Obrador está luchando contra este capitalismo cuando utiliza la represión del flujo migratorio como moneda de cambio para frenar una imposición de aranceles a los productos mexicanos.
La negociación abierta y pública que hace el gobierno mexicano entre asumir los costos de las políticas neoliberales en países como Honduras a cambio de “beneficios” comerciales con EEUU, convierte a los humanos en mercancía.
La migración no se incita, a nadie se tiene que convencer de migrar, la migración es un desplazamiento forzado de personas obligadas a abandonar los espacios donde el capitalismo necesita entrar. Con ello, hablar sobre “incitadores” a la migración y acusar a las personas que ayudan a que los derechos se ejerzan es convertir la solidaridad en un crimen.
A Cristóbal Sánchez se le acusa, dice la Fiscalía General de la República (FGR) “por supuesta introducción de personas a territorio nacional sin la documentación correspondiente”.
Para empezar, una persona sin documentos de viaje incurre en una falta administrativa, y esto no constituye un delito; así se detalla en los artículos 69 y 70 de la Ley de Migración mexicana. Una persona que migra no es un criminal. La persona que se solidariza y ayuda a los flujos de migración forzada no es un traficante de personas.
Las organizaciones que reciben donaciones para ayudar a las personas obligadas a migrar tampoco son traficantes de personas porque en ese caso, la mayoría de las casas de migrantes de la iglesia católica que han recibido donaciones serían consideradas casas de seguridad administradas por coyotes, lo cual no son.
Desde la caravana masiva del 2018, Sánchez se solidarizó con las personas que llegaban a la ciudad de Tapachula, la mayoría proveniente de Honduras. El fotógrafo Irving Mondragón, quien ha documentado los flujos migratorios, da su testimonio sobre Cristóbal: “Él vino para apoyar… y armamos una cocina porque nadie estaba comiendo y ahí estuvo siempre al pie del cañón… porque no había comida… después de que fue atacada toda la caravana, él se puso dar comida por abajo, por las rejas”, cuenta el fotoreportero sobre los sucesos en el Puente Fronterizo Roberto Robles, acceso a Ciudad Hidalgo, Chiapas.
La cuestión es que Cristóbal Sánchez no pertenece a ninguna institución que lo proteja lo que hace que su solidaridad hacia la población migrante sea doblemente peligrosa.
Junto con Amelia Frank-Vitale, antropóloga de la ciudad de Michigan, Cristobal Sánchez realizó una colaboración fotográfíca basada en las caravanas-viacrusis de los años de 2017 y 2018 en la que construyeron mapas tridimensionales que representaban la ruta y las variedades de violencia a las que los migrantes enfrentan en su tránsito por el territorio mexicano.
Las fotos de Cristóbal se presentaron en el museo de Antropología e Historia en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras en el 2018, así como en distintas partes de ese país. Mostrar en un país como Honduras los problemas de violencia asociados con la ruta migratoria suena más a una forma de prevenir la migración más que incentivarla.
Su mayor preocupación era exhibir la cara de personas cuyas expresiones le habían removido las tripas. “Híjole eso sí no me lo perdonaría”, solía contar Sánchez antes de la exposición. Las acciones de Cristóbal siempre han estado encaminadas a la protección de las personas migrantes, por lo cual suena completamente fuera de lugar que él busque algún tipo de lucro con sus actividades. En este sentido, desde sus inicios, las caravanas o contingentes numerosos de personas migrantes cruzando la frontera han sido una forma e iniciativa propia de estas personas, en la mayoría de los casos, de protegerse de la violencia que enfrentan. Las caravanas organizadas han sido siempre una forma de protesta y unión.
Las caravanas de personas migrantes
En el año 2011, Cristóbal Sánchez se encontraba tecleando en la computadora de un cuarto en obra negra que se utilizaba como oficina en el Albergue Hermanos en el Camino, dirigido por el Padre Alejandro Solalinde en Ciudad Ixtepec, Oxacaca.
Cristóbal Sánchez a la izquierda. Foto: Irving Mondragón.
Cristóbal Sánchez, junto con otras personas y organizaciones idearon y articularon la caravana “Paso a Paso hacia la Paz”, una de las primeras en su tipo, la cual se organizaba alrededor de la visita de Felipe González , el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus familias. Esta caravana era un acto de protesta ante los secuestros masivos de personas migrantes que ya habían perpetrado la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. El Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE) participó en esa ocasión.
Tanto Cristóbal como el padre Solalinde y muchos otros más, ayudaron a más de un ciento de personas migrantes, algunas víctimas de secuestro, a llegar a Tierra Blanca en el estado de Veracruz a donde iría el relator a escuchar sus testimonios. En el camino se sumaron muchas más personas migrantes quienes se incorporaron a la caravana. Ayudar a desplazarse a estas personas no fue en ese entonces ni es, actualmente, ilegal. En esas fechas hubo autobuses que trasladaron a las personas y eso no convirtió a los organizadores de esa caravana en un grupo de coyotes. Ayudar no es lucrar.
Unas semanas antes del inicio de la caravana Paso a Paso hacia la Paz, Cristóbal se encontraba en un centro botanero en uno de esos barrios de la ciudad de Tapachula donde muchas mujeres centroamericanas terminan trabajando de manera forzada.
Cristóbal investigaba cómo esas mujeres habían terminado ahí. En este lugar clandestino, la policía fronteriza decidió hacer una redada. Cristóbal la grabó. Los policías lo golpearon, le rompieron la nariz y lo echaron a una especie de celda en las instalaciones de la PGR de esa ciudad. Hubo tiempo de intervenir y antes de que lo transfirieran al penal de Tapachula bajo cargos fabricados, terminó detenido en una oficina de la antigua Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra Migrantes de Chiapas, ensangrentado y golpeado. “No pudieron darme un golpe en la cara porque lo esquivé y me dieron un cabezazo”, eso contaba Sánchez sobre el abuso policial en aquella ocasión.
Las acusaciones a Cristóbal Sánchez, más bien obedecen, como lo mencionó Mariana Zaragoza del Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI) de la Universidad Iberoamericana, a la postura del nuevo gobierno mexicano en cuanto al tema migratorio y a la solidaridad que Sánchez siempre ha mostrado hacia las personas migrantes.
La posición del actual gobierno es clara: las acciones solidarias del pueblo mexicano hacia las personas migrantes serán estereotipadas como actividades criminales. El nuevo gobierno reprimirá con la nueva policía militar concretada en la Guardia Nacional a los flujos migratorios que intenten cruzar el territorio mexicano.
La detención de Cristóbal Sánchez y el reciente envío de 6,000 elementos más de la Guardia Nacional a la frontera sur es la carta de presentación del gobierno de López Obrador hacia el gobierno estadounidense, y un mensaje claro sobre su postura ante los derechos humanos: obedecer y reprimir.
Las declaraciones en el evento de Tijuana el pasado domingo 9 de Junio confirman que el gobierno de Obrador hará todo lo que quiera Estados Unidos en materia migratoria. Esto nos ha convertido oficialmente en el perro policía de una frontera extendida de un imperio moderno.
Una vez, años atrás, hablando con Cristóbal Sánchez, él decía, decepcionado, sobre la actitud de los gobiernos mexicanos que sirven de filtro y guardián de la frontera estadounidense y reprime el flujo migratorio que se dirige hacia ese país: nosotros solo somos perro matando perro.
Las presiones económicas norteamericanas de la administración de Donald Trump han conseguido que México endurezca aún más su política migratoria y anuncie la militarización de su frontera sur.
Para ello, la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha desplegado a la recién creada Guardia Nacional (GN), un nuevo cuerpo militar encaminado a sustituir a las policías en labores de seguridad pública y con la facultad también de actuar como agentes migratorios.
Al mismo tiempo, el Estado mexicano ha desplegado una campaña de criminalización contra personas que se han solidarizado con los migrantes, principalmente centroamericanos, quienes desde octubre del año pasado han ingresado en caravanas para aminorar los riesgos de desaparición, secuestro y asesinato de los que son presa mientras cruzan el territorio mexicano rumbo a EEUU.
Aunado a estas acciones, el nuevo gobierno mexicano autodenominado de izquierda, se compromete a brindar refugio en la frontera norte a todas las personas migrantes que soliciten asilo a los EEUU, mientras asume su labor como policía fronteriza de los Estados Unidos... en la frontera sur de México.
Contradictorias, las políticas de México para los migrantes
El miércoles 5 de junio de 2019, elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) realizaron un operativo para bloquear el paso de aproximadamente 1, 200 migrantes provenientes de Guatemala y Honduras.
A sólo 12 kilómetros de la frontera con Guatemala en el poblado de Metapa de Domínguez, en el estado sureño de Chiapas, el INM acompañado por policías antimotines y militares asignados a la recién conformada Guardia Nacional bloquearon el paso de los migrantes centroamericanos.
Detención de familias centroamericanas. 5 junio 2019. Foto: Cuartoscuro
Familias completas, principalmente de Honduras, habían caminado por la carretera que ha servido como ruta para las caravanas que desde octubre del 2018 han atravesado México en su camino hacia la frontera con EEUU.
A pesar de la aparente permisividad de funcionarios mexicanos, la estrategia de castigo para los migrantes centroamericanos ha ido en aumento desde el inicio de la administración federal actual en diciembre de 2018.
Según cifras del INM, sólo en mayo de 2019 el número de migrantes detenidos ascendió a 22, 694 personas y se deportaron 15,654. Esto representa un aumento de 119 por ciento de personas deportadas cuando se compara con el registro de mayo del año 2018 y un 220 por ciento mayor que los casos ocurridos en mayo del 2017.
El operativo anti-migrante reciente se realizó al mismo tiempo en que representantes del gobierno mexicano y estadounidense mantenían negociaciones en Washington con el objetivo de evitar la imposición de aranceles del cinco por ciento a todos los productos mexicanos comprados por los mercados norteamericanos.
Dicha acción fue anunciada por la administración de Donald Trump como represalia ante la “omisión” de México para detener el flujo migratorio que atraviesa su territorio con el objetivo de alcanzar los EEUU.
Finalmente, el viernes 7 de junio ambas delegaciones anunciaron el alcance de un acuerdo mediante el cual México aplicará medidas más drásticas para detener el flujo migratorio.
Aunado a esta acción militar, el mismo artículo publicado en The New York Times, confirma lo que diversas fuentes periodísticas indicaron desde diciembre del 2018: “la expansión de un programa para permitir que los solicitantes de asilo permanezcan en México mientras continúan sus casos legales (en solicitud de asilo)”, con lo cual en la práctica México se convierte en el “tercer país seguro”, lo cual a corto plazo le obligaría a recibir aproximadamente a medio millón de refugiados.
Frontera sur de México: tortura, racismo y persecución
Apenas el pasado 31 de mayo la Misión de Observación de la Crisis Humanitaria de Personas Migrantes y Refugiados en el Sureste Mexicano, conformada por 24 organizaciones, difundió que tras el monitoreamiento de las principales rutas migratorias del sureste mexicano se confirma la agudización del enfoque de seguridad militarizada “por encima del respeto y protección de los derechos humanos de las personas en movilidad”.
En su informe “La frontera sur es una tortura silenciosa”, la misión documentó la presencia de más retenes militares y recibieron denuncias de cateos en hoteles; además, denunciaron “las consecuencias que esta estrategia tiene sobre las familias que son separadas en redadas, durante la detención, liberación y deportación... incluso en aquellas que han solicitado el reconocimiento de la condición de refugiadas”.
La misión también registró que la detención migratoria llega a formas de tortura física y psicológica e incluso identificaron prácticas racistas por parte de funcionarios mexicanos.
Mientras frente a las cámaras funcionarios mexicanos defienden el flujo migratorio frente a la exigencia desde Washington por detenerla a todo costo, en las acciones desplegadas en Chiapas, el gobierno mexicano complace desde hace meses a las demandas de represión y militarización provenientes de los EEUU.
Chiapas, prioridad
Desde el 18 de mayo pasado, funcionarios del INM anunciaron la operación de la recién creada Guardia Nacional (GN) en labores de “vigilancia perimetral” en las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI ubicada en Tapachula, Chiapas, lo que representó la primera tarea formal de la GN en ese estado.
De acuerdo al comunicado de los funcionarios de migración, la presencia del cuerpo militar sería temporal. Pero el 20 de mayo, una centena de elementos de la Marina y la Policía Militar fuertemente armados y con equipo antimotines instaló un campamento afuera de la estación migratoria, en donde permanecen migrantes que esperan la aceptación a su petición de regularización o la deportación.
Efectivos militares establecieron un campamento desde mayo en la estación migratoria en el sur de Chiapas. Foto: Luis Castillo
Dos semanas después, el 6 de junio Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, anunció el envío de 6,000 elementos de la GN para militarizar la frontera sur de México como respuesta a las presiones económicas de la administración de Trump.
La Red Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDT) analiza que “la política migratoria y la llegada de los militares, obedece a una estrategia de seguridad nacional donde no se respeta los derechos de los migrantes”.
En un boletín emitido por la tarde del 5 de junio, el INM reportó que sus acciones fueron coordinadas con militares de la Guardia Nacional, ello a pesar de que estos últimos se presentaron portando uniformes de la Policía Militar y de la Secretaría de Marina, sin indicar su adhesión al recién creado cuerpo de seguridad. Dichas acciones contradicen la fecha en que AMLO anunció la entrada de funciones de la GN, pues según el presidente lo haría hasta el 30 de junio del presente año.
Asi mismo, la semana pasada y durante las negociaciones entre funcionarios mexicanos y norteamericanos, trascendió la solicitud del gobierno de Chiapas al Congreso del estado para otorgar “vía donación” tres predios propiedad del estado sureño para la construcción de instalaciones de la Guardia Nacional.
Dichos lugares serán entregados a las secretarías de la Defensa Nacional y a la Marina para la edificación de infraestructura para apoyar las operaciones de los efectivos policiaco-militares en los municipios de Tonalá, Pichucalco y Palenque, sitios claves para la coordinación regional de la Guardia Nacional en su papel anti-migratorio.
Guardia Nacional: legitimar la militarización
Aunque meses antes el gobierno federal desplegó a policías militares y navales en 150 regiones consideradas prioritarias por su índice de criminalidad, la creación de la Guardia Nacional fue un hecho consumado hasta marzo del 2019 cuando se anunciaron en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones constitucionales para legitimar su existencia.
Con el nuevo cuerpo de formación militar el presidente mexicano “podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
La aprobación se realizó pese a los múltiples cuestionamientos sobre el perfil castrense que integraran la Guardia Nacional pues desde 2006 y durante las operaciones de la seguridad pública bajo el enfoque de “guerra contra el narcotráfico”, los abusos, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército han incrementado y se mantienen impunes.
Una revisión de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitidas entre 2006 y 2017 señalan que 929 personas sufrieron tortura, malos tratos, asesinatos y desaparición forzada a manos del ejército, marina y policía federal.
Ahora en 2019, las modificaciones a la Constitución incluyen un paquete de leyes secundarias propuestas por el gobierno federal para la reglamentación de la Guardia Nacional.
En estas se le otorgan un total de 45 facultades muy superiores a otras instituciones dedicadas a la seguridad pública en todo el país: Además de permitirle el uso de fuerza letal también podrán realizar investigaciones policiacas y están autorizados a operar labores de inteligencia como la intervención de telecomunicaciones; también cuidarán infraestructura estatal desde centros penitenciarios, garitas, aduanas, aeropuertos, puentes y carreteras. Además, tendrán la facultad de detener población migrante.
El comandante de este cuerpo de seguridad es el general Luis Rodríguez Bucio, no obstante un acuerdo previo en el Congreso mexicano para colocar a un mando civil en la Guardia Nacional, petición exigida desde diversas organizaciones sociales para legitimar la creación de la GN.
Rodríguez Bucio recibió formación en la Escuela de las Américas bajo instrucción del ejército estadounidense y su ascenso en la jerarquía militar ocurrió entre los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, especialmente tras sus operaciones en regiones bajo control del cártel de Los Zetas, grupo del crimen organizado fundado por militares de élite y para la contrainsurgencia.
Entre otros, la Guardia Nacional contará con un Estado Mayor que incluye personajes activos bajo el perfil de la “guerra contra el narco” de los últimos 13 años. Entre ellos se encuentran Xicoténcatl de Azolohua Núñez Márquez, general de brigada (Ejército); el contralmirante Gabriel García Chávez (Marina); y la comisaria general Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, (Policía Federal).
Aumento en detenciones
En tan solo los cinco primeros meses de este 2019, el INM detuvo a 74 mil 031 migrantes, un 36% más que el año pasado, y un 105% más que en 2017, siendo abril y mayo cuando se produjo la escalada de intensidad en el control migratorio, como lo prueba otro dato: entre enero y mayo de este año, las capturas se dispararon 175%. Mientras que, en el mismo periodo del año pasado, solo aumentó 12%.
Casi el 50 por ciento de los detenidos proceden de Honduras, país donde el régimen autoritario de Juan Orlando Hernández se mantiene apoyado por EEUU pese al descontento popular, al mismo tiempo que se agudizan las condiciones de violencia y pobreza, principales motores de la migración forzada.
Plan de desarrollo integral Centroamérica: el despojo como solución
“Se trata de construir un nuevo espacio económico: integración comercial, productiva, energética y logística”. Con esta frase se presenta el Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y el sureste de México, un conjunto de políticas que priorizan el incremento en las inversiones de infraestructura regional, tanto de generación y distribución energética; así como las acciones para facilitar el comercio intra-regional como medidas para detonar el desarrollo económico y así reducir la migración.
Nada nuevo. Megaproyectos para la integración centroamericana propuestos por la CEPAL.
La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, sostuvo que se trata de un plan que cambia de paradigma, al establecer como base la seguridad humana en cuatro ejes: desarrollo económico, bienestar social, sostenibilidad ambiental y gestión integral del ciclo migratorio.
Como en el caso de las Zonas Económicas Especiales en México, el plan presentado por la CEPAL pretende que con el simple cambio de nombre se puedan ejecutar como nuevos un conjunto de megaproyectos planteados desde décadas atrás bajo los denominados Plan Puebla-Panamá y el subsecuente Proyecto de Integración Mesoamérica.
Ejército de EEUU en Guatemala
Pese al silencio de los funcionarios de países centroamericanos de donde son expulsados la mayoría de los migrantes, en el caso de Guatemala el presidente Jimmy Morales firmó un memorando de cooperación con el secretario interino de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kevin McAleenan.
En dicho documento, autoridades de Guatemala se comprometen a compartir información y mejorar la seguridad fronteriza, de acuerdo a lo publicado por McAleenan a los medios norteamericanos.
Militares estadounidenses presentes en Guatemala.
Sin embargo, para el 3 de junio el ministro de Defensa de Guatemala, Luis Miguel Ralda confirmó que elementos del ejército estadounidense se encontraban en el departamento de Huehuetenango, en la frontera entre México-Guatemala, donde se concentran los niveles más altos de migración hacia los EEUU.
Mientras tanto, el ministro del Interior de Guatemala, Enrique Degenhart, minimizó la presencia de tropas extranjeras y mencionó que "esta es una solución civil con el apoyo de la policía de ambos gobiernos, no es una solución dirigida a las tropas de seguridad nacional y regional", sino argumentó que los militares se encuentran en el país centroamericano por razones "humanitarias".
El proyecto de CEPAL fue realizado a petición del gobierno mexicano desde el inicio de funciones de la nueva administración en diciembre de 2018. En consecuencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la creación de un organismo específico para poner en marcha y dar seguimiento a este plan, a la vez de proponer a Estados unidos su apoyo a la estrategia.
Funcionarios de Honduras, Guatemala, El Salvador, México y la CEPAL anunciaron acciones conjuntas desde el 1 de diciembre del 2018.
Durante la presentación del plan en mayo del 2019, el canciller mexicano Marcelo Ebrard destacó que para concretarlo se requiere de una inversión equivalente al 25% del Producto Interno Bruto de cada uno de los cuatro países involucrados, además de 10 mil millones de dólares anuales por un periodo de 10 años.
El financiamiento se planteó provenga del extranjero, principalmente de Estados Unidos a quien también se le propuso utilizar los recursos originalmente destinados al combate al narcotráfico procedentes de la Iniciativa Mérida, así como de organismos internacionales.
Sin embargo, aunque el proyecto fue desairado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, el pasado 23 de mayo, al finalizar las negociaciones el 7 de junio pasado, ambos países acordaron “liderarán el trabajo con soscios nacionales e internacionales para construir una Centroamérica prósepra y segura y así abordar las causas subyacentes de la migración”.
Pese al anuncio de los funcionarios mexicanos en torno a la “victoria” en las negociaciones con EEUU para evitar las sanciones económicas, autoridades norteamericanas condicionaron un plazo de 90 días para analizar el avance en las acciones de México en materia migratoria con lo cual la amenaza de los aranceles no fue cancelada, sino suspendida temporalmente.
En cambio, México se comprometió a brindar los resultados exigidos por EEUU, con lo cual se avizora un incremento en las detenciones y deportaciones contra los migrantes, así como la criminalización contra activistas y defensores de las personas que se vieron obligadas a huir de sus lugares de origen.
