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Brasil: La lucha de los Pueblos Xinguara en la Amazonía

24-11-2015 - Brasília - Índios do Xingu fazem protesto durante coletiva da presidenta do Ibama, Marilene Ramos, sobre o enchimento do reservatório da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

por Movimiento Xingu Vivo para Siempre / Foto de portada por Marcello Casal Jr para Agência Brasil

La lucha sigue viva, creativa y con carácter femenino en la región del río Xingu, estado de Pará, contra la represa Hidroeléctrica de Belo Monte, no sólo para reconocer finalmente que tal mega-emprendimiento es social, económica y ambientalmente inviable sino también para garantizar que otros proyectos depredadores no se instalen en la región. Ejemplo de lo anterior es la empresa minera canadiense Belo Sun, que amenaza al municipio de Volta Grande y a todos los que viven alrededor de un río ya mutilado. Además de esto, los pueblos del territorio aún necesitan lidiar con la negación de sus derechos básicos, el aumento de la violencia en el campo y la ciudad y los enormes desafíos de seguir produciendo tras los impactos del “Belo Monstruo”.

En la coyuntura actual, la necesidad de oponerse al proyecto de gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro y su visión depredadora para la Amazonía parece obvia. Sin embargo, vale recordar que la emblemática lucha vigente contra la represa hidroeléctrica de Belo Monte tiene por lo menos dos etapas. En un primer momento, a fines de la dictadura militar, en la década de 1980, la instalación de la represa se paralizó momentáneamente gracias a la movilización de los pueblos indígenas del Xingu, movimientos sociales, familias de ribereños, la Prelacía del Xingu y las Comunidades Eclesiásticas de Base, que reconocían como enemigos al gobierno federal y a este proyecto. En el segundo momento, ya en la época en que por primera vez gobernaba en Brasil un grupo auto-declarado de izquierda, la disputa por mentes y corazones no fue sólo entre la clase dominante y la clase trabajadora sino que en gran medida fue entre los propios grupos del entorno popular.

Es decir que la lucha que se establece en esa región desde la llegada de los primeros colonizadores blancos, pasando por los desafíos del ciclo de la extracción del caucho y de la carretera transamazónica, tiene en la lucha reciente un capítulo peculiar. La región demuestra que el enfrentamiento se da contra cualquier partido u organización que no se ponga del lado del pueblo, independientemente del espectro ideológico declarado, bandera partidaria o institución. Es de esa forma radical (en el sentido de estar enraizado en los anhelos populares que no son negociables) que los grupos liderados o formados sobre todo por mujeres siguen atreviéndose a levantar la voz contra cualquier proyecto de muerte en la región, denunciando el modelo de mal-desarrollo establecido y proponiendo un camino de paz como fruto de la justicia.

La vida amenazada en el municipio de Volta Grande do Xingu

La complejidad del río Xingu, la biodiversidad que de él depende, las actividades productivas que históricamente se desarrollan en él, a partir de él y con su contribución están amenazadas tras la instalación de la represa, que obligó a 30.000 personas a abandonar sus tierras. La situación más emblemática, sin embargo, es la de Volta Grande do Xingu, una región de cerca de 100 km2 donde viven centenares de familias ribereñas de los pueblos indígenas Juruna y Arara que aprendieron a convivir con los ciclos estacionales del río, cuyo flujo aumenta o disminuye conforme a la época del año. Con la represa definitivamente instalada en 2015, ese caudal es controlado por el consorcio Norte Energia y desde entonces la producción agrícola, agropecuaria y la pesca están siendo sensiblemente impactados, lo que demuestra que el llamado “Hidrograma de Consenso”, propuesto por la empresa para simular el flujo de agua en la región y que entraría en vigor tras instalarse las últimas turbinas a fines de 2019, está llamado al fracaso.

“La idea es que el IBAMA [Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables], los investigadores, Norte Energia y las comunidades controlen si el caudal liberado por Norte Energia perjudica la fauna, la flora y la vida como un todo en Volta Grande durante seis años a partir del fin de la construcción de la represa. Sin embargo, por lo que hemos observado ya sabemos que los impactos son gravísimos y tienden a empeorar, lo que pone en jaque al consorcio. Si este libera el agua necesaria no producirá la energía que pretende, y si produce dicha energía, la vida del Xingu se muere", analiza Cristiane Carneiro, investigadora de la fauna acuática y poblaciones tradicionales de la región del Xingu. Según Carneiro, todo eso ya había sido ampliamente denunciado por varios investigadores antes del proceso aplastante con el que los gobiernos de Lula y Dilma impusieron la obra.

“Los peces suben, pero no logran bajar. Cada día que pasa nos resulta más difícil lograr pescar, porque el pescado está disminuyendo en cantidad y de peso”, observa el pescador, agricultor y garimpeiro artesanal José Pereira, conocido como Pirulito. Según él, no se trata sólo de que la actividad productiva fue perjudicada sino que hasta el momento la comunidad de Ressaca, municipio de Senador José Porfírio, donde él vive, no ha recibido medidas compensatorias satisfactorias por parte de Norte Energia y las respectivas prefecturas. “Ellos dicen que aplican el dinero aquí, que gastaron miles de millones, pero acá yo no veo nada, sólo veo el pueblo empobreciéndose cada vez más", denuncia.

Y si en Ressaca, que es una de las poblaciones mejor estructuradas de la región, la sensación de abandono es grande, la situación de la familia de Eduvirgis Ribeiro, residente de Travessão do Miro, en Senador José Porfírio, es bastante más desafiante. Entre otros cultivos, su familia invierte principalmente en la producción de cacao, pero buena parte de la producción se pierde porque el impacto del estiaje alcanza la napa freática, seca los igarapés [pequeños cursos de agua navegables], dificultando tanto la crianza de pequeños animales como la supervivencia de las plantaciones. "Nuestra producción y nuestro modo de vida aquí están comprometidos, y tenemos la sensación de que ante Norte Energia y los gobernantes somos invisibles. Si queremos alguna mejora tenemos que sacarla de nuestro propio bolsillo”, comenta Eduvirgis.

Impactos invisibles

María de Fátima, más conocida como “Baiana”, representa a centenares de habitantes de la zona comprendida entre la desembocadura del río Iriri y el pueblo indígena Arara, en Altamira. El grupo que ella lidera, todavía sin reconocimiento oficial de ser víctimas de los impactos de Belo Monte, comenzó a luchar no sólo por obtener ese reconocimiento sino también a favor de políticas públicas básicas desde 2018. Desde entonces, su comunidad vive la casi desaparición de peces, las enfermedades causadas por el agua contaminada luego de la inundación de la selva y las dificultades para acceder a los servicios de salud y educación y, por eso, decidió denunciar esta cruel realidad ante los organismos competentes.

“La situación que vivimos aquí es indignante. Lo que hacíamos era básicamente pescar y esperar a que pasara el intermediario y se llevara nuestra producción, y hoy, con la desaparición del pescado, muchos de nosotros pasamos hambre, sin detallar que un vecino nuestro murió porque se enfermó y nadie tenía combustible para llevar a ese hombre a la ciudad. Por eso, llegó la hora de decir basta”, relata Baiana.

Jóvenes y adolescentes

Belo Monte expulsó habitantes de diversas islas en Altamira y otros municipios del territorio. Además, atrajo gran cantidad de mano de obra para los municipios de la región, lo que provocó un aumento significativo de violencia, que impacta principalmente a los jóvenes y adolescentes negros, especialmente en Altamira. “Cuando vino la obra expulsó a los ribereños, que tenían una fuerte relación con el río. Eso provocó no solamente enormes problemas de salud mental a las personas que tuvieron que irse a donde no querían, sino que les hizo prácticamente perder su principal actividad productiva, que era la pesca, y provocó también el aumento significativo de la violencia, un aumento absurdo del exterminio de la juventud negra”, analiza Antônia Melo, coordinadora del Movimiento Xingu Vivo para Siempre

“No tenemos seguridad para andar por la calle. Sabemos que ellos [los diversos tipos de pistoleros que actúan en el medio urbano] no matan sólo a quien deben, matan a quien quieren. Yo ya no tengo hijos pequeños, pero tengo un nieto y me muero de miedo de que lo confundan con alguien y lo ejecuten, por eso me quedo preocupada cada vez que tiene que salir a la calle", profetiza Raimunda Gomes, integrante de Xingu Vivo y del Consejo Ribereño, organización creada luego de que los pueblos de la región conquistaran el derecho de regresar a los terrenos de las márgenes del río, como instrumento de monitoreo y garantía de que esta conquista sea llevada a cabo por quien corresponde.

El proceso, inédito en las experiencias de represas en Brasil, es acompañado mayormente por líderes femeninas, quienes lidian con la falta de compromiso de Norte Energia en cuanto a cumplir plazos, y al mismo tiempo con el proceso prácticamente irreversible para la juventud: "Tenemos entre nosotros una generación de jóvenes y adolescentes que hace años que están fuera del territorio ribereño, ya construyeron una relación con la ciudad y no quieren volver a vivir junto al río, por eso no sé qué va a ser de la pesca artesanal de la región cuando los padres se vayan", analiza Josefa Oliveira, también del Consejo Ribereño. Según ella, además de que buena parte de los adolescentes que fueron a la ciudad tras las expulsiones de los padres miran con desinterés la vida en las islas, está la problemática de la falta de perspectiva de estudios a partir de la enseñanza media en el territorio. “Yo misma sólo pude estudiar porque me vine a la ciudad, porque donde vivía mi abuelo, que era ribereño, no había escuela más allá de la Enseñanza Fundamental”, lamenta.

El impacto sobre las mujeres xinguaras

En las ciudades cercanas a Belo Monte los niveles de violencia, explotación sexual infantil y tráfico de personas saltaron en forma exponencial debido a que la región no había sido preparada para recibir el gran flujo de trabajadores convocados por la construcción de la represa.

“Los emprendimientos destructivos como Belo Monte perjudican en especial la vida de las mujeres, como el aumento de la violencia doméstica y el feminicidio. Somos nosotras las que más sentimos el impacto de varias enfermedades adquiridas por la pérdida y expulsión de nuestros territorios y viviendas, nuestros lazos familiares y vecinales, con la muerte de hijos e hijas por la violencia del tráfico de drogas, abuso sexual, prostitución, la pobreza, el desempleo, y otras pérdidas. Con tanta violencia contra los derechos humanos por parte de empresas y gobiernos, las mujeres recaen con depresión, aumento de la presión arterial, profunda tristeza y casos que ya llevaron a la muerte", alerta Antônia Melo, coordinadora del Movimiento Xingu Vivo para Siempre. Según ella, tal reflexión se basa en un diagnóstico realizado por un grupo de psicólogos y psiquiatras de la Universidad de São Paulo (USP) con varias familias en Altamira.

Otro asunto es que una obra de la magnitud de Belo Monte, que llegó a tener 33 mil trabajadores en junio de 2014, en el punto más alto de la obra, cuando la previsión era de 19 mil trabajadores como máximo, tiene un efecto enorme en la cotidianeidad y las condiciones de vida de la población local.

“En los lugares donde se implantan grandes obras, la explotación sexual y la prostitución se convierten en requerimientos para su existencia y realización, pues históricamente una está ligada a la otra", afirma el investigador Assis Oliveira, coordinador de la investigación Trabalhadores e Trabalhadoras de Belo Monte: percepções sobre exploração sexual e prostituição [Trabajadores y trabajadoras de Belo Monte: percepciones sobre explotación sexual y prostitución]. El estudio identificó, entre 2013 y 2014, “un total de seis modalidades distintas de explotación sexual, que involucraban, con mayor o menor intensidad, también la presencia de niños, niñas y adolescentes”. Las casas de prostitución y los lugares donde se instalan grandes obras como Belo Monte están históricamente ligados, considerando el modelo de desarrollo.

“Las mujeres xinguaras son las más impactadas, pero también son las que más lucharon, luchan y continuarán luchando, y es de esa forma que vamos a resistir a Belo Sun”, anuncia Antônia Melo.

En Mayo de 2019 se realizó el segundo seminario Xingu Tierra de Resistencias con el lema “Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos y la Naturaleza”, realizado por el Movimiento Xingu Vivo para Siempre, el Centro de Formación del Negro y la Negra de la Transamazónica y Xingu, la Red Eclesiástica Panamazónica, la Prelacía del Xingu, la Sociedad Paraense en Defensa de los Derechos Humanos, la Universidad Federal de Pará y la Prelacía del Xingu, que contó con la participación de centenares de líderes y donde se recogieron incontables denuncias de amenazas y conflictos generados directa e indirectamente por Belo Monte. El documento se usará como instrumento político para presionar a las autoridades a tomar urgentes previsiones en relación con cada uno de los casos, pero el encuentro sirvió también para mostrar que la resistencia sigue fuerte en el territorio.

Del mismo modo, a fines de Agosto de 2019 se realizará un seminario regional para debatir específicamente el exterminio de jóvenes y adolescentes en el campo y la ciudad de Altamira y en toda la región del Xingu, promovido por Xingu Vivo, el Colectivo de Mujeres del Xingu y el Movimiento de Mujeres del Campo y de la Ciudad de Altamira, junto al CEDECA Emaús y las organizaciones de jóvenes y adolescentes de la región, con el fin de fortalecer la lucha para que todos los casos de violencia se resuelvan y se castigue a los responsables, y de proponer políticas públicas para la prevención de la violencia.

México: Alertan sobre aumento en violencia contra organizaciones indígenas en Guerrero

Autoridades estatales y municipales de Guerrero “han sido omisas e ineficientes para investigar y detener a los grupos narcoparamilitares conocidos como Los Rojos y Los Ardillos”, denunciaron el el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y el Congreso Nacional Indígena (CNI).

Durante conferencia de prensa, integrantes de dichas organizaciones indígenas denunciaron el recrudecimiento de las amenazas e incluso asesinatos contra personas pertenecientes a dichos colectivos, con la intención de intimidar y detener la lucha de las comunidades en defensa de su territorio y los bienes naturales.

En el evento, el CIPOG-EZ y el CNI enfatizaron la impunidad en el caso de la desaparición y homicidio de David Domingo Alonso y Marcelino Pedro Rojas, indígenas nahuas de la comunidad de Ayahualtempa. De acuerdo a testimonios, el 8 de julio Alonso y Rojas fueron detenidos y asesinados por integrantes de Los Ardillos.

El 10 de julio, las indígenas Juana Hernández Ambrosio y Alberta Matías Tendón, también integrantes del CIPOG-EZ y CNI, fueron asesinadas de una manera similar a Alonso y Rojas. Esto a pesar de que en la región donde ocurrieron los ilícitos ya operan elementos de la Guardia Nacional.

“Los Ardillos investigan las actividades de otros luchadores sociales, entre ellos Jesús Plácido Galindo. Las amenazas en su contra fueron ratificadas a transportistas de la región de la Montaña Alta, así como a comisarios de pueblos de esa misma zona”, enfatizaron los integrantes del CIPOG-EZ y el CNI.

“El asedio a las comunidades indígenas nahuas integrantes del CIPOG-EZ no ha cesado, los retenes narcoparamilitares continúan y en ellos registran a la población que se dirige a las cabeceras municipales. Los gobiernos estatal y federal anunciaron con bombo y platillo la llegada de la Guardia Nacional, pero no vemos mayor seguridad ni que se haga justicia a nuestros hermanos y hermanas brutalmente asesinados y asesinadas”, alertaron durante la plática con medios.

El CNI y el CIPOG-EZ también responsabilizaron de nuevas agresiones contra sus agresiones al gobierno municipal de Jesús Parra García en Chilapa de Álvarez, al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su comunicado los pueblos nahuas responsabilizan a los gobiernos municipal, estatal y “al gobierno federal de MORENA a cargo de Andrés Manuel López Obrador, por la integridad física de nuestro hermano” Jesús Plácido “así como de todas y todos los promotores” del CIPOG-EZ, pues “cada una de estas autoridades han sido informadas directamente por diversas vías desde hace más de un mes de esta alarmante emergencia. Al gobierno de AMLO le solicitamos específicamente que aplique las medidas de seguridad correspondientes por ley, de forma urgente debido a la gravedad de la situación, y hasta el momento a más de un mes de la solicitud continúa siendo omiso”.

En aumento crímenes de odio contra la comunidad LGTBI+ en Honduras

Por Nancy García

Tegucigalpa y Comayagüela, Honduras – En medio de la consternación por el asesinato de mujeres y niñas, protestas por la defensa de la educación y salud y asediados por la presencia militar, asesinaron a Bessy Nicolle Ferrera, mujer trans, activista y defensora de los derechos humanos de la comunidad LGTBI+.

Bessy fue asesinada en la madrugada del lunes ocho de julio, en la Segunda Avenida de Comayagüela, donde se dedicaba al comercio sexual. En el mismo hecho resultó herida otra de sus compañeras trabajadoras sexuales.

En lo que va del mes de julio ya se han reportado el asesinato de tres mujeres trans. Entre ellas: Antonia Laínez de 38 años, residente de El Negrito, Yoro, Santy Hernánez Carbajal, una comunicadora social de la ciudad de Puerto Cortés y la activista Bessy Ferrera.

Según el monitoreo de medios de la Red Lésbica Cattrachas, desde el 2009 hasta la fecha se registran un total de 326 muertes violentas de las cuales 136 corresponden a mujeres y hombres trans.

Era una persona súper humana

El pasado ocho de mayo Bessy Nicolle Ferrera había cumplido cuarenta años. Nacida en Tela, Atlántida, era la segunda hermana mayor. Ferrera fue separada de sus hermanas y hermanos cuando era una chiquilla, debido a la adicción de su madre por el alcohol.

“Ella tenía 12 años y yo tenía dos añitos cuando nos trajeron y luego nos separaron. Cuando ya teníamos un año de vivir juntos los cuatro hermanos nos separaron a mi hermana mayor que tenía 15 años y a mi hermana Bessy que tenía 12 años”,

RECUERDA SU HERMANA RIHANA FERRERA.

Ferrera fue estudiante del Instituto Jesús Milla Selva, pero los comentarios discriminativos y los señalamientos estaban a flor de piel, por lo cual tomó la decisión de retirarse.

En busca de oportunidades laborales, Bessy decidió movilizarse de nuevo a su ciudad natal y encontró empleo en una panadería, sin embargo no era muy aceptada por su cabello largo, sus uñas largas y pintadas. “Renunció al trabajo antes que renunciar a su identidad de género porque ya sabía lo que era”, comenta su hermana.

En 1997 con la esperanza de encontrar un trabajo, empacó sus maletas y viajó de regreso a la capital, pero en un país donde más del 38% de su población vive en pobreza extrema las oportunidades son reducidas. Y en ese momento Bessy decide ejercer el comercio sexual. Mientras el huracán Mitch abatía Honduras, Ferrera buscaba la manera de subsistir.

Bessy era una líder, una activista, una defensora

Rihana recuerda que en el 2008 su hermana ya estaba organizada en la Asociación LGBTI Arcoíris de Honduras. Bessy era una de las técnicas que acompañaba a las muñecas de Arcoíris, un ala de la organización de mujeres trans.

Asimismo, Bessy fue defensora de las personas con VIH para que pudieran tener acceso a los tratamientos necesarios.

Su lucha fue en parte por el reconocimiento legal de una identidad de género, que haya respeto a las personas por su orientación sexual y que se encuentren oportunidades de empleo, educación, vivienda, salud, para llevar una vida digna.

“Este crimen de hoy nos duele, nos duele un montón, porque además era una hermana. En lo personal yo he acompañado a Bessy en su camino, de su vida, hasta su última morada”, señala Donny Reyes, integrante de la Asociación Arcoíris.

Los entes de seguridad del Estado son quienes cometen crímenes de odio

Según Donny Reyes los patrones son: hostigamientos y seguimientos, mismos que son cometidos por personas que trabajan en los diferentes órganos de seguridad.  “Nosotros hemos hecho algunas investigaciones a lo largo de la vida organizativa.  Y en las investigaciones nos ha salido que quienes cometen mayor número de crímenes hacía la comunidad LGBTI son las personas vinculadas a las Fuerzas Armadas o de Seguridad del Estado. Es decir, de una investigación que hicimos sobre 171 casos que tuvimos, el 61% habían sido cometidos por los cuerpos de seguridad del estado,  llámese: la Policía Nacional, la policía de investigación, el ejército”, enfatiza Reyes.

De igual manera indica que para la zona norte, específicamente en San Pedro Sula, la  Policía Municipal ha realizado acciones similares. También indicó que la Policía Nacional tiene una serie de denuncias por violación sexual, acoso hacía personas trans y hombres gays ejecutadas por la Policía Militar.

“Eso nos preocupa fuertemente, por qué ¿quién investiga la Policía Militar, quién castiga o cómo se hace el resarcimiento del daño?”, señala el defensor.

Un alto índice de impunidad

Honduras es uno de los países a nivel mundial con mayor índice de violencia e inseguridad, y parte de ello es la desconfianza que tiene la población por el uso ilegítimo del uso de la fuerza por el cuerpo policial, policía militar y ejército.

“Lamentablemente el índice de impunidad supera la media del país. La media del país es del 90% de impunidad. Nosotros estamos como el 95, 97% de impunidad”, indica Reyes.

Además, Reyes señala que hay un trinomio que promueve y genera este tipo de crímenes y rechazo y discriminación a la comunidad. “Primero el Estado que no tenemos ninguna política pública, ninguna legislación para mejorar nuestras condiciones en este país. Lo otro es la iglesia que con sus mensajes de odio, de rechazo y condena están constantemente mandando esos mensajes. Y los medios de comunicación que perpetúan el mensaje del estado y la iglesia a través de todas las redes corporativas y no corporativas”.

A pesar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado al Estado de Honduras para que adopte una ley de identidad de género o medidas similares para su reconocimiento y un enfoque diferenciado para garantizar los derechos a la vida e integridad y realizar investigaciones exhaustivas por los asesinatos, este ha hecho caso omiso evidenciando el poco compromiso que tiene con las persona de la comunidad LGTBI+.

El agronegocio, industria depredadora en la Península de Yucatán

En el discurso del gobierno mexicano, la región sureste es representada como el escenario para “combatir” a la pobreza y marginación. Por ello, las autoridades federales han reforzado el llamado a las inversiones tanto nacionales como extranjeras para detonar el “desarrollo” de la península de Yucatán.

En contraste, las comunidades campesinas e indígenas mayas han denunciado que los planes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sólo exacerban la actual devastación y despojo, detonadas en las últimas décadas por el crecimiento desmedido de la industria inmobiliaria, el agronegocio, la producción de energías renovables y el turismo a gran escala.

Visualizador de proyectos de "desarrollo" en la península de Yucatán.

“En la península se han talado miles de hectáreas de árboles para instalar parques eólicos; las granjas de hasta 50 mil puercos canalizan la suciedad a sus cenotes sagrados; los menonitas han convertido en desierto a sus selvas altas y silenciado a sus aves para la siembra de soya transgénica con maquinaria; y el turismo verde que busca cenotes y sitios arqueológicos los ha expulsado de su propia tierra”, manifestó Pedro Uc, habitante de la comunidad de Buctzotz e integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xiinbal, en Yucatán, durante conferencia de prensa el pasado 4 de julio.

En dicho evento, diversas organizaciones sociales presentaron presentaron una herramienta de visualización cartográfica realizada por investigadores del colectivo Geocomunes para el análisis de los proyectos implementados en la península de Yucatán.

“El tren maya viene a coronar esa serie de despojos”, enfatizó Ángel Sulub del Centro Comunitario Ukúuchil k ch’i’ibalo’on, en Quintana Roo, quien a la par de otros voceros de comunidades mayas de Yucatán y Quintana Roo denunciaron el despojo causado un modelo de desarrollo basado en la depredación de los bienes naturales en la región, a costa de la vida de todos sus habitantes.

“Desarrollo” que despoja

Durante décadas, las comunidades de la Península de Yucatán han sido testigos del crecimiento urbano motivado por la implementación de “polos de desarrollo”. En particular, cinco lugares en distintos estados mexicanos (Ixtapa, Huatulco, Los Cabos, Loreto y Cancún) fueron reordenados de acuerdo a las políticas denominadas Centros Integralmente Planeados (CPI) ideados desde el Banco de México a finales de la década de los 60s y ejecutados con créditos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial durante los años 70s.

“El gran capital aumenta sus ganancias moviéndose de un sector a otro, adecuando el territorio a sus necesidades y afectando las dinámicas sociales a través de ingenierías del conflico que permitan el acaparamiento de la riqueza. Todas estas transformaciones involucran la inversión y establecimiento de nueva infraestructura de transporte, energética y habitacional. El conjunto de estas adecuaciones, obras y planes configura un mismo megaproyecto que se expande por toda la península”, enuncia el análisis El megaproyecto para la península de Yucatán, del colectivo GeoComunes, el cual acompaño la presentación de las herramientas cartográficas.

Para impulsar el sector turistico fue fundamental el CPI de Cancún, el cual recibió mayor presupuesto desde la la creación del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la Secretaría de Turismo en la década de los 70s, organismos gubernamentales que hoy promueven la implementación del “tren maya”.

“Ahora vemos lo que está pasando allá: el narcotráfico, la violencia, los asesinatos, los feminicidios y nuestros jóvenes trabajando en los grandes hoteles, sirviendo a quienes los desprecian y teniendo que sonreír un montón para ganar una propina”, refirió Wilma Esquivel Pat, otra de las participantes en la conferencia de prensa.

En este contexto, las inversiones se redirigieron en sectores relacionados al turismo, como el ramo inmobiliario, además de la construcción de megaproyectos eólicos y solares.

Por poner un solo ejemplo, los proyectos de generación eléctrica desplegados en la península son mayoritariamente privados, de los cuales 11 son parques solares y 12 son proyectos de parques eólicos que pretenden acaparar una gran extensión de tierras.

Aunado a ello,la imposición del “tren maya” plantea ampliar el transporte turístico y crear polos de desarrollo inmobiliario alrededor de cada estación, con lo cual el impacto del megaproyecto rebasa por mucho el discurso reduccionista oficial el cual señala que sólo habrá impactos ambientales en el paso de vía de los trenes.

Al mismo tiempo, el tren de carga asociado intensificará el modelo de agroindustria exportadora pese a la evidencia de que la expansión de la agroindustria ha motivado la mayor tasa de deforestación de todo el país en la península de Yucatán.

Legalizar el despojo

En el análisis de las comunidades de la península queda claro que las industrias referidas, pese a despojar y devastar el medio ambiente, han adquirido legalidad mediante la reingenieria estatal de finales del siglo pasado.

“El primer ciclo de expansión urbana fue posible gracias a la incorporación del suelo ejidal al desarrollo urbano impulsado por la Ley Agraria de 1992 y la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH) de 1993. La nueva LGAH de 2016 ha favorecido un segundo ciclo de expansión urbana, de naturaleza vertical, con base en el modelo de ciudad compacta”, asevera el informe elaborado por GeoComunes.

La reforma del sector eléctrico en 1993 que permitió la generación privada de energía eléctrica impulsó una primera expansión de la capacidad de generación; veinte años después, la Reforma Energética de 2013 y principalmente la subasta eléctrica de 2016 impulsan el auge de la producción de energía renovable en manos de la inversión extranjera.

En este contexto, los nuevos parques industriales y los proyectos de energías renovables avanzan en el caparamiento de tierras ejidales, además de incentivar la especulaciónd de la tierra. A ello se suma la devastación producto de la agroindustria, principalmente con el cultivo de soya transgénica.

Agroindustria: ilegalidad, deforestación e impunidad

De acuerdo al análisis presentado en julio del 2019, fue a partir del año 2011, en el contexto de la implementación del Proyecto Transversal Trópico Húmedo, cuando reinició un nuevo ciclo que promovió cultivos de soya transgénica y palma aceitera.

En ese mismo año, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) autorizó a la empresa multinacional Monsanto la siembra de soya transgénica en los estados de Yucatán Campeche y Quintana Roo.

Para 2014, comunidades de campesinos mayas argumentaron violaciones a su derecho de tener un medio ambiente sano, por lo que interpusieron amparos ante jueces federales. En 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de las comunidades mayas debido a que se omitió la realización de consultas a las indígenas para saber si estaban a favor o en contra de estos proyectos.

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Vista aérea de la deforestación en Hopelchén, Campeche.

No obstante las sentencias que impiden el cultivo de soya transgénica, en 2017 comunidades mayas de Holpechén, Campeche denunciaron que para entonces ya existía la siembra ilegal de más de 23 mil hectáreas del cultivo con semillas de Monsanto.

Debido al cultivo intensivo de soya transgénica han sido derribados la mitad de los terrenos forestales del municipio de Hopelchén, Campeche.

De acuerdo a información de la plataforma Global Forest Watch, desde el auge de la agricultura mecanizada en 2001 hasta 2019, sólo entre Campeche y Quintana Roo se han deforestado casi un millón de hectáreas de selva.

El ritmo de pérdida forestal en estos dos estados de la península se aproxima a 1,400 hectáreas de selva cada semana.

Los responsables

Entre los años de 1985 y 2017, la superficie en la península de Yucatán sembrada con soya creció de 1.8 a 52 mil hectáreas. Actualmente el 95% de los cultivos se concentran en dos municipios de Campeche (Hopelchén, Campeche), dos de Yucatán (Tekax y Tizimín) y uno en Quintana Roo (Bacalar).

La expansión del agronegocio de la soya fue impulsada en la península de Yucatán a aprtir de 2013 por una triple asociación empresarial que ha beneficiado a industrias nacionales y extranjeras.

*Proteínas y Oléicos de Jacobo Xacur Eljure. La empresa compra la soya a las comunidades menonitas-mecanizadas de Campeche y la procesa en su planta ubicada en Mérida para abastecer a la industria alimentaria de Yucatán.

*Enerall, propiedad de Alfonso Romo (actual jefe de la Oficina de la Presidencia), concentra toda la cadena productiva en una misma empresa. Primero exportó el modelo de bicultivo (maíz en invierno y soya en verano) a Tizimín y desde 2017 se asoció con la norteamericana Cargill para aprovechar la soya en su planta procesadora de semillas localizada en Cabichén.

*Grupo Kuo, de Fernando Senderos Mestre. Principal comprador de soya en la región y quien la procesa en su planta de Kekén en Umán, la cual alimenta a más de 120 granjas porcícolas de su propiedad ubicadas en Yucatán, además de abastecer de alimentos procesados a los mercados de México y los Estados Unidos.

Apenas el pasado 5 de marzo del 2019, ejidatarios de Hopelchén cedieron a la presón de agricultores menonitas y aprobaron la renta y el posterior desmonte de por lo menos 4 mil hectáreas de selva alta, en las pocas reservas forestales que aún quedan en el municipio, considerado el más deforestado del país.

Dicha zona se encuentra en los límites del Municipio de Calakmul, Campeche, y José María Morelos, en Quintana Roo y será utilizada para la siembra de sorgo.

Sin embargo, días después del derrumbe de hectáreas de selva, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reveló que no existen permisos para cambio de uso de suelo en la región mencionada, por lo que anunciaron la persecución de los culpables.

Maquinaria utilizada para la deforestación del mes de marzo, 2019.

Al mismo tiempo, existen denuncias de que se está desmontando sin permiso en las comunidades de Xmabén, Tres Valles, Nuevo Durango y Monte Verde. Prudencio Ek, Emiliano Chi, Jacinto Coj e Ismael Ku Chi, entre otros ejidatarios acusan a las autoridades ejidales encabezadas por el comisario Carlos Lara Dzib, José del Carmen Chan Cú, secretario general; Francisco Chi Ojeda, tesorero, y Víctor Tax Pérez, de vigilancia, de ser los directamente responsables de la destrucción de la selva.

La violencia Intragénero debe ser visibilizada

Lukas Avendaño, Muxhe Performance Artist –  Foto port Mario Patiño, 2015

Entrevista a Luis Manuel Rodríguez Otero, Doctor en Trabajo Social. Énfasis en estudios de Violencia Intragénero. Docente-Investigador de la Escola Universitaria de Traballo Social. Universidade de Santiago de Compostela (España).

Por Consuelo Sáenz

La violencia es un fenómeno complejo que tiene su origen en múltiples causas que pueden relacionarse entre sí. Los diversos tipos de violencia familiar son representados de manera física, psicológica, económica y sexual. Los expertos nos aseguran que la violencia se manifiesta mayormente en contra de la mujer y los hijos; las personas más vulnerables, ancianos, niños o discapacitados. Pero, ese “mayormente” deja vasta especulación al respecto, porque envía el mensaje de ser más importante y trascendente que lo minoritario. Sin embargo, no se está nombrando otro tipo de violencias: hombres maltratados por mujeres, mujeres maltratadas por otras mujeres, lesbianas maltratadas por sus parejas, homosexuales maltratados por sus parejas.

En materia de violencia de género se ha recorrido un largo camino, se ha legislado y se cuenta con una fuerte campaña de concientización. No obstante, existen otros grupos vulnerables, minorías que continúan siendo invisibilizadas.

El Drama del doble armario

Después de nueve años, María reflexiona y reconoce que fue acosada y manipulada al grado de dudar de su propia sexualidad, a su vez, de caer en una grave crisis matrimonial, emocional y psicológica. Pero el manipulador no era un hombre, sino una mujer.

Dicha mujer, respetable académica y activista, conoció a María en la universidad, gracias a la amistad entre las hermanas mayores de ambas, por lo que era lógico y completamente natural su cercanía y actividades. Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando la activista planeó escribir un libro que la ayudara a hacer catarsis a una mala época: su divorcio, el aborto al que fue sometida debido a una infección de transmisión sexual que se le había diagnosticado, la muerte de su mascota, el fracaso de su empresa y la pérdida de su capital. Una mujer brillante y talentosa pasando por una mala racha, pensó.

María cuenta cómo la llamaba a altas horas de la madrugada, hecho que la obligaba a dejar la recámara que compartía con su esposo para pasar horas hablando con ella hasta dejarla más tranquila. Muchas veces ocurrió, yo no lo veía mal. Ella era una persona muy divertida, dicharachera, la consejera del grupo, confiable y resiliente, había pasado por muchas cosas difíciles. En una de esas, estábamos camino a una presentación —recuerda María— pero ella se dio cuenta de que había olvidado un libro que necesitaba. Puse en marcha el auto para regresar. Me pidió bajar con ella, que no tardaríamos. Rentaba un departamento pequeño, cercano a la escuela donde trabajaba. Me senté sobre la cama, cuando veo que sale del baño en ropa interior, seguimos hablando y ella posaba frente al espejo mientras se pintaba los labios y yo veía cómo se le formaban burbujitas de saliva que recogía con la punta de la lengua. Me sentí incómoda y ella lo notó. Fue la primera vez que me sentía nerviosa frente a ella, nunca antes había sentido algún tipo de interés o atracción romántico-sexual por una mujer. Y no lo siento ahora. Después de eso, comenzó a llamarme constantemente. Sí, lo reconozco, nos hicimos inseparables. Viajamos juntas, salíamos acompañadas por un grupo de amigas, la ayudé a diseñar la portada de su libro. Pasamos por muchas cosas, compartimos muchas anécdotas, muchos recuerdos, pero también hubo manipulaciones sutiles, al paso del tiempo se fue volviendo agresiva. Yo sabía que ella era bisexual, eso nunca fue impedimento para convivir. Nunca he tenido ese tipo de prejuicios. A mi esposo le comenzó a molestar nuestra amistad, se quejaba de que yo pasara más tiempo con ella que con él. Y tenía razón. En determinado momento tuvimos una separación. Yo sí consideré la posibilidad del divorcio, pero teníamos dos hijos, una vida en común. Planes. Así que nos dimos otra oportunidad. Cuando ella se enteró comenzó a decirme que desconfiaba de mí, que yo quería robarle su obra, comenzó a atacarme sin razón. A culparme de planear a sus espaldas, ¡qué sé yo cuántas fantasías más! Nuestras amigas comenzaron a darse cuenta, el grupo se dividió, algunas le fueron incondicionales a ella y otras hicieron lo propio conmigo. Me difamó socialmente. Pretendió dejar entrever que tuvimos algo que ver. Y cuando se lo reclamé me respondió que revisara mi conciencia, que estaba segura de que yo también sentía algo por ella pero que me negaba a reconocerlo. Me sentí muy lastimada porque yo la apreciaba. De la noche a la mañana yo quedé como la apestada, la envidiosa. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de sus manipulaciones y mentiras.

La Historia de María no involucra una relación afectivo-sexual como tal, es más compleja que eso. Pues ¿De qué manera se denuncia por un daño emocional? ¿De qué manera se repara? El sentimiento de soledad, desilusión y azoro, además de la fractura social que representa eludir compromisos o lugares para no encontrarse con la agresora, ex amiga, ex pareja. Faltan datos que recojan estas complejas circunstancias y muestren efectivamente que se trata de un tipo de violencia que merece llevar un nombre.

Ver también: Arranca la 3ª Jornada de la disidencia de “Cuerpos y Sexualidades” en Oaxaca

1.- ¿Qué debemos entender por violencia intragénero?

Dependiendo de los autores trae distintas definiciones. Sin embargo, podemos hablar de violencia doméstica entre personas del mismo sexo dentro de una relación sentimental. La violencia intragénero sería la violencia que se da en el entorno de una relación afectivo-sexual entre personas del mismo sexo. ¿Qué se entiende entre personas del mismo sexo? Puede ser una relación homosexual, lésbica, una relación en la que alguna de las dos personas es bisexual y la otra persona es de su mismo sexo, también se incluye lo que serían las relaciones en la que uno de sus miembros es transexual, transgénero o intersexual. ¿Qué sucede con esto? Que dependiendo del país y la legislación que tengan, se trate de personas transexuales o transgénero sería considerado como violencia de género. ¿Por qué? Si estas personas -hablo del caso español- personas que han transitado al género al que se identifican y están legalmente inscritas, en el caso de una persona que nace hombre e inicia un proceso legal de sexo y se le concede el cambio en el registro, pasaría a ser mujer. Por lo tanto, si está en una relación en la que su pareja es hombre y sufre violencia por parte de ese hombre, pues sería una relación de violencia hacia una mujer, por lo cual sería violencia de género. En el caso de que fuera una persona transexual que transita al género femenino y está legalmente inscrita y tiene una relación afectivo-sexual con otra mujer, en ese caso sería violencia intragénero. Es importante, por ejemplo, en el caso español la diferenciación. Porque si se trata de violencia de género aplicaría una ley de violencia de género, y en el caso de ser intragénero pues incluiría el código penal con sus atenuantes.

2.- ¿Cuáles serían esos atenuantes?

Ahí radica el primer problema, hablar de violencia intragénero implica hablar de lo que algunos autores llaman Sexualidades Periféricas. Es decir, existe un modelo hegemónico que el machismo y el patriarcado imponen, que es el modelo heterosexual, entonces, todo lo que rompe con el modelo heterosexual es invisibilizado. El problema que reclama el colectivo LGTBI -o que reclamamos- es que, en particular, todo lo que tiene que ver con identidades que rompen con ese modelo hegemónico, una forma de disuadirlo es a través del estigma y de la invisibilización. Esto implica muchas veces confusión. Confusión por parte de los legislativos, confusión por parte de los técnicos que a veces intervenimos –yo soy Trabajador Social- porque, al no conocer esta realidad, es importante que se lleven a cabo medidas para difundir lo que es, cómo se debe de actuar, etcétera. Porque a través de la acción política y la acción profesional, se pueden dar procesos de victimización o de revictimización. ¿Qué sucede cuando una mujer es víctima de violencia por parte de su pareja mujer, y acude a un centro de salud y comunica que tiene una relación y que su pareja mujer la ha violentado? en esos casos el protocolo, en algunos profesionales, no es el que se debería de realizar. El hecho de tener que dar explicaciones, estar en continuas derivaciones, estar recontando y vivenciando otra vez lo sucedido se ven expuestas a lo que sería una revictimización.

En cuanto a la política ¿qué sucede? Hay autores que hablan de procesos de vinculación en el discurso legislativo o en el discurso político basado en la Sexo-Política. La inclusión del patriarcado en lo que se legisla es lo mayoritario y lo considerado minoritario o disidente no se legisla, invisibilizándolo.

¿Qué sucede con la violencia intragénero? Los pocos estudios que hay, nos demuestran que existe violencia intragénero. Estados Unidos tiene un grandísimo acervo de datos con el NCAVP (National Coalition of Anti-Violence Programs) que nos dice la cantidad de casos de violencia denunciados en Estados Unidos, por personas LGTBI, en la que se identifican distintos tipos de violencia. También existe en España la Asociación Aldarte, asociación LGTBI, que recoge estos datos.

3.- ¿Te encuentras al tanto de lo que está ocurriendo en México con la violencia intragénero?

En concreto, en el caso de México esto está totalmente invisibilizado. Apenas hay estudios, tampoco hay una voluntad política, sobre todo, existe un gran desconocimiento por parte de los profesionales a la hora de intervenir. Es cierto que en Ciudad de México el tema está, digamos, más sobre la mesa, pero en estados más conservadores como Nuevo León, por tener un mayor calado la Sexo-política, la cisnormatividad, la heteronormatividad y el machismo, su invisibilización se agudiza más.

4.- ¿Existe intención de incluir la violencia intragénero entre los delitos punibles de violencia doméstica?

Existe una reflexión que se hizo en España, a raíz del debate que durante el gobierno socialista del ex presidente Zapatero se intentó incluir la ley de violencia intragénero en la ley de violencia de género. Para ello, se convocó a las asociaciones LGTBI ¿qué sucedió? que el colectivo LGTBI se pronunció en contra de incluirlo. El argumento que daban es que la violencia de género, a pesar de que tiene rasgos en común con cualquier otro tipo de relación afectivo-sexual como es la intragénero, la base no es el sometimiento en el que se encuentra la mujer respecto al hombre, sino que se establece por  otras cuestiones, por las diferencias de roles que se pueden dar entre una pareja pero no por las cuestiones de que uno sea hombre y otro sea mujer, por un sistema que establece o fundamenta la superioridad de un sexo frente a otro. Pero esto no quiere decir que dentro de las relaciones entre personas del mismo sexo no se establezcan roles, tampoco quiere decir que las relaciones entre personas del mismo sexo no estén también influidas por ese sistema machista-patriarcal al que habría que sumarle la cisnormatividad, por ejemplo, en aquellas personas transexuales o el caso de la homofobia, la bifobia o la transfobia. En cierta medida, no es que se niegue por parte de los colectivos LGTBI la violencia intragénero, pero, sí hay autores que hablan de ciertas asociaciones lo que hacen es presentar un perfil de las personas LGTBI en el que simplemente se visibilicen las cuestiones positivas para dar un mayor reconocimiento. Y, como que se han ido olvidando un poco aquellos aspectos negativos. Hay asociaciones feministas que han defendido y apoyado a la causa LGTBI y es como surgen las teorías transfeminstas, las teorías queer, etc. Han servido de grandísima ayuda. Pero también, en cierta medida, existen asociaciones de feministas y LGTBI en las que se maneja un doble discurso de que no interesa tanto el que se lleguen a visibilizar aspectos negativos. Con la idea de que se debe de “positivizar” (sic) la lucha de la mujer y de los colectivos LGTBI.

5.- Entonces, ¿cómo podrían proponerse legislaciones a favor de la causa LGTBI en la que se prevenga y castigue la violencia intragénero? ¿No te parece que insistir en presentar un perfil “positivo” del colectivo, sería ofrecer un tratamiento faccioso y confuso a ciertos tipos de violencia?

Recuerdo que, en el año 2014, cuando empecé con los estudios de violencia intragénero, en un congreso en León, España, sobre violencia de género y violencia contra las mujeres, llevé una ponencia donde el tema fue, concretamente, la violencia que sufren las mujeres por parte de sus parejas mujeres. Transcurría la ponencia cuando, una asociación LGTBI presentó un manifiesto porque un hombre -yo- estaba investigando un tema sobre mujeres, mujeres lesbianas. ¿Qué pasa con esto? Que a veces, los colectivos consideran que las temáticas de tal o cual colectivo son propias y les pertenecen, pero, las problemáticas sociales son (deben ser) compartidas. A partir de ahí se derivó un debate. Había muchas personas de colectivos feministas y la gran mayoría defendió la postura de que un hombre está perfectamente capacitado para estudiar (los casos que desee) siempre que tenga una perspectiva de género. Y que, lo ideal, es que los hombres también participemos en las problemáticas que atañen a las mujeres porque es la única forma de cambiar y deconstruir el sistema establecido.

6.- La violencia, ¿es exclusiva de los hombres? 

La violencia es una problemática estructural de la sociedad.  Hombres y mujeres observamos violencia en la televisión, hombres y mujeres observamos violencia en la sociedad, hombres y mujeres observamos violencia en las familias, en las relaciones que se establecen. Es decir, la violencia a través de los diversos procesos de socialización. Interiorizamos la violencia y la reproducimos. Es un fenómeno que no es exclusivo de los hombres. Las teorías biológicas que explican las supuestas razones de la violencia masculina como única, están demostradas que no son ciertas. Hombres y mujeres estamos insertos en la sociedad y de una forma u otra hacemos uso de una violencia más sutil u hostil a través de distintos procesos y en distintos ámbitos.

8.- Luis Manuel, ¿cómo podemos identificar las señales de estar en una relación de violencia intragénero, y qué se debe hacer una vez identificadas las señales de peligro?

Lo primero que debemos tener en cuenta es que este tipo de violencia puede afectar a cualquiera, da igual la edad, da igual la nacionalidad, el nivel académico, el estrato social. Es una problemática estructural y afecta todo el mundo. Esta puede ser producida por parejas actuales o por ex parejas. La violencia puede tomar distintas formas, desde violencia física, psicológica, control, amenazas, violencia patrimonial, violencia a través de la cual se impida el acceso a servicios o a prestaciones o incluso a la toma de medicamentos o acudir al médico. Por eso la falta de ciertos requisitos sociales sí puede ser factor clave en que esto se produzca o en que la víctima, cuando esto se produce, no reaccione. ¿En qué sentido? Cuando ocurre una dependencia económica de la víctima respecto al agresor. Por ejemplo, si cuestión de la legalidad de la víctima no es regular y la del agresor sí. El hecho de ser más joven, los miedos, los prejuicios, el hecho de que la familia desconozca la orientación sexual de la víctima o incluso en casos en los que hay un estatus de O positivo (VIH) en la víctima y el agresor utiliza esta situación como medio de coacción que priven a la víctima de tomar decisiones. También son importantes las experiencias previas en la violencia, tanto en relaciones de ex-parejas y para con la familia, es decir, debemos preguntarnos si hemos vivido en un entorno en el que la violencia se utilizaba como un medio de resolución de conflictos entre la pareja, entre los padres, pues eso puede ser un factor determinante, porque a través de los procesos de socialización podemos interiorizar esa forma de proceder. También el tipo de apego que se tenga hacia la pareja, eso va a hacer determinante en que se decida poner fin a la relación o no.

Las redes de apoyo son importantes, una red social de apoyo fuerte va a facilitar el proceso.

Contacto:  luismaotero@yahoo.es

Después del acuerdo de paz, incrementa violencia contra defensores del territorio en Colombia

El denominado “proceso de paz” entre el Estado colombiano encabezado por el presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) llevaron a la firma del Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto en Bogotá el 24 de Noviembre de 2016.

El acuerdo final planea principalmente la transformación estructural del campo a través de una “Reforma Rural Integral”, la apertura democrática, el cese al fuego y la entrega de las armas de las FARC-EP, la lucha contra las organizaciones criminales, el fin de la producción de drogas ilícitas y la implementación de un sistema de verdad y justicia.

En la realidad, desde la firma del acuerdo la violencia se ha disparado en el país.

Aumentan asesinatos, amenazas y desplazamientos forzados 

Según un informe difundido por el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz),  un total de 837 personas han sido asesinadas en Colombia entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de mayo de 2019. Entre ellas asesinaron a 702 líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, además de 135 ex-guerrilleros de las FARC – EP quienes se encontraban en proceso de reincorporación.

Firma del Nuevo Acuerdo de Paz. 2016

De las 702 personas, líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos, 132 han sido asesinadas en el año 2016, 208 en el año 2017, 282 en el año 2018 y 80 hasta el 20 de Mayo del 2019.

Además, numerosos líderes sociales han emitido alertas por encontrarse bajo amenazas de muertes por grupos de sicarios, mercenarios y paramilitares.

La oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) denunció en Junio del 2019 que los líderes indígenas y afrodescendientes son quienes encabezan la lista de víctimas de violencia.

Por otro lado, sigue aumentando el número de desplazados internos, siendo Colombia uno de los países con mayores desplazados en el mundo.  En los últimos meses, las regiones más afectadas han sido el sur de Chocó y el sur del departamento de Córdoba.

En Chocó, la comunidad indígena de Pichimá Quebrada quedó atrapada en medio de un enfrentamiento, generando el desplazamiento de más de 400 personas el 2 de junio pasado. En Córdoba, la Defensoría del Pueblo de Colombia reportó en mayo el desplazamiento de más de 3,000 campesinos e indígenas, de los cuales 181 son niños y adolescentes, en los municipios de Puerto Libertador y Antioquia.

Según el organismo internacional, entre el 1 de Enero y el 21 de Abril del 2019, se han registrado al menos doce eventos de desplazamientos forzados en esta región. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó que los desplazamientos masivos de familias campesinas se han producido por amenazas de grupos criminales en la región.

Responsabilidad del Estado

A pesar de las cifras, el actual presidente Iván Duque afirmó tras una reunión con Carlos Ruiz Massieu, jefe de la misión de verificación de la ONU del proceso de paz, que el doloroso problema del asesinato de líderes sociales ha disminuido durante su gobierno debido a las medidas tomadas para garantizar la seguridad de estas personas. 

Protesta contra asesinato de defensores del territorio en Colombia. Archivo END. 2018

“Celebro que los estudios que ha hecho la Fiscalía, a través del doctor Daniel Mejía, muestran que en efecto hay una tendencia decreciente frente a este fenómeno, pero no obstante no podemos quedarnos tranquilos con esos hallazgos, tenemos que llevar esa cifra a cero, como debería ser con los homicidios de cualquier colombiano”, dijo.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Érika Guevara, tiene otro punto de vista. Según ella, la respuesta del Estado colombiano a sido “exigua” respeto a la protección de los defensores de Derechos Humanos. “El gobierno de Iván Duque, pese a su retórica y las promesas, no tiene como una de sus prioridades la disminución de estos homicidios”, afirma Guevara.

En una carta intitulada “Repudio internacional ante crímenes de lesa humanidad en Colombia / Solidaridad con víctimas y llamado internacional”, numerosas personalidades defensoras de derechos humanos, entre ellas, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y Madres de la Plaza de Mayo de la línea fundadora en Argentina, junto con más de setenta organizaciones sociales nacionales e internacionales han señalado:

“Denunciamos categóricamente, que en Colombia no existe Paz social, que hay crímenes contra la humanidad, con directa responsabilidad del Estado y que engloban actos que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil inocente e indefensa, principalmente defensores de derechos humanos y de territorios. (...) Estos crímenes de lesa humanidad involucran asesinatos selectivos, desplazamientos forzados de poblaciones, torturas, violaciones y violencia sexual de mujeres, persecución por motivos políticos y raciales, desaparición forzada de personas. Es urgente que la comunidad internacional defensora de derechos humanos y democrática, reaccione con urgencia ante estos hechos”.

La guerra contra la tierra y contra el pueblo no ha terminado

Comunidades se oponen a la actividad minera en el norte del Cauca. 2011

Para Manuel Rozental, médico, comunicador, y analista político que ha trabajado durante casi una década desde la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte (ACIN), el proceso de paz oculta otra guerra que se está llevando a cabo en el país: una guerra contra la tierra y contra el pueblo.

“La guerra contra las FARC puede haber terminado pero la guerra contra la madre tierra y contra la gente de Colombia no ha terminado, de hecho está aumentando”, declara en una entrevista para Real News Network.

Como lo explica Rozental, esta guerra está directamente vinculada con los grandes intereses económicos de empresas extractivistas que busca explotar los recursos naturales que se encuentran a lo largo y ancho del territorio colombiano, con el apoyo del Estado y las fuerzas armadas.

“La geografía completa de Colombia ha sido cubierta por esa violencia, específicamente líderes de movimientos sociales, de organizaciones, hombres y mujeres a lo largo y ancho del país que están defendiendo los territorios y los recursos de industrias corporativas extractivas internacionales. Ahora ¿quién tiene la capacidad de apuntarle a todo el mundo en todas partes de una manera tan especifica y tan meticulosa? Una vez que las FARC han sido removidas de la imagen, la respuesta es obvia: Sólo inteligencia colombiana y las fuerzas armadas lo pueden hacer. ¿Para qué? Específicamente porque esos recursos y esos territorios son de interés para inversionistas y corporaciones transnacionales”, explica.

Participación de EEUU

El 13 de mayo del 2019, Estados Unidos, a través del director general de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) Mark Green, anunció en Bogotá la entrega de 160 millones de dólares a Colombia, recursos que serán destinados a la implementación del acuerdo de paz.

Green declaró a la prensa que los recursos están dirigidos a “la implementación de la paz, para promover la reconciliación, para ayudar en las comunidades rurales, mejorar la seguridad de los ciudadanos y fortalecer la protección de los derechos humanos”.

El presidente Duque explicó por su lado que los fondos se destinarán principalmente a fortalecer la presencia del Estado en zonas rurales así como al desarrollo económico rural y a la conservación de la biodiversidad.

Las actividades de USAID también echan mano del ejército norteamericano en Colombia.

Sin embargo, organizaciones sociales y de derechos humanos denuncian que los programas financiados por la USAID – bajo nombres como “Justicia y DDHH”, “Inclusión para la Paz en Colombia”, el programa de “Justicia para una Paz Sostenible”, programa de “Fortalecimiento de las comunidades étnicas para la paz inclusiva” o el programa de “fortalecimiento de la Comisión Étnica para la Paz y la Guardia Indígena” – no sólo han fracasado en garantizar la paz sino que se ha observado un aumento de los crímenes y violaciones a los DDHH en las regiones en las que se han implementado, principalmente en zonas de conflictos territoriales que involucran intereses de transnacionales extractivistas.

“En Colombia, es preocupante evidenciar el nivel de intervencionismo de la Agencia Internacional para el Desarrollo, más conocida como USAID y la encubierta acción de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) inyectando recursos en numerosas instituciones públicas y privadas, como fundaciones, ONGs, Corporaciones, sociedades, asociaciones, organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes, con el objetivo de obtener información estratégica e identificar a personas claves. Dicha información contempla ubicar o señalar zonas de intereses para industrias extractivas y energéticas, liderazgos sociales; zonas de conflictos o resistencia social, cartografías varias, medios de comunicación, memoriales históricos, “acompañamientos” a comunidades en temas de conservación, comunicación, derechos humanos, investigación, receptando numerosos informes, registros y monitoreos sobre las realidades territoriales, intervencionismo que en nada ha contribuido a la paz ni a la protección e integridad de líderes sociales”, señalan en la carta “Repudio internacional ante crímenes de lesa humanidad en Colombia / Solidaridad con víctimas y llamado internacional”.

Cabe señalar que el actuar de EEUU a través de la USAID no es nuevo en Colombia: la agencia ya ha implementado ese tipo de estrategia durante muchos años a través del financiamiento del conocido “Plan Colombia”, el cual, bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, ha apoyado la militarización del país, la liberalización de su economía y el despojo de territorios para la extracción de recursos naturales.