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Brasil: Indígenas crean mecanismos de estrategias autónomas de resistencia tras la tala de sus bosques y el asedio del Estado

A Ka'apor indigenous child in the village of Gurupiuna, that was once an area explored by illegal loggers inside the indigenous territory. The area was taken back by indigenous warriors and was set as one of their permanent "areas of forest protection". The Ka'apor indigenous people has been facing a violent conflict with illegal loggers during the last years since they started to do autonomous operations to expell the invaders of their legally recognized territory. Fighting with their own hands, they had suffered shot wounds, village invasions and constant death threats. In April 2015, Eusebio Ka'apor, one of their leaders, was shot to death in an ambush on the road. Until now, anyone was held responsible and the police investigations had not showed any results. Picture taken in June 14, 2016.

Fotos: Lunaé Parracho

Por: José Mendes

Hace dos años, precisamente el día 26 de Abril de 2015, fue asesinado Eusébio Ka’apor, indígena, promotor de saneamiento de la aldea Ximborendá, de la Tierra Indígena Alto Turiaçu. El asesino nunca fue encontrado o castigado.

Hasta finales del año pasado (2016), según denuncias, el asesino seguía en la región y llegó a confesar a quien lo quisiera escuchar, en una cantina local, que había matado a Eusébio por 5 mil reales (25 mil pesos) y que seguiría asesinando a los indígenas por dinero.

La muerte de Eusébio es parte de un contexto más amplio de agresiones y violaciones de derechos a las que están sometidos los Ka´apor. Hay una relación directa entre la escalada de la violencia en contra de este pueblo y la invasión de los talamontes clandestinos en la región. Investigaciones de la fiscalía sugieren la participación directa de las instituciones públicas, que buscan disminuir la fuerza de actuación del Consejo Ka´apor, organización indígena autónoma que actúa en defensa del territorio y de sus bosques. Las agresiones del gobierno también se han perpetrado a través de la interrupción de los servicios de educación y salud en las comunidades, que resultó en la muerte de algunos pobladores indígenas por falta de atención médica.

Hace dos semanas, el Consejo Ka´apor difundió una carta denunciando, una vez más, este contexto de permanente violaciones de sus derechos.

Indígenas Kaapor reunidos durante treinamento para uso de equipamento de monitoramento do territorio indigena Alto Turiacu

Una historia de violencias y estrategias autónomas de resistencias

La Tierra Indígena Alto Turiaçu es un área de aproximadamente 530 mil hectáreas de bosque, ubicada en la frontera oriental de la Amazonia Brasileña, entre los ríos Turiaçu y Gurupi, en el estado de Maranhão. Formalizada en 1982, esta tierra indígena ha sido víctima de la acción ilegal de madereros e invasores, que en los últimos años han provocado la deforestación de más de 41 mil hectáreas del territorio Ka´apor.

La lucha del pueblo Ka´apor por la preservación de su bosque y de su modo de vida se intensificó en 2012, cuando decidieron asumir la defensa de su territorio frente a la organización criminal que, en colusión con el poder político local, sacaba provecho de la tala ilegal de árboles. Existía un sistema de peaje para la entrada de los transportes que movían los troncos y hombres armados, liderados por un policía militar, controlaban las vías de acceso.

En 2013, después de un proceso de autorreflexión promovido por los indígenas -que consistió en diversos encuentros entre comunidades y líderes, con el resultado de generar algunos cambios estructurales en las prácticas de educación escolar, del desarrollo de un programa escolar propio y de la formación de profesores indígenas- se estableció un acuerdo de convivencia para proteger lo que la comunidad llama Janderuha Ha Ka’a Rehe (“El bosque es nuestro plan de vida”).

Así, los Ka´apor, prohibieron el liderazgo de los caciques en las aldeas– según ellos un modelo de poder centralizado introducido entre los Ka´apor por las organizaciones indigenistas oficiales- y crearon el Consejo de Gestión Ka´apor. Este espacio, constituido por grupos de representantes provenientes de los consejos de las comunidades, es actualmente la máxima instancia de decisión política, donde son discutidos los temas de interés colectivo y donde se toman las decisiones.

Ver también ⇒ Ocupación silenciosa del Comando Sur de los EE.UU en la Amazonía
Un camión maderero arde después de que fue descubierto e incendiado por guerreros ka ?? apor, durante una expedición a la selva para buscar y expulsar a los madereros del territorio indio de Alto Turiacu, cerca del municipio Centro do Guilherme, en el noreste del estado de Maranhao. la cuenca del Amazonas, 7 de agosto de 2014.

A pesar de las decisiones judiciales en favor de los indígenas, que exigen la expulsión de los talamontes del área y la protección del territorio, el Gobierno se mantuvo inerte. En este contexto, en 2014, fue establecido el Proyecto de Educación Kaa namo Jumueha katu (“Aprendiendo con el bosque”) y el Centro de Formación de Saberes Ka´apor, hoy considerado por los indígenas como su “escuela madre”.

En el mismo año el pueblo Ka´apor creó un grupo de guardianes del bosque para expulsar a los invasores y recuperar el bosque para sus comunidades. Esta organización es uno de los aspectos de la autogestión del territorio, y consiste en rondines de vigilancia que a veces implican enfrentamientos con los talamontes.

Brasil ha sido considerado uno de los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente y de los territorios indígenas, liderando en 2015 y 2016 el “ranking de muertes de ambientalistas”, como destacaron los reportes difundidos por la organización Global Witness. La relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de las ONU, Victoria Tauli-Corpuz, en un reporte realizado en 2016 sobre la situación de los pueblos indígenas en Brasil, destacó los retrocesos en la protección de los derechos indígenas en el país e hizo referencia directa a la experiencia Ka´apor, como ejemplo de "enfoques proactivos por parte de los pueblos indígenas para seguir en la realización de sus derechos". Dijo además que estas experiencias son “pasos de los pueblos indígenas hacia la autogestión y autorregulación de sus territorios y para el ejercicio de su autodeterminación y autonomía, como es previsto en el Convenio 169 de la OIT, en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en la Declaración de la Organización de los Estados Americanos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.

En 2015, poco más de un año después de su primera misión, la defensa forestal Ka´apor expulsó a los invasores de sus tierras. Tal hecho resultó en una escalada de la violencia en contra el pueblo, que tuvo como momento álgido el asesinato del líder Eusébio, tras una emboscada, en el abril de 2015.

A pesar de esta violencia, los Ka´apor continúan luchando para mantener la integridad de su territorio. Una de las estrategias pensadas por el Consejo de Gestión ha sido la creación de comunidades en áreas antes utilizadas por los madereros como puntos estratégicos de entrada en el bosque, formando una especie de escudo humano contra los invasores. Ya existen siete de estas comunidades, llamadas áreas de protección o ka'a hu sak ha (“áreas de bosque protegido”), donde los indígenas están rescatando y fortaleciendo sus prácticas tradicionales de cultivo agroecológico, con el objetivo de recuperar áreas degradadas y proteger la biodiversidad, garantizando la seguridad alimentaria de la comunidad.

A pesar de los avances de las estrategias de resistencia autónoma del pueblo Ka´apor, la situación es inestable, y en los últimos meses se registró un rápido deterioro y empeoramiento del conflicto. Este año, los indígenas denunciaran amenazas, emboscadas y un intenso proceso de criminalización de sus líderes, además de un boicoteo promovido por agentes del Estado, que han suspendido completamente los servicios de atención a la salud.


Lea la última carta del del pueblo Ka´apor

"Nuestra organización y lucha por autonomía no puede parar. Ni el Gobierno, ni los madereros van a acabar con nuestra lucha".

Nuestro bosque es nuestro plan de vida, así fue que hace más de cinco años decidimos continuar siguiendo los pasos de nuestros antiguos Tuxa.

Luchando para proteger nuestro territorio en contra del abandono de los gobiernos y de los ataques de los madereros. Nuestra fuerza está en nuestro Tuxa ta pame (Comité de Gestión Kaápor) que es nuestra única y más grande fuerza.

Desde el año pasado hasta el principio del actual, el Gobierno ha venido aquí, nos ha engañado y mentido, intentando derribarnos, dividiendo el nuestro pueblo para destruir nuestra organización y quiso terminar con nuestra fuerza. Pero, Piranta ha johu katu (Juntos somos más fuertes), así fue como lo hicimos. Continuamos unidos en nuestras actividades de protección del territorio con nuestro Ka’a Usak ha (Guardia Forestal Ka’apor) para fortalecer nuestros Ka’a Usak ha ta (Áreas de Protección Ka´apor).

Porque nuestro territorio necesita quedarse protegido para que nosotros continuemos viviendo en él. Continuar nuestra forma de educar y formar nuestros familiares a través de nuestra cultura, cuidar de nuestro pueblo, de las enfermedades y adicciones traídas por los Karai (no indígenas) siguiendo lo que dicen los espíritus del bosque.

Nosotros no podemos abandonar los conocimientos de nuestra cultura. Nosotros aprendemos mucho con nuestro bosque. Por esto que nuestro proyecto de educación es Ka’a namo jumu’e ha katu – (Aprendiendo con el Bosque). Él nos enseña, nos alimenta y nosotros tenemos que protegerlo. Mismo que el gobierno de Maranhão no acepte y ni reconozca nuestra manera de enseñar y aprender, dimita nuestros educadores indígenas y persiga nuestros apoyadores, nosotros no vamos a parar de formar nuestros educadores de nuestra forma.

Nosotros creemos y nuestro pueblo reconoce que nuestro Jumu’eha renda Keruhu (Centro de Formación de Saberes Ka’apor) es nuestro espacio donde nosotros aprendemos y enseñamos a nuestros hermanos y hermanas a proteger y vivir en nuestro territorio. Nosotros decidimos hace mucho que no podemos esperar por el gobierno, que hace leyes para perseguir nuestros líderes, que quieren acabar con nuestra organización y destruir nuestro territorio.

Nosotros creemos en nuestra organización que es nuestra fuerza. Ayúdanos a denunciar la desatención y el boicoteo del DSEI (Distrito de Salud Indígena) de Maranhão y el Polo Base del municipio de Zé Doca con la salud de nuestro pueblo, con el boicoteo de nuestra educación por la Secretaria Estatal de Educación de Maranhão y la Unidad Regional de Educación del municipio de Zé Doca y el abandono total de la Fundación Nacional del Indio con la protección de nuestro territorio. Si ellos no nos escuchan, si no saben trabajar y cuidar de nosotros, tienen que respetar nuestra forma de cuidar, proteger y vivir en nuestro territorio.

Argentina: Inauguran 1er hospital con médicos y curanderos mapuches

Por Girabsas

En el departamento de Aluminé, en Neuquén, comenzará a funcionar el primer hospital intercultural mapuche. Este centro de salud, que será el segundo de Latinoamérica y el primero en el país, se construirá en Ruca Choroi y tendrá una superficie de 522 metros cuadrados. Es un trabajo en conjunto entre el equipo técnico del área de salud provincial y el equipo de salud rural del hospital Aluminé junto a las comunidades Mapuche Aigo y Huenguihuel, que se harán cargo de la mano de obra.

En la provincia de Neuquén, el 8% de la población es mapuche, uno de los pueblos originarios que habitan Chile y Argentina desde antes de la llegada de los españoles. Eso quiere decir que 8 de cada 100 personas se reconoce como originario y, con ello, reconoce y practica su cultura.

"Es el producto de 15 años de experiencia junto con estas comunidades Mapuches. En ese camino nos acercamos a una relación entre la biomedicina y la medicina mapuche. Cada una con su valor y sus técnicas. La idea es que se aprovechen ambas”,

AFIRMA FABIÁN GANCEDO, MÉDICO DEL HOSPITAL DE ALUMINÉ ENCARGADO DE LA ATENCIÓN RURAL.

El primer paso fue el diseño del edificio, que se ubicará en tierras de la comunidad Huenguihuel. “Habrá un lugar para hacer fogones, para los curadores mapuches, los componedores de huesos, para los yerbateros, y un espacio ceremonial para el machi, la máxima figura de la ceremonia curativa mapuche”, comentó Fabian.

Un ejemplo explica el tipo de diferencias entre una y otra cultura. Con respecto a la orientación de las camas del hospital hacia el oeste: “El oeste, detrás de la cordillera, es el lugar al que van las almas en la cultura mapuche luego de su paso por el mundo”, explicó el médico. Y agregó: “era algo que molestaba a los pacientes de las comunidades; era como si se los predispusiera para el final, la muerte”.

La apertura del hospital y la convivencia de las dos medicinas tiene como marco legal el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo: respecto al derecho que establece para los pueblos originarios de ser consultados para ajustar los parámetros de atención médica a sus tradiciones y cultura.

El diseño del hospital tiene una forma de medialuna con una superficie de 522 metros cuadrados y funcionará en el paraje Epu Pehuén (territorio de las Comunidades Mapuches Aigo y Hienguehiual). Como comenta Fabián: “Habrá un lugar para hacer fogones, para los curadores mapuches, los componedores de huesos, para los yerbateros, y un espacio ceremonial para el machi, la máxima figura de la ceremonia curativa mapuche” porque, como también señala: “La biomedicina no alcanza a suplir las necesidades de salud de la comunidad, dejando de lado otros aspectos que sí son considerados por la medicina mapuche como la familia, el pasado y el ambiente”.

Respecto de la visión mapuche, Lorenzo Loncón, “werken” (mensajero) de la Confederación Mapuche Neuquina y lawentuchefe (especialista en plantas curativas) señala:

La concepción de la medicina occidental es separar todo, al hombre de la naturaleza, a la cultura de la naturaleza. Y para nosotros es una unidad. La medicina milenaria ha demostrado que si es natural es mucho mejor que una combinación química o sintética. Y además, si todas las culturas somos diferentes, también la medicina tiene que ser apropiada a cada cultura y tiene que haber disponibilidad. La naturaleza nos brinda eso: que sea algo que está cerca de la gente y que si vos la cuidás, la naturaleza te cuida a vos.”A fines del año pasado, el ministerio de Salud de Neuquén garantizó la continuidad de este proyecto que nació en 2008 y que pronto abrirá sus puertas a toda la comunidad, para convertirse en un ejemplo de trabajo conjunto entre dos culturas diferentes y en una posibilidad de que los mapuches sean reconocidos y puedan volver a empoderarse en sus conocimientos. 

A fines del año pasado, el ministerio de Salud de Neuquén garantizó la continuidad de este proyecto que nació en 2008 y que pronto abrirá sus puertas a toda la comunidad, para convertirse en un ejemplo de trabajo conjunto entre dos culturas diferentes y en una posibilidad de que los mapuches sean reconocidos y puedan volver a empoderarse en sus conocimientos.

En Oaxaca, comunidad paga costo de la reconversión energética de Francia

La expansión de las políticas de reconversión energética de Francia, dentro de la perspectiva de lo que consideran una “economía verde” con producción de “energías limpias”, avalada por mecanismos internacionales, tiene en la mira especialmente a los territorios y mercados de América Latina y África.

El trabajo que presentamos a continuación en 4 capítulos reporta cuales son estas políticas de reconversión energética francesa y como ellas han afectado directamente al territorio de la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, donde la empresa EDF pretende instalar su cuarto parque eólico con 115 aerogeneradores. Proyecto que debió haber iniciado operaciones en diciembre de este año 2017.

La falta de diálogo e información a la comunidad es una de las estrategias de la empresa y del gobierno para intentar desestabilizarla y entrar al territorio. Aquí se reportan algunas de las maneras de la empresa llegar al territorio y las consecuencias para su tejido social. Mientras los trámites legales están adelantados para iniciar la instalación del proyecto, la propuesta de consulta indígena no llegó a la comunidad. Esta no es la primera experiencia de Unión Hidalgo con parques eólicos.

La comunidad sigue alerta  Las tierras comunales son el principal obstáculo que las empresas y el gobierno buscan superar para instalación de los megaproyectos. En Oaxaca, el 96% de la tenencia de la tierra es social, es decir, es comunal o ejidal. Por eso la estrategia es hacerlas desaparecer. Conozca la lucha de Unión Hidalgo para mantenerlas y como la empresa francesa lleva a cabo intento de impulsar un proceso de privatización de las tierras, sin base jurídica

Texto Completo

El proyecto, de acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), se encuentra inmerso en una de las regiones más complejas y, por lo tanto, más diversas de México. Conozca características ambientales de esta región y los riesgos previstos por el MIA.

La política del grupo EDF, 84,99% capital estatal francés, va de la mano con decisiones políticas del gobierno francés en el sector energético. En 2015, el país adoptó una ley de transición energética para el crecimiento verde que plantea como meta reducir la porción de nuclear en la producción de electricidad del país a un 50% para 2025, y aumentar la porción de energías renovables al 32% del consumo de energía en 2030 y su producción al 40% de la producción total de electricidad. Hoy Francia vive una crisis energética y necesita urgentemente sanarla

El plan que asesinó a Berta Cáceres

La indígena lenca Berta Isabel Cáceres Flores – que luchaba en contra del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en su pueblo – fue asesinada el 2 de marzo de 2016 por hombres armados que irrumpieron en su casa durante la noche en la Esperanza, Departamento de Intibucá, Honduras. Gustavo Castro Soto, activista mexicano, resultó herido.

Un año y ocho meses del asesinato, el 31 de noviembre, el Grupo Asesor Independiente de Personas Experta (GAIPE) - un grupo formado por cinco abogados de Estados Unidos, Colombia y Guatemala que se formó después de los hechos para investigar acerca del asesinato - presentó el informe “Represa de Violencia, el plan que asesinó a Berta Cáceres”. Su investigación independiente fue realizada por pedido de la familia de Cáceres y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), quienes temían que las autoridades no llevarían a los autores intelectuales a la justicia.

Luego de un año de arduo trabajo, el grupo concluye que el asesinato de Cáceres ocurrió en un contexto de control y neutralización de cualquier oposición que pusiera en riesgo la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Más allá, el GAIPE plantea que no es un hecho aislado sino que “responde a una política sistemática de ataques en contra de las personas defensoras de derechos humanos, dentro de un contexto de violencia generalizada que afecta a todas las personas radicadas en Honduras”. Cabe señalar que más de 120 activistas ambientales han sido asesinados en Honduras desde 2010, por lo que es el país más peligroso del mundo para las y los defensores del medio ambiente, de acuerdo con Global Witness.

Leer el informe completo

Para llevar a cabo su investigación, el GAIPE realizó cuatro viajes a Honduras, entrevistó a más de treinta personas, estudió diversos informes de organismos internacionales de derechos humanos, consultó diferentes procesos penales por denuncias del COPINH y acciones legales instauradas por la ausencia de consulta previa, libre e informada en el Proyecto Agua Zarca. Además, tuvo acceso parcial a la prueba contenida en el proceso, compuesta por los registros telefónicos y extracciones de aparatos electrónicos y Tarjetas SIM, que contienen mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, contactos, imágenes, vídeos, grabaciones, geolocalización, entre otros.

En base a esta investigación, el GAIPE denuncia la participación de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA) y del gobierno hondureño en el ataque. “Pese a la secretividad con que se ha manejado la investigación, el GAIPE ha logrado establecer la participación de directivos, gerentes y empleados de la empresa constructora de la represa DESA; de personal de seguridad privada contratado por la empresa; de agentes estatales y de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado en actos delictivos anteriores, concomitantes y posteriores al asesinato del 2 de marzo de 2016”, dice el informe.

Según el informe, la estrategia empezó por un trabajo para desestabilizar a la comunidad corrompiendo a ciertos sectores de la población y rompiendo el tejido social.

“Los directivos de DESA organizaron e instrumentalizaron a miembros de las comunidades para que se constituyeran en una fuerza opositora a las demandas del COPINH, lideradas por Berta Isabel Cáceres Flores, con el propósito de aparentar respaldo comunitario y justificar sus acciones ante el sistema financiero y agentes estatales”, podemos leer.

Por otro lado, la empresa se encargó de criminalizar y hostigar a Berta Cáceres y los demás integrantes del COPINH mediante pagos a informantes, contratación de sicarios, el sabotaje hacia la radio comunitaria La Voz del Gualcarque, la cooptación de funcionarios públicos para la protección los empleados de la empresa y la persecución del COPINH. “Se constata la existencia de una red criminal, compuesta por directivos y empleados de la empresa DESA, agentes estatales y sicarios con niveles de responsabilidad en el asesinato”, dice el informe.

A lo largo de la investigación, el GAIPE señala también la responsabilidad de varias instituciones internacionales en los hechos. Según el grupo, el clima de violencia “se ha visto incrementado a partir de las políticas de explotación de recursos naturales y bienes del Estado, impulsadas por el gobierno en alianza con el sistema financiero y empresas nacionales e internacionales.”

Más precisamente, el GAIPE estableció que hubo "negligencia deliberada" por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) y el Finnfund de Finlandia, ya que estas instituciones "tenían conocimiento previo de las estrategias empleadas por DESA, a través de reiteradas denuncias y estudios de consultores internacionales".

Hasta la fecha ocho personas han sido detenidas por el gobierno hondureño, acusadas de ser autores materiales del asesinato. El COPINH y la familia de Cáceres siguen exigiendo llegar a los autores intelectuales.

A continuación, el comunicado del COPINH “¡DESA Asesinó a Berta! ¡Captura de los autores intelectuales ya!” :

El 4 de marzo de 2016, apenas unas horas después del asesinato de nuestra Coordinadora Berta Cáceres, el COPINH y las hijas e hijo de nuestra compañera denunciamos que su asesinato provenía de la lucha que ella lideró en contra de la empresa DESA por la oposición de la comunidad de Río Blanco en contra del proyecto de muerte Agua Zarca.

Hoy, a 20 meses de su asesinato, el grupo de investigadores del GAIPE nos corroboran con la mayor objetividad posible, la vinculación inequívoca de esta empresa asesina, de sus dueños, directivos y empleados en la persecución, criminalización, estigmatización que sufrió, así como en la planificación, coordinación y ejecución de su asesinato.

La corroboración de las acciones para su asesinato, no parte de testigos ni de suposiciones, parte de las palabras mismas de sus autores, de sus conversaciones telefónicas, mensajes de texto y de WhatsApp. Son ellos mismos quienes se involucran. La información obtenida de sus propias palabras son la clave.

La información analizada por el GAIPE es la misma que tiene en su poder el Ministerio Público desde por lo menos el 2 de mayo de 2016, lo que quiere decir que desde hace año y medio las autoridades tienen las pruebas y no han tenido la mínima voluntad de ir tras los autores intelectuales. El manto de la impunidad cubre toda la investigación y lo hemos denunciado desde el inicio. Todas las irregularidades, robo de información, falta de transparencia, ilegalidades, atrasos y suspensiones de audiencias son entendidas ahora con el objetivo de querer encubrir a los autores intelectuales por parte del Ministerio Público hondureño, obviamente presionado por parte del ejecutivo y los grupos empresariales detrás del asesinato.

Se demuestra una vez más la captura del Estado por parte de una mafia asesina en la que las víctimas somos todo el pueblo hondureño y en especial los pueblos indígenas. Se demuestra una vez más que la clase económica, beneficiada por el golpe de Estado del 2009, cree que puede hacer lo que quiera sin que tengan que pagar las consecuencias.

El COPINH no se opone al desarrollo de Honduras, a lo que nos oponemos es a que este “desarrollo” signifique la muerte de nuestras comunidades, nuestra identidad y nuestros territorios, nos oponemos a que gente “tragiversadora” se llenen los bolsillos de dinero a costa de nuestras muertes, a costa de la muerte de Berta Cáceres y todas aquellas personas que luchamos contra este sistema injusto en el que las mayorías somos reprimidas para el disfrute de pequeños grupos económicos.

La producción de supuesta “energía renovable” o “energía limpia” son simples discursos baratos de empresarios que ven en la producción de energía un negocio y están dispuestos a pasar por encima de lo que sea, por supuesto por encima de la ley y los pueblos, para sacar todas las ganancias posibles.

El asesinato de Berta Cáceres no va quedar impune, el COPINH, el pueblo Lenca y todas las personas con dignidad en Honduras y en el mundo vamos a luchar hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia, para que se castiguen a los autores intelectuales y para que no tengan que suceder más estas muertes. Para que los pueblos sigamos defendiendo nuestros territorios.

La empresa Desarrollos Energéticos S.A. dirigida por David Castillo, miembros de la familia Atala Zablah, y otros directivos, constructora del Proyecto Hidroeléctrico de muerte Agua Zarca, financiada por los bancos BCIE, FMO y FinnFund; apoyada por la USAID, SERNA (MiAmbiente), Banco Ficohsa, Voyth Hydro-Siemens, las Fuerzas Armadas de Honduras, la Policía Nacional y fuerzas privadas de seguridad, el COHEP y la AHER, fue la empresa que asesinó a Berta Isabel Cáceres Flores, lo hemos dicho desde el principio y ha sido ratificado por la reciente investigación.

Por lo cual, el COPINH exige:

  1. La captura, juicio y condena para todos los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres y la persecución al COPINH.
  2. La cancelación de la concesión sobre el Río Gualcarque a la empresa criminal y asesina Desarrollos Energéticos S.A. DESA.
  3. Las garantías para la investigación del crimen de Berta Cáceres, mediante la destitución de todas las personas involucradas en el caso y la conformación de un nuevo equipo de investigación que tenga veracidad por parte de organismos internacionales.
  4. La adopción de medidas eficaces e inmediatas de protección y seguridad para el grupo de abogados, el COPINH y la Familia, involucrados en el caso, en búsqueda de justicia.

Hacemos un llamado a la sociedad hondureña a que no se permita que este caso quede impune, justicia para Berta significa justicia para nuestros pueblos y para tantas y tantos asesinados por las manos criminales de las empresas y el Estado.

Llamamos a las organizaciones y movimientos sociales y populares hondureños a seguir avanzando en la defensa de los territorios y la vida. A demostrar que Berta no murió, sino que se multiplicó.

Convocamos a la solidaridad internacional a que nos acompañe en estas exigencias de justicia.

¡Berta Vive, COPINH sigue!
¿Qué exigimos? ¡Justicia!
¡Castigo para los autores intelectuales!

#DesaAsesina #20MesesSinJusticia #JusticiaParaBerta #DondeEstanLosAutoresIntelectales

¡Con la fuerza ancestral de Berta, Iselaca, Lempira, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!

Dado en La Esperanza, Intibucá a los 03 días del mes Noviembre del 2017

Oaxaca: Defensa Nacional cambia estrategia para instalar base militar en Tlacolula

Foto: Santiago Navarro F

Por Ñaní Pinto

Desde una orden del gobierno federal, el gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat, anunció, en los primeros meses de este año 2017, que el campo de la 28 Zona Militar, hoy ubicado en el municipio de Santa Lucia del Camino, sería reubicado y ampliado con infraestructura y con el número de militares en el municipio de Tlacolula de Matamoros, a tan solo 30 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. Este anuncio provocó una respuesta inmediata de los habitantes de esta región para expresar que no permitirían la instalación de dicha base.

Para dicha reubicación de este nuevo complejo militar, en un primero momento, se planteó al gobierno estatal la donación de 300 hectáreas de tierras comunales, aunque dichas tierras están jurídicamente bajo responsabilidad y resguardo de los comuneros de esta región, donde la máxima autoridad son las asambleas comunitarias. El primer intento por parte de la SEDENA y del gobierno estatal fue acercarse a San Mateo Macuilxóchitl, donde fueron rechazados en asamblea general. Después se acercaron a la comunidad vecina de Teotitlán del Valle y, por último, a Tlacolula de Matamoros y Villa de Mitla donde también obtuvieron la misma respuesta de las asambleas.

Al parecer el gobierno y la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), tras la decisión de la población, por asamblea, de no aceptar la base militar y, por lo tanto, no ceder sus tierras, habían cambiado la intención de la reubicación, pero lo que sucedió fue un cambio de estrategia.

Contrataron a una empresa inmobiliaria que ha estado utilizando gente de la misma comunidad para facilitar la compra de tierras de manera individual. “Esta vez, una empresa cuyo nombre se ha negado a proporcionar a los propietarios de dichos terrenos, se ha acercado a través de intermediarios para no sólo hacer explícita su oferta, sino para acordar un precio específico por metro cuadrado, mismo que se liquidará del 20 al 30 de este mes de noviembre del 2017, sin mencionar que estas tierras serán utilizadas para instalar la Base Militar”, denuncian los pobladores del municipio de Tlacolula de Matamoros, en un comunicado emitido este 13 de noviembre de 2017.

“Ellos primero se acercaron pidiendo las copias de los documentos de sus tierras y ofreciendo entre 150 y 170 pesos por metro cuadrado. Ahora, se agrega un problema más, la especulación por los precios de las tierras. Ya que a la gente le están ofreciendo una cantidad irrisoria para despojarlos y después aumentar a cinco o siete veces más su precio”,

DIJO PARA AVISPA MIDIA JAVIER RUIZ, MIEMBRO DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN- ACCIÓN AUTÓNOMA, QUIEN HA DADO ACOMPAÑAMIENTO A LAS COMUNIDADES DE LA REGIÓN.

Para los habitantes de este municipio se han despertado diversas preocupaciones sobre los impactos que traerán consigo este campo militar. “Impactos ambiental, social y cultural generados por nuevos fraccionamientos (habitacionales) y complejos comerciales”, señalan en su comunicado.

Efectivamente, en el mes de marzo de este año 2017, el General de División Diplomado del Estado Mayor (DEM), Alfonso Duarte Mújica, confirmó que la base de la SEDENA podría ser un detonante de derrama económica para las comunidades aledañas con la presencia de más de 5 mil militares. Ya que el flujo económico mensual para esta base es de aproximadamente 25 millones de pesos, entre salarios de la tropa, oficiales, generales, etcétera; “éstos recursos”, dijo, “podrían ser aprovechados por los comercios, hoteles, restaurantes y empresas de transportes de la zona donde se instale la nueva zona del Ejército”.

Área donde se tiene proyectada la contrucción la rehubicación de la 28a Zona Militar. Tlacolula, Oaxaca.

Al parecer el gobierno y la SEDENA se han preocupado por mencionar los impactantes beneficios para estas comunidades, pero no les han hablado de ningún efecto negativo, a lo que debería responder cualquier proyecto, sin importar el ramo. “Las afectaciones por el incremento de habitantes en la región será la falta de agua potable, deficiente recolección de basura. Por otra parte están las experiencias en otros contextos de otros estados del país donde se han establecido los militares y donde prolifera la venta de drogas y alcohol, el abuso de autoridad, las enfermedades veneras, los bares y prostíbulos”, agrega miembro del Grupo de Investigación- Acción Autónoma.

“Ante todo esto, las preocupaciones vienen con las preguntas sobre el tamaño de la base que es equiparable al de la ciudad de Tlacolula: ¿Para qué se necesita un territorio más extenso que la refinería de Salina Cruz, la Cervecera de Tuxtepec, la Cementera de Lagunas o los ingenios de la Cuenca del Papaloapan?”, expresan los habitantes de Tlacolula, quienes han hecho un llamado urgente a las comunidades de la región para estar atentos a los avances de este proyecto.

Reubicación estratégica

 Las preocupaciones de los habitantes de los Valles Centrales de Oaxaca con la instalación de esta base Militar esta directamente vinculada hacia más de 50 proyectos mineros y parques eólicos que pretenden establecer en sus comunidades.

 “Primero no sabíamos porque insistían en la reubicación de la Base Militar, pero es por la importancia que presenta en términos de flujos de mercancías la carretera 190 y la carretera internacional. La segunda cuestión es lo que nosotros llamamos el corredor minero, donde hemos identificado 50 proyectos mineros, que van desde la comunidad de Totolapan hasta el poblado de Lachigoló”, señala Ruiz. Oaxaca es un estado de la república mexicana donde los procesos de lucha y de resistencia por la defensa de las tierras comunales y el territorio en su conjunto va en aumento y esto ha implicado contextos de uso de extrema violencia por parte del Estado. “Por tanto, tener una base militar en medio de un contexto de defensa del territorio, pone en vulnerabilidad a estos pueblos”, sostiene Ruiz.

La experiencia de otras comunidades que han tenido que lidiar con la presencia de una base militar en sus territorios ha creado la necesidad de organizarse en esta región. “En el momento en que se da esta organización fue espontanea por el actuar del ejercito en otras partes del país. Hay un consenso generalizado de disgusto e incluso de miedo hacia los elementos del ejercito. Pero también la gente tiene claro que ellos no traerán ningún beneficio de las comunidades y que por el contrario, es bien sabido que siempre velarán para que los inversionistas puedan realizar libremente sus procesos extractivistas”, dice Ruiz.

El Grupo de Investigación- Acción Autónoma ha emprendido un trabajo arduo, en conjunto con las comunidades de los Valles Centrales, para realizar el trabajo que corresponde a las empresas y al gobierno estatal y federal, en torno a los efectos negativos que generarán los diversos proyectos diseñados para la región. “No solo son los proyectos en el Valle de Tlacolula, sino que es una relación intrínseca entre los proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec y sus líneas de trasmisión, pero también de las Zona Económica Especial que se pretende establecer en Salina Cruz. Son proyectos que están conectados y la presencia del ejercito en nuestras comunidades creemos que responde a una necesidad de control de población”, arremete Ruiz, quien también es vecino del Valle de Tlacolula.

Mientras tanto, las comunidades de esta región están programando una asamblea urgente que se llevará acabo en el trascurso de la semana, pero han dejado claro en su comunicado que, ante este escenario de posible despojo e imposición del proyecto

desconocido, exigen “a las autoridades municipales y estatales el esclarecimiento del mismo, así como el rechazo de cualquier complejo que afecte nuestro territorio”.

Click ⇒ para ir al comunicado completo

Presentan propuesta alternativa de reconstrucción para Unión Hidalgo

Por Jorge González y Eric Gil

A más de dos meses del sismo de 8.2 grados que sacudió a distintos estados del país y comunidades de Oaxaca, dentro de las cuales se encuentra el pueblo de Unión Hidalgo, ubicado en el Istmo de Tehuantepec, se conforma el proyecto "Reconstrucción Integral de Unión Hidalgo Oaxaca. Reconstruyendo Gubiña". El proyecto está conformado por la Red de Solidaridad Binni Gubiña, en alianza con Hábitat para la Humanidad, México A.C., la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Infra Rural y al menos una treintena de organizaciones y colectivos más. Según miembros de la red, el objetivo principal de esta iniciativa es impulsar un proceso de reconstrucción integral contemplando las necesidades y el contexto cultural de los pobladores.

A pesar de la ayuda de la sociedad civil que ha llegado a la zona, las condiciones distan de ofrecer tranquilidad a los habitantes. "Primero fue el temblor, después las lluvias y ahora los vientos, que duran de octubre a marzo, ya que recordemos que esta región a nivel mundial es una de las que más fuertes ráfagas de viento tiene, por eso la voracidad de las empresas extranjeras por venir a explotar este recurso con aerogeneradores eólicos", asegura Alberto Juan Castillo, sociólogo egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y miembro de la Red de Solidaridad Binni Gubiña.

Debido a las fuertes ráfagas de viento y a la cantidad de polvo que se genera por los escombros que aún hay en las calles, sospechan pobladores, han surgido distintos problemas de salud como infecciones en los ojos, enfermedades de las vías respiratorias y salpullido en la piel, sobre todo en niños y ancianos.

Otra de las razones que mantiene en zozobra a los lugareños es la raquítica fuente de ingresos que tienen en estos momentos, ya que sus actividades económicas principales se vieron afectadas. "Por las lluvias, en su momento, la gente no podía acceder a pescar, de igual forma el uso del comixcal (olla de barro) que es única en la región y vital en la economía local, se pauso por la destrucción de las cocinas de los hogares, las totoperas también se vieron afectadas. El barrio de los palmeros, que se encargan de elaborar canastas, abanicos, cestos y cuerdas, a base del trabajo de esta planta, también está en una condición crítica", asegura el también oriundo de esta comunidad, mejor conocido en el pueblo como Macha´, Juan Castillo.

La interdependencia económica que hay entre las distintas localidades de Istmo es otro factor que dificulta la recuperación de la economía regional. Un ejemplo, según explica Macha´, es la afectación de los hornos de comixcal, que realizan artesanos de la comunidad aledaña de Ixtaltepec, que también fue afectada, pero que se utilizan en varios poblados de la zona.

Uno de los ejes fundamentales que contempla este proyecto de reconstrucción es impulsar proyectos económicos integrales para apoyar a los pobladores. Alfredo Bravo Olívares, economista y profesor de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la UNAM, explica: "Se pretende elaborar un plan de desarrollo para la zona que parta de una serie de proyectos económicos integrados. Esta integración, se dará a partir de las necesidades mismas de los pobladores. La idea es conseguir recursos de diferentes fondos del gobierno estatal y federal, por medio de cooperativas para poder financiar proyectos que se vinculen entre sí y que sirvan para reactivar la economía de la región que está muy dañada".

El proyecto contempla dos fases de construcción: la primera, que iniciará este 15 de noviembre, consiste en dar una asesoría directa a la gente que ha recibido los 120 mil pesos y que "el gobierno los ha obligado a construir", situación por la cual muchos están edificando con estructuras sin una valoración seria. En esta etapa se plantea construir 75 casas. La segunda fase consistirá en elaborar un proyecto bien estructurado que contemple costos, para de esa forma bajar recursos de organizaciones nacionales e internacionales, expone el economista.

La dinámica mediante la cual pretenden trabajar durante el proceso de reconstrucción es desde una perspectiva integral, a través de la Guendaliza´a, vocablo zapoteco que hace alusión al tequio, la hermandad, entre los pobladores y voluntarios. De igual forma se plantea dar asesorías técnicas a los albañiles locales "lo cual no quiere decir que dejen de construir sus asentamientos tradicionales, sino por el contrario fortalecer sus técnicas", asegura el sociólogo Castillo.

A pesar de que el proyecto está contemplado a largo plazo, ya que 80% (7800 casas aproximadamente) de las edificaciones tienen daños totales y parciales, según datos oficiales, los miembros de esta iniciativa, contemplan que el progreso dependerá de la planificación, pero de igual forma de la participación solidaria de pobladores y voluntarios.

Rueda de Prensa

En un comunicado, la Red de Solidaridad Binni Gubiña invita a una conferencia de prensa para dar detalles el día martes 14 de noviembre, a las 10 horas, en las instalaciones de Casa de África R. Hankili, ubicada en la calle República de Cuba 41, en el Centro Histórica de la Ciudad de México.