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Gobiernos restringen energía nuclear en Europa mientras que Brasil es foco de los inversionistas

El gobierno de Brasil trabaja para reactivar su programa nuclear, lo que incluye la construcción de doce plantas nucleares para la producción de energía eléctrica hasta el año 2050. Dicho país cuenta ya con dos plantas nucleares, Angra 1 y Angra 2, y la que esta casi terminada, Angra 3, todas en el estado de Río de Janeiro. Hoy la participación nuclear en la matriz energética brasilera es inferior al 2%, el objetivo es ampliar esa participación al 5%.«Brasil no puede renunciar a la energía nuclear en función de la seguridad energética que representa y tomando en cuenta que es una energía barata», dijo el ministro de Minas y Energía, Eduardo Braga, en una audiencia pública en la cámara de diputados.

No obstante, la iniciativa para reactivar el programa nuclear brasileño fue tomada de manera no democrática, dijo el físico y profesor de la Universidad Federal de Pernambuco, Heitor Scalambrini Costa, miembro de la Red Brasileña de Justicia Ambiental. «Un grupo de diez personas que conforman el Consejo Nacional de Política Energética (CNPE) tomó la decisión. La mayoría del Consejo esta compuesto por ministros del Estado que tienen la obligación de decir sí al presidente de la república. La única que discrepó fue la entonces ministra de medio ambiente, Marina Silva, quien posteriormente renunció a su puesto. No hubo ningún debate más amplio con sectores académicos, científicos y la sociedad civil», agrega el profesor.

Junto a la decisión de reactivar el programa nuclear, representantes del gobierno y de las empresas defienden cambios en el modelo de construcción de las nuevas centrales nucleares, con el fin de permitir la participación del sector privado –hoy esta actividad es una atribución exclusivamente del ámbito del Estado. De acuerdo con la pagina web de la empresa paraestatal Eletronuclear, responsable para operar y construir las plantas nucleares en Brasil, «sin duda, los negocios podrán contener inversión privada tanto nacional como internacional».

Mujer Pankara, «de continuar estos proyectos, vamos a desaparecer». Fotografía: Renata Bessi

En relación con los proveedores de tecnología –la primera planta fue construida con tecnología de los Estados Unidos y las otras dos con tecnología de Alemania–, ahora la empresa Eletronuclear extiende la posibilidad de proveedores. «Para las plantas de pos-Angra 3, se espera la participación de los principales proveedores internacionales: la francesa Areva/Mitsubishi; la estadounidense Westinghouse/Toshiba; la rusa Rosenergoatom, además de la empresas chinas SNPTC y CNNC».

El escenario de oportunidades de negocio abierto en Brasil ha generado en el país un clima de presión por parte de las empresas –expresado en declaraciones en los medios de comunicación y a manera de lobby en el Congreso Nacional– para que el gobierno acelere el proceso de inversiones. Sólo en los últimos cuatro meses, dos grandes eventos internacionales tuvieron lugar en Río de Janeiro y São Paulo para promover la energía nuclear como una energía limpia, con la participación de inversionistas internacionales.

Representante de la empresa francesa Engie declaró a la prensa brasileña, cuando se llevaba a cabo la Conferencia Internacional Nuclear del Atlántico (INAC), realizada en Sao Paulo este 2015, el interés de invertir en la energía nuclear en el país. «Engie es un gran player –jugador– en programas de energía nuclear en el mundo y tenemos gran interés en el mercado brasileño. Estamos a la espera de que el gobierno de luz verde en la apertura de este mercado a la iniciativa privada y estamos aquí, una vez más, para cooperar con las autoridades, demostrando nuestra experiencia en el INAC», afirma Mauricio Bahr.

El fondo, al fondo el río San Francisco que cruza por lo menos en 5 estados semiáridos. Fotografía: Renata Bessi

Por el lado del gobierno federal se está emitiendo señales en el sentido de tornar la energía nuclear como un negocio. Leonam dos Santos Guimaraes, director de planificación, gestión y medio ambiente de Eletronuclear, durante el VI Seminario Internacional de la Energía Nuclear en junio de este año en la bolsa de valores de Río de Janeiro, admitió ante los inversionistas internacionales la necesidad de la flexibilización del modelos de negocios en el sentido de facilitar y viabilizar mayor interés de las empresas privadas. En el encuentro, las empresas extranjeras reafirmaron su interés en el sector nuclear brasileño y discutieron posibles modelos de alianzas público-privadas que pueden ser adoptadas por Brasil.

Brasil esta posicionado en el 7º lugar en mayores reservas mundiales de uranio, según la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA). Además, el país domina la tecnología de todo el proceso de fabricación de combustible, inclusive la principal fase, el enriquecimiento de uranio –hoy el enriquecimiento es hecho comercialmente por los Estados Unidos, Rusia, China, Japón y dos consorcios de países europeos. «Sin lugar a dudas la existencia de uranio y la tecnología son cruciales para que el país pueda decidir la continuación de su programa nuclear» dice Scalambrini.

¿Crisis energética?

La generación de electricidad en Brasil por medio de centrales térmicas no está motivada por el agotamiento del potencial hídrico, predominante en la generación de energía eléctrica en el país, pero es para enfrentar los riesgos de esta fuente de energía, dice el gobierno brasileño. «El componente hidroeléctrico continuará predominando en el sistema», explica el área de prensa de Electronuclear. Pero para el gobierno, «las plantas nucleares son componentes que garantizaran la operación del sistema eléctrico».

Tierras sagradas pankara se verán afectadas por la planta de energía nuclear. Fotografía: Renata Bessi

Para el físico Scalambrini, la decisión es equivocada. «El país tiene abundantes recursos renovables y varios que pueden satisfacer la demanda con eficacia, sin residuos y con la generación descentralizada, además de la complementariedad entre las distintas fuentes de energía renovable. Por lo tanto no hay razón para invertir en centrales nucleares en el país», dice el profesor.

Presión de Rusia 

Desde el año 2005, la industria nuclear ha intensificado su cabildeo agresivo en varios países de América Latina, con fuerte influencia en la legislación y la política energética, agrega Scalambrini.

«El caso brasileño se mueve en la dirección opuesta en relación a diversos países europeos debido a la presión de poderosos grupos de interés que responden a las empresas inversionistas, de la misma forma grupos de científicos de prestigio que confieren nuevas oportunidades de investigación financiadas, contratistas y proveedores de equipos. Además, por supuesto, de los sectores de las fuerzas armadas, fascinados por el poder que trae la energía nuclear. Esto sin contar a los medios de comunicación cuyos intereses están claramente a favor de esta fuente de energía», sostiene Scalambrini.

Uno de los poderosos lobbies está conformado por el sector nuclear estatal de la corporación rusa Rosatom, muy interesada en el negocio nuclear en Brasil, dice el profesor. «La Rosatom abarca más de 250 empresas e instituciones científicas, incluyendo todas las empresas nucleares civiles de Rusia, las instalaciones del complejo de armas nucleares, las organizaciones de investigación y la única flota de propulsión nuclear en el mundo. Y ocupa una posición principal en el mercado mundial de tecnologías nucleares», explica Scalambrini.

Casa de oración de los indígenas pankaras. Fotografía: Renata Bessi

Esta empresa ha demostrado que el gobierno brasileño esta dispuesto a construir, operar y financiar inversiones en centrales atómicas en el país. «A través de estos acuerdos, la compañía rusa recibiría acciones de las plantas nucleares, proporcionando conocimiento técnico y financiamiento, construiría las unidades y de la misma forma operará dichas instalaciones».

«Sin duda alguna representan negocios multimillonarios y es fundamentalmente el dinero que mueven los intereses. Cada 1000 MW costará 5 billones de dólares», sostiene Scalambrini. «Toda esta presión para la construcción de plantas de energía nuclear, lamentablemente es hecho en detrimento de los intereses reales de las generaciones actuales y futuras. Es inaceptable que la decisión de construir centrales nucleares en el país sea hecha en un mero balance de negocios, sin la seguridad necesaria de la vida de las personas», afirma.

Para que otras naciones pueden desarrollar estos negocios en suelo brasileño es necesaria una serie de cambios en la Constitución Federal de 1988 de este país. El articulo 21, fracción XXIII, y el 177 garantizan el monopolio de la Unión para toda la cadena de uranio, esto implica la minería y la generación de energía eléctrica.

En el centro, la jefa indígena pankara. Fotografía: Renata Bessi

Países contra la energía nuclear

La decisión del gobierno brasileño sigue una dirección contraria de gobiernos europeos, tales como Francia y Alemania, que, después del colapso de las plantas nucleares de Fukushima en el año 2011, fuera de control hasta el día de hoy, han abierto un debate y, bajo la presión de la sociedad, han decidió no invertir más en nuevas centrales nucleares.

El parlamento francés adoptó definitivamente una ley de transición para reducir el uso de la matriz de energía nuclear en la producción de electricidad. Hasta el año 2025, la participación de la matriz nuclear en la producción de electricidad debe reducirse hasta un 50% y 75%. Con 19 centrales, Francia con su sector nuclear es posicionado el segundo el mundo. Su economía depende de la energía nuclear como ningún otro país para su consumo de electricidad, casi el 75% de las necesidades de abastecimiento provienen de este sector.

La industria nuclear francesa, incluso antes del anuncio de la reducción, ya enfrentaba dificultades. Su grupo industrial dominante Areva, que apuesta en el negocio nuclear brasileño, informó de una pérdida de casi 5 millones de euros en el año 2014 y por tanto deben cerrar entre 5 a 6 mil puestos de trabajo.

Alemania declaró en el año 2011 que cerraría todas sus centrales atómicas de producción comercial de electricidad hasta el año 2022. De acuerdo con la Articulación Antinuclear Brasileña, el gobierno alemán justifica la decisión, alegando problemas de inseguridad.

A ellos se suman Austria, Bélgica, Suiza, Italia (por decisión unánime, donde más del 90% de la población votó contra la instalación de nuevos reactores nucleares en su territorio) quienes revisaron los planes para la instalación de nuevas plantas de energía y decidieron distanciarse de la energía nuclear.

Del río San Francisco se va a proveer de agua para la planta nuclear. Fotografía: Renata Bessi

Alemania rompe acuerdo nuclear con Brasil

En 27 de junio de 1975, en pleno auge de la dictadura militar brasileña, fue firmado el «acuerdo de cooperación para uso pacífico de energía nuclear Brasil-Alemania», que entró en vigor el 18 de noviembre del año 1975, con vigencia de 15 años. Además de cooperación científica, el contrato estableció el uso de la tecnología alemana para construir en Brasil, hasta ocho plantas de energía nuclear, una planta de procesamiento de combustible atómico y una de enriquecimiento de uranio.

Cada 5 años, si ninguno de los dos países oficialmente denuncia el tratado, hasta un año antes de la fecha fijada para su renovación, el acuerdo se renueva automáticamente. Una articulación internacional de organizaciones de Brasil y Alemania crearon una campaña contra la continuación del acuerdo. En noviembre del año 2014, el gobierno de Alemania rompió el tratado, que se extinguió el pasado 18 de noviembre del presente, proponiendo al gobierno brasileño centrarse en la explotación de recursos energéticos renovables.

El gobierno alemán no avaló préstamos para la construcción de la central nuclear de Angra 3, por no presentar las condiciones de seguridad necesarias.

Cultura del secreto 

Aunque ya ha comenzado la disputa por el mercado nuclear brasileño, la información para la sociedad sobre los planes del gobierno son extremamente escasos. «Las noticias que son publicadas por la prensa son a menudo desencontradas. Hay poca información del gobierno sobre el tema de seguridad, de los procesos de la implementación, modelo de gestión, así como de las zonas elegidas para la construcción de estas plantas de energía nuclear. La cultura del secreto y la falta de transparencia prevalecen las cuestiones relativas al tema de las plantas nucleares», dice el profesor.

Construcción para desviar parte del río San Francisco, el destino es regar plantaciones del agronegocios. Fotografía: Renata Bessi

El departamento de prensa del Ministerio de Minas y Energía, al ser interrogado por el equipo de este reportaje sobre la planificación del gobierno brasileño para el sector nuclear, se limitó sólo a responder el número de plantas que se construirán y su energía potencial. «Otras cuestiones están todavía bajo revisión y no hay datos para ser divulgados», afirmó el departamento de prensa.

De acuerdo con Alzeni Tomáz, secretaria general de la Sociedad Brasileña de Ecología Humana, la constitución brasileña respalda la posición del gobierno brasileño. «La ley 4.118/62 en el artículo 27 establece el carácter sigiloso de la actividad nuclear. En eso se basa el gobierno para sostener el carácter de ‘sigiloso’ sobre las acciones nucleares», explica la secretaria.

Planta nuclear en la región del semiárido

En estas tierras se alberga el clima más seco de Brasil. La última sequía duró 3 años. Aquí la mayoría de las comunidades dependen de camiones cisterna para tener acceso al agua, para la higiene personal, para cocinar y para el uso en general. La región es conocida como el Sertão, es el área semiárida más poblada del mundo, con cerca de 17 millones de habitantes. La vegetación predominante es conocida como la caatinga, compuesta por árboles bajos de troncos gruesos. A primera vista estos árboles parecen estar muertos por la sequía, pero con poca lluvia reverdece el follaje despertando la vida en la región.

Uno de los municipios del Sertão la ciudad de Itacuruba, estado de Pernambuco, a orillas del río São Francisco (uno de los principales ríos de Brasil que corta la región), es fuerte candidato para recibir una de las primeras cuatro plantas nucleares, previstas en el Plan Nacional de Energía 2030.

«La terminación de los estudios para la elección de la ubicación de la Central Nuclear de esta región marca el río San Francisco como la mejor opción según los criterios utilizados en el proceso de selección de sitio», afirma Eletronuclear en su página web.

«La ubicación exacta no ha sido oficialmente anunciada. El área seleccionada a orillas del río São Francisco fue mencionada en un documento oficial de la oficina regional de Eletronuclear en Recife, capital de Pernambuco. El área señalada apunta hacia la ciudad de Itacuruba, a 481 km de la capital de este estado, como la primera opción para la instalación de una de las plantas nucleares», explica Scalambrini.

La implementación de termonucleares ha sido motivo de alerta y resistencia para los movimientos sociales, especialmente para aquellos que se esfuerzan por mantener la vida del río São Francisco, afectado ya por numerosos megaproyectos. «Donde quiera que se vaya a implementar la planta de energía nuclear, toda la población de São Francisco se verá afectada. Territorios indígenas, comunidades afrobrasileñas conocidas como quilombolas y comunidades de pescadores que viven de este río», dijo Tomáz.

Geraldo y su familia están esperando a que el gobierno de Brasil a reconozca y respete su territorio. Fotografía: Renata Bessi

Tierras sagradas

La zona indicada en Itacuruba forma parte de las tierras sagradas de los indígenas Pankará. «El gobierno hace grandes proyectos y no nos pregunta, para nosotros que vivimos de la tierra, no pregunta de lo que pensamos y lo que queremos. No nos respeta», dice a Lucélia Pankará, líder de los indígenas. Las tierras de los pankará en Itacuruba están en proceso de reconocimiento y demarcación por parte del estado. «Pero, con estos proyectos, este proceso se detuvo», lamenta la jefa indígena.

Una fracción del río São Francisco que baña las tierras de los pankará en Itacuruba ha sido represada desde finales de los años 1980 para la construcción de una central hidroeléctrica. La antigua ciudad de Itacuruba fue totalmente sumergida junto con otras tres ciudades más. Un sinnúmero de personas se trasladaron a vivir a las orillas de lo que hoy es un gigantesco lago, reconstruyendo el nuevo Itacuruba.

Geraldo Leal, indígena pankará, fue una de las casi 20 mil personas que fueron removidas de sus tierras y sus hogares de Itacuruba. «La ciudad era esencialmente rural, producía para toda la región. Yo vivía en una de las incontables islas en el río. La tierra era muy fértil. Plantábamos de todo y todo se daba, fruta, arroz, frijol, papas, cebollas y verduras. Y teníamos peces en abundancia. Lo que sobraba, era para vender. Todo fue inundado con la presa y nosotros quedamos en esta situación, sin tierra. Fuimos expulsados hacia la ciudad», dice Geraldo.

Pescadores artesanales del río San Francisco, «ya somos afectados por la pesca industrial y ahora con la con la planta nuclear nuestro pueblo va a desaparecer». Fotografía: Renata Bessi

El indígena fue a la ciudad, pero él no podía vivir lejos de su tierra. «Nací y crecí agricultor». El regresó a la tierra de sus ancestros y ahora esta a la espera, junto con su pueblo, de la demarcación de su territorio, amenazada por la posible construcción de la planta nuclear. «Estamos esperando a que las tierras sea reconocidas antes de la creación de la planta nuclear. Nuestra tierra es nuestra historia, nuestra vida, es el registro de todos nuestros antepasados. Como los abuelos van a enseñar a nuestros hijos si estamos dentro de la ciudad, no hay ninguna manera de preservar la cultura. Lo único que nos quedó fue retomar las tierras, antes de la demarcación oficial, porque estas tierras son de nuestros antepasados».

Una versión de este texto se publicó en ⇒ Truthout

El codiciado mineral que amenaza la vida de los pueblos en Chiapas

Para producir un celular se requieren por lo menos 200 tipos de metales. El titanio es uno de ellos. Es un metal tan importante para la telefonía como para la guerra, estratégico en la industria armamentista, aeronáutica, naval, ingeniería nuclear y para el equipamiento de alta tecnología. Los mayores consumidores de titanio son Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y China.

México es uno de los cinco países de Latinoamérica donde se ha probado la presencia de dicho material, así como en Brasil, Paraguay, Chile y Perú. La Secretaría de Economía (SE) de México sostiene que este país podrá cubrir buena parte de la demanda mundial del titanio, confirmando su existencia en el subsuelo de Chiapas, al sur de México, mismo estado que posee siete de los nueve ecosistemas más representativos de México, situados sobre tierras que albergan reservas de 13 metales codiciados mundialmente, entre ellos el oro, la plata, el cobre, zinc, fierro, plomo y titanio.

Según el Sistema Integral de Administración Minera (SIAM) e Infomex del gobierno de México, existen 99 concesiones vigentes otorgadas por el gobierno federal en el estado de Chiapas en el año 2015, con permisos de explotación hasta los años 2050 y 2060. Alrededor de un millón 57 mil 81 hectáreas de tierras campesinas e indígenas –lo que equivale a 14,20% del estado– se encuentran concesionadas.

La Mina “El Bambú” en la comunidad de Nueva Francia. Foto: Santiago Navarro F.

«Hay, sin embargo, muchas más hectáreas que están a la espera de ser concesionadas, ya que hay muchos minerales en todo el estado. También existen concesiones suspendidas, en descanso y otras que están vigentes que no significa que se estén explotando en el momento. Y sabemos también que hay mucha explotación ilegal, no contabilizada por el estado», afirma el investigador de la asociación civil Otros Mundos, Gustavo Castro Soto.

Las concesiones están otorgadas principalmente a 4 empresas extranjeras, de acuerdo con datos de Otros Mundos. Tres de ellas son canadienses: Linear Gold, ahora llamada Brigus Gold, BlackFire, Riversides Resoures Inc., y una China llamada Honour Up Trading.

Titanio: importancia geoestratégica

Alton D. Slay, general de Estados Unidos a cargo del Comando de Sistemas de la Fuerza Aérea en 1980, advirtió al congreso de su país, como tema de seguridad de esta nación, de la dependencia de al menos 40 minerales estratégicos. El titanio es uno de ellos, presente en áreas de actual conflicto como Ucrania y Siria, es uno de los metales de los que hoy EU depende en un 70% de sus importaciones. Rusia es el segundo país del mundo que posee más reservas de titanio, después de China. La corporación rusa VSMPO-AVISMA es la mayor productora mundial de titanio, lingotes de titanio y todo tipo de productos intermedios de aleaciones de titanio, así como de artículos de aluminio de grandes dimensiones, piezas semiacabadas de acero galvanizado y superlaciones de níquel.

Los productos desarrollados por esta corporación le permiten convertirse en proveedor de 300 empresas en 48 países, incluyendo a líderes mundiales de la ingeniería aeronáutica como Boeing, Airbus, SNECMA, Rolls Royce y Pratt & Whitney. Tan sólo el titanio ruso cubre la demanda de las empresas aeronáuticas en un 40% para la empresa Boeing; un 60%, para Airbus, y el 100 % para Embraer.

Titanio en las reservas chiapanecas

La mayor parte de las concesiones en el estado de Chiapas se localizan en la Sierra Madre de Chiapas y sus costas en pacifico. De las 99 concesiones expedidas este año 2015, 44 están en la región conocida como el Soconusco, de las cuales por lo menos 22 tienen como objetivo principal la extracción de titanio.

«Las 99 concesiones están ubicadas principalmente en la región de la costa de Chiapas, en la región del Soconusco, desde Arriaga hasta Tapachula. Aquí es el foco de atención de las empresas mineras, ya que se habla de grandes yacimientos de dicho metal en toda esta franja. Pero también es una zona de gran biodiversidad», afirma Salvador Hernández Gutiérrez, del Frente Popular en la Defensa del Soconusco 20 de Junio e integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

A simple vista se pueden apreciar los paisajes inmensos y la biodiversidad que componen la región del Soconusco. Cualquier campesino que tenga contacto con estas tierras sabría inmediatamente que son tierras muy fértiles. El agua dulce, tan escasa en muchos estados de México, fluye por todos lados. De acuerdo con el Programa Regional de Desarrollo de la región del Soconusco, en esta área existen seis reservas ecológicas continuas, tres estatales: El Cabildo-Amatal, El Gancho-Murillo y Cordón Pico El Loro-Paxtal y tres federales: La Encrucijada-Volcán, Tacaná y El Triunfo.

La región del Soconusco es una de las más biodiversas en México. Foto: Renata Bessi

En la Encrucijada, reserva de la biósfera, por ejemplo, se encuentran manglares de hasta 35 metros de altura, considerados los más altos del Norte y Centroamérica. Estudios realizados por el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) y el Instituto de Historia Natural y Ecología del Estado de Chiapas confirmaron que en la reserva situada en la franja de manglar de la zona costera hay 69 especies de mamíferos, 15 % del total nacional (477) y 33.8% del los mamíferos del estado de Chiapas (204). Esto sin contar que existe una gran cantidad de especies de fauna silvestre: 306 de aves, 45 de reptiles y 13 de anfibios.

Por su parte el área protegida El cordón Pico El Loro-Paxtal se encuentra entre dos macizos montañosos de la Sierra Madre de Chiapas, dentro de la zona denominada Corredor Mesoamericano-Chiapas, ligado al Corredor Biológico Mesoamericano que vincula a México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, y Panamá, por el cual transitan especies como el jaguar o pantera, especie en peligro de extinción.

La región muy importante por ser de las zonas más lluviosas del país, lo que da lugar a una compleja red hidrológica, con numerosos ríos permanentes, cuerpos de agua dulce y sistemas de lagunas que presentan características ecológicas muy particulares, ya que la presencia de cañadas, depresiones y valles, propician la existencia de una gran heterogeneidad de microclimas, lo cual favorece la diversidad de la fauna y un alto número de endemismos.

Conservacionismo oficial y despojo minero. Fotografía: Renata Bessi y Santiago Navarro F

La reserva El Triunfo alberga 10 distintos tipos de ecosistemas, entre los cuales se encuentra uno de los más amenazados a nivel mundial: el bosque de niebla. Este ecosistema es de vital importancia ya que permite retener el agua y abastecer a la Sierra Madre, viéndose principalmente beneficiados agricultores y comunidades aledañas.

El engaño

La Comunidad de Los Cacaos, localizada en el área montañosa, está ubicada en uno de los lugares más altos del municipio de Acacoyagua, parte del Soconusco. Las vertientes de agua fluyen por doquier, es de donde se abastecen otras comunidades en las faldas de la montaña. Las tierras contienen una gran cantidad de materia orgánica. No hay semilla que no tome vida en estas tierras. Café, cacao, rambután, naranja, papaya, piña, mamey, todo tipo de hortalizas, y sin ningún tipo de abono extra, ni mucho menos agrotóxicos.

En estas tierras el gobierno federal aprobó una concesión para la explotación de titanio. De las 530 hectáreas que integran la comunidad de Los Cacaos, 500 fueron concesionadas. El método tenia que ser por medio de túneles subterráneos, desde las faldas de la montaña hasta la parte alta del pueblo.

Alberto Villatoro, campesino de la comunidad de Los Cacaos, entre una mezcla de tristeza y rabia, recuerda su infancia, de como caminaba sobre las rocas de color azul plateado sin saber que era el titanio que después sería explotado en su comunidad. Hoy, la empresa minera china, Honour Up Trading, como en muchas comunidades de la Sierra Madre de Chiapas, buscan acaparar una de las mayores vetas de titanio de México. «Desde niño recuerdo esos metales en el río, en el camino lo pateábamos, pero no sabíamos que era titanio. Hasta que por medio de engaños algunos firmaron el proceso de exploración», sostiene Alberto Villatoro.

La primera empresa minera llegó a la comunidad de Los Cacaos, recuerda la campesina Florentina Antonio Morales, en el año 2009 y realizaron la explotación a cielo abierto. Hoy, por acción de la propia comunidad, las actividades del grupo chino fueron paralizadas, pero la concesión aún esta vigente. «Vinieron a engañarnos, esta es la verdad. Nos prometieron muchas cosas. Dijeron que iban a construir un mercado, carretera, un parque para los niños. Pero todo eso sólo quedo en puras palabras», dijo la campesina Morales.

Una de las estrategias utilizadas por la empresa, cuenta Morales, para poder obtener el apoyo de la comunidad, fue por medio de la repartición de despensas. «A las autoridades les están dando algo de dinero y a la gente la están engañando con una despensa, como lo hace el gobierno. La verdad, yo no necesito de despensa. Yo cultivo mi cacao, mi café. Trabajamos y de ahí vivimos. Ya no más. Queremos que se vayan. Están afectando nuestra cosecha, nuestra salud y la de nuestros animales», afirma Florentina.

De acuerdo con los datos de la organización REMA en Soconusco, en el municipio de Acacoyagua, donde están en proceso de explotación dos minas de titanio, los casos de cáncer de hígado, estómago y testículos son cinco veces mas frecuentes en la región de lo que deberían ser y algunos de estos casos se han dado en niños y niñas. A parte de eso, las personas que se han bañado en los ríos Cacaluta, Doña María y Cintalapa, donde desembocan los deshechos de las minas, presentan irritaciones, yagas y erupciones en piel.

Los niños de Los Cacaos presentan infecciones de piel. Foto: Renata Bessi

División de la Comunidad

La comunidad Los Cacaos es un ejido, una propiedad rural de uso colectivo, peculiar en México, resultado de la Revolución Mexicana (1910). «Un ejido es una comunión de 100 a 200 personas –los ejidatarios de una manera equitativa poseen una fracción de tierra. Un ejido no es una propiedad. La organización de un ejido se rige por mayoría y para eso hacemos uso de la asamblea. Existe un comisariado que representa a todos, pero la máxima autoridad es la asamblea. El comisariado se encarga para que se haga cumplir lo que se determine en asamblea», explica Villatoro, uno de los ejidatarios.

De acuerdo con el campesino, hubo irregularidades por parte del comisariado en la convocatoria de la asamblea y en la constitución del acta en que se aprobó la concesión. «No cumplieron con los requisitos de la Ley Agraria. Hubo menos firmas de las necesarias de los ejidatarios que están legalmente registrados en el registro agrario nacional», sostiene el ejidatario. A parte de eso, «el día que realizaron la asamblea las autoridades comunicaron que la explotación seria por un año. Cuando trajeron el convenio firmado, vimos que la verdad era por 50 años. Las autoridades ejidales ya estaban vendidas con la empresa. Mucha gente por miedo no dice nada».

«Lo que estamos viendo es que las empresas ya han comenzado a utilizar un patrón con las comunidades, la división. Ellas dividen, compran, utilizan toda especie de presión y chantaje. Y esto es con todos los proyectos extractivistas en el país, lo que ha generado un gama de conflictos», sostiene Gustavo Castro.

Ríos contaminados por desechos mineros. Foto: Santiago Navarro F.

2 dólares por tonelada extraída

El equipo del reportaje tuvo acceso al contrato de la Constitución que acredita la ocupación temporal y de servicio en el ejido Los Cacaos, realizado en el año 2013 entre las autoridades de ese momento y la empresa donde figuran: el presidente del ejido de Los Cacaos, Orlando Ramírez Tomás; la secretaria, María Esther Ventura Ruiz; el tesorero, Edesa Reyna Tomás; presidente del consejo de vigilancia, Edgar Rusbel Pérez Pérez; y el Grupo Minero El Puntal SA, empresa representada por su apoderado legal Víctor Manuel Espinoza Almaguer.

El contrato establece que «el ejido y el beneficiario acuerdan un pago de 500 mil pesos para la realización de este contrato mismos que serán liquidados en dos pagos, el primero en el mes de diciembre del año 2012 y el segundo en enero del año 2013 así como una regalía de 5 dólares americanos por tonelada extraída”.

También, «el ejido y el beneficiario acuerdan que las parcelas donde exista mineral se tendrá que negociar en forma privada con el propietario de dicha parcela para que en forma individual se haga un contrato en el que se acuerda entregar una regalía de 2 dólares americanos por tonelada extraída».

Impactos ignorados

Documento producido por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno de México, que evalúa el Estudio de Impacto Ambiental hecho por la empresa para obtener la concesión, admite que el proyecto de Los Cacaos está en una región de alta biodiversidad y de importancia nacional. «Las regiones prioritarias son áreas que se toman como referencia para la planeación nacional, debido a su alta biodiversidad e integridad ecológica funcional significativa». A pesar de ser considerada una área prioritaria por el propio organismo, la secretaría liberó el proyecto de explotación.

Por otra parte, la Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural de Chiapas emitió su propia evaluación, en septiembre del año 2014, contraria al proyecto de minería, emitiendo la siguiente opinión:

«De acuerdo a la revisión realizada, conforme al Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de Chiapas, publicado en el Periódico Oficial del Estado n. 405, el 7 de diciembre del año 2012, se considera no favorable el proyecto a desarrollar denominado «Proyecto minero Casas Viejas», a desarrollarse en el municipio de Acacoyagua, ya que la implementación de dichas acciones ocasionarían daños irreversibles al ambiente».

Dicha evaluación técnica fue ignorada por las autoridades federales.

En la comunidad La Libertad, los ríos acarrean desechos mineros. Foto: Santiago Navarro F.

La joya

Otro ejemplo es la concesión expedida a la empresa china Honour Up Trading en el año 2013, denominada «La Joya», establecida en el ejido de la comunidad El Triunfo, del municipio de Escuintla, región del Soconusco, con una superficie de 207 hectáreas y con vigencia hasta el año 2063.

«Es ahí, en la parte alta, en el ejido del El Triunfo donde se encuentran los minerales como el titanio. Estamos preocupados porque si se explotan esas minas, nuestro ejido va quedar sepultado. Solo en el municipio de Escuintla hay por lo menos 8 concesiones. Es el gobierno quien da las concesiones sin importar la integridad de los seres humanos, de la naturaleza y los animales. No nos ha llegado ninguna información. Nosotros gozamos de oxígeno limpio y de libertad, ¿qué va pasar con la minería?», dijo Francisco Bautista Hernández, secretario del comisariado ejidal, de la comunidad de Independencia, Escuintla, Chiapas.

Mujeres de la comunidad La Independencia se oponen a la extracción de titanio. Foto: Santiago Navarro F.

El ejido de Independencia es el pueblo más organizado de la región. La comunidad, en conjunto con sus autoridades tradicionales, está en contra de la minería. En varias ocasiones han denunciado principalmente a los dueños de la minera La Joya. No obstante, existen por lo menos otras tres concesiones mineras de mayor dimensión en esta misma área, que colindan con el proyecto de La Joya y que se mantienen en silencio por el momento. Ellas son: Minera «La Nathalia», concesionada desde el año 2012 a Helmar Antonio Faviel Solís; «La Fernanda», concesionada a Evaristo Pérez Cano; y la minera «La Ceiba», concesionada a la empresa ATENMOV, S.A. DE C.V., quien explota oro, plata, hierro y titanio en otras regiones de Chiapas.

Las concesiones mineras siguen una linealidad continua a lo largo de la Sierra Madre de Chiapas, lo que indica que existe una gran veta de titanio principalmente en toda esta franja. En el transcurso de estas montañas, descienden una gran cantidad de ríos y riachuelos que las comunidades utilizan para beber, bañarse y para la agricultura. «No queremos que terminen con la Sierra Madre de Chiapas porque tenemos mucha vegetación y mucha agua. Nosotros tenemos dos riachuelos y sí se explota la mina se van a contaminar y van a venir muchas enfermedades, muerte de nuestros animales y de las personas», sostiene Francisco Bautista.

«En nuestras comunidades nunca antes hemos tenido problemas con cáncer, ahora hemos registrado muchos casos después de las primeras explotaciones de las minas. Las mujeres jóvenes que están embarazadas ya están teniendo deformaciones en los fetos, o también hay abortos espontáneos. Hay animales que ya están muriendo. Por eso no queremos las minas», dijo Paula Velázquez, voluntaria de salud de la comunidad de Independencia, Escuintla, Chiapas.

Autoridades locales alertan sobre los riesgos en La Joya

En mayo del año 2015, la Secretaría de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres del estado de Chiapas, a petición del presidente municipal de Escuintla, Juan Carlos Méndez Córdova, emitió una evaluación sobre los riesgos que representan la explotación de la mina La Joya.

La localidad de Independencia, según el documento, se encuentra en un sistema montañoso con pendientes muy accidentados. Las viviendas son de auto construcción. El municipio se encuentra asentado en las faldas de la Sierra Madre de Chiapas lo que hace que la superficie sea accidentado en cerca del 80% de su extensión territorial.

El documento caracteriza la región que será explotada como de Alto Riesgo. «Se dictamina como de riesgo alto el área de estudio que aquí se describe, derivado de las condiciones naturales del entorno y de la interacción de los elementos antropogénicos». No obstante, la concesión fue dada por el gobierno federal a la empresa Honour Up Trading S.A..

Presión Internacional

En el marco de los tratados de libre comercio todos los gobiernos tienen la obligación de garantizar las inversiones extranjeras o serán demandados ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, espacio que arregla las disputas de inversiones entre empresas y los Estados nacionales, explica Soto. «Si los Estados no garantizan la inversión son acusados de expropiación indirecta. Casi no se menciona esta condición. Hay muchas demandas de empresas transnacionales contra gobiernos por leyes que dificultan las inversiones, o porque el gobierno retira las concesiones. Hay estudios que muestran que el 60% das demandas de las empresas en el CIADI son de la industria extractiva», agrega Castro.

No hay país en América Latina que no este vinculado con algún tratado de libre comercio con Estados Unidos, China, Europa o Canadá. «Entonces lo que hacen los gobiernos es reprimir a los pueblos que están contra estos proyectos. Es mas fácil reprimir manifestaciones que pagar millones de dólares a estas empresas», explica el integrante de la organización Otros Mundos.

Los gobiernos deben acoplar las leyes en su marco jurídico para facilitar las inversiones. «Antes del Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, 52% del territorio mexicano era propiedad comunal. Más de la mitad del territorio y sus riquezas, como el gas, el petróleo, oro, agua, madera, estaban en manos de los pobres. Con el paquete de reformas estructurales que viene promoviendo el gobierno, el territorio indígena y campesino esta siendo privatizado para que puedan incursionar las inversiones internacionales», sostiene Castro.

El codiciado mineral. Foto: Santiago Navarro F.

Territorios Libres

la inconformidad en la región del Soconusco, donde 1 de cada 3 hectáreas está concesionada a la industria minera, desde principios de este año 2015, diversas comunidades junto con sus autoridades y habitantes de la región han realizado un sinnúmero de manifestaciones y brigadeos para informar sobre los impactos de la explotación minera.

Como una de las acciones concretas de dicha declaración, en septiembre de este mismo año, habitantes del ejido Nueva Francia, municipio de Escuintla, Soconusco, acordaron impedir la explotación minera del proyecto denominado El Bambú, a cargo de Obras y Proyectos Mazapa y de El Puntal, quienes han extraído titanio desde hace mas ocho años.

En el mes de agosto de este mismo año, diversos municipios de la entidad decidieron declararse en asamblea general comunitaria «Libres de Minería». Cerca de 300 representantes de los municipios de Tapachula, Huhuetán, Mazatán, Suchiapa, Tuxtla Gutiérrez, Acacoyagua, Escuintla, Cintalapa y Tonalá tomaron esa determinación por las graves afectaciones a la salud que ya se han hecho presentes en la región. «Nos unimos a las más de dos mil declaratorias de territorio libre de minería en el país, así como a las más de 80 actas ejidales y bienes comunales y 30 municipios de Guerrero, Oaxaca, Puebla y Chiapas que dicen no a la minería», agrega Castro.

El futuro ineludible de la minería. Foto: Santiago Navarro F.

Neocolonialismo verde, rebeldía negra en Brasil

Fotografía: Santiago Navarro F

Versión en inglés ↳ Green Neocolonialism, Afro-Brazilian Rebellion in Brazil

Papel desechable, tales como papel higiénico y toallas de primera calidad; un producto suave y esencialmente blanco, es el destino principal que tiene la celulosa brasileña extraída de los arboles de eucalipto. Un producto que busca abastecer, principalmente, la demanda del mercado de los países del primer mundo. Aunque este tipo de papel ha generado impactos sociales y ambientales en tierras brasileñas, muchas comunidades jamás han tenido en sus manos un tipo de papel como el que se usa en estos países.

La región conocida como Sape do Norte, que incluye los municipios de São Mateus y Conceição da Barra, en el estado de Espírito Santo, Brasil, ha sido afectada fuertemente por las plantaciones de eucalipto. En São Mateus por ejemplo, las plantaciones ocupan el 70% del territorio. De Vitoria, la capital de Espírito Santo, a São Mateus, casi 300 km de longitud son ocupados por arboles de eucalipto, en algunos trechos muy accidentados, aun se pueden ver pequeños resquicios de lo que fue el bosque nativo y su biodiversidad, que abarcan algunas hectáreas, que se pueden recorren en escasos minutos en automóvil.

Esta área es también símbolo de la resistencia negra, tierra de Quilombolas. Quilombo viene de la lengua kimbundu, una de las lenguas bantúes más habladas en Angola. Quilombo se le llamo a los lugares donde vivieron los esclavos rebeldes o fugitivos, que llevaban una vida de libertad en rincones apartados de las ciudades o en el campo y de ahí viene la palabra Quilombola, usada en Brasil para referirse al negro rebelde.

Fotografía: Santiago Navarro F

"Quilombo es un tipo específico de ascendecnia africana, que al igual que los otros, fueron traídos de África en la época colonial. Pero se negaron a ser sometidos a la esclavitud y representaron la resistencia negra.Ellos construyeron comunidades a las que también llamaron Quilombos. Huyeron de la escalvitud en Brasil y permanecían en pequeñas comunidades compuestas de 20 a 30 familias donde vivían de forma autónoma. Sus descendientes permanecieron en estos sitios", dijo Marcelo Calazans de la Federación de Organizaciones para la Asistencia Social y Educacional (FASE) organización que trabaja desde hace 30 años con los temas relacionados con los impactos del eucalipto en el estado de Espírito Santo.

En São Mateus había un puerto que comercializaba los negros recién llegados de África y muchos de ellos huían de las embarcaciones antes de que los navíos llegaran al muelle. Huían y se refugiaban en los bosques.

La emancipación de los esclavos ocurrió en el año 1888 y no fue acompañada de medidas que permitiesen a las comunidades negras permanecer en las zonas rurales. Sólo un siglo más tarde, se produjo el reconocimiento legal de estas comunidades con la Constitución de 1988, aunque no garantizó efectivamente la preservación del territorio quilombo. El hecho es que, con o sin reconocimiento, una gran parte de estas comunidades sobrevivieron en las zonas rurales. Prueba de eso son las comunidades del Sapé do Norte.

En la década de 1960 con la llegada de la industria de la celulosa extraída del eucalipto, los Quilombolas sufrieron un nuevo impacto y las familias se vieron obligadas a abandonar sus tierras y algunos se trasladaron a las grandes ciudades en busca de supervivencia, terminaron nutriendo las grandes favelas. Se estima que antes de que llegara la neocolonización del eucalipto, había alrededor de 15.000 familias Quilombolas. Hoy en día se calcula que 1.200 familias se reorganizan en 32 comunidades de la Sapé do Norte. Los descendientes Quilombolas están dispersos en comunidades «aisladas» por plantaciones de eucalipto, sufriendo todo tipo de presiones y efectos provocados por la industria de la celulosa.

«Hubo plantaciones de monocultivos en lugares inverosímiles, en nacimientos y en zonas de recarga hídrica. Se eliminaron los bosques de la ribera, se cortó el curso del agua, las lagunas fueron rellenadas con tierra, se mató la biodiversidad del bosque atlántico con plaguicidas y herbicidas, eso hizo imposible la siembra agrícola, al menos que se usaran agroquímicos», explica para Avispa Midia Simone Batista Ferreira, investigadora del Departamento de Geografía de la Universidad Federal de Espírito Santo.

Empresa líder mundial 

La empresa Aracruz Celulosa llegó en tierras de Espírito Santo en la década de los años 1960. Estuvo constituida en un primer momento por accionistas como Souza Cruz (una subsidiaría de British American Tobacco), el Grupo de la familia Lorentzen –ligados a la realeza de Noruega-, y el Grupo Safra, con un 28% de participación de capital cada uno; el Estado brasileño era un socio más con las acciones del Banco Nacional de Desarrollo Económico (BNDE) -ahora denominado BNDES-, que se redujo al 12%.

En el año 2009 la empresa Aracruz Celulosa cambió de nombre y nace la empresa Fibria Celulosa, resultado de la incorporación de acciones de Aracruz Celulosa y la de Votorantim Celulose e Papel (VCP). Fibria es considerada en la actualidad como una empresa líder mundial en la producción de celulosa de eucalipto. Es la única empresa del sector forestal del mundo que esta en la lista de empresas del Índice Dow Jones, cotizando en la bolsa  Bolsa de Valores de Nova York.

Fotografía: Santiago Navarro F

Bosques sin vida 

Un bosque sin flores, sin olor, sin animales, ningún ave ronda su vuelo por este lugar. Un bosque escéptico, de un color verde uniforme. Árboles raquíticos, troncos delgados y altos, que parecen columnas cimbradas en la tierra. En Ecuador las plantaciones de eucaliptos son conocidas como el bosque silencioso, porque no hay pájaros. En Chile le llaman, bosque militar porque, además de tener un color verde característico del uniforme militar, los árboles están formados y ordenados de una forma rígida. En Brasil le llaman desiertos verdes, simplemente porque no hay vida en su entorno.

Brasil es el cuarto mayor productor mundial de celulosa, después de Canadá, Estados Unidos y China. De Acuerdo con el informe del año 2014, de la Industria Brasileira Árbol Forestal (IBA por sus siglas en inglés), con datos del año 2013, el área forestal cultivada en Brasil llegó a 7,6 millones de hectáreas en este año 2013. El eucalipto representa el 72% de este total con una área cultivada de 5 millones 474 mil hectáreas. En ese año 2013 se produjeron 15,1 millones de toneladas de celulosa y 10,4 millones toneladas de papel. El objetivo es alcanzar una producción de 22 millones de toneladas de celulosa en Brasil hasta el año 2020.

La celulosa de Brasil tiene como principal destino, el mercado de Europa, que recibe el 41% del volumen de las exportaciones, seguido por Asia y América del Norte, con cerca del 39% y 20%, respectivamente.

Demanda internacional

De acuerdo con el economista Helder Gomes, miembro de la Red de Alerta contra el Desierto Verde, en la década de los años 1960 los mercados internacionales sufrían una presión por la demanda de pulpa y papel, por las dificultades de la ampliación en la producción de madera en los países que tradicionalmente se habían destacado como principales productores mundiales de eucalipto.

"En la década de los años 1960, estudios de la FAO indicaban las dificultades para ampliar dicha producción en los países productores, como la disponibilidad de tierras en los países centrales, el largo período de maduración y las presiones de los movimientos sociales contra el aumento de las emisiones contaminantes y contra la expansión de los monocultivos",

según el economista, esto obligó a que organismos internacionales como la propia FAO comenzaran a subsidiar la expansión de los programas forestales en países como Brasil, donde habían condiciones ecológicas favorables para el rápido crecimiento de los bosques, la disponibilidad de tierra, la abundancia de mano de obra barata y las políticas gubernamentales que beneficiaban y respaldaban a esta industria.

Fotografía: Santiago Navarro F

Destrucción 

La empresa Aracruz Celulosa es responsable inmediata de la destrucción de al menos 43.000 hectáreas de selva tropical en el municipio de Aracruz, solo por poner un ejemplo. Un municipio que, a parte de las plantaciones, alberga tres de las mayores fabricas que procesan la celulosa de los arboles, de la misma empresa.

Una destrucción documentada en el Informe de Evaluación de Impacto Ambiental realizada para los permisos de la primera expansión de la producción de la compañía – hecha por el Instituto de Tecnología de la Universidad del Estado de Espírito Santo, en año de 1988. Según el informe, «a través del análisis de fotografías aéreas obtenidas en los inicios de la década de 1970, se encontró que al menos el 30% del municipio de la superficie de Aracruz estaba cubierto por bosque nativo, que fue sustituido por bosques homogéneos de arboles de eucalipto».

Aracruz no solo llego devastando el bosque, sino que expulsando comunidades que vivían allí. «De 40 comunidades indígenas que habían durante los primeros años de desarrollo de esta industria, solo quedaron 6», afirmó para Avispa Midia el abogado Sebastiao Ribeiro Filho, miembro de la Red de Alerta contra el Desierto Verde.

Blanqueamiento tóxico 

La cadena de producción da celulosa, además de impactar la vista con el paisaje homogéneo, también impacta el olfato. Caminando por el municipio de Aracruz de pronto llega un tufo con un olor ácido. «¡Es cloro!» avisa Calazans, que cuenta porque huele así. «Para blanquear el papel se requieren millones de litros de químicos, entre ellos el peróxido de hidrógeno y el cloro, que en muchos países están prohibidos. No hay una regulación severa de su uso en Brasil. Después estos desechos van a parar directamente al mar».

De acuerdo con Luiz Alberto Loureiro, ex funcionario de la empresa Aracruz, las plantaciones constantemente son atacados por una serie de plagas o por plantas de otras especies que tienen que ser contenidos con químicos como el Glifosato o el Mirex, un plaguicida prohibido en todas sus formulaciones y usos, por ser dañino para la salud humana y el medio ambiente. «Los trabajadores mueren por envenenamiento y por accidentes y eso no se dice. Los trabajadores no reciben orientación sobre el envenenamiento y muchas veces llevan sus ropas de trabajo a casa y son lavadas con las de sus hijos».

Daniela Meirelles, integrante de Fase, quien ha dado talleres a grupos de mujeres, trabajadoras de la empresa de celulosa, también afirma que la empresa promueve igualdad de genero dando oportunidades de trabajo a las mujeres. «Fibria, con la intención de integrar a las mujeres a la producción, promovió una política de genero para contratar mujeres Quilombolas. El detalle es que el trabajo consiste en fumigar a los arboles, sin la protección e información necesaria sobre los químicos usados», afirma Meirelles.

Los empleos prometidos

De acuerdo con Sebastião Pinheiro, agrónomo y profesor de la Universidad de Rio Grande do Sul, los llamados desiertos verdes no generan empleos, por el contrario están destruyendo las fuentes de sustento de miles de familias:

Los desiertos verdes no generan trabajo. Para generar un empleo se necesitan 400 hectáreas de eucalipto. En la agricultura familiar o campesina se necesitan diez personas por hectárea. La Organización Mundial de Comercio (OMC), el Banco Mundial (BM) y los gobiernos que vienen promoviendo este sistema de cultivo, que beneficia a unas cuantas multinacionales, están provocando un genocidio económico destruyendo la agricultura tradicional y eso significa la destrucción de pueblos y comunidades enteras.

Memoria de la destrucción 

«Tengo el recuerdo del bosque atlántico. Vivíamos de la agricultura en el campo, de la caza. También recuerdo cuando llegó la empresa. La devastación no fue de árbol en árbol, fue con grandes cadenas, de unos 100 metros arrastrados por tractores, devastando todo lo que había a su paso. Cada eslabón de la cadena debía pesar unos 100 kilos. Habían árboles con diámetros enormes que no resistieron a las grandes cadenas», cuenta John Ramos de Souza, Quilombola de la comunidad de Angelim».

«Vi muchas cosas monstruosas que la empresa hizo. Yo vi sin saber, sin conocer las consecuencias y ahora estamos pagando el precio»

agrega Ramos de Souza.

El Ministerio Público de la Federación en noviembre del año 2014, con una medida cautelar suspendió una de las líneas de financiamiento de Fibria, la del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) del gobierno federal, referida a la zona Quilombola en el norte del Espírito Santo.

La empresa Fibria está siendo acusada de fraude en la obtención de tierras para sus plantaciones. Según la demanda, a principios de 1970, antiguos funcionarios de la empresa se autonombraron como pequeños agricultores ante el gobierno del estado de Espirito Santo, con el fin de obtener títulos de dominio de terrenos «baldíos». Después, los empleados transfirieron estos títulos de propiedad, de terrenos ubicados entre Conceição da Barra y São Mateus, para Fibria. En la mayoría de los casos, el período en que las áreas permanecían como patrimonio jurídico de los funcionarios de la empresa no duraba ni una semana y ya eran transferidas.

Quilombolas resisten al eucalipto

 ARUE Ticumbi. ARUE Ticumbi.
¿Qué hizo mal este pueblo?
¿Qué hizo este pueblo mal así?

Estas preguntas son parte de una canción cantada por los negros en la época de la esclavitud y que los Quilombolas de la Barra da Conceição mantienen como una tradición en el ritual que ellos llaman Ticumbi. En la canción preguntan a San Benito las causas de tantas pérdidas que han sufrido. La pérdida de su territorio, los bosques, los campos del agua.

Hoy la canción parece haber ganado otra dimensión en la voz de Souza, maestro Ticumbi. Una dimensión de resistencia. La cultura de sus antepasados sirve como una fuerza para resistir a las nuevas formas de esclavitud, esta vez por parte de la neocolonización del eucalipto. «Somos comunidades aisladas por el eucalipto y estamos aquí resistiendo», dice Souza.

El Quilombola cuenta que su padre, entre las décadas de los años 1960 y 1970, fue expulsado dos veces de sus tierras, de donde obtenía la subsistencia para su familia. «Las personas que reclamaban ser los propietarios de estas tierras aparecían y hacían presión para que nosotros saliéramos. En ese momento teníamos miedo y salíamos. Era más difícil de afrontar. Y fue así que estas tierras fueron transferidas a la empresa [Aracruz]».

La resistencia ya no es suficiente, dice Vando Falcão Souza, hijo de Souza, es necesario avanzar: «No tenemos tiempo que perder. Nuestro camino a seguir contra el eucalipto es volver a la tierra que fue de nuestros antepasados y continuar plantando alimentos», sostiene.

Angelim 1 es una recuperación de tierras hecha por las familias Quilombolas. Después del corte de los arboles realizado por la empresa, las familias regresaron a la tierra y comenzaron un proceso de recuperación del suelo. «Después de 40 años de plantar eucaliptos en el mismo lugar, un proceso de transición es necesario. La tierra está muy seca, llueve y el agua desaparece. Muchos decían que no íbamos a ser capaces de plantar nada, pero estamos viendo que con paciencia y mucho trabajo es posible. En unos cinco años creo que podemos hacer que la tierra sea como era antes del eucalipto», dice Falcão.

Ahora ya han comenzado a florecer las nuevas plantas, que ellos llaman la transición al post-eucalipto. Generalmente empiezan la transición con plantas como la sandía, yuca, calabaza y frijol. «El maíz y el café aun no crecen. Nosotros ya estamos cultivando varias especies de frijoles y estamos empezando a comercializar en los pequeños mercados de la comunidad. La intención es formar un tipo de cooperativa aquí», sostiene el Quilombola.

Fotografía: Santiago Navarro F

Saliendo de las Senzalas 

A pocos kilómetros de Angelim 1 existe otra recuperación de tierras, Linharinho. Allí, el esfuerzo de transición es plantar por medio del modelo agroecológico para recuperar la tierra. «Después de limpiar la tierra del eucalipto la técnica es plantar arboles del bosque nativo traídos de otros lugares, y alrededor de estos arboles otros cultivos como el frijol y la calabaza. Así vamos a reconstruir el bosque y la cosecha al mismo tiempo. El proceso es lento, llevará incluso seis o siete años para que los animales silvestres vuelvan de nuevo y se recuperen las aguas», comparte  el Quilombola Antonio Rodrigues de Oliveira.

Rodrigues cuenta que llegó a estas tierras con pocos recursos, apenas con el rostro en alto, sus manos y el coraje necesario. «No podemos esperar nada del gobierno, ni de la empresa, ni de nadie. Tenemos que tomar el azadón, entrar en la tierra, construir una choza, hacer un pozo… sacar agua, incluso empujando con un burro si es necesario. Morir de hambre nunca más…. no, no moriremos. Vamos poco a poco porque no tenemos infraestructura, pero lo haremos », sostiene.

El Quilombola dice que la situación es difícil y recuerda que la empresa llegó a plantar eucaliptos hasta en el mismo cementerio donde estaban enterrados sus abuelos. «No dejaron casi nada, sólo algunos roedores que se adaptaron, cerdos salvajes y armadillos viviendo como vivimos, migrando y buscando lo necesario para subsistir», afirma Rodrigues. Pero él cree que no hay tiempo para quejarse, sino que es tiempo de trabajar duro y reconstruir lo que han destruido.

«Aquí es un Quilombo, lugar de la liberación»

Él no duda en comparar la situación de su comunidad con la de sus antepasados. «Lo que estamos haciendo aquí es lo que hicieron nuestros antepasados. Huyeron de los lugares de la esclavitud, conocidos como Sensala [lugar donde los esclavos estaban presos en las grandes granjas] y crearon condiciones de vida en lugares aislados. Ellos abrieron claros e hicieron producir la tierra. Aquí es un Quilombo, lugar de la liberación», sostiene Rodrigues, quien ha trabajado en varias fincas y experimentó la migración hacia las grandes ciudades.

Cultura de transición 

Dentro del complejo de la industria de la celulosa lo que marca el ritmo y la velocidad es la cantidad de troncos de eucalipto que entran todos los días. La maquinaria necesita de la fibra de celulosa homogénea para operar a la máxima potencia, para esto debe prevalecer la cultura de homogeneización. Terreno plano, árboles largos, delgados y sin ramas. La tierra debe estar libre de impedimentos, aquí la diversidad es un obstáculo.

João Guimarães, otro Quilombola de Angelim 1, dice que es necesario construir una conocimiento que permita convertirse en una cultura de la transición post-eucalipto. «Ya no podemos vivir lamentando la desaparición del río y el manantial de agua que murió y los árboles que desaparecieron, los pájaros que se han ido. El Bosque Atlántico que se fue, ahora lo tenemos que recuperar. Estos 40 años de plantaciones de eucalipto no se olvidan de la noche a la mañana, por lo que tenemos que trabajar duro, experimentar las formas de cómo vamos hacer esta recuperación, con ensayo y error, para construir una transición del conocimiento», afirma Guimarães.

Las tierras retomadas son parte de este proceso:

Estas áreas están sirviendo para nosotros para crear este conocimiento de la transición. Vivimos en una cierta tensión debido a que estas tierras están en disputa y nos pueden desalojar en cualquier momento a petición de la empresa. Pero no tenemos otra opción. En la medida que ellos avanzan con sus máquinas modernas, nuestra forma de insurgencia es plantar alimentos con nuestras hoces y azadones. De forma lenta, pero recuperando la tierra y nuestra independencia.

Esta es la primera generación que está retomando las tierras para la producción de alimentos. «Es la memoria de los más antiguos que está fortaleciendo nuestra lucha», dice Guimarães.

Fotografía: Santiago Navarro F

Lucha por la memoria

Una de las controversias que está en juego es el recuerdo de lo que fue el Bosque Atlántico y la transmisión de esta memoria a las generaciones más jóvenes.

Tal vez en 100 años un Quilombola mirará las plantaciones de eucalipto y dirá que es un bosque, porque no va a tener la referencia de lo que es un bosque nativo», dice Calazans. «La empresa de celulosa sabe que si rompe esta memoria ya no tendrá más problemas de resistencia.

La generación de personas en el estado de Espírito Santo que tiene la memoria de la Mata Atlántica morirá en los próximos 30 años. Estas personas han visto y vivido en el bosque. Si ellos mueren y todavía no tenemos la transición del eucalipto para el bosque nativo y de la agricultura tradicional, evalúa Calazans, esto ya no sucederá.

«La memoria asegura la utopía de los territorios. El día que la memoria muera completamente no podremos mas pensar en un post-eucalipto. Tenemos que invertir en la construcción del conocimiento de la transición. Estas tres décadas siguientes son estratégicas para la lucha», concluye.
Fotografía: Santiago Navarro F

Desarrollismo agudiza violencia contra pueblos indígenas en Brasil

El Estado brasileño y las empresas transnacionales buscan ocupar tierras ancestrales para dar paso a una nueva oleada de proyectos de inversión y se dispara la violencia contra las comunidades indígenas en Brasil.

De acuerdo con el informe de Violencia Contra los Pueblos Indígenas en Brasil, publicado recientemente por el Consejo Indigenista Misionario (CIMI), señala que los asesinatos de indígenas en este país aumentaron en un 42% –en el año 2014 con relación al año 2013– un registro de 138 casos. En su mayoría son asesinatos provocados por pistoleros contratados por quienes tienen interés en sus tierras.

Los estados de Mato Grosso del Sur, Amazonas y Bahía figuran entra las principales estadísticas.

 Un caso emblemático fue el brutal homicidio de la indígena Marinalva Kaiowá, en noviembre del año 2014, en el estado do Mato Grosso del Sur. Ella vivía en tierras recuperadas, un territorio que por más de 40 años los indígenas guaraní han reivindicado como la tierra de sus ancestros. Marinalva fue asesinada con 35 puñaladas dos semanas después de haber acudido con otros líderes indígenas a protestar ante el Supremo Tribunal Federal (STF), en el Distrito Federal de Brasilia, contra una determinación de la Corte que anuló el proceso de demarcación de la tierra indígena guyraroká.

A esto se suman las aglomeraciones en pequeños territorios a donde han sido empujados a vivir aquellos pueblos desplazados por los proyectos de desarrollo económico, como el caso del estado de Mato Grosso do Sul, donde la mayoría de la población –más de 40 mil personas– vive concentrada en pequeñas reservas. Comunidades que son expuestas a la violencia de asesinos a sueldo, sin educación ni los elementos más básicos y en condiciones deplorables de salud, otro motivo que ha provocado un aumento también en las cifras de mortandad infantil. De acuerdo con los datos oficiales, son 785 muertes de niños de 0 a 5 años.

«Nosotros los Guaraní, principalmente de Mato Grosso del Sur, somos los más masacrados y violentados. Ya han matado a muchos de nuestros jefes indígenas, se ha derramado mucha sangre porque luchamos por el respeto y demarcación de lo que queda de nuestras tierras que el gobierno no ha querido reconocer», afirmó el jefe indígena Araqueraju del pueblo guaraní kaiowá de Mato Grosso del Sur.

El aumento de los índices de violencia está relacionado en gran medida con la política desarrollista del gobierno federal brasileño, denunciado por la misma organización CIMI que trabaja en todo el territorio brasileño con cuestiones indígenas. En otro Informe llamado Emprendimientos que Impactan Tierras Indígenas, lanzado por el CIMI en el año 2014, muestra que por los menos 519 proyectos han impactado 437 tierras ancestrales, afectando directamente a 204 pueblos indígenas.

El sector energético es el que más ha afectado a los pueblos indígenas, ya que de los 519 proyectos documentados, 267 están relacionados con la generación de energía. En segundo lugar está el sector de infraestructura con 196 proyectos. La minería esta en la tercera posición, con 21 proyectos, y en la cuarta posición con 19 proyectos expansivos está la agroindustria. Enseguida esta el ecoturismo con 9 emprendimientos, entre otros más.

Fotografía: Santiago Navarro F.

«En la región de la Amazonia, región del rio Tapajós, estamos siendo cercados. Está siendo construida la hidrovía Teles Pires-Tapajós y la autopista BR 163 la están ampliando. Todo para transportar granos y minerales de las transnacionales. Vivimos con el ataque constante del agronegocio y de las empresas madereras. Existe un proyecto de construcción de 5 hidroeléctricas en este mismo río. Para colmo, nuestra región esta sufriendo un proceso de prospección para la explotación de minerales, por las empresas Alcoa y Vale do Rio Doce. Sabemos que la energía que va ser producida no es para las regiones locales, será usada para la explotación de minerales», sostuvo João Tapajó, del pueblo arimun, uno de los coordinadores del movimiento indígena de la región Bajo Tapajós, en el estado de Pará.

De la misma forma, el informe producido por el Ministerio Público Federal (MPF), realizado por las antropólogas María Fernanda Paranhos y Deborah Stucchi –a partir de las evaluaciones hechas, por el propio órgano, de procedimientos administrativos de licenciamiento ambiental junto a los órganos federales y estatales–, demuestra que los procesos de cambios sociales generados por estos proyectos afectan principalmente al medio rural, incluyendo a distintas colectividades relativamente invisibilizadas en la dinámica sociopolítica de Brasil.

«Las evaluaciones realizadas evidencian que los intensos cambios sociales, la posibilidad de desarticulación de circuitos productivos, desaparición de áreas agrícolas, forestales y pesqueras, reducción de empleos, de empobrecimiento y degradación de condiciones materiales e inmateriales de vida (…) han provocando fuertes reacciones y una avalancha de conflictos sociales», consta el documento producido por el MPF.

23 hidroeléctricas en la Amazonia brasileña

El Plan Decenal de Expansión de Energía 2023 del gobierno, que proyecta para el periodo 2014-2023 una expansión de más de 28 mil megawats de capacidad de generación de energía a partir de la entrada de operación de grandes megaproyectos hidroeléctricos, considera que ninguna de las 30 hidroeléctricas proyectadas en este país durante este periodo tiene alguna interferencia directa en territorio indígena.

A partir de los datos del Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC) en el ámbito de la iniciativa llamada Inversiones y Derechos en la Amazonia, investigación realizada por Ricardo Verdum, doctor en Antropología Social e integrante del Núcleo de Estudios de Poblaciones Indígenas de la Universidad Federal del estado de Santa Catarina, consta que, de las 23 hidroeléctricas que serán construidas en la Amazonia, por lo menos 16 de estos proyectos afectan socioambientalmente a territorio indígena, es decir, que rompen con las condiciones ambientales de las cuales dependen estos pueblos indígenas para vivir y para reproducir su forma de vida.

«Una diferencia en el resultado se debe a la forma en que es constituida conceptual y materialmente la idea de impacto o de interferencia. Según la legislación vigente, interferencia en tierra indígena es considerada cuando una parcela de esta tierra es afectada directamente por el eje o embalse de la central hidroeléctrica. Los criterios territoriales y ambientales no consideran los aspectos humanos y sociales de interferencia (o influencia) del proyecto sobre la población», afirma el investigador Ricardo Verdum.

Fotografía: Santiago Navarro F.

La lógica de la economía militar

El modelo de desarrollo brasileño sigue la antigua división internacional del trabajo, donde se ha especializado en exportar materias primas o productos básicos a un costo muy bajo en relación a sus importaciones de productos finales, que regresan a Brasil con precios muy elevados. Un lógica que viene desde la colonia, sostiene Clovis Brighenti, profesor de Historia de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana. «Es una inserción al mundo globalizado a partir de una intensa explotación del medio ambiente con pocos resultados. Es más, son pocos resultados a un alto costo de inversión con recursos públicos (siendo 1877 mil millones de reales para la agroindustria 2015/2016) con tasas de interés subsidiadas, concentrado en un grupo económico minúsculo. Es un modelo agotado por sí mismo, pero que al agotarse provoca males irreversibles para el medio ambiente y para las personas que más dependen de estos ecosistemas», dice el profesor.

El diseño de este modelo de desarrollo, de acuerdo con el profesor, está relacionado con el mito moderno de que la economía necesita crecer rápida y continuamente para satisfacer las necesidades materiales de la sociedad. «Sin embargo, detrás de este mito, se oculta la esencia del sistema capitalista: la necesidad de garantizar la continuidad de una lógica basada en el consumismo y así garantizar la acumulación y el beneficio de las elites y los sectores privilegiados de la sociedad», explica.

En Brasil el mito de la felicidad material está asociado a la búsqueda de nuevos espacios para la expansión de desarrollo. «En otras palabras, se busca avanzar constantemente a ‘nuevos’ territorios, donde aún existe naturaleza para ser explorada y apropiada. Por tanto, el intereses del capital gira en torno a los territorios indígenas y tradicionales, como espacios idóneos para la ejecución de esos proyectos», agrega Brighenti.

Para el profesor, en Brasil se vive una continuidad de la mentalidad militarista, considerando que este país ha marcado su contexto histórico con la dictadura militar de los años 1964 a 1985, donde hubo la participación de los Estado Unidos de América a través de la Operación Brother Sam.

Fotografía: Santiago Navarro F.

El objetivo era despojar a pequeños campesinos y a los indígenas de sus tierras, para concentrar la tierra en manos de las empresas que actualmente producen soja, caña y eucalipto, entre otras. Las empresas son Monsanto, ADM, Cargill, Bunge, Louis Dreyfus, Coca-Cola, Nestlé, Ford, entre otras. En ese sentido, los gobiernos actuales no sólo heredaron la estructura militar, sino una plataforma de empresas que dominan la producción y el mercado de materias primas. «La principal similitud entre el gobierno militar con el que ahora vivimos, es la perspectiva de desarrollo, que implica pensar que los recursos naturales son infinitos y que están a disposición. Hacer que el país crezca económicamente aumentado el territorio ocupado por proyectos económicos», dice Brighenti.

Otra similitud es la relación que establecen con las comunidades. «Se puede decir que no hay diálogo. La decisión del gobierno esta determinada y a las comunidades sólo les queda ceder sus territorios para esas iniciativas. Callar a los pueblos indígenas es una acción recurrente en el sentido de que esas poblaciones vistas como barreras para la realización de tales proyectos», afirma el profesor, de la misma forma asegura que, «por tanto, la continuidad de la mentalidad militarista es explicita –proceder con el desarrollismo e impedir las manifestaciones de los afectados».

Un punto esencial que distingue los periodos de la dictadura con los gobiernos progresistas es la fuente de financiamiento para los proyectos. «Hoy las obras son financiadas con recursos públicos, siendo el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES, siglas en portugués) el principal financiador de los megaproyectos, mientras que con los gobiernos militares las obras eran financiadas por el Banco Mundial y por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)», explica.

Militarización 

En el año 2013, el gobierno de Brasil publicó un decreto que permite la intervención de las Fuerzas Armadas siempre que haya alguna manifestación contra los proyectos de desarrollo. En este mismo año la policía militar en el sur de Brasil dio muerte a un indígena de la etnia terena e hirió a otros más en cumplimiento de una orden para retomar las tierras que los terena habían retomado como parte de su territorio ancestral, reclamado por Ricardo Bacha, ex diputado del Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB), afirmando que estas tierras le pertenecen a su familia desde el año 1927.

Otro ejemplo es con el ex gobernador de Bahía Jaques Wagner y actual ministro de la defensa de Brasil. A petición de él, la presidenta Dilma Rousseff en el año 2014 firmó una autorización del gobierno federal para que enviara cerca de 500 militares al territorio tupinambá, alegando como objetivo «garantizar la ley y el orden» y «pacificar» la región. Hasta el día de hoy la región tupinambá se encuentra militarizada.

Fotografía: Santiago Navarro F.

Violencia institucional 

Los asesinos son simplemente la punta del iceberg. Entre los diversos proyectos de enmienda constitucional que se debaten en el congresos de Brasil, esta la PEC-215 que transfiere el poder para decidir sobre la demarcación de tierras indígenas al poder legislativo, que hasta el momento esta en manos del poder ejecutivo, es decir, de la presidenta Dilma Rousseff. El proyecto deja a los pueblos indígenas en las manos de los diputados y senadores brasileños que, en su mayoría, son familiares de empresarios o los denominados hacendados –dueños de grandes extensiones de tierra.

«Estos proyectos de enmiendas constitucionales favorece a los latitudinarios del país, un grupo de 264 parlamentarios en el congreso brasileño, quienes han recibido financiamiento para sus campañas electorales de las multinacionales, como la Monsanto, Cargils, Bungue, Singenta. La PEC-215 favorece la expansión agrícola, usando el discurso de la producción de alimentos, pero los alimentos de Brasil son producidos por los pequeños agricultores», dijo Lindomar del Pueblo terena.

Los conflictos podrían ser evitados 

La principal causa de los conflictos, defiende CIMI, es la negación por parte del gobierno brasileño de reconocer y demarcar los territorios indígenas. En el año 2014, de las casi 600 tierras indígenas reivindicadas actualmente por los pueblos, apenas dos tierras fueron reconocidas (Xeta Herarekã, en el estado de Paraná, y Xakriabá, en el estado de Minas Gerais) y una fue aprobada (Paquiçamba, del estado de Pará). El actual gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), dirigido por Dilma Rousseff, es el que menos ha demarcado las tierras indígenas desde el fin de la dictadura militar en Brasil.

En el estado de Mato Grosso del Sul, el estado más violento contra los pueblos indígenas, por ejemplo, las comunidades viven a orilla de las carreteras, en condiciones de vida realmente precarias. El reconocimiento de los territorios indígenas estaba previsto mediante un acuerdo firmado en el año 2007 por la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), un órgano de gobierno, quien rompió el acuerdo. Si la demarcación se hubiera hecho efectiva, los indígenas ocuparían solo 2% de este estado, una de las regiones de Brasil con mayor cantidad de población indígena.

Resistencia al viejo modelo de desarrollo 

Los indígenas, desde el comienzo de la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva (Lula), indicaron al gobierno que querían aportar sus conocimientos y prácticas para un nuevo gobierno, evalúa el profesor Brighenti. «Pero el gobierno los ignoró, y peor aún, Lula se manifestó en el sentido de que Brasil necesitaba superar tres grandes dificultades para permitir el desarrollo, entre ellos a los pueblos indígenas, la legislación ambiental y el Ministerio Público Federal. Por tanto, desde un inicio dejó claro para el movimiento indígena y a sus aliados que el gobierno eligió otro modelo y se alió con otros sectores infelizmente los principales enemigos de los pueblos indígenas, el modelo de la agroindustria», afirma.

Fotografía: Santiago Navarro F.

Los pueblos indígenas se dieron cuenta que necesitaban unirse con fuerza para no perder sus derechos. «En la articulación indígena, pocos movimientos sociales y sindicales los apoyaron. Cada movimiento social definió su relación con el gobierno y los pueblos indígenas muchas veces fueron criticados por su radicalidad», sustenta el profesor.

Las tierras indígenas en Brasil, reconocidas por el gobierno federal, son bienes del gobierno. Los indígenas cuentan con la posesión y usufructo, excepto del subsuelo y de los recursos hídricos. «Es necesario avanzar en el sentido de construir comunidades autónomas, lo que no significa independizarse, pero si libres para decidir sus rumbos», evalúa Brighenti.

Aún con la demarcación del territorio indígena no hay seguridad de no intervención en las tierras de los pueblos indígenas, ya que es un concepto jurídico que permite en cualquier momento la intervención del gobierno federal, porque son tierras consideradas propiedad del gobierno.

«Todos los proyectos del gobierno nos están amenazando y a toda la Amazonia. No aceptamos ninguna negociación con el gobierno, porque no podemos negociar nuestra madre y porque no aceptamos ninguno de estos proyectos que nos van afectar. Nosotros siempre estuvimos aquí, están son las tierras de nuestros antepasados y hoy continuamos luchando para que respeten nuestra forma de vida, porque los gobiernos nunca han respetado nuestra forma de vida, hoy están devastando lo que queda de nuestras tierras para continuar con sus proyectos», sostuvo María Leus, indígena munduruku.

 Publicado en Subversiones

Un grafiti puede ser considerado un acto terrorista en Brasil

Por Santiago Navarro F. y Renata Bessi

El gobierno de Brasil avanza a marcha forzada para que el país entré en el rol de las naciones que han reestructurado su marco jurídico en el tema de las leyes antiterroristas, aunque Brasil no ha vivido históricamente ningún ataque terrorista. La cámara de diputados aprobó el día 13 de agosto -sin haber tenido un debate- el proyecto de ley enviado por la presidenta Dilma Rousseff al Congreso Nacional. Incendio, sabotaje del transporte o de cualquier bien publico, así como sistemas de informática o el funcionamiento de medios de comunicación están incluidos en el delito de terrorismo, con penas de hasta 30 años en prisión.

La mayoría de los países europeos ya han aprobado leyes similares a esta. Derivada de la Patriotic Act (Ley Patriótica) de los Estados Unidos, la ley antiterrorista que impuso George W. Bush a los países en su área de influencia después del ataque del 11 de septiembre. Y Brasil es uno de estos países”, asevera para el Programa de las Américas Esther Solano, profesora de relaciones internacionales de la Universidad Federal de Sao Paulo y autora del libro “La verdadera historia de los adeptos de la táctica Black Bloc”.

Para la profesora, uno de los problemas del texto que fue aprobado es el carácter genérico de la definición del termino terrorismo. “Quien daña el patrimonio público o privado puede ser considerado un terrorista. Pero ¿qué significa dañar o atacar un patrimonio? ¿Graffitear, o tirar un piedra quizá? Esto puede ser enmarcado como terrorismo”, agrega la profesora. “Brasil tiene altos índices de violencia institucional, policial y jurídica. ¿Realmente está preparado para una ley de este tipo? No lo sé”.

Movimientos sociales y organizaciones ya se han expresado públicamente sobre los peligros de intensificar la criminalización de la lucha social en Brasil. “La principal falla de este proyecto es que no tiene ningún limite al tipificar de forma general actos terroristas. Internacionalmente se reconoce la dificultad de la tipificación de la conducta terrorista, sin caer en la criminalización de la protesta social y desde las sanciones más inofensivas y relativización del procedimiento democrático”, dice en un comunicado la red de justicia penal, formada por la Asociación para la Reforma Penitenciaria (ARP) y un conjunto de organizaciones de derechos humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (OEA), por ejemplo, condenó al Estado Chileno que, al tipificar de manera vaga el delito de terrorismo, terminó por criminalizar a los movimientos sociales y censurar su actividad contestataria.

A pesar de que los diputados brasileños han incluido en el proyecto de ley que dichas sanciones no se aplican a los movimientos sociales y manifestaciones políticas, la profesora insiste en la indefinición jurídica del termino terrorismo. “No tenemos un consenso internacional. ¿Que significa atacar el patrimonio o crear miedo? Mientras no existan definiciones claras, y considerando que se tiene una política claramente conservadora en Brasil que históricamente ha criminalizado la lucha de los movimientos sociales más combativos, leyes como esta siempre son un riesgo “.

La experiencia brasileña reciente incluye casos de mal uso de las tipificaciones penales modificadas, por ejemplo, por la Ley de Organizaciones Criminales, con motivo de las manifestaciones de junio del año 2013. Dicha ley fue instrumentada en la “criminalización de los movimientos, intimidación de líderes políticos y la violación de los derechos humanos, tales como la libertad de expresión y asociación”, sostiene en la nota la red de justicia penal.

Previo a los eventos de la Copa 2014, por los menos 22 Policías Militares (PM) y Policías federales (PF) fueron entrenados por la empresa estadounidense Academi -antigua Blackwater- para contener acciones “terroristas”. Haciendo alusión al concepto de seguridad que rige a la doctrina militar estadounidense en el marco de la guerra contra el “terrorismo”, se intenta ubicar a un enemigo interno que se encuantra entre la población común, al que hay que atacar con todos los medios posibles, según el manual de contrainsurgencia de los Estado Unidos (FM-3-24, MCWP-3-33.5). “Los conceptos de enemigo y terrorismo son base de una seguridad pensada con un alto componente ideológico, de acuerdo a la doctrina militar estadounidense. Es una lógica de comercialización, de privatización y tercerización de la seguridad y por tanto, de la violencia”, señaló la investigadora Solano Gallego.

Una de las propuestas de modificación al texto del proyecto permitiría que agentes del Estado que causaran terror al ciudadano o grupo de ciudadanos, o violentaran legítimas manifestaciones políticas, también fueran juzgadas como actos terroristas con penas que van de 12 a 30 años. No obstante, la propuesta fue rechazada por los diputados.

Brasil convulsionado

El proyecto de ley está en tramites en el Congreso brasileño justamente en un contexto de crisis política y económica. A menos de un año para que arranquen los Juegos Olímpicos- donde se espera que las manifestaciones sean más nutridas que las de la Copa 2014 contra los impactos sociales que van dejando detrás de sí estos mega-eventos – está en pauta la aprobación de la llamada Agenda Brasil, que afecta a derechos económicos y sociales de los trabajadores.

Entre los puntos que aborda dicha agenda están: ajuste fiscal, revisión de las leyes de legislación para las licencias de las inversiones en la zona costera, áreas naturales protegidas y ciudades históricas, como una manera de estimular nuevas inversiones productivas; revisión de los marcos jurídicos que rigen las zonas indígenas, como una forma de coincidir con las actividades productivas.

Con el argumento de buscar maneras para salir de las crisis económica y política en el país, el gobierno federal actualmente está negociando con el Senado un paquete de medidas legislativas que profundiza los retrocesos en cuestiones sociales y medioambientales, vulnerando los derechos territoriales indígenas y la regulación ambiental y poniendo al país en el lado equivocado de las respuestas que exige la crisis climática”, afirman las entidades y movimientos sociales en el manifiesto público.

A esto se suma el manual que publicó el Ministerio de Defensa de Brasil en el año 2013, titulado «Cómo garantizar la ley y el orden». Un manual que alienta el uso de la acción militar para garantizar la «seguridad pública». También enumera las formas en que se cataloga a los enemigos, que van desde individuos, grupos, organizaciones y movimientos sociales considerados «fuerzas opuestas», destacando aquellos cuyas acciones violan «el orden público o la seguridad pública».

La articulación de los pueblos indígenas de Brasil, en una nota pública, también se manifestaron contra la Agenda Brasil. “Para nosotros, las medidas propuestas en Agenda Brasil sólo agravarán la crisis climática y la política del agua. Es decir, además de las catástrofes ambientales, implicará el aumento de los conflictos y la violencia contra hacia nuestros pueblos, porque no permitiremos mas invasiones, el robo y la destrucción de nuestro territorio”.

Los pueblos indígenas aseguran que continuarán defendiendo sus tierras. “Somos hijos de la tierra, alimentados por la fuerza espiritual de nuestros antepasados y es por ella y por toda la naturaleza y por todo nuestro ser que elevamos nuestros canto y clamor, nuestros puños y arcos para luchar en defensa de la vida y los derechos de las generaciones presentes y futuras”.

De acuerdo con el economista Sammer Siman, del movimiento social Brigadas Populares, es claro que el objetivo del proyecto Antiterror son las movilizaciones sociales que, para él, tienden a incrementarse, considerando que la dirección que está tomando el país llevará a que el descontento se generalice. “La escalada de la crisis está llevando a un aumento de los conflictos sociales, mientras que la factura de la crisis ya se está cobrando a la gente, especialmente a la gente pobre, negra y trabajadora. En respuesta a la austeridad selectiva que seguirá favoreciendo a las elites económicas, fatalmente los conflictos se extenderán una vez más a las calles de Brasil, será el escenario de fuertes disputas”, dice el economista para el Programa de las Américas.

Aunque el partido de los trabajadores (PT), de Dilma Rousseff y del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva tiene sus orígenes en movimientos sociales, hoy en día ha pactado con el modelo económico conservador, que conserva la condición de dependencia de Brasil en el sistema capitalista mundial, evalúa Sammer. “Por lo tanto, es coherente que el PT tenga como única respuesta, más represión, para conservar sus acuerdos, porque sólo así se puede garantizar una economía controlada por las multinacionales”.

Replay de la Copa

Para la abogada y socióloga de la Universidad Federal de Espírito Santo, Thayla Fernandez, quien realizó una investigación sobre los cambios en los marcos jurídicos en el contexto de las grandes manifestaciones que tuvieron lugar en Brasil desde el 2013, existe una urgencia en el escenario político de los grandes eventos para la aprobación de la ley Antiterror. El efecto esperado es que los juegos olímpicos acontecerán en un ambiente seguro y ejemplar a los ojos de la comunidad internacional. “Salimos de una Copa del Mundo que construyó aparatos inmensos de seguridad pública–el legado más grande que dejó la Copa para el país”, dijo al Programa de las Américas Fernandez.

La legislatura garantizó, según la investigación Fernandez, más de 20 proyectos de seguridad para contener a los manifestantes contra la Copa. “Como era período electoral, la situación era problemática electoralmente, algunos de estos proyectos fueron quedando atrás y ahora hay tiempo y más posibilidades para ser revisados y aprobados para crear las condiciones de los Juegos Olímpicos,” evalúa la investigadora.

Mientras tanto, el proyecto de ley antiterrorista se encuentra en su segunda etapa para ser aprobado en el senado.

Militarizan Oaxaca con fondos de Iniciativa Mérida para imponer modelo educativo

Por Santiago Navarro F y Renata Bessi

El estado de Oaxaca, al sur de México, amaneció militarizado el martes 21 de julio de este año 2015, un hecho que hizo recordar el año 2006, cuando el gobierno intentó reprimir una de las manifestaciones de los profesores de este estado, hecho al cual respondieron mas de un millón de personas que salieron a las calles para exigir la destitución del gobernador de ese momento, Ulises Ruiz Ortiz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusado de abuso de poder y de desvió de recursos públicos. El saldo de este proceso, que se extendió durante seis meses, fue una brutal represión que dejó por lo menos 27 muertos, entre ellos un periodista estadounidense, Brad Will, así como cientos de detenidos y torturados.

Nueve años después, miles de efectivos de las fuerzas federales y estatales se desplegaron en Oaxaca para resguardar edificios estratégicos, como la planta de la empresa estatal de Petróleos Mexicanos (Pemex), los aeropuertos del estado, así como puntos turísticos en la costa del pacifico en Puerto Escondido y Huatulco. Mientras tanto 9 helicópteros de la Policía Federal sobrevolaban en la ciudad de Oaxaca, resguardando centros comerciales, gasolineras y las radiodifusoras para que no fueran tomadas por el sindicato de profesores como una forma de presión ante el gobierno, tal como sucedió en el año 2006.

La intensificación del proceso de militarización, iniciado desde los acontecimientos de las elecciones estatales realizadas el 7 de junio de 2015, fue estratégico para que el gobernador en turno, Gabino Cue Monteagudo, con respaldo del presidente Enrique Peña Nieto, pudiera tomar el control del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), que hasta antes del día 21 de julio estaba en manos de los profesores de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE). Esto implicó la cancelación de las cuantas bancarias de la CNTE y el bloqueo de la señal de su radiodifusora, al mismo tiempo se liberaron 32 ordenes de aprehensión para los lideres sindicales de Oaxaca.

Entre los cerca de 10 mil policías que custodian la capital de este estado figuran los elementos de la Gendarmería Nacional, quienes se capacitaron con fondos de la Iniciativa Mérida. El Congreso de los E.U. ha asignado fondos a la Iniciativa Mérida con amplio apoyo bipartidista, aportando mas de 1,600 millones de dólares a México. En apoyo a esta iniciativa, se ha equipado a la policía con helicópteros, equipo de alta tecnología y actualmente están participando con asistencia y conocimientos técnicos con el fin de lograr la «profesionalización» de la policía, y la reforma judicial y penal.

Fotografía: Santiago Navarro F.

Fotografía: Santiago Navarro F.

«La embajada de los Estados Unidos se honra en asociarse con el gobierno de México para el desarrollo de la capacidad de sus fuerzas de seguridad», dijo Anthony Wayne, embajador de este país, en agosto del año 2014 ante la presentación oficial de la denominada Gendarmería Nacional de la policía federal mexicana. Así mismo sostuvo, «a través de la Iniciativa Mérida, varias agencias estadounidenses ofrecen capacitación y comparten mejores prácticas para aumentar el liderazgo y profesionalismo dentro de las agencias mexicanas de procuración de justicia».

«Desde que empezaron a implementar la políticas neoliberales y desde el Consenso de Washington, comenzó un proceso de eliminación de personas como mecanismo de control social. Y por su puesto que la gente comenzó a defenderse y fue cuando comenzaron a crear ejércitos y policías. En ese sentido el gobierno no defiende al pueblo, se defiende de él, en este caso, para que puedan avanzar las inversiones transnacionales en la educación, la energía, el petróleo, la minería y otros sectores», comentó el obispo Raúl Vera, nominado al premio Nobel de la Paz en el año de 2012.

Reforma educativa militarizada

Pese a las acusaciones hechas por el gobierno a la forma de administración del IEEPO por la Sección 22, la militarización es una acción estratégica para dar continuidad a la denominada reforma educativa por la vía de la imposición, tal como fue aprobada en el año 2013 por el congreso federal y que se esta llevando acabo en todos los estados de México. A excepción de Oaxaca, Michoacán y Guerrero, donde los profesores han resistido a la implementación de dicha reforma argumentando que su principal objetivo es la privatización de la educación.

Con la presencia de los policías federales existe una tensión latente por una posible represión parecida a la del año 2006. «El narcotráfico aún es mas potente y México esta militarizado. Este contingente militar que esta aquí en Oaxaca es para controlar a unos insurrectos, ¿y cuál es la insurrección?, simplemente pedir justicia, pedirle al Estado mexicano que cese con esa reforma educativa que no es otra cosa que la eliminación de la educación publica. Porque van a eliminar a los profesores, después sigue la salud pública, y así con el sindicato de Petróleos Mexicanos», afirmó Raúl Vera.

Los profesores de la sección 22, desde un primer momento, han rechazado dicho modelo educativo, ya que es un modelo homogéneo para todo el país, sin considerar las condiciones de los estados que cuentan con pueblos indígenas o condiciones de extrema pobreza, como es el caso de Oaxaca, donde hay lugares que no cuentan ni con materiales de trabajo y a veces ni con aulas.

Fotografía: Santiago Navarro F.

Fotografía: Santiago Navarro F.

De acuerdo con Dolores Villalobos, profesora del sindicato de la Sección 22, es un modelo que busca tercerizar la educación remplazando los espacios con nuevos trabajadores por medio de un contrato y sin derechos laborales, hasta que se torne un servicio privado. «Esta no es una reforma educativa sino laboral, lo que pretenden es que el Estado deje de proporcionar la educación pública y gratuita. Antes el Estado tenía la obligación de brindar la educación pública. Como parte de la reforma eso esta cambiando. Cambia el concepto a sólo «garantizar» la educación, esto significa que no habrá condiciones y se tornará privada. En el fondo quieren reducir el numero de trabajadores de la educación. Ahora con la reforma funcionará el sistema de contratos por uno o dos años, sin ningún beneficio», afirma Dolores Villalobos.

Así, el mayor obstáculo para que el gobierno pueda hacer efectiva la reforma al 100% ha sido la CNTE. Aunque esta coordinadora cuenta sólo con alrededor de una fracción de 200 mil profesores de un total de 900 mil trabajadores de la educación en todo México. De estos 200 mil, 60 por ciento están en el estado Oaxaca.

«El gobierno sabe que la mayor resistencia contra la Reforma está aquí en Oaxaca. Porque si esta reforma procede aquí, en este estado, no habrá mas resistencia y se implementará en todos lo demás estados», dijo Villalobos.

Mientras tanto el 22 de julio de este año 2015, en Toluca, Estado de México, por lo menos diez gobernadores de diversos estados y el jefe de gobierno del Distrito Federal se reunieron para detallar su próximo encuentro para el mes de octubre de 2015 con gobernadores de los Estados Unidos y Canadá. Una reunión que aprovecharon para discutir las medidas que tomarían en caso de posibles movilizaciones del CNTE como respuesta a la reestructuración del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

Modelo educativo para América Latina

En el año 2013, tras un tumulto de protestas y un fuerte operativo policiaco-militar, fue aprobada la reforma educativa, sugerida por OCDE en el año 2008 al presidente Enrique Peña Nieto, en el Acuerdo de Cooperación OCDE-México para Mejorar la Calidad de la Educación en las Escuelas de México. En el documento, la OCDE se posiciona a la «vanguardia de los esfuerzos emprendidos para ayudar a los gobiernos a entender y responder sobre los cambios y preocupaciones del mundo actual, como el gobierno corporativo, la economía de la información y los retos que genera el envejecimiento de la población».

Una de las sugerencias de la OCDE fue abrir espacios al sector privado en el área de educación.«La reforma educativa es demasiado importante para el futuro de México como para dejar solos a los educadores en esta tarea. El Consejo Asesor de la OCDE considera urgente la creación de una ‘coalición orientadora’ que incluya a los líderes políticos y universitarios, a los líderes del sector privado y de la sociedad civil», consta en el documento.

El órgano hizo básicamente 15 recomendaciones proponiendo «una estrategia de acción que busca dar más apoyo a las escuelas, directores y docentes para mejorar los resultados de las escuelas y los estudiantes», en busca de «escuelas eficientes». Uno de los componentes de este acuerdo trata sobre el desarrollo de políticas y prácticas adecuadas para evaluar la calidad de las escuelas y los maestros y para vincular los resultados con los incentivos para lograr procesos de mejora. «Estas líneas de trabajo fueron dirigidas por el Consejo Asesor de la OCDE sobre Políticas de Evaluación e Incentivos para Docentes en México, conformado por expertos internacionales», explica el documento.

«No estamos en contra de la evaluación. El problema es cómo son realizadas y las consecuencias que trae detrás de estas evaluaciones. Por el contrario nosotros hemos construido un modelo alternativo que ya presentamos ante el congreso y no se ha respetado», afirma la profesora Villalobos.

Un referente de este modelo de educación en Latinoamérica es Brasil, así como en México, la política educacional tiene una orientación de organismos internacionales, intensificada a partir de la década de los años 90. Fueron implantadas políticas de evaluación por competencias y habilidades, un sistema de avaluación en larga escala, donde se estableció una participación público-privada, y la concepción de la educación giró en torno a las políticas desarrollistas y neoliberales, es decir, para el mercado, inclusive respaldándose en conceptos de economía, de competencias y habilidades, explica la investigadora Alayde Digiovanni, del Programa de Estudios de América Latina, de la Universidad de São Paulo (PROLAM/USP).

Fotografía: Santiago Navarro F.

Fotografía: Santiago Navarro F.

«Los sistemas de evaluación en como son implementados no ayudan en casi nada. En algunos lugares ya tenemos este modelo que incentiva la competitividad, sistema de bonos para aquellos que presenten más rendimiento conforme la evaluación. El resultado es competición y desigualdad entre las escuelas. El sistema comúnmente desconsidera el contexto socio-económico de donde se encuentran las escuelas», sostiene la investigadora Alayde Digiovanni.

De acuerdo con Digiovanni, los acuerdos con los órganos internacionales no se restringen sólo a Brasil y México. Son políticas determinadas por organismos internacionales como la OCDE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) implementadas para toda América Latina y el Caribe. «Se identifica la educación como un factor primordial para el desarrollo económico, implicado en una serie de indicaciones internacionales para las políticas públicas en temas de educación de América Latina y el Caribe. Tales recomendaciones siguen el modelo orientado por las políticas neoliberales», sostiene Digiovanni.

Justificación mediática

Junto a la estrategia militar, el gobierno ha trazado una estrategia mediática. Desde el día 21 de julio de 2015, todos los medios comerciales se han sincronizado, desde los periódicos hasta los canales de televisión que no han dejado de emitir mensajes a favor de la determinación del gobernador y de los beneficios de la reforma educativa. Detrás de la cuenta de Twitter del gobierno hay todo un equipo que mantiene un bombardeo de mensajes que terminan apagando los mensajes en contra, por ejemplo: «En ‪#Oaxaca inicia una nueva etapa de eficiencia, modernidad y dignidad en el sistema educativo estatal» o «La ‪#ReformaEducativa en ‪#Oaxaca avanza y no se detendrá». El gobierno federal también figura con sus mensajes de apoyo: «El ‪@GobRep respalda al Gobierno de ‪#Oaxaca y al Gobernador ‪@GabinoCue». Aliados del gobierno desde los partidos de izquierda como los de derecha también aplauden en las redes sociales los cambios para aplicar a reforma educativa en Oaxaca.

 Alerta de las organizaciones civiles

Por otra parte, una red de más de 100 organizadores de derechos humanos publicaron una nota conjunta en la que externan su preocupación por la utilización de la policía federal y las fuerzas armadas contra el magisterio oaxaqueño y la ciudadanía en general. «En este país, la presencia policíaca y militar no representa una mayor garantía de seguridad, al contrario es sinónimo de represión y criminalización de la protesta social, como las graves violaciones de derechos humanos vividos en el año 2006, varios de ellos investigados actualmente en la Fiscalía de Investigaciones para Delitos de Trascendencia Social (FIDTS)», afirma la nota. Así mismo exigen la salida inmediata la policía federal y la gendarmería de Oaxaca. «(…) y responsabilizamos al gobierno federal y al gobierno del estado de los hechos que se desencadenen a raíz del proceso de militarización que vive Oaxaca», finaliza la nota.

Fotografía: Santiago Navarro F.

Fotografía: Santiago Navarro F.

La Comisión de la Verdad de Oaxaca, que ha registrado y denunciado violaciones a los derechos humanos durante la militarización del año 2006, también se pronunció al respecto. «La presencia de la gendarmería, lejos de salvaguardar los derechos humanos, está propiciando un clima intimidatorio en diversos sectores de la población. Para muchos sectores aun esta fresca la memoria de los años 2006 y 2007 en Oaxaca, en los que efectivos de la Policía Federal Preventiva incurrieron en faltas graves y cometieron violaciones a los derechos humanos, hechos que esta Comisión actualmente investiga», destaca la Comisión.

Ante el contexto de militarización y de la reestructuración del IEEPO por parte del Estado, la Sección 22 ratificó que la demanda central de los estados miembros de la CNTE es la abrogación de la reforma educativa. El rechazo a la evaluación y el desconocimiento al decreto de desaparición del IEEPO, sosteniendo que de no obtener una respuesta favorable continuarán con el proceso organizativo de una huelga nacional. Mientras tanto, el lunes 27 de julio del año 2015, fue convocada la primera mega manifestación de los profesores en la ciudad de Oaxaca. Así mismo, el resto de los agremiados en la CNTE en otros estados ya han comenzado a realizar acciones de protesta en solidaridad con sus compañeros de Oaxaca y contra la reforma educativa.