La situación de salud de los presos, quienes el pasado 13 de mayo reiniciaron una huelga de hambre desde dos cárceles en Chiapas, México, en demanda de su inmediata libertad, ha empeorado debido a la omisión de las autoridades penitenciarias, denunció una brigada de observación que visitó las cárceles en San Cristóbal de las Casas y Comitán.
Las exigencias de los presos en huelga de hambre pasan por la revisión de sus expedientes penales y la continuación de las investigaciones de las denuncias por el sometimiento a torturas y tratos inhumanos por parte del sistema judicial chiapaneco.
“A las organizaciones que realizamos la visita a los presos en huelga de hambre en Chiapas nos preocupa la situación de salud de quienes iniciaron sus acciones de protesta desde el 15 de marzo, por lo que hacemos un llamado a generar las condiciones necesarias que garanticen la revisión constante y atención debida”, declararon las organizaciones de la región sureste de la Red TDT sobre las acciones de protesta de 20 presos indígenas.
Apenas el pasado 22 de mayo, Adrián Gómez Jimenez recluido en el penal No.5 ubicado en San Cristóbal de las Casas, fue trasladado al Hospital de las Culturas debido a una infección severa en las vías urinarias provocada por deshidratación, además de problemas debido a la falta de ingesta de alimentos.
En el nosocomio, el diagnóstico de Adrián indicó un grave riesgo a su salud de continuar con la huelga de hambre y pese a haber sido tratado con medicamento, no se le compartió el informe médico.
¿Libertad?
Por otra parte, Juan Pérez Álvarez obtuvo su libertad el 14 de mayo de 2019 después de 16 años en prisión.
Pérez Álvarez se encontraba en huelga de hambre en el Centro de Readaptación Social de Sentenciados Núm. 10, en Comitán, Chiapas, México. Originario de Amatenango del Valle, el campesino tseltal forma parte de la organización Viniketik en resistencia y también denunció que fue torturado durante su detención el 29 de marzo de 2003.
Juan argumenta que fue detenido sin orden de aprehensión mientras se trasladaba a su lugar de trabajo , obligado a firmar papeles en blanco y a autoincumparse bajo tortura de un delito que no cometió. Ante un careo la parte acusatoria dice no reconocerlo, y aún con todo eso fuesentenciado a 30 años.
El pasado 8 de mayo le había sido notificada su libertad después de llevar más de 16 años recluido, ya que bajo los beneficios penitenciarios por trabajo y buena conducta su pena se encontraba saldada del delito por el cual había sido condenado.
Sin embargo, horas después le notificaron otra acusación por un delito de secuestro que supuestamente cometió en el año 2003. Ante la situación considerada injusta por Juan, el preso decidió también apoyar la huelga de hambre de compañeros en tres penales de Chiapas.
Por falta de elementos, finalmente el 14 de mayo se le dictaminó la libertad a Juan. Pese a ello, el ministerio público aún puede apelar la decisión en un plazo de 20 días, con lo cual el riesgo de volver a ser encarcelado sigue latente.
A casi 70 días del inicio de la huelga de hambre, las acciones de protesta continúan con la participación de presos en Comitán y San Cristóbal de las Casas.
Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Hasta el 2019 existen 22 parques eólicos. Foto por Renata Bessi
Las energías llamadas renovables han tenido mucho éxito esos últimos años. Los parques eólicos están brotando alrededor del planeta, tanto en la tierra como en los mares. Según el Consejo Global de Energía Eólica (GWEC por sus siglas en ingles), el desarrollo de energía eólica a nivel mundial ha aumentado de manera estable desde 2014, con más de 50 GW de nueva capacidad instalada cada año.
¿Estas energías que nos venden como capaces de resolver todos los problemas realmente son sin impacto sobre el medio ambiente? Es la pregunta que se hicieron varios equipos de científicos.
Un grupo francés encabezado por Robert Vautard, especialista en simulaciones climáticas en el Laboratorio de ciencias climáticas y del medioambiente (LSCE por sus siglas en francés), ha estado comparando simulaciones hasta 2020, realizadas sin y con el efecto de aerogeneradores.
Según la investigación publicada en 2014, cerca de los parques eólicos se registra un aumento significativo de las temperaturas, especialmente en la noche: en este momento, las turbinas eólicas mueven la atmósfera más que durante el día, lo que calienta el aire y, por lo tanto, limita el enfriamiento nocturno del suelo.
El equipo científico también notó una disminución de las precipitaciones que puede alcanzar el 5% (unos 0,15 mm al día) en ciertas regiones.
Sin embargo, el equipo de investigación considera que es necesario producir nuevos estudios con otros modelos y diferentes escenarios de desarrollo de la producción de energía eólica para determinar con precisión cuáles serán las consecuencias de un despliegue aún más masivo de energía eólica. Una cuestión clave será evaluar los efectos de la duplicación o el triplismo de la cantidad de eólicos estudiados aquí, ya que es lo que se puede prever en los próximos cuarenta años.
En otra investigación, científicos de la Universidad estadounidense de Harvard calcularon que alimentar la totalidad de los Estados Unidos con energía eólica aumentaría la temperatura del suelo de 0.54 ° C en la parte del país cubierta con turbinas eólicas, y de 0.24 ° C en el resto del país, según un estudio publicado el jueves 4 de octubre de 2018 en la revista científica Joule. Por la noche, el calentamiento incluso podría llegar a 1,5 ° C. Estos resultados son confirmados por estudios previos que informan aumentos de temperaturas cerca de los parques eólicos y por observaciones satelitales.
Para David Keith, profesor de ingeniería en Harvard, los aerogeneradores les ganan a otras tecnologías “pero eso no significa que sus impactos sean insignificantes". El científico pudo determinar que, durante un primer siglo de operación, el efecto de calentamiento debido a los aerogeneradores sería más importante que el efecto de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Según los investigadores de Harvard, aunque sea diez veces menos que en el caso de los parques eólicos, la presencia de parques solares también aumenta localmente las temperaturas en el suelo.
Inspirados por la joven sueca de 16 años, Greta Thunberg, cientos de estudiantes de diversas partes del planeta, principalmente de los Estados Unidos y de Europa, volverán a marchar este 24 de mayo para exigir políticas que detengan el cambio climático y para declarar Estado de Emergencia climática. Hasta el momento Reino Unido e Irlanda se han convertido en los dos primeros países del mundo en declarar la "emergencia climática y medioambiental".
Esta es la segunda convocatoria del movimiento estudiantil ‘Fridays for future’, la primera fue realizada el pasado 15 de marzo, la cual provocó movilizaciones de más de un millón de personas en más de mil 600 ciudades de todo el planeta.
La primera vez que Greta se dió a conocer fue cuando tenía 15 años, en un momento histórico donde los gobiernos de las diversas naciones se reunieron en el marco de la 24ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP24), que se celebró en la ciudad polaca de Katowice del 2 al 14 de diciembre de 2018. La Joven de 15 años irrumpió con un discurso a nombre de la “justicia climática” y con una sinceridad y preocupación por su futuro dijo, “tenemos que hablar claro, sin importa lo incómodo que pueda ser”.
Fue cuando la joven arremetió contra las falsas soluciones adoptadas por los gobiernos que por un lado muestran su preocupación por la crisis climática, pero por el otro, incentivan al crecimiento económico exponencial y, a su vez, a la destrucción de la naturaleza.
“Solo hablan de crecimiento económico verde perpetuo. Porque tienen demasiado miedo a ser impopulares. Solo hablan de ir adelante con las mismas malas ideas que nos han metido en este lio. Incluso cuando lo único sensato es jalar el freno de emergencia”,
denunció Greta ante los gobernantes que hicieron acto de presencia en esta Cumbre de las Naciones Unidas.
Greta se refirió a los presentes como adultos “inmaduros”, por no asumir el problema tal y como es, señalando que unas cuantas personas, los dueños de los grandes capitales, “están sacrificando nuestra civilización”, dijo la adolescente.
La valiente joven, absolutamente sola, se declaro en huelga escolar frente al parlamento sueco en este año 2018. Con sus pancartas y su valentía busco conscientizar, principalmente a los jóvenes, quienes cargaran con las consecuencias de la catástrofe climática que ya tenemos encima. Greta no espera mucho de una generación más adulta, porque también son responsables, pero ha inspirado a miles de jóvenes de nivel básico y de las universidades a declararse en huelga. Tan solo en España ya suma 34 ciudades a la huelga mundial por el clima de Fridays for Future.
Mientras tanto, en New York, se ha hecho eco de este llamado mundial y anuncian que también se declaran en huelga para exigir “que el alcalde de la gran manzana, Bill DeBlasio, siga a Reino Unido, Irlanda y a innumerables ciudades de todo el mundo que han declarado una emergencia climática”, expresan los jóvenes convocantes de esta ciudad.
Estas acciones también serán realizadas en Argentina, “este viernes la iniciativa también se replicará en Tandil, Bahía Blanca y La Plata”, anuncian los convocantes.
A unos meses de que se realice la Cop25 en Chile y con una temperatura con camino a los 3 grados centígrados, un estudio publicado por la Academia de las Ciencias de Estados Unidos (PNAS) advirtió que el escenario podría ser peor que el que estaba estimado: si el calentamiento del planeta llega a los 5° existe un riesgo del 5% de que la subida del mar pase los 238 cm. Esto es preocupante porque millones de personas serán expuestas a inundaciones severas y cada vez menos zonas serán aptas para el cultivo de alimentos.
"La erosión del suelo fértil y la deforestación de nuestras selvas primigenias, la contaminación, la muerte de insectos o la eutrofización de nuestros océanos son desastres que se están acelerando por nuestra forma de vida y tenemos la impresión de que tenemos el derecho de continuar",
añadió entre lágrimas la joven activista en Francia.
La generación Greta, estos jóvenes serán los que sufrirán las consecuencias en el año 2030, en 10 años, cuando ella tenga 26 años de edad. En el 2078, Greta celebrará sus 75 años de vida. Para entonces, “si tengo hijos, quizás me preguntarán por qué (tu generación) no hizo nada cuando aún había tiempo para actuar”, soltó en su discurso En la Cop24.
Nos enfrentamos a la “crisis más grande de la humanidad y ha sido ignorada por quienes lo sabían. No dejaremos que continúe esta crisis. Lucharemos, los jóvenes lucharemos porque queremos un futuro”, compartió la adolescente ante miles de jóvenes en la primera gran movilización de marzo.
Resistencia del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Foto Santiago Navarro F.
“Vamos a pelear. Vamos a enfrentar, no vamos a permitir que pase aquí sus proyectos de destrucción. No le tenemos miedo a su guardia nacional, que cambió de nombre, para no decir Ejército”, Sub comandante insurgente Moisés.
I
La guerra contra el narcotráfico inaugurada en diciembre del 2006 por el ex presidente Felipe Calderón, se fortaleció y cobijo con el tratado internacional denominado “Iniciativa Mérida”; conjunto de acuerdos y estrategias de seguridad emanados, auspiciados y gestionados desde el departamento de seguridad de los Estados Unidos, la CIA y el Pentágono con la intención de sofocar el flujo de la economía criminal en el país. Dichos acuerdos resultaban ser copia exacta del “Plan Colombia”, un acuerdo bilateral suscrito entre el gobierno de Colombia y el de Estado Unidos con intención de terminar con la producción y tráfico de narcóticos, y con el conflicto armado entre distintas expresiones guerrilleras y el estado colombiano.
Con la entrada de gobierno de Enrique Peña Nieto, la estrategia de “lucha contra el narcotráfico” siguió las mismas pautas de acción. A pesar del recrudecimiento de la violencia en casi todas las latitudes del país, el despliegue militar y la guerra de baja intensidad no pararon. Desde la operación Plan Cóndor en 1966 hasta la Iniciativa Mérida y el Plan Estratégico de Combate al Narcotráfico en el periodo 2006-2018, la “lucha contra el crimen organizado” ha tenido distintos objetivos en mira; por una parte, erradicar el cultivo y trafico de enervantes, por otra, la lucha contra cualquier tipo de inconformidad social organizada -aunque esta no siempre sea la consigna con la que naveguen estos planes de seguridad nacional-, pero también, el fin ha sido el control territorial de zonas consideradas estratégicas tanto por la circulación de mercancías, como por los recursos naturales que en ellas se encuentran. La guerra del narcotráfico resulta ser una guerra por el control del territorio, llevada acabo mediante un proceso de militarización que implico el despliegue de unos 30 mil efectivos en más de 30 estados de la república (1)del año 2006 al 2018. En este proceso, el lenguaje militar se impuso llamando “daños colaterales” a aquellos cuerpos a quienes las balas asesinas del estado, el capital y el crimen organizado habían y continúan tocando.
El capitalismo siempre ha necesitado de la economía criminal para sostenerse. Corporaciones mineras, estados y las empresas criminales se han vinculado y actúan ahora en conjunto en el proceso de reproducción de capital. Las zonas consideradas estratégicas en términos de seguridad coinciden con las zonas estratégicas en términos económicos, y estas han sido o militarizadas y/o “limpiadas” por la gran diversidad de carteles existentes, con la clara intención de brindar tranquilidad al trabajo e intereses de las grandes corporaciones. En México, este fenómeno ha sido la regla en la última década.
II
Ante el panorama de violencia exacerbada, el gobierno actual esta poniendo en marcha un “Plan Nacional de Seguridad y Paz 2018-2024”, que ofrece, como “alternativa” a los proyectos de seguridad de los anteriores gobiernos, la conformación de una Guardia Nacional. Un modelo de seguridad copiado de la gendarmería francesa y de la guardia civil española. (2)
Dicha Guardia Nacional, en su primera etapa, estará compuesta por 50 mil efectivos, en su segunda etapa pretende reclutar y desplegar 110mil efectivos distribuidos en 266 puntos estratégicos del país, divididos en los niveles bajo, medio y alto en términos de índice delictivo (3). En la primera etapa, de las 266 (4) coordinaciones que se pretenden establecer a nivel nacional, serán solamente 155 las que se estarán implementando en tiempos muy próximos, en el caso del estado de Oaxaca, los puntos considerados son:
Índice delictivo bajo:
Ciudad Ixtepec
Salina Cruz
Teotitlán de Flores Magón.
Índice delictivo medio:
Juchitán de Zaragoza
Santo Domingo Tehuantepec
Heroica Ciudad de Tlaxiaco
Huautla de Jiménez.
Índice delictivo alto:
Huajuapam de León
Ixtlán de Juárez
Tlacolula de Matamoros
Miahuatlán de Porfirio Díaz
Oaxaca de Juárez
San Juan Bautista Tuxtepec
San Pedro Mixtepec
Santiago Pinotepa Nacional
El 11 de abril del presente año, el ejecutivo federal presentó en conferencia de prensa a los altos mandos de la Guardia Nacional, dentro de ellos, la dirección la asumirá el general Luis Rodríguez Bucio, quien, vale decir, se desempeña como residente del consejo de delegados de la Junta Interamericana de Defensa, órgano perteneciente a la Organización de Estados Americanos. Bucio, se formó de manera directa en la “Escuela de las Américas”, (5) y ha sido participe, en la misma orientación política-militar, en los planes estratégicos de seguridad nacional elaborados por el CISEN, (6) todas las instituciones y órganos mencionados destacan por su labor de contrainsurgencia que han realizado a lo largo de la historia reciente no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. Se habla, además, de la “participación civil” y de los “mandos civiles locales” que se coordinaran con el despliegue de la guardia, la existencia de estos mandos civiles no elimina la esencia de este instrumento represivo, tan sólo le dota, a manera de ventriloquia, de un disfraz político que le permite ejercer la represión desde otras formas, desde las más sutiles, silenciosas, hasta las más violentas y agresivas.
Pero la preocupación no termina ahí, el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública José Manuel Vera Salinas, quien además coordinará -junto con otros- de manera estatal la Guardia Nacional, ha sido denunciado (7)constantemente por se participe dentro de las CARAVANAS DE LA MUERTE en el conflicto social del 2006 (8).¿Que se espera entonces de una iniciativa de “seguridad y paz” “nueva” que es comandada, coordinada y direccionada por personajes tan detestables como estos?
III
Llegarán a Oaxaca en las próximas semanas 14 coordinaciones de la Guardia Nacional, en espera que en los próximos años se designen más puntos “estratégicos de control y seguridad”. Pero tendríamos que preguntarnos ¿Porqué Tlacolula de Matamoros o Ixtlán de Juárez, por ejemplo, son considerados como puntos rojos y con el nivel más alto en términos delictivos? O mejor aún, ¿Es la seguridad el único y genuino interés que tiene la cuarta transformación en estos territorios? ¿Por qué ahora podemos ver con buenos ojos la instalación de estas bases de la Guardia Nacional y la continuidad de la militarización cuando antes repudiábamos todas esas formas de seguridad?
Con intención de mostrar un poco mejor el panorama de despojo y el despliegue de la Guardia Nacional, ponemos a disposición un mapa que señala los puntos en donde se instalarán estas coordinaciones de la Guardia y los megaproyectos que se encuentran vigentes.
Oaxaca tiene 322 concesiones mineras, (9) 81 proyectos para generar energía a partir de la construcción de diferentes presas, las cuales están divididas en 9 proyectos de grandes presas hidroeléctricas, y 72 pequeñas presas hidroeléctricas. Del total de proyectos, se encuentra en construcción una (en Tuxtepec) y 2 por iniciar obras (una en el municipio de San Felipe Usila y otra en el municipio de Cuyamecalco, Villa de Zaragoza). Las Zonas Económicas Especiales han mudado de nombre para llamarse ahora “Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec”, este plan implica la construcción de un corredor multimodal interoceánico a través de la puesta en marcha de una franja de industrialización desde el puerto de Salina Cruz hasta Coatzacoalcos, acompañado de la construcción de un gasoducto (10), grandes maquiladoras y proyectos de parques eólicos. Los principales puntos a destacar del corredor multimodal son los siguientes; 1). – Modernización del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec para el transporte de mercancías en menos tiempo y costo, 2).- Modernización y fortalecimiento de los puertos comerciales, 3).- Modernización y complementación de la red de carreteras primarias y secundarias para ofrecer mejor infraestructura hacia los puertos de embarque, traslado y acceso a los mercados nacionales e internacionales y 4).- Reforzamiento de la infraestructura de abastecimiento de gas a través de la construcción de un gasoducto (11).
IV
Hace aproximadamente dos años, pobladores y pobladoras del valle de Tlacolula resistieron a la reubicación de la 28va zona militar en sus territorios, dentro de las razones que se exponía en el rechazo, estaba la falta de confianza a dicha institución castrense por las graves violaciones a los derechos humanos que han suscitado a lo largo del tiempo, pero también por el interés estratégico que se tenia/tiene sobre dicha región, en términos de minería y otros megaproyectos.
¿Acaso la Guardia Nacional no jugará el mismo papel del ejército? ¿Porqué no resistir de nuevo al despliegue-militarización de esta nueva institución? ¿Porque seguir dejando la seguridad en manos de otros? ¿Porque no retomarla por nosotros mismos?
Y para terminar con un ejemplo, si la Guardia Nacional es un modelo que se ha adoptado de la gendarmería francesa, cabria preguntarse ¿Cual fue el papel de dicha gendarmería en la revuelta de los chalecos amarillos?, no fue, sin duda, la de pacificar mediante el respeto y los derechos humanos, sino todo lo contrario.
Con ánimos de provocar la discusión, y por supuesto, alentar a la resistencia, soltamos este documento.
El primer y segundo tribunales colegiados en materia administrativa dieron la razón a ocho comunidades de Puebla, Morelos y Tlaxcala que se oponen al Proyecto Integral Morelos (PIM).
Uno de los objetivos principales del PIM es el transporte de gas para una termoeléctrica para responder al crecimiento y desarrollo industrial de la zona. El camino del gasoducto atraviesa toda la zona del volcán Popocatépetl, desde Tlaxcala hasta por Puebla. La inversión total, asumida por las empresas españolas Elecnor y Abengoa, es cercana a los 1,600 millones de dólares.
Los tribunales ordenaron a los jueces que acepten el amparo que interpusieron en febrero pasado las comunidades de Huexca, Jantetelco, Amayuca, Amilcingo, Santa María Zacatepec, San Damian Texoloc, San Jorge Tezoquipan y San Vicente Xiloxochitla contra la Consulta Ciudadana efectuada por el gobierno federal para resolver sobre la viabilidad del PIM.
El pasado 18 de febrero, dos días antes del asesinato del indígena Nahua Samir Flores, las comunidades mencionadas habían promovido las demandas 199/2019 y 209/2019 ante los juzgados Primero y Cuarto de Distrito.
De acuerdo con integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, con esas demandas las comunidades se oponían al hecho de que el proyecto pueda ser aprobado mediante la Consulta Ciudadana promovida y realizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si bien, el mandatario declaró que gracias a esa consulta la decisión recaerá “en el pueblo”, las comunidades indígenas afectadas lo acusan de violar sus derechos a la consulta previa, libre, informada y de buena fe, así como a la autodeterminación, reconocidos por la Constitución de México y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Como lo afirmaron las comunidades, la Consulta Ciudadana no remplaza la obligación del Gobierno Federal de realizar una Consulta Previa e Informada enmarcada en los estándares internacionales.
Rechazo
En una primera instancia, los juzgados primero y cuarto rechazaron las demandas de las comunidades indígenas, alegando que le presidente no es “autoridad responsable” del supuesto agravio y que usó la consulta como fundamento moral y no legal, para dar continuidad a la termoeléctrica, acueducto y gasoducto.
Además, citando como antecedente la consulta pública para decidir el futuro del aeropuerto en Texcoco realizada en noviembre de 2018, sostuvieron que en la zona directamente involucrada no existen comunidades consideradas indígenas, sino comunidades con un interés “simple”, como “el resto de los mexicanos”.
En respuesta, los pueblos acudieron a los tribunales colegiados.
Reconocen daños a derechos de pueblos
El primer y segundo tribunal colegiados determinaron que fueron erróneos los criterios emitidos por los jueces primero y cuarto de distrito con sede en Puebla, al desechar los amparos 199/2019 y 209/2019 y permitir la realización de la consulta, a pesar de que incumplía con la ley.
El primer tribunal colegiado reconoció que los quejosos acreditaron violaciones a la ley que los dejaron sin defensa. El juez consideró que los juzgados de Distrito no habían tomado en cuenta el acervo probatorio ofrecido por los quejosos y validó como pruebas del interés de los quejosos sus constancias de residencia, el acta de hechos de su asamblea general, las múltiples firmas en hojas anexas, donde manifestaban «yo no estoy de acuerdo por el paso de gasoducto por mi comunidad», así como las actas de Cabildo que negaban autorización al PIM.
Por su parte, el segundo tribunal aceptó que la consulta abrió la puerta a la continuación del proyecto, sin garantizar la participación efectiva de los pueblos en las medidas administrativas que puedan impactar su entorno o hábitat. También reconoció el argumento de que la metodología de aplicación no cumplió con los parámetros del Convenio 169 de la OIT, para dar a los interesados una adecuada participación.
En un comunicado, las comunidades agraviadas pidieron que el criterio del segundo tribunal colegiado sobre el PIM siente precedente para otros casos de resistencia a megaproyectos como los trenes Transístmico y Maya en el sureste del país.
El 15 de mayo del año 2019, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza emitió la sentencia donde concluye que el Estado de Bolivia violó los derechos de la Madre Tierra y de los pueblos indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS) según lo establecido en su propio marco jurídico nacional y la normativa internacional relacionada.
El caso fue presentado por representantes de la subcentral del TIPNIS y la organización de mujeres del TIPNIS ante el Tribunal en noviembre de 2017 quienes denunciaron que el impulso del gobierno boliviano en la construcción de una carretera que atraviesa la reserva natural habría violado leyes para la protección de la naturaleza y de los pueblos originarios.
El informe de la Comisión Internacional de Observadores que visitó Bolivia entre el 15 y el 23 de Agosto del 2018 presentó evidencias suficientes en sentido de que la mencionada carretera ampliará la deforestación ya presente en el polígono 7, y llevará a la expansión de la producción de hoja de coca, a la afectación de la biodiversidad y a la perdida irreparable de diferentes seres de la naturaleza.
Así mismo el informe de la Comisión presenta evidencias de que no se realizó una consulta previa para el consentimiento libre, informado y de buena fe a los pueblos indígenas del TIPNIS y que los procesos de colonización en el polígono 7 tienen ya impactos negativos en la vida de estos pueblos.
Territorios indígenas bajo acecho
El territorio del TIPNIS es hogar de los pueblos indígenas Mojeño Trinitarios, Yuracares y Tsimanes quienes encontraron refugio durante la “fiebre del caucho” a fines del siglo XVIII y principios del siglo IXX.
La región fue declarada Parque Nacional en 1965, y en 1990, después de la Primera marcha por el territorio y la dignidad indígena, asumió la doble categoría de Parque Nacional y Territorio Indígena.
Para el año 2008 el gobierno de Evo Morales contrató a la empresa OAS de Brasil para la construcción de una carretera que dividiría el área protegida del TIPNIS, sin nunca llevar a cabo un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental integral de los tres tramos en los que se fragmentó esta carretera.
El Tribunal también identificó que el Gobierno, a través de diferentes disposiciones, “ha venido estableciendo bloques de exploración y explotación petrolera, que comprometen aproximadamente al 35% del territorio indígena”.
A su vez, el organismo internacional evidenció que el gobierno de Bolivia ejecutó entre 2017 y 2018 la construcción de tres puentes (Isiboro, Ibuelo y Sazama) dentro del TIPNIS, pese al rechazo de los indígenas que se oponen a la construcción de la vía.
En consecuencia, el Tribunal dispuso 12 medidas de cumplimiento inmediato, entre las que figuran: paralizar cualquier construcción vial al interior del territorio indígena, aprobar una ley de protección de la reserva y adoptar medidas efectivas para detener el avance de la colonización hacia el núcleo del TIPNIS. También dispuso que se anulen los planes de expansión petrolera en ese territorio.
El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza fue creado en el 2013 y sus sentencias se basan principalmente en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra que fue adoptada durante la I Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y por los Derechos de la Madre Tierra realizada en abril del 2010 en Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia.
La sentencia de mayo del 2019 fue firmada por personas que también participaron de la Cumbre de Tiquipaya, Cochabamba hace nueve años, cuando Evo Morales impulsó la creación de un Tribunal Internacional para la Defensa de los Derechos de la Naturaleza.
Piden sanciones por represión en 2011
El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza también solicitó al Estado de Bolivia a “identificar y sancionar” a los responsables de la represión a la marcha del TIPNIS, caravana que en 2011 se movilizó en contra de la construcción de la carretera por esa reserva.
“El gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia debe identificar y sancionar a los responsables de las violaciones de los Derechos Humanos en 2011, en Chaparina”, se lee en el punto seis de las medidas de “cumplimiento inmediato” que dispuso el Tribunal Internacional.
El 15 de agosto de 2011, alrededor de 1.000 indígenas de tierras bajas partieron hacia La Paz, desde la ciudad de Trinidad, en defensa del TIPNIS. El 25 de septiembre de ese año, la movilización fue intervenida por la Policía en Chaparina.
Un “informe confidencial” que realizó el general Edwin Foronda, exinspector general de la Policía, indica que el ministro de Gobierno de entonces, Sacha Llorenti (actual embajador de Bolivia ante la ONU), ordenó intervenir la caravana. La orden se habría dado “para resguardar la vida del entonces canciller David Choquehuanca”, quien aquella vez se reunió y luego fue retenido por mujeres indígenas que pedían garantías para continuar con su marcha.
Después de los hechos, el Ministerio Público inició las pesquisas para dar con los responsables de la intervención. Sin embargo, ocho años después el caso está paralizado.
En octubre de 2011, la Octava Marcha Indígena, después de sufrir la represión de fuerzas policiales en la localidad de Chaparina, logró la promulgación de la Ley 180 de protección del TIPNIS que en su artículo tres prohibía expresamente que la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos o cualquier otra a travesará por el TIPNIS.
