Eran las cinco de la madrugada del día 31 de mayo cuando las mujeres campesinas preparaban café para comenzar la jornada en sus parcelas. De pronto, el estruendo de una ráfaga de ametralladoras de uso exclusivo del ejército las tomó por sorpresa.
Más de 500 personas armadas y con dos trascabos avanzaban derribando las casas de madera, de adobe y de lámina. La lluvia de balas obligó a huir a las mujeres y niños hacia el monte, mientras los hombres intentaban reorganizarse para hacer frente a esta agresión, pero fueron casi doce horas en que este grupo armado continuó disparando a diestra y siniestra por doquier.
El objetivo era desalojar a los indígenas zapotecos que habitan la localidad de Rebollero y Rio Minas, pertenecientes al núcleo agrario denominado San Pablo Cuatro Venados, que se ubica a tan solo media hora de la ciudad de Oaxaca, al sur de México.
Los medios locales de Oaxaca, casi en sintonía, anunciaban de forma apresurada e irresponsable la noticia, asegurando que los comuneros de Cuilápam de Guerrero habían desalojado a presuntos paracaidistas y usurpadores de tierras.
En la misma sintonía, Eric Carrasco Vásquez, presidente de Bienes Comunales de Cuilapam, aseguró, en conferencia de prensa el mismo día, que “un grupo de comuneros (de Cuilápam) se dirigieron a sembrar sus tierras pero al llegar al paraje denominado la Redonda y la barranca de San Juan Dios, fueron recibidos a balazos por quienes se quieren adueñar”, así lo sostuvo en su conferencia unas horas después de los acontecimientos.
El equipo de Avispa Midia se dio a la tarea de investigar lo que pasó en los predios que supuestamente han sido invadidos. Y la realidad encontrada fue diferente a la divulgada por los medios de comunicación locales.
La sorpresa fue que la comunidad de Rebollero y Rio Minas fue totalmente arrasada. Se contabilizaron 24 casas derribadas y quemadas. El maíz, frijol y otros granos que se almacenaban para las siembras también les rosearon gasolina y les prendieron fuego. Ropa, camas, zapatos se encontraban regados por doquier. Quebraron las únicas dos celdas solares de donde obtenían su energía los habitantes de esta comunidad. También les robaron sus vacas, dos plantas generadoras de energía y una bomba de agua, todo lo que pudieron.
Molino destruido y cartuchos en el suelo
“Destrozaron nuestro molino que compramos las mujeres. Cooperamos durante cinco años para comprarlo y hoy, lo destruyen así no más, en un ratito”, comparte con gran tristeza Claudia Mondragón.
“Dicen que quieren la tierra. Pero están quemando el maíz que es sagrado, quemaron todo, hasta nuestro cultivo. Si realmente quieren la tierra, se quedarían y sembrarían, pero quieren la tierra para lotearla y venderla”, asevera una mujer de 60 años que se presentó como María Santiago.
Cartuchos tirados por todos lados
El equipo de este reportaje pudo constatar que cientos de cartuchos percutidos y cajas nuevas que los contenían estaban tirados por doquier en toda la comunidad donde el grupo armado hizo acto de presencia. Los calibres eran para fusiles AR15, Ak47 y 9 milímetros, todos de uso exclusivo del ejército mexicano.
Anteriormente ya se había dado un intento de desalojo, en abril del 2018, por parte de las autoridades de Cuilápam de Guerrero. A diferencia de las dos veces anteriores, esta vez “iban acompañados de cholos o pandilleros. Se veía que eran delincuentes que nunca antes habíamos visto. Creemos que las contrataron. Y aquí esta involucrado Flavio Sosa. Nos preguntamos quién les dió las armas, las municiones, la maquinaria y el dinero para hacer esto”, dijo José Ramírez de la comunidad de Cuatro Venados.
Al parecer, el personaje político llamado Flavio Sosa Villavicencio, dirigente de Comuna-Oaxaca -conocido por su oportunismo por usar como trampolín político la revuelta social del año 2006 ocurrido en esta entidad federativa- tiene un gran interés en resolver el conflicto entre los “invasores”.
El 12 mayo de este año, Sosa anunció frente al palacio municipal de Cuilápam de Guerrero, junto con el comisariado de bienes comunales de aquel municipio, que estaban molestos y “en cualquier momento podrían tomar acciones para resolver la problemática”. Esto sucedió días atrás de la agresión a manera de amenaza y hoy las personas acusadas de “invasoras” se encuentran sin hogar.
Pero cualquiera que se adentra hoy a este territorio que comparten Cuilápam y Cuatro Venados puede observa otro paisaje, uno que contrasta con las versiones oficiales.
El territorio de Cuilápam está todo loteado y con anuncios de “se vende lote”, con pocos árboles y un aspecto desértico. Mientras que en el lugar donde habitan los acusados de “invasores” corre el agua bajo los bosques preservados por la comunidad.
La defensa de estas tierras por parte de los 90 comuneros no sólo es porque ahí cultivan y tienen sus hogares, sino porque son la memoria viva de sus ancestros
Estas personas, que les han llamado paracaidistas e invasores, forman una comunidad compuesta por 90 comuneros y ciudadanos pertenecientes a San Pablo Cuatro Venados, distrito de Zaaachila, Oaxaca, donde pagan su predial y donde la mayoría tiene a sus familiares como hermanos, primos, sobrinos.
Existen documentos que avalan su pertenencia a este territorio, como sus actas de nacimiento, donde se estipula que efectivamente nacieron en San Pablo Cuatro Venados.
Avispa Midia obtuvo copias de las 90 actas que constatan la veracidad de los testimonios. El equipo del reportaje también obtuvo las correspondientes 90 copias de las actas de posesión de sus tierras, emitidas entre los años 2010 y 2011 por el Comisariado de Bienes comunales de Cuatro Venados que, en ese momento, estaba integrado por Adolfo Vázquez Bautista, Inocencio Torres Luis, Genaro Ramírez y Federico Morales.
Además, existe un dictamen antropológico realizado por Guillermo Alberto Padilla, formado como antropólogo jurista en la Universidad de Berkeley California y quien sostiene que el municipio de Cuatro Venados esta compuesto por 10 localidades, incluyendo la de Rebolledo, Los Arquitos y el Rio Minas, donde habitan los supuestos “invasores”.
El intento de desalojo viene de lejos
Los comuneros de Cuatro Venados se vieron en la necesidad de tener preparados estos documentos para defenderse y defender su territorio.
En julio del 2017, por primera vez la policía municipal y algunos comuneros de Cuilápam invitaron cordialmente a los comuneros a una reunión. Al llegar al lugar citado, el síndico municipal de Cuilápam les dijo que la plática seria en la Dirección de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Al llegar a este lugar, el síndico los presentó como personas detenidas. Pero al final, el Ministerio Publico no encontró delito alguno por cual inculparlos y asumió que en todo caso era un tema de la jurisdicción de la Junta Local de Conciliación Agraria del Estado de Oaxaca.
Fue en esta supuesta reunión donde los indígenas Zapotecos se enteraron que los Comisariados de Bienes Comunales de Cuilápam y de Cuatro Venados habían realizado un convenio dentro del juicio agrario numero 309/1996, en el cual llegaban a un acuerdo sobre sus límites y donde dividieron la zona de conflicto en dos polígonos, A y B. Pero el polígono A, que se le entregó a Cuilápam es donde viven estas 90 personas que hoy son consideradas como invasoras. En ningún momento se celebró una asamblea para llegar a este acuerdo con los comuneros que habitan esta área y, por tanto, no existe un acta de asamblea, la máxima autoridad por usos y costumbres que conscierne a tierras comunales.
La defensa de estas tierras por parte de los 90 comuneros no sólo es porque ahí cultivan y tienen sus hogares, sino porque sus ancestros las han defendido y cuidado. Por ello se encuentran organizados, cultivan de forma colectiva y han construido todo a base de mucho esfuerzo.
Tentativa de desalojo es un delito
Después de enterarse del acuerdo entre los Comisariados de Bienes Comunales de Cuilápam y de Cuatro Venados, los ciudadanos y comuneros interpusieron, en septiembre del año 2017, el amparo número 007808/2017 ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el estado de Oaxaca, donde apelaron a que este acuerdo entre Cuilápam y Cuatro Venados no es válido.
El argumento de los comuneros es que en ningún momento se realizó una asamblea como establecen los usos y costumbre, y jamás se consultó a los comuneros involucrados. Este recurso jurídico de acto de reclamo aborda específicamente la sentencia emitida el 25 de agosto del año 2016 por parte del Tribunal Superior Agrario, quien avaló el convenio celebrado entre las comunidades de Cuilápam y San Pablo Cuatro Venados.
Los indígenas zapotecos desde este momento se encuentran a la espera del recurso de revisión Número. 326/2201-21 de su demanda. Mientras no se resuelva esta revisión, cualquier desalojo es ilegal. Por tanto, las personas quienes perpetraron estas acciones violentas están incurriendo en un delito.
Los intereses en Cuatro Venados
A este escenario se suma la disputa por el agua que corre por esta comunidad de Cuatro Venados y que cruza por Cuilápam y otras comunidades. También hay interés por parte de dos grandes proyectos que tienen presencia en esta zona: es la existencia de dos concesiones mineras que pretenden explotar oro.
“Hay mucho dinero moviéndose desde hace tiempo. Las autoridades de nuestro pueblo han sido compradas, pero porque también hay otros intereses más grandes y que también tiene que ver con el agua”,
señala María Santiago.
Las concesiones son la 217590, expedida en el año 2012, la cual abarca un área de 132 hectáreas y está ubicada en el lote de Cuatro Venados. También está la concesión 246664, expedida en el año 2013 con una extensión de 1,400 hectáreas. Hasta estas fechas las dos concesiones pertenecían a la empresa Canadiense Arco Resources Corp.
En este mismo territorio existe el área de ampliación de las dos concesiones que podrían ser parte de un mismo proyecto, ya que los estudios de la empresa de capital canadiense sostienen que la veta más importante se encuentra en un polígono de 3,631 hectáreas que cubren cinco kilómetros de longitud de una veta de cuarzo mesotérmica con oro, con calidades de hasta 12.6 g / t de oro.
La actividad minera en este territorio implicaría el uso de millones de litros de agua para el lavado del mineral y, a su vez, se requeriría un depósito para concentrar los desechos tóxicos.
“Nuestra principal lucha era defender los límites de la tierra. Pero ya no podemos pensar en defenderlas sin pensar en lo que pasaría si explotan estas minas. Nuestra lucha ahora es por la defensa del agua y por expulsar a estos empresarios”,
sostiene Maria.
Los comuneros que hoy defienden su territorio no sólo son considerados por Cuilápam como invasores, sino también por la propia autoridad comunal de Cuatro Venados, porque representan a la disidencia que está organizada y que tiene claro el objetivo de su lucha. “¿De qué nos sirve defender nuestras tierras, si estos proyectos de minería avanzan? Después nuestra agua se va a contaminar, no servirá ni para Cuatro Venados, ni para Cuilápam y mucho menos para las demás comunidades”, señaló Agustín Bautista.
La autoridad actual de Cuatro Venados ha estado empeñada en reducir el apoyo a los disidentes y por tanto ha establecido un impuesto para las personas, incluyendo familiares de ellos que habitan en la cabecera municipal, para que no les dirijan la palabra ni que establezcan algún dialogo con ellos.
“Les han obligado a pagar entre 5 y 7 mil pesos a quien hable con nosotros. No quieren que nos organicemos. Estas autoridades han cooptado con programas y con una miseria de dinero a las personas, hablando que la minería es buena y que traerá desarrollo. Tienen dormido a nuestro pueblo, pero no perdemos la esperanza de despertarlos”, asevera la señora Claudia.
El saldo
El 1 de junio, un día después del ataque a la comunidad, mujeres y hombres regresaron a sus hogares. Las mujeres han intentando rescatar algún que otro trasto que les pudiera servir. Con tristeza recogen uno a uno cada grano de maíz que pueden levantar entre los cartuchos percutidos.
Las acciones ocurridas el 31 de mayo son características de actos paramilitares. Afortunadamente no hubo muertos. Todas las pérdidas fueron materiales pues se encargaron de acabar con todo lo que pudiera permitir sostener una vida en este lugar. Quemaron hasta las gallinas que cuidaban de forma colectiva las personas. Pero ademàs las autoridades de Cuilápam de Guerrero se atrevieron a sostener ante los medios que fueron “los mismos invasores (comuneros) que quemaron sus casas”.
Las primeras notas de los medios locales de comunicación han servido para justificar una nueva entrada para terminar de derribar lo que quedaba. “Pero no nos han quebrado nuestra moral, nuestra fuerza y vamos a luchar con todo lo que sea necesario para defender nuestra madre tierra. Y si hay muertos aquí, el Estado será el responsable, también Flavio Sosa y las autoridades de Cuilápam, porque son quienes han dado las armas, las municiones y el dinero para actuar así”, responsabiliza un ex-comisariado de bienes comunales de Cuatro Venados, quien por seguridad prefirió mantenerse en anonimato.
Entre los comuneros que habitan la comunidad atacada hay dos ex-comisariados. La mayoría, como es costumbre en territorios comunales, ha prestado servicios comunitarios y ha asumidos cargos en años anteriores en la cabecera municipal de Cuatro Venados. “No entiendo porque la autoridad quiere desconocernos. Toda la gente aquí nos conoce, hemos nacido aquí y aquí hemos vivido y aquí seguiremos viviendo, no nos vamos a ir”, dice Pedro Martínez.
Los comuneros que han sido considerados como invasores buscarán la solidaridad de los pueblos vecinos para defender el agua y para que los proyectos mineros no se lleven acabo. “Van acabar con la vida de todos los Valles Centrales y no sólo con nuestras comunidades. Tomemos como ejemplo la situación de nuestros hermanos de San José del Progreso, donde la comunidad está quebrada y con los primeros indicios de cáncer”, denuncia Pedro.
Estos comuneros también tiene el respaldo de otros pueblos en Oaxaca y de México, porque son parte del Congreso Nacional Indígena (CNI) y, juntos, van resistiendo contra los proyectos de despojo.
“Porque, como dicen nuestros hermanos, esto es una guerra contra los pueblos originarios y hay que hacer frente de forma organizada. No vamos a detenernos, mientras más nos golpean, más fuertes nos hacemos”, declara Pedro.
Mientras el equipo de Avispa Midia realizaba el recorrido para este reportaje, sin motivo alguno, del lado de Cuilápam, comenzaron a disparar hacia donde estábamos. Las ráfagas continuaron por los menos durante dos horas. Al salir de esta zona, aún se escuchaban los disparos a lo lejos. Las mujeres tomaron a su hijos y los han resguardado en casas de otros familiares. Los hombres se mantienen en el lugar bajo la lluvia y el sol para cuidar que no entren de nuevo a sus tierras.
Aquí las pequeñas señales de solidaridad se hacen gigantes. Un taco, un vaso de agua, hasta un saludo cuenta en este lugar. Entre lágrimas, una mujer dice:
“Levantaremos de nuevo nuestras casas, aunque sea de cero. El gobierno nunca nos ha dado nada y no pedimos nada, solo exigimos que nos dejen en paz, que nos dejen vivir y cultivar nuestras tierras”.
Los nombres de las personas citadas en este reportaje fueron cambiadas por motivos de seguridad.
Grandes proyectos extranjeros están explorando las extensas y profundas cuevas de la región mazateca. Con falta de ética, simulación y poca transparencia, los exploradores se introducen en lugares sagrados, manipulan huesos de animales antiguos, extraen seres vivos e información valiosa, de territorios que cuentan con grandes riquezas naturales. Pese a que varias comunidades han negado el ingreso, poco a poco, se van apropiando de estos espacios, vulnerando los derechos de los pueblos originarios a su libre determinación. En este texto, evidenciamos cómo ha sido esta historia, las maneras de operar de estos grupos, cuál es el conflicto actual y qué derechos de los pueblos han transgredido estas expediciones.
1. La exploración de las cuevas Mazatecas
En el norte del Estado de Oaxaca, en México, viven los pueblos mazatecos. Pueblos muy antiguos, que habitan los mismos territorios desde antes de la Conquista europea de América. Participaron de la creación de Mesoamérica, la civilización del maíz, originando un idioma y una manera de vivir que les caracteriza y hace únicos. Llevan más de 500 años resistiendo los diferentes poderes que han intentado someterlos y saquear sus territorios. Una forma actual del despojo en la región mazateca, la realizan quienes buscan convertir en mercancías turísticas y científicas a las cuevas sagradas.
Colectivo yani senjte
Los mazatecos son pueblos originarios, con un gran patrimonio cultural, en cuyos territorios aun se encuentran concentraciones de las mayores riquezas naturales del país: grandes acuíferos, extensos ecosistemas en buen grado de conservación y alta diversidad biológica[1]. Como pueblos indígenas, poseen derechos colectivos a la libre determinación[2], para decidir libremente sobre sus instituciones, gobierno, territorios y recursos. Pero, actualmente estos derechos han sido transgredidos por un mega-proyecto extranjero que explora sus cuevas y territorios.
Hoy, la ciencia sobre las cuevas, llamada espeleología, adornada con promesas de progreso y beneficio, está siendo utilizada por proyectos foráneos, para despojar a las comunidades mazatecas de su territorio subterráneo. Las cuevas son de gran importancia para estos pueblos, son sagradas pues de ahí viene la vida.
La espeleología es un conjunto de disciplinas científicas, técnicas y deportivas, que permiten llevar a cabo el estudio y la exploración de cualquier tipo de cavidad subterránea[3]. Entre los objetivos de la espeleología, y sobre todo aquella que busca legitimarse como científica, está el examinar las plantas nativas y especies de animales que crecen y prosperan dentro de un sistema de cuevas[4].
El subsuelo de gran parte de la región mazateca, está compuesto por una formación de rocas que la ciencia llama karsto cárstica. Estas formaciones se caracterizan por la preponderancia de roca caliza y por paisajes con numerosas cuevas, grandes y profundos sótanos, y extensos pasadizos subterráneos. Gran parte de la región mazateca es así[5].
Durante más de cincuenta años, los espeleólogos han realizado investigaciones en esta región, abarcando territorios de las zonas alta, media y baja. Los municipios mazatecos cuyos territorios han sido explorados por expediciones extranjeras son[6]: Huautla de Jiménez, San José Tenango, San Bartolomé Ayautla, San José Independencia, San Pedro Ixcatlán, Santa María Magdalena Chilchotla, Mazatlán Villa de Flores, Chiquihuitlán de Benito Juárez, San Miguel Huautepec, San Felipe Jalapa de Díaz, San Antonio Eloxochitlán de Flores Magón, y Santa Ana Ateixtlahuaca. Además del municipio mixteco de San Juan Coatzospam, enclavado en la región mazateca.
Año con año, por lo general entre marzo y mayo, llegan los grupos de exploradores, algunos de más de sesenta personas. En su gran mayoría, se trata de grupos de origen estadounidense o europeo, aunque algunas temporadas también llegan, paralelamente, equipos de espeleólogos mexicanos. Pasan la mayor parte de su tiempo en campamentos, dentro de las cuevas o cerca de sus entradas, que pueden ubicarse cerca de los poblados o en lugares apartados en los montes. Pueden estar más de un mes dentro de las cuevas.
Las exploraciones extranjeras de las cuevas mazatecas iniciaron en 1965, cuando un pequeño grupo de estadounidenses recorrió algunos lugares cercanos a Huautla, buscando grandes sótanos (hoyos verticales)[7]. En aquella ocasión extrajeron animales que llevaron a colecciones de Estados Unidos[8], actividad que siguieron realizando las décadas siguientes[9]. Desde esa primera visita, exploración y prospección van de la mano. Las expediciones a las cavernas de la región continúan hasta hoy, bajo el auspicio de dos grandes organizaciones de Estados Unidos: la Sociedad Espeleológica Nacional y la Asociación para el Estudio de las Cuevas Mexicanas (NSS y AMCS, por sus siglas en inglés).
En cuanto a los espeleólogos mexicanos, los primeros en llegar a comunidades mazatecas, en específico a San Agustín de Zaragoza, Huautla de Jiménez, fue el Grupo Espeleológico Mexicano (GEM), que ocasionalmente se dedicó a explorar y estudiar la Sierra Norte de Puebla y el Estado de Oaxaca. Posteriormente, la Escuela de Guías Alpinistas de México (EGAM) en 1975 convocó a espeleólogos nacionales e intentó el descenso al Sótano de San Agustín. En 1980 colaboraron junto con otras asociaciones nacionales y extranjeras, en el rescate más profundo efectuado hasta entonces, en el Sótano de San Agustín[10]. Durante los últimos años, han llegado equipos de rescatistas para realizar simulacros de salvamento, y también grupos de exploración como el de Montañismo UNAM. A diferencia de las expediciones extranjeras, las mexicanas tienen menos recursos económicos para explorar y son menores en número de integrantes, tiempo dentro de las cuevas y estudios científicos realizados.
Durante años, la presencia de los grupos de espeleólogos extranjeros pasó desapercibida por los mazatecos, pues se dio en un contexto donde gran número de foráneos visitaron la zona para acceder a ceremonias con los hongos sagrados ndi xijtho. Aun así, la presencia de ellos ha sido cuestionada a lo largo del tiempo en varias comunidades de diferentes municipios, según señalan testimonios de la población[11] y también los reportes escritos en los boletines publicados en inglés por la AMCS[12]. Según información de los pobladores, en un principio nunca dejaron en claro el propósito de sus visitas[13].
2. El conflicto actual: mega-proyecto y resistencia
MEGA-PROYECTOS DE EXPLORACIÓN SUBTERRÁNEA
En la actualidad, el grupo que lidera las expediciones regionales es el United States Deep Caving Team (USDCT), registrado como entidad legal en Estados Unidos, y dirigido por dos espeleólogos estadounidenses con años de exploraciones en la región: William “Bill” Stone y William “Bill” Steele[14]. Durante los últimos años, el USDCT ha desarrollado dos grandes proyectos de investigación de los sistemas de cuevas en territorios mazatecos.
El primero es el Huautla Cave Diving Expedition, especializado en el buceo dentro de las cuevas, que explora las grutas y resurgencias de la zona baja: en Peña Colorada, San Miguel Huautepec, junto al Río Santo Domingo; también el interior del Río Uluapan, la región de Cerro Rabón y las cuevas sumergidas en la represa Miguel Alemán[15]. Asimismo, el USDCT dirige la exploración de la profunda cueva Cheve, en la región cuicateca.
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El segundo, es el Proyecto Espeleológico Sistema Huautla (PESH)[16], que investiga las cavernas de la zona mazateca alta, principalmente en diferentes agencias y localidades del municipio de Huautla: San Andrés Hidalgo, San Agustín de Zaragoza, La Providencia, Río Santiago, Plan Carlota, Río Iglesia, Plan de Arena, Agua de Cueva, Agua de Tierra, Agua de Álamo, Peña del Sol, entre otras; además de zonas en los municipios de Santa María la Asunción (como su agencia Llano de Agua) y San Miguel Huautepec.
Este proyecto se asignó el objetivo de explorar, mapear y estudiar todo el sistema de cuevas ─que se piensa tiene cerca de cien kilómetros de extensión─, además de realizar investigaciones científicas de diversa índole en el subsuelo: topografía, localización con GPS[17], bioprospección, hidrogeología, arqueología, paleontología, antropología, desarrollo y prueba de tecnologías. Todo ello contando con decenas de exploradores en campo y durante diez años seguidos.
Asimismo, se planteó y ha realizado acciones de conservación, labores educativas[18] y promoción turística de estos espacios. Cabe señalar, que el PESH es un proyecto oficial de la National Speleological Society (NSS), la organización de espeleología más grande del país vecino, que tiene como política el compartir la información de sus expediciones con agencias gubernamentales de Estados Unidos[19].
El PESH inició exploraciones en terreno el año 2014, fue planeado y ejecutado sin antes informar y pedir permiso a las comunidades sobre si querían o no este proyecto, quebrantando así los derechos de libre determinación de los pueblos originarios mazatecos.
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LOS OTROS INTERESES
Actualmente, en las investigaciones científicas sobre las formaciones de karst alrededor del mundo, las fronteras entre ciencia pura y ciencia aplicada van desapareciendo[20]. Es decir, que los estudios espeleológicos dentro de las cuevas se utilizan para desarrollar nuevas tecnologías, mercancías y políticas territoriales. En la ciencia del karst, se distinguen tres grandes áreas emergentes de interés: la geo-microbiología con aplicaciones industriales; el desarrollo tecnológico para la exploración del subsuelo de otros planetas; y el estudio de los karst como sumideros de carbono en tiempos de cambio climático[21].
Puede constatarse que los proyectos de investigación en las cuevas mazatecas, dirigidos por el USDCT, tienen relación a las dos primeras áreas. Como señala Steele en una entrevista, hay un participante destacado del PESH que tiene conexiones con la industria farmacéutica, y la prospección biológica en las cuevas de la región, abre la posibilidad para desarrollar medicamentos con los especímenes extraídos[22]. Cabe señalar que dicha farmacéutica es una empresa privada de gran tamaño.
Las expediciones del USDCT sirven para el desarrollo de tecnologías de exploración en ambientes extremos, lo cual involucra a grandes empresas e inscripción de patentes[23], y en tal sentido, la exploración de las cuevas mazatecas es, desde hace décadas, parte de un gran modelo de negocio. Es de importancia mencionar, que Bill Stone es socio notable de dos empresas de la industria aeroespacial, que desarrollan tecnología para explorar y explotar los recursos de la Luna[24]; además, él participa construyendo robots para la NASA[25] y en el desarrollo de tecnología militar[26].
A lo anterior, el PESH suma un área de interés tradicional de la espeleología: los estudios que permiten la administración del agua de las cuevas. Las formaciones de roca cárstica se caracterizan por albergar gigantescos acuíferos, y más del veinte por ciento de la población mundial depende de estas aguas subterráneas[27]. Los espeleólogos extranjeros, que actualmente mapean a detalle todos los flujos del agua regional, han señalado que el agua de las cuevas mazatecas es una “mina de oro”, que ellos podrían ayudar a extraer para abastecer a la región[28]. Este discurso ha sido parte de su estrategia para lograr ingresar a las cuevas; un habitante de San José Tenango señala: “su anzuelo para obtener permiso, ha sido que en los cerros van a buscar agua para beneficiar al pueblo”[29].
Hasta el día de hoy, las cuevas de la región mazateca no son lugares turísticos, pero el turismo es otra área de interés emergente del PESH, a través del turismo de interés especial, en este caso de espeleología. Uno de los líderes de las expediciones, de nacionalidad inglesa, ha declarado que, debido a que el Sistema Huautla es mundialmente famoso, la oportunidad es promover visitas sólo por turismo[30]. Otro de sus miembros, argumenta que la región mazateca podría ser similar a lo que es el monte Everest para el alpinismo, y así ser receptora de cierto perfil de visitantes. En panfletos que reparten en las redes sociales, el PESH señala que sus exploraciones pueden “traer beneficios económicos a las comunidades locales mediante contratación de guías hacia las cuevas, personas que ayuden a cargar cuerdas y equipo y por el consumo de bienes y servicios proporcionados en cada pueblo”.
Pero, no han informado a las comunidades mazatecas de manera oficial sobre sus investigaciones, intereses y conexiones en estas otras áreas, por el contrario, han reiterado públicamente que sus exploraciones en la región sólo son por amor al deporte y/o a la ciencia pura[31].
PESH se presenta también como un proyecto de conservación de las cuevas, para lo cual pide donaciones[32], pero no han sido trasparentes al omitir que, con anterioridad, el USDCT ha transportado explosivos dentro de las cavernas, los cuales tuvieron a su disposición cuando se les dificultó conectar diferentes espacios subterráneos, según testimonio de Bill Stone[33].
Así, estas expediciones han aumentado en tamaño y ambiciones, con proyectos que cada vez tienen mayor incursión sobre los territorios indígenas e injerencia en la vida pública de las comunidades mazatecas. Aun cuando PESH lleva cinco años de operaciones en terreno, en las comunidades no han presentado sus protocolos de investigación por escrito y con detalles. Tampoco los resultados detallados de las expediciones, labores dentro de las cuevas y estudios científicos realizados[34].
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LA RESISTENCIA DE LOS PUEBLOS
Ante la escalada de estos proyectos, aumentaron los legítimos cuestionamientos de las comunidades sobre la exploración extranjera de sus territorios. Con la imposición del PESH, crecieron las dudas y el enojo en los pueblos, en especial entre pobladores y colectivos guardianes de sus territorios[35]. Esto, aunado al incumplimiento de entrega de resultados de los últimos cincuenta años de expediciones, llevó a que la asamblea comunitaria de San Agustín Zaragoza, les prohibiera el paso a los sótanos y cuevas de su territorio[36]. Con propietarios y vecinos de los terrenos donde se encuentran algunas de las entradas al sistema de cuevas, los exploradores apalabraron que informarían del proyecto de cada visita y compartirían todos los resultados de sus investigaciones, lo cual no sucedió.
Los pobladores intensificaron sus cuestionamientos del por qué de la presencia de los extranjeros en espacios que tienen un sentido sagrado, sobre todo en el tratamiento del cuerpo biológico y espiritual, pues como bien los expresa una mujer mazateca: “Las almas captadas son llevadas al mundo de los chikones, debajo de la tierra. Para entrar a las cuevas hay que pedir permiso porque ahí antes vivían los ancestros”[37]. Pues siguiendo a Inchaustegui: “los antiguos están aquí y son operantes en su propio apartado en las ciudades en ruinas”[38].
Es que las cuevas son muy importantes en el ser colectivo de los mazatecos. Naxínandá, quiere decir “pueblo” en el idioma nativo, y literalmente significa “peñasco-agua”. El pueblo, la gente, el territorio, las aguas y cerros, están tejidos entre sí[39]. Las entradas de las cuevas son puertas que conectan la superficie con el mundo de abajo, el interior del cerro sagrado, habitado por seres protectores de cada poblado: chikon nindo[40]. En ciertos rituales, la “gente que sabe arreglar”, chjota chjinee b’enda, viaja a las cuevas para negociar acuerdos con estos seres, basados en la ética de reciprocidad[41] y en el conocimiento biocultural colectivo[42]. Además, los sótanos son portales al mundo de los muertos, quienes una vez al año visitan y comparten con sus parientes vivos.
De las entrañas de la madre tierra, nangui, nace la vida que nutre manantiales, bosques y pueblos. En sus grutas habitan la madre de la lluvia, las abuelas del maíz y del fuego. Entrar a una cueva es delicado, porque la pureza contenida en ellas no debe profanarse, y si esto sucede, las personas y pueblos corren peligros. Las cuevas, nguijao, son seres sagrados y políticos, son kjóa xkón tokó, muy respetadas en toda la región mazateca.
En el año 2015 una visita a la localidad de San Agustín de Zaragoza de un grupo de periodistas de la empresa Televisa, quienes fueron a realizar un reportaje sobre los espeleólogos, remarcó aún más que este pueblo se manifestara mediante asamblea comunitaria y asentara en un acta de acuerdos, con fecha del 6 de abril a las 11:35 a.m. del 2015, que la comunidad se oponía a la presencia de espeleólogos extranjeros. Así como a la imposición de algunas autoridades municipales para dar paso a los mismos, pues en dicha acta, la asamblea comunitaria dejó en claro que no han visto ningún beneficio tras cincuenta años de exploración, aunado a que no les han sido presentados los proyectos y resultados de cada expedición durante todo ese tiempo, violando así su derecho a la libre información y a la autodeterminación territorial y social.
Sin embargo, aun con dicha acta comunitaria, los espeleólogos liderados por Steele han seguido entrando a las profundidades del sistema cavernario de Huautla. Continúan imponiendo su visión colonial, ya que en una entrevista él señala que ellos van a educar a la población local, de que adentro de las cuevas no hay espirítus, sino que por el contrario es un maravilloso lugar para ser visto y explorado[43]. Siguen ingresando por diferentes entradas y explorando las cavernas. Si bien, públicamente PESH ha declarado que su interés por el sótano de San Agustín terminó, las recurrentes indagaciones de intermediarios de PESH a los pobladores para ingresar nuevamente[44], desmienten este discurso. Este sótano es ambicionado por su potencial turístico y por su importancia logística para desplazarse por el sistema subterráneo.
Un hombre mazateco de San Agustín argumenta: “Simplemente llegaban, se asentaban en domicilios particulares, donde rentaban. Eso era todo. No había kjóa xkón tokó, no había respeto a la autoridad, a nuestras formas de organizarnos como pueblos. Fue su forma de operar por mucho tiempo”[45].
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3. Sobre los permisos: ¿dónde está la legitimidad y transparencia?
Además de la falta respeto, por no cumplir con lo prometido y guiarse según las costumbres de los pueblos, las exploraciones del USDCT han sido dirigidas mediante falta de transparencia y subterfugios. Así lo evidencian las declaraciones del presidente de dicha organización y director del PESH, Bill Steele. Él, se describe a sí mismo como embajador de los proyectos espeleológicos ante los mazatecos[46], y públicamente se muestra amable y respetuoso ante comunidades y autoridades locales. Pero, cuando se reúne solo con gente de su expedición, señala que su trabajo es “apaciguar” a los pueblos[47], y declara lo siguiente:
“Si no obtenemos los permisos de los indios mazatecos en la superficie, entonces simplemente iremos bajo sus pies y exploraremos las cuevas debajo de sus tierras sin que ellos sepan (a estas palabras le siguen risas de Steele)”[48].
Esas declaraciones, son parte de una entrevista publicada en Youtube el 28 de septiembre de 2015, seis meses después del acta de asamblea de la comunidad de San Agustín que les negó la entrada. Son palabras que dejan claro que Steele no respeta a los pueblos y se burla de ellos, los “besuqueos” de los “diplomáticos” que envía a las comunidades[49], son manipulación. Su declaración indica un comportamiento poco ético y falta de profesionalismo, y su gravedad radica en que vulnera distintas leyes y códigos de ética, en al menos cuatro niveles:
Primero, viola los derechos de libre determinación de los pueblos indígenas mazatecos sobre sus tierras y territorios, establecidos en tratados y declaraciones internacionales ratificados y adheridos por México[50]. Segundo, lesiona la soberanía mexicana, establecida en la Constitución Política de México y en diversas leyes nacionales. Tercero, vulnera el Código de Ética para la exploración de cuevas y ciencia en países extranjeros[51], de la Unión Internacional de Espeleología (UIS), a la cual está afiliada la NSS y, por ende, el PESH. Cuarto, quebranta la Guía para la exploración responsable de las cuevas, de la misma NSS[52].
El año 2017, personal del PESH nos señaló que siempre recurren a la anuencia de la gente local, pero el acceso a la cueva es federal[53], lo cual es inexacto. Pero, si han decidido burlar los permisos locales, ¿realmente cuentan con permisos estatales o federales?
PRESENTACIÓN DE LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA (ALGUNAS)
En el discurso del PESH, según han referido algunos habitantes de la región, es que se han presentado con permisos del Ayuntamiento de Huautla y han argumentado poseer permisos del Estado de Oaxaca, sin embargo, estos no han sido mostrados. Según peticiones de información pública mediante el INAI, hechas al Gobierno del Estado de Oaxaca, mediante la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno del Estado de la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca[54], la Secretaría del Medio Ambiente, Energía y Desarrollo Sustentable de Oaxaca[55], el Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca[56], y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas[57], no cuentan con información sobre el PESH y sus proyectos en tierras mazatecas.
Una forma en la que el PESH ha justificado una de sus diversas expediciones es el hallazgo de restos paleontológicos. En una solicitud de información pública (1115100007519) mediante el INAI al INAH, informan que el PESH dio aviso del hallazgo y solicitaron apoyo paleontológico. A brindar dicho apoyo llegaron Iván Alarcón-D. y Joaquin Arroyo Cabrales, el día 26 de abril del 2015, unos días después de que la comunidad de San Agustín se opusiera a la entrada de los espeleólogos. Según el informe de resultados se extrajeron elementos óseos de la Cueva del Venado, los cuales probablemente sean de un venado pleistocénico (Odocoileus halli); quedó registrado los sitios donde se hallan más elementos óseos en ambas cuevas, dentro de las oquedades del Sistema Huautla se pueden encontrar restos de fauna pleistocénica. Cabe señalar que de dichos hallazgos y extracciones las comunidades no obtuvieron información hasta tiempo después en conferencias de prensa por medio del Ayuntamiento de Huautla y por medios electrónicos (de los cuales los mazatecos tienen poco acceso).
Un hombre mazateco de Huautla comentó: “Estos condenados no nos han mostrado las imágenes…sobre todo esas de las cuevas de los venados, hasta ahora (se refiere a los documentos solicitados al INAI), pero eso no lo había visto ni en ninguna de las presentaciones que han dado en Huautla, ni en las escuelas, yo desconocía de esa cueva de venados, ha de ser una cueva pues a lo mejor muy especial, porque es el tótem de los mazatecos después del sometimiento que tuvimos de los aztecas”. Otro hombre de San Agustín, y autoridad actual dijo: “Nunca que sepamos hubo algún aviso de que se iba a extraer algo, es más en la agencia yo tengo un cargo, no hemos notado ningún acta o documento que diga que ellos retiraron, ni ellos tampoco dieron aviso a nuestras autoridades de los más de 50 años que vinieron”.
En un segundo informe, con la misma solicitud de información al INAI, Iván Alarcón-D. y Joaquin Arroyo Cabrales[58] escriben que el 15 de abril de 2016, salieron rumbo a Plan Carlota, donde Bill Steele les “mostró unos huesos que habían recuperado de la cueva que denominaron cueva ‘Pared de Huesos’ […] Dichos elementos ya estaban lavados”. Preliminarmente “se determinaron como Megalonyx jeffersoni”. Este dato llama la atención, pues según la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, “toda clase de trabajos materiales para descubrir o explorar monumentos arqueológicos, únicamente serán realizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o por instituciones científicas o de reconocida solvencia moral, previa autorización” (Artículo 30). En las respuestas del INAH por medio del INAI no se adjuntó algún documento comprobatorio de autorización a Bill Steele para manipular estos restos óseos.
Es importante lo que comenta el informe sobre la manipulación de elementos lavados y fuera de la cueva por Bill Steele, pues en una nota de periódico se señala que el líder expedicionario insistió que “a pesar de que descubrieron unos huesos prehispánicos en las cuevas, esas no se pueden tocar, pues para eso hay científicos y paleontólogos a quienes sí les corresponde realizar dicho trabajo, con el visto bueno y permiso correspondiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia”[59].
En la Cueva Pared de Huesos hallaron los huesos fragmentados de un oso perezoso, de donde tomaron evidencia fotográfica y extrajeron todos los fragmentos de huesos posibles. La expedición duró hasta el 20 de abril, pues el líder del PESH les mostró fotografías de demás restos de Cueva Basura, a la cual también accedieron y observaron restos de una mandíbula de otro oso perezoso de menor tamaño, de ahí extrajeron algunos restos para pruebas de laboratorio. En sus conclusiones aluden a que prevén hacer dos visitas más a San Agustín de Zaragoza para incursionar en la cueva “Basura” y evaluar los tiempos necesarios para la extracción de los elementos postcraneales de los dos ejemplares de perezoso que ahí se encuentran.
Colectivo najcha jli
Teniendo esto en cuenta, el INAH y los investigadores que acudieron a apoyar en el rescate de los restos paleontologicos, pasaron por alto el hecho de que el PESH no es bienvenido en la comunidad de San Agustín, pues unos días después del hallazgo dieron una pequeña rueda de prensa en el palacio municipal de Huautla de Jiménez, comentando el “asombroso hallazgo”. El PESH busca legitimar sus expediciones por medio de esos hallazgos, pues el pasado 25 de enero se presentó ante el Consejo de Paleontología en la Primera sesión ordinaria el PROYECTO PALEONTOLÓGICO/ESPELEOLÓGICO EN EL SISTEMA HUAUTLA, OAXACA”. Fue presentado por Iván Alarcón Durán y Joaquín Arroyo Cabrales, respectivamente investigador del laboratorio de Arqueozoología de la Subdirección de Laboratorios e investigador de Apoyo Académico de la Dirección de Estudios Arqueológicos, además de José Alberto Cruz Silva, de la BUAP[60].
El pasado 25 de febrero del presente año, el proyecto fue aprobado por el Consejo de Paleontología del INAH[61]. En dicho proyecto argumentan que los objetivos son ahondar en los estudios paleontológicos del sistema de cuevas de Huautla, en específico en Cueva Basura. La justificación del proyecto es que al interior del sistema cavernario hay restos óseos de fauna del Pleistoceno, organismos troglobitas así como venados, osos perezosos, puerco espines, caballos, roedores, aves y anfibios, que habitaron y murieron dentro de las cuevas. En dicho proyecto estarán los especialistas del INAH y también participará el USDCT. El INAH, a través de dicha solicitud de información pública, argumenta que no están obligados a consultar a las comunidades porque sus objetivos son académicos y no se insertan en el Plan Nacional de Desarrollo, ni en los planes estatales o municipales de desarrollo; pero al tratarse de un contexto donde hay descontento por el mal uso y manejo de tierras indígenas, aun siendo ellos parte de la Federación, están obligados a respetar la libre determinación de los pueblos, pues este derecho está respaldado ante tratados internacionales (Convenio 169 y Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU).
No obstante, en una nota de periódico donde se dio cuenta de una reunión entre agentes municipales de San Agustín de Zaragoza y Plan Carlota, así como el grupo del PESH, donde medió el presidente municipal de Huautla de Jiménez, Oscar Peralta, tanto la traductora de dicho proyecto como uno de los paleontólogos aseguraron que: “No sacaran huesos de la cueva, pues aunque se descubrieran vestigios los espeleólogos y paleontólogos tendrían que comunicárselo al Instituto Nacional de Antropología e Historia y eso de extraer los huesos de la matriz tendría que autorizarlo la comunidad”[62]. De igual forma, en el suplemento cultural de la revista del INAH El Tlacuache, del 19 de noviembre del 2017, donde se da a conocer el proyecto y su vinculación con el INAH y la UNAM, argumentan que: “Los espeleólogos, tanto nacionales como extranjeros, antes de comenzar con su trabajo, platican con las autoridades y con las comunidades para pedir los permisos necesarios que faciliten llevar a cabo sus actividades”[63].
Llama la atención la lógica en la que se enclavan este tipo de proyectos, pues no toman en cuenta la visión que tienen los pueblos de sus territorios, claro ejemplo de esto, es que en el suplemento El Tlacuache del INAH, argumentan que: “En ocasiones, cuando se menciona en los poblados que hay investigadores explorado una cueva, generalmente se piensa en que quieren sacar algún tesoro o que adentro esta algún demonio o algo por el estilo; este tipo de mitos y leyendas poco a poco han sido desmentidas por las personas que entran y salen de las cuevas, ya que dentro de las mismas, el verdadero tesoro es el conocimiento del que nos proveen, como es en las formaciones rocosas, los tipos de suelos, y sobre todo la gran diversidad biológica actual que comprende plantas, hongos y animales que pueden tener desde tamaños microscópicos”.
Ante dicha aseveración cabría preguntarse ¿desde qué lugar se está planteando los estudios científicos? ¿no estamos a caso ante una imposición de percibir y vivir el mundo? Un joven mazateco de San Agustín argumenta: “Pues no sé, nos miran como seres primitivos que aun veneramos las cuevas, los hongos, los árboles, el agua, y para nosotros eso es grave, porque cómo le vamos a abrir las puertas a aguien que se está burlando de lo que creemos”.
4. Y el derecho a la libre autodeterminación ¿dónde quedó?
Las comunidades y territorios indígenas mazatecos, durante más de un siglo han sido objeto de estudio para antropólogos, biólogos, lingüistas y demás especialistas en ciencias naturales y sociales. Muchas de esas investigaciones fueron parte de la política indigenista, cuyo fin era facilitar el control de los pueblos y territorios mediante planes de desarrollo. Asimismo, buscaban que los pueblos y la naturaleza de toda una región fueran integrados por la economía capitalista, como mano de obra barata y como naturaleza gratis, disponibles para ser explotadas[64].
Colectivo yani senjte
Un ejemplo de esto, fue el trabajo de antropólogos, científicos e ingenieros durante la construcción de la represa Miguel Alemán, a mediados del siglo veinte, que inundó una quinta parte del territorio mazateco, y desplazó entre veinte y ochenta mil personas[65]. Entonces, el discurso fue que la investigación científica y el desarrollo del territorio traería progreso a la población, pero ocurrió lo contrario: la ciencia estuvo al servicio del despojo sufrido por muchas comunidades de la zona baja[66].
Otro ejemplo, fueron los estudios científicos y las publicaciones mediáticas sobre los ndi xijtho, “pequeños que brotan”, los hongos sagrados de los mazatecos[67]. Esos estudios derivaron en que el ritual chamánico fuera apropiado por turistas nacionales y extranjeros, que hongos y chamanes sean una mercancía más en Huautla[68], y que algunas asociaciones, como la transnacional Compass Pathways, estén en búsqueda de patentar la psylocibina sintética, para lucrar con el tratamiento de la depresión en países occidentales[69]. La degradación sufrida por los hongos sagrados y su ritual, es muy parecida a la historia en que exploradores foráneos se han apropiado y transformado el ser de las cavernas y sótanos de la región mazateca.
Encaminada en esa continuidad histórica, como hemos visto en el presente texto, la práctica espeleológica extranjera no dimensiona su impacto en territorios mazatecos y no respeta los derechos de los pueblos indígenas. En la historia de las expediciones espeleológicas en esta región, la hegemonía espeleológica regional siempre ha estado en grupos extranjeros, y por ello cabe preguntarse ¿dónde queda la soberanía espeleológica mexicana ante el unilateralismo foráneo?[70]. Si bien, el PESH paulatinamente ha adquirido un carácter transnacional, sin duda la toma de decisiones está plenamente en manos del núcleo estadounidense del USDCT. Al parecer, el mundo espeleológico mexicano cuenta con ciertos criterios éticos, que para algunos pasan a segundo término cuando los fines de su práctica no son del todo claros o se argumentan bajo una lógica de progreso y de conocimiento científico, y se incorporan de manera subordinada a proyectos extranjeros, dejando a un lado el derecho de libre determinación de los pueblos indígenas[71].
Es necesario enfatizar que todo proyecto espeleológico, en especial los de gran escala, tienen una dimensión geopolítica nacional e internacional[72]. La intromisión del PESH y la resistencia de las comunidades, evidencia las relaciones que los pueblos tienen con el paisaje nacional, frente al poder del Estado y de las corporaciones internacionales, para regular el control y gobierno del espacio-cavernas y el patrimonio subterráneo de los pueblos mazatecos. Asimismo, las exploraciones y prospecciones, la topografía y el mapeo de los territorios, han jugado un rol importante en la constitución del dominio colonial, que revela cómo un centro de poder actúa y exhibe su hegemonía, dominio y autoridad sobre la naturaleza y las poblaciones.
Considerando lo anterior, y aún si llegasen a contar con permisos federales, al tratarse de territorio indígena y de mega proyectos espeleológicos, los pueblos que han mostrado su descontento están en pleno derecho a oponerse a dicho proyecto, por el principio de libre determinación y autonomía. Este es un derecho que forma parte de un tratado internacional y, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tratados internacionales (como el Convenio 169) se ubican jerárquicamente debajo de la Constitución Federal y encima de las leyes generales, federales y locales[73]. Si bien una de las vías es manifestar y ejercer su descontento y no consentimiento mediante sus autoridades tradicionales, en este caso las asambleas comunitarias, otra más es la de la Consulta previa, libre e informada.
Tras las inquietudes de los pobladores de San Agustín y de su acta de asamblea, se comenzó a realizar una campaña mediática para justificar la presencia del proyecto en la sierra, a través de la entrega de fotografías al municipio, y de algunos documentos, y del hallazgo de restos paleontológicos. De igual forma, se ha recurrido a un escenario de simulación, pues si bien en líneas anteriores, el líder del proyecto argumentaba que habían enseñado a los mazatecos que dentro de las cuevas no hay espíritus[74], ahora gustan de tomar fotografías de pedimentos en las entradas de algunas cuevas con ayuda de algún chjota chjine[75] (gente de conocimiento), para ser exhibidas en sus redes sociales; para así justificar que respetan la costumbre. Pero, los simulacros y espectáculos ceremoniales del PESH para legitimar su ingreso a las cuevas sagradas[76], constituyen abusos a la costumbre espiritual mazateca, que el Convenio 169 exhorta a evitar: “Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos” (Artículo 17.3).
La dimensión de lo sagrado es constituyente de los naxínandá, es omnipresente en los lugares sagrados ─cerros, cuevas, manantiales, santuarios, iglesias─, en sus mitos de origen y topónimos, en las vivencias cotidianas y la irrupción de hierofanías y apariciones, en las prácticas y redes ceremoniales y rituales, en los seres divinos que habitan en los territorios y sus deidades tutelares[77]. Los proyectos en búsqueda de “progreso” han buscado colonizar las entrañas de lo que muchos mazatecos conciben como la madre tierra, nangui. Porque “con la modificación del espacio geográfico mazateco, se altera la visión sagrada del mismo. Pues a la entrada del Estado con máquinas e ingenieros a modificar la llanura, cambiar el curso de los ríos, derribar cerros o causar inundaciones, el poder de los hombres se equipará al de los señores protectores, los Chikones"[78]. A diferencia del autodenominado embajador de los espeleólogos, Bill Steele y sus estrategias carentes de claridad, los embajadores de las comunidades mazatecas ante lo sagrado, los chjota chjinee b’énda, no pueden ensuciar su mesa ritual y salirse del camino del respeto ante los otros, deben seguir un recto camino, con honestidad.
Otra de las líneas que está latente, es la del turismo espeleológico de aventura, cuyo propósito es ofertar visitas guiadas a personas interesadas en tener contacto directo con la naturaleza. Dicha oferta turística está presente en países europeos y en Estados Unidos donde la explotación del subsuelo está bajo lógicas de posesión y uso privadas. En el caso huautleco se ha mencionado tanto por parte de autoridades como de algunos grupos de mazatecos que este sería un nicho para atraer turismo de interés especial, además del turismo y viajeros que acuden con neochamanes de la zona. En todo caso, se buscaría ofertar una imagen de pueblo mágico ya no sólo por sus hongos alucinógenos sino también por el mundo subterráneo. Dándose así un proceso que tiene similitudes al ocurrido en la región de los pueblos mayas, donde espeleólogos extranjeros participaron en la mercantilización turística de cuevas y cenotes, donde las grandes hoteleras desplazaron a los habitantes originarios de esas tierras[79].
Como vimos en líneas anteriores, respecto a la portación de explosivos, el discurso conservacionista de PESH y las prácticas históricas del USDCT resultan confusas entre sí: ¿cuál es el cuidado a las personas, si introdujeron explosivos a los territorios sin antes informar y obtener consentimiento de la población local?[80] ¿a qué conservación se refieren, si en busca de un record, están dispuestos a explotar las cuevas sagradas y nichos ecológicos de gran fragilidad? Además, en caso de haber sido utilizados ¿qué explosivos eran? ¿cuántas veces y dónde se utilizaron? ¿en qué temporadas y años los introdujeron a la región? ¿estuvo su manipulación conforme a lo estipulado por la Ley y el Reglamento Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que rige desde 1972? ¿aun los introducen a las cuevas?
Las acciones y discursos del PESH relacionados a la promoción turística, los proyectos de extracción de agua y la conservación de las cuevas, están influyendo en las políticas de desarrollo local, municipal y regional[81]. Los proyectos del USDCT llegan a persuadir actividades que inciden en los planes de desarrollo municipal, lo cual vulnera lo señalado por el Artículo 7° del Convenio 169 sobre el derecho de los pueblos a “decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera”.
Teniendo esto en cuenta, el pasado 26 de enero de 2019 se ratificó el acta de acuerdos comunitaria del 2015, ante la asamblea comunitaria de San Agustín de Zaragoza, por la posible llegada de los espeleólogos en el presente año, en el marco del Segundo Festival de las Cuevas, que está programado para celebrarse del 24 al 27 de octubre del 2019. El cual es organizado por la Sociedad Nacional de Exploradores, la Revista Expedición, el PESH, así como por parte de ayuntamiento de Huautla de Jiménez; la Unión Mexicana de Agrupaciones Espeleológicas (UMAE), ha respaldado el evento. Se trata de un festival de gran envergadura, pues se esperan más de 100 espeleólogos de varias partes del mundo, donde se darán ponencias y se harán expediciones al Sistema Huautla.
Este festival tiene como fin legitimar al PESH y convertir la práctica espeleológica en una experiencia que pueda mercantilizarse, sobre pasando así el discurso científico que han proclamado en los últimos años. No sólo hay un apropiación del espacio físico por parte de estos expedicionarios, sino también una apropiación cultural y simbólica, pues en la actualidad, el PESH ha recurrido a la exhibición mediática de rituales, imponiendo así nuevos códigos culturales. Para esto han desarrollado toda una ingeniería social (community outreach[82]) a cargo de antropólogas, traductoras, exploradores diplomáticos de avanzada y promotores locales, quienes intervienen en terreno con la intención de ir convenciendo a la población acerca de la conveniencia de los proyectos extranjeros de exploración subterránea.
Espiritu Mazateco
5.Conclusión
Estos señalamientos tienen la plena intención de iniciar un diálogo y reflexión en torno a las formas en las que científicos de ciencias naturales y sociales, nos acercamos a los territorios indígenas, y sobre todo a cómo es que son percibidas por los naturales de estas tierras. En el caso específico de la espeleología la cual se debate entre ser un deporte o una práctica científica, cabría cuestionarse sobre ¿qué derecho se tiene de entrar a tierras ajenas, que tienen usos y no-usos colectivos? ¿la búsqueda de conocimiento justifica sobre pasar los derechos de los mazatecos? ¿Por qué en el afán de dar a conocer territorios, se termina impulsado la comercialización de los mismos, sin consentimiento pleno y sin ser tomados en cuenta de manera realmente activa más allá de la hospitalidad mercantilizada? ¿Por qué imponer una visión del territorio y tomar en cuenta la de ellos sólo con fines exotizantes y de etno-mercado? ¿A qué entidades van dirigidos los proyectos de prospección?
Esta preguntas son claves porque estos proyectos no son empáticos con las visiones y las relaciones que tienen los mazatecos hacia sus cuevas, pues estas son importantes para el ser colectivo. Aunado a que durante cincuenta años han faltado el respeto y no han sido transparentes respecto a su quehacer en la sierra mazateca, vulnerando así los derechos de los pueblos mazatecos.
Ha habido malestar y resistencia en muchas comunidades de toda la región mazateca, pero han sido a nivel local o municipal, mientras estos mega proyectos se mueven de manera regional y con conexiones globales. Sin embargo, se van sumando personas y comunidades vecinas a la resistencia.
Pensamos que, al realizar esta investigación, estamos regresando a las comunidades un poquito de toda la hospitalidad que nos brindaron durante muchos años y el saber que nos compartieron. Este aporte es lo que hemos podido averiguar sobre lo que estos mega-proyectos hacen para apropiarse de los espacios sagrados y violar los derechos de los pueblos mazatecos.
Foto de portada: Tajo de la minería a cielo abierto en Azacuálpan, Honduras.
De los bosques que originalmente poblaron la Tierra, 80% han sido desmontados, fragmentados o degradados. Hoy en día, los bosques tropicales siguen desapareciendo en todo el planeta a un ritmo acelerado: sólo en el año de 2017 su pérdida fue el equivalente a 40 campos de fútbol por minuto, explica Frances Seymour, del World Resources Institute (WRI). Brasil, la República Democrática del Congo, Indonesia, Madagascar y Malasia sufrieron las mayores pérdidas en ese año.
Un informe intitulado “Global Forest Watch” publicado por el WRI también revela que durante el año de 2018 se perdieron 12 millones de hectáreas de cobertura forestal a nivel global. De esas 12 millones de hectáreas, casi la tercera parte (3.6 millones) eran bosques primarios, y de estos, poco más de la mitad se perdieron en Latinoamérica.
En el continente, Brasil es el país que perdió más bosques con 1,347,132 hectáreas desaparecidas en el último año. Le sigue Colombia con 176, 977 hectáreas perdidas, Bolivia con 154,488 hectáreas y Perú con una extensión de 140,185 hectáreas.
Una catástrofe para el planeta
La desaparición de bosques vírgenes significa la extinción de ecosistemas que albergan una increíble diversidad, árboles de cientos y miles de años y grandes cantidades de carbono.
“Cuando estos bosques se talan, quizás nunca vuelvan a su estado original”,
precisa el reporte.
Como lo aclara Frances Seymour, “la destrucción de los bosques a esta escala es una catástrofe para el clima global. La nueva ciencia muestra que los bosques son aún más importantes de lo que pensábamos para frenar el cambio climático. Además de capturar y almacenar carbono, los bosques afectan la velocidad del viento, los patrones de lluvia y la química atmosférica. En resumen, la deforestación está haciendo del mundo un lugar más caliente y seco”.
Las consecuencias sobre las poblaciones locales son también trágicas, ya que la deforestación destruye su entorno y por ende sus formas de vida. De hecho, cada vez son más las personas que tienen que huir de sus territorios debido al deterioro de las condiciones ambientales, volviéndose refugiados climáticos.
Y cuando tratan de defender sus territorios, tienen que enfrentar la represión. “Los pueblos indígenas, cuya presencia está asociada con el mantenimiento de la cubierta forestal, pero cuyos derechos sobre la tierra a menudo no son reconocidos, continúan siendo asesinados cuando intentan proteger sus bosques”, denuncia Seymour.
Para la representante de la organización Global Forest Coalition (GFC), Isis K. Álvarez, la situación está empeorando: “la tendencia va a peor por la entrada de la extrema derecha, que afecta mucho a las comunidades locales (...) y poco se puede hacer porque sus tácticas son muy violentas, de militarización, de represión, de exterminación, por eso es que hay tantos líderes locales asesinados”
Las responsables: multinacionales de Europa, Norteamérica y China
Los responsables de esa deforestación a gran escala son las grandes industrias del sector agropecuario con el cultivo de soya, la producción de aceite de palma y el ganado, así como la industria minera.
“La deforestación es uno de los mayores problemas actuales por la destrucción de biodiversidad, en muchos casos a manos de multinacionales de Europa, Canadá, o China que se dedican a actividades extractivas con la "connivencia" de algunos gobiernos”, explica la representante de GFC. Esos países “no cumplen con los estándares de impacto ambiental, que ya de por sí son bajos en el continente”, denuncia también.
Cabe señalar también que la apertura de carreteras que permiten transportar las materias primas con el fin de exportarlas aumenta la vulnerabilidad a los incendios, los cuales causan todavía más destrucción de los bosques.
La trampa de los “biocombustibles”
El caso de la soya y el aceite de palma está estrechamente vinculado con la promoción del uso de los llamados biocombustibles. “La demanda mundial [de soya y aceite de palma] se ve inflada artificialmente por políticas que incentivan el uso de alimentos como materia prima para los biocombustibles”, precisa Frances Seymour.
El problema, además, es que muchas de esas actividades de deforestación para los biocombustibles “se realizan con fondos, subsidios o incentivos de los mismos gobiernos que luchan contra el cambio climático o instituciones internacionales”, denuncia Isis K. Álvarez. En Paraguay, por ejemplo, “uno de los países más pobres y con más deforestación, se ha utilizado dinero del Fondo Verde para el Clima para impulsar monocultivos para la industria de la bioenergía, que alimenta la agroindustria”, explica. Álvarez califica esa situación de “circulo vicioso”.
Aunque Brasil logró reducir la deforestación a principios de la década de 2000, en los últimos años la deforestación ha comenzado a aumentar nuevamente, explica Mikaela Weisse, manager para el WRI. “PRODES, el sistema de monitoreo oficial de Brasil, mostró (en el 2018) la tasa más alta de deforestación en diez años”, comenta.
Con la llegada al poder del presidente Jair Bolsonaro, la situación podría empeorar en el país. Así, según el Instituto del Hombre y el Medioambiente de la Amazonia (Imazon), la deforestación creció en un 54 % en enero de 2019 respecto al mismo mes de 2018.
Mikaela Weisse, junto con la investigadora en geografía para el Global Forest Watch, Elizabeth Dow Goldman, explican que Colombia es el país que enfrenta el aumento más drástico en la pérdida de cobertura forestal. Así, en 2017 su tasa de perdida aumentó de un 46% en comparación con 2016.
“Casi la mitad del aumento ocurrió en solo tres regiones en la frontera con la Amazonía (Meta, Guaviare y Caquetá), con nuevos focos rojos de pérdida que avanzan hacia áreas previamente intactas”, precisan.
Esa situación tiene mucho que ver con la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. “Las FARC mantenían un control estricto sobre el uso de la tierra y permitían poco uso comercial de los recursos. Con su desmovilización, surgió un vacío de poder que hizo posible la tala ilegal para la ganadería, el cultivo de coca, la minería y la industria maderera por parte de otros grupos armados”, explican Weisse y Goldman.
Bolivia
El responsable de investigación del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Pablo Villegas, explica que el aumento en la pérdida de bosques en el país tiene una relación directa con la agroindustria influenciada por Brasil y Argentina. “Existen coincidencias entre el aumento del precio de la soya y el incremento de la deforestación”, comenta.
El experto también resalta la responsabilidad del mismo gobierno boliviano junto con grandes empresarios. Para él, la situación podría incluso agudizarse en los próximos años, debido al agotamiento de las reservas de gas y el avance de una política estatal de promoción de la agroindustria, la ganadería y la explotación forestal. “Bolivia está entrando en crisis, se están acabando las reservas de gas y para el 2023 la producción apenas cubrirá la demanda interna”, explica.
En cuanto al caso específico de Perú, la Amazonía peruana es atacada ferozmente por la minería ilegal. El último análisis de imágenes satelitales realizado por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) demuestra que esta actividad está alcanzando niveles históricos de deforestación en la selva peruana.
“Basado en el análisis de casi 500 imágenes satelitales de alta resolución, estimamos la deforestación de 18,440 hectáreas por minería aurífera en las regiones de Madre de Dios, Cusco y Puno durante el 2017 y 2018, la cual equivale a más de 25 mil campos de fútbol en solo dos años”, revela el informe.
Es necesario cambiar los sistemas económicos y sociales
Según otro informe de evaluación mundial exhaustivo hecho público el 6 de mayo 2019 por la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), el mundo tendrá que enfrentar el colapso ecológico y la extinción masiva de especies a menos que se emprendan acciones drásticas para cambiar los sistemas económicos y sociales.
Para Nele Marien, coordinadora del programa de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional, “este informe es un nuevo y oportuno recordatorio de que enfrentamos crisis ambientales y sociales íntimamente ligadas. Podemos construir un mundo mejor y frenar el colapso de la biodiversidad, pero eso exige nada menos que un cambio radical de sistema que desista del sistema económico capitalista fallido basado en crecimiento extractivo ilimitado, ganancias y desigualdad. Tenemos que acabar con todos los sistemas de explotación: el colonialismo y neocolonialismo, el patriarcado y el racismo”.
En un acto de urgencia se reunieron el pasado 9 de mayo diversos colectivos, organizaciones, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y redes de apoyo del Consejo Indígena de Gobierno (CIG) para acordar acciones en contra del aumento de la presencia militar y paramilitar en territorios zapatistas.
Dichos colectivos también se pronunciaron contra el reciente aumento en las agresiones que incluyen el asesinato de integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), particularmente en el estado de Guerrero y Oaxaca.
Por estos motivos, las organizaciones acordaron realizar una Acción Global el día 31 de Mayo contra la militarización en territorio zapatista y en defensa de la tierra, territorio y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas del CIG-CNI.
A unos días de esta acción, diversas organizaciones y colectivos en Francia, Grecia, Austria, EEUU, Italia, España, Brasil y múltiples estados de México se han sumado a la convocatoria.
Una de las principales exigencias es la salida inmediata del ejército de Chiapas y en particular del territorio liberado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ya que el pasado 2 de mayo de este año 2019, el centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) denunció públicamente 14 incursiones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en los alrededores del Caracol de La Realidad, una de las sedes del EZLN en la Selva Lacandona, las cuales se realizaron solo en el mes de abril.
El mismo informe del Frayba señala que “en cuatro ocasiones militares incursionaron en la comunidad, y en otras cuatro realizaron sobrevuelos en helicóptero”.
“Las incursiones militares constituyen actos de intimidación y hostigamiento en contra de los Pueblos Originarios zapatistas en resistencia, significan una agresión a su derecho a la autonomía y representan un riesgo a la vida, integridad y seguridad de toda la población”, denunciaron los convocantes a esta Accion Globlal mediante un comunicado.
Al contexto de hostigamiento contra comunidades en Chiapas, se suman los asesinatos de José Lucio Bartolo Faustino y de los delegados del CNI, Modesto Verales Sebastián Bartolo Hilario Morales e Isaías Xanteco Ahuejote, en el estado de Guerrero. También el caso del indígena nahua Samir Flores, del estado de Morelos, quien fue asesinado en febrero de este mismo año y quien era reconocido como opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM) e integrante del CNI.
Desde el primer día de este nuevo tiempo de gobierno, bautizado por AMLO como la “4ª Transformación”, el CNI-CIG ha documentado; la agudización del hostigamiento por parte de la Marina hacia el proceso autónomo de la comunidad de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán; El hostigamiento hacia la Asamblea Comunitaria de la comunidad indígena Binniza de Gui’ Xhi’ Ro’, Álvaro Obregón, Oaxaca; Persecución y órdenes de aprensión en contra de Mateo López Cruz y Juan Sánchez Torres, de la comunidad de Suclumpa, municipio de Salto de Agua, Chiapas; Amenazas de despojo de tierras recuperadas en 1994 por el Pueblo Chol de la comunidad de San José El Bascan, municipio de Salto de Agua, Chiapas; Desapariciones forzadas de 5 integrantes de la familia P´urhépecha Guzmán Cruz originaria de Tarejero, Michoacana; Desaparición y asesinato de integrantes de Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI), en Oaxaca, entre otros más.
En el marco de la asamblea del 9 de mayo, los asistentes denunciaron tajantemente que sus compañeros “fueron asesinados por defender la vida y por defender la Madre Tierra”, por tanto exigen al presidente de México, “Andrés Manuel López Obrador, verdad y justicia para nuestros compañeros asesinados, exigimos castigo a los culpables, pues el crimen organizado, la clase política y los dueños del poder y del dinero, así como las autoridades municipales, estatales y federales gozan de plena impunidad frente a estos hechos”.
Quienes se suman a estas acciones han marcado una posición firme en cuanto los megaproyectos que el señor Obrador implementará con su nuevo Plan Nacional de Desarrollo, tales como el denominado “Tren Maya”, el “Corredor Transístmico”, el “Proyecto Integral Morelos”, la “siembra de un millón de hectáreas con árboles frutales y maderable”, así como los proyectos extractivistas, mineros y petroleros, las presas, parques eólicos, complejos turísticos, el aeropuerto en Santa Lucía, entre otros.
Por todo eso, “rechazamos la militarización del país, mediante la creación de la Guardia Nacional, rechazamos su complicidad con el paramilitarismo y su colusión con el crimen organizado, rechazamos la continuidad de una guerra contra el pueblo que se opone al sistema capitalista neoliberal, sobretodo, porque responde a los intereses de Trump, como oferta de un nuevo gobierno de bienestar y desarrollo”, expresaron los convocantes.
Esta Acción Global se realizará, para el caso de México, el día 31 de Mayo de a las 17:00 Hrs. en Ciudad de México, frente a Palacio Nacional.
Por último, reiteraron el llamado a la solidaridad para hacer saber que el EZLN no esta solo, y “la invitación para tod@s aquell@s que luchan contra el capitalismo y que su corazón late abajo y a la izquierda, para que según sus calendarios y geografías, sus modos y muy sus formas, realicen acciones similares y/o simultáneas, en apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y contra la militarización en territorio zapatista”.
El herbicida más usado del mundo acumula denuncias y condenas millonarios en Estados Unidos. La multinacional Bayer (que compró Monsanto en 2018) con futuro incierto. Sentencias en Argentina, empresarios que proponen cerrar escuelas (para poder sembrar transgénicos), la ONU cuestiona el modelo y campesinos muestran que otro modelo es posible (y necesario).
“El glifosato es como agua con sal”. Lino Barañao, Ministro de Ciencia de Argentina.
“La ignorancia no mata, solo hace sufrir”, Jorge Gattini, ministro de Agricultura de Paraguay (en referencia a los campesinos que denuncian las fumigaciones con agrotóxicos).
"Es un herbicida de clase menos tóxica. Los humanos podrían incluso beber y no morir porque no tenemos la vía metabólica de las plantas. Además, es biodegradable en el suelo". Edilson Paiva, presidente de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (Ctnbio) de Brasil.
El herbicida glifosato, el más utilizado del agronegocio, ha tenido las defensas más insólitas de los gobiernos pro transgénicos, desde funcionarios hasta periodistas.
Cientos de estudios científicos, fallos judiciales y, sobre todos, miles de afectados por fumigaciones son la prueba de los efectos del herbicida.
Sólo diez países del mundo concentran el 98 por ciento de los cultivos transgénicos (con uso de agrotóxicos): Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá, India, China, Pakistán, Paraguay, Sudáfrica y Bolivia(1). Cuatro de ellos de América Latina y, junto a Uruguay, forman lo que la multinacional Syngenta llamó en una publicidad corporativa (2003) “la república unida de la soja”.
La patria grande sojera cuenta con 47 millones de hectáreas con soja transgénica(2). Abarca:
- El 66 por ciento de la tierra cultivada de Paraguay.
- El 52 por ciento de Argentina.
- El 35 por ciento de la tierra cultiva de Brasil.
- El 30 por ciento por ciento de Uruguay.
- El 24 por ciento de Bolivia.
Uno de los argumentos centrales de las empresas transgénicas era que, con las semillas modificadas genéticamente, se utilizarían menos químicos.
En Argentina, según datos oficiales del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), en 1995 se utilizaron 42 millones de litros de herbicidas. En 1996 se aprobó la primera soja transgénica (de Monsanto) y el crecimiento del uso de herbicidas fue geométrico: 252 millones de litros en 2011 (último año publicado por el INTA). El glifosato es el principal herbicida utilizado. En 2016, datos de la Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes) llegó a 290 millones de litros anuales.
El aumento del uso no se corresponde con el aumento de la superficie, sino con la necesidad de aumentar la cantidad por hectárea. El mismo INTA reconoce que en la década del 90 se utilizaba 1,95 litros por hectáreas. En la campaña agrícola 2011/2012 llegó a utilizarse nueve litros por hectárea. Se debe a la aparición de “malezas”, plantas no deseadas que crearon resistencia al glifosato. Por lo cual los productores utilizan cada vez más cantidad y además mezcla de venenos (2-4D y paraquat, entre otros).
Negar la realidad
“No pueden ocultar la realidad. Quieren tapar el sol con la mano”, explicó el científico Andrés Carrasco en 2009. Jefe del laboratorio de Embriología Molecular, ex presidente del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), confirmó en laboratorio que el glifosato producía malformaciones en embriones anfibios y alertó que era traspolable a humanos.
Sufrió una campaña de desprestigio mediática y política. El periodista Matías Longoni, desde Clarín, llamó “supuesto estudio” al trabajo de Carrasco. Puso en duda su existencia y la reputación de unos de los mayores embriólogos de Argentina. “La industria agrícola se puso en alerta. Las cámaras Casafe y Ciafa aclararon que el glifosato ‘está clasificado en la categoría de menor riesgo toxicológico’. En voz baja, el sector asegura que se trata de una nueva ofensiva oficial para ‘demonizar’ a los productores de soja”, escribió el periodista que cubrió el tema agro durante 18 años en Clarín, que rara vez cuestiona las consecuencias del agronegocios y funciona como agencia de prensa de las compañías del agro.
El diario La Nación también apuntó contra Carrasco y, al igual que los “periodistas del agro”, salieron en defensa del glifosato, los transgénicos (y de las empresas que los venden y, casualidad, pautan en esos medios).
El 27 de noviembre 2017, ya desde su pyme periodística “Bichos de campo”, repleta de publicidades de las empresas de agrotóxicos, Longoni celebró: “¡Larga vida al glifosato! O mejor, un poco más de vida al glifosato. Los alemanes, cuando quieren, golean. Lo hicieron con Brasil en el mundial de fútbol y ahora lo hacen con Francia, en la disputa dentro de la Unión Europea (UE) por prohibir o prorrogar la vida útil del controvertida herbicida glifosato. La votación para decidir si se renovaba la licencia del producto fue ganada, una vez que los alemanes se decidieron a jugar, por 18 a 9”.
Desde el sector político, la defensa al glifosato fue (y es) encabezada por Lino Barañao, ministro de Ciencia durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y titular de la cartera con Mauricio Macri. En 2009 descalificó a Carrasco desde el programa de TV de Héctor Huergo, uno de los mayores lobbistas del agronegocio (director del suplemento Clarín Rural) y desde el Congreso de Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa). “El glifosato es como agua con sal”, señaló en un entrevista en la Radio AM 530, de las Madres de Plaza de Mayo. Ningún funcionario kirchnerista lo cuestionó.
A fines de 2015, días previo a asumir como ministro de Ciencia de Mauricio Macri, volvió a defender el uso de químicos, con un argumento poco científico: “Con los antibióticos también hay mal uso y muertes, y nadie se queja”.
Carrasco falleció en mayo de 2014 y dejó la mejor definición para el glifosato y los transgénicos: “Es un experimento masivo a cielo abierto”.
El relato transgénico
Acto 1. El agroquímico (en este caso el glifosato, en la década del 60 fue el insecticida DDT) no afecta la salud ni el ambiente.
Acto 2. No hay pruebas científicas.
Acto 3. La pruebas científicas no son concluyentes o “existen dos bibliotecas” (a favor y en contra).
Acto 4. Son nocivos pero si se utilizan bien no hay riesgos (en ese momento proponen soluciones técnicas para su uso, hoy llamadas “buenas prácticas agrícolas”).
Acto 5. Reemplazo de ese químico por otro (y vuelta al “acto 1”).
El agronegocio utiliza la misma estrategia que las tabacaleras (durante décadas negaron que producían cáncer) y que las petroleras (durante medio siglo negaron el cambio climático).
El teatro del agronegocio se monta sobre un mito principal: los transgénicos son necesarios para alimentar la creciente población mundial. Argumento desmentido incluso por la propia FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), espacio que apoyó el avance transgénico en el mundo. El hambre del mundo no se debe a la falta de alimentos, sino a su injusta distribución.
“Paren de fumigar”
En los primeros años de la década del 2000 nació en Argentina la “Campaña Paren de Fumigar”, espacio de referencia en la producción de material y debates sobre el impacto sanitario de los agroquímicos. Asambleas, charlas, movilizaciones y todas las acciones imaginables para proteger la salud de la población. En decenas de localidades lograron ordenanzas que limitan las fumigaciones y, en otras impulsaron la vía judicial.
La ONG Naturaleza de Derechos(3) sistematizó los fallos que frenan las fumigaciones con agrotóxicos:
2003. Loma Senés (Formosa).
2008. Alberti (Buenos Aires) e Ituzaingó Anexo (Córdoba).
2009. San Jorge (Santa Fe) y Alberti (Buenos Aires).
2010. La Leonesa y Las Palmas (Chaco). Alberti (Buenos Aires).
2011. Las Antillas (Salta).
2012. Alberti (Buenos Aires) e Ituzaingó Anexo (Córdoba).
2013. Alberti y Mar del Plata (Buenos Aires), Merlo (San Luis).
2014. Paraná (Entre Ríos), Coronel Suárez y Mar del Plata (Buenos Aires).
2015. Guernica (Buenos Aires) y Totoras (Santa Fe).
2016. Alberti (Buenos Aires) y Piamonte (Santa Fe).
2017. Santa Ana (Entre Ríos).
2018. Entre Ríos y Chascomús (Buenos Aires)
2019. Pergamino y Exaltación de la Cruz (Buenos Aires) y Entre Ríos.
Jueces y fiscales tienen herramientas para frenar las fumigaciones, sobre todo la Ley General del Ambiente (25.675), donde se establece el “principio precautorio”: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Estados Unidos
La multinacional Bayer compró Monsanto en 2018 por 63.000 millones de dólares. Se transformó así en la mayor empresa de semillas transgénicas y agrotóxicos del mundo.
Su primer anuncio fue que desaparecería el nombre de Monsanto (aunque seguirá comercializando todos sus productos) y comenzó una campaña publicitaria para mejorar su imagen. Utiliza los mismos argumentos que Monsanto para aumentar sus ventas de agroquímicos: niega los cientos de estudios independientes que confirman los efectos en la salud.
La Coordinación Contra los Peligros de Bayer es una red europea de organizaciones y activistas que difunden denuncias sobre el accionar de la compañía, tanto en su aspecto farmacéutico como del agronegocio. "El modelo de negocio de Bayer y Monsanto carece de escrúpulos. Ambos obtienen sus beneficios con pesticidas y técnicas de manipulación genética, dañan la salud de agricultores y consumidores, alteran el clima, destruyen la biodiversidad y ponen en peligro las bases de la alimentación y subsistencia de las generaciones futuras. Bayer, al fusionarse con Monsanto, potencia este amenazador modelo de negocio y busca aumentar los beneficios de sus grandes accionistas a costa de la gente y la naturaleza", afirmó la organización.
Bayer cuenta con nuevo eslogan: "Ciencia para una vida mejor".
En agosto de 2018, en Estados Unidos, se dio la primera condena contra Monsanto-Bayer. Dewayne Johnson fue indemnizado con 78 millones de dólares por contraer cáncer al utilizar glifosato en su trabajo como jardinero.
El 27 de marzo de 2019, un jurado de California condenó a la empresa a pagar80 millones de dólares por "negligencia", al haber ocultado los riesgos de su herbicida Roundup (marca comercial del glifosato de Monsanto). La demanda fue presentada por Edwin Hardeman, un jubilado de la ciudad de Sonoma. Fue la segunda parte del juicio. En la primera, diez días antes, se había concluido que el agrotóxico fue un "factor determinante" en el Linfoma No Hodgkin (cáncer) que se le diagnosticó a Hardeman en 2015.
"El jurado responsabilizó a Monsanto por sus 40 años de conducta delictiva corporativa",explicaron las abogados del demandante, Jennifer Moore y Aimee Wagstaff en un comunicado a la prensa.
El 13 de mayo, tribunales de California (Estados Unidos) determinaron que la multinacional debe pagar 2000 millones de dólares a un matrimonio (Alva y Alberta Pilliod) que utilizó Roundup y contrajo cáncer. La sentencia afirma que la empresa actuó con “negligencia”, al ocultar las consecuencias del veneno. El jurado determinó que el “diseño” del Roundup (marca comercial de Monsanto) fue la causa principal del daño, confirmó que el químico representa “un peligro importante” para las personas que lo utilizan, afirmó que Monsanto “no proporcionó una advertencia adecuada sobre los riesgos potenciales” y ésto representó un factor importante para provocar el daño en la salud de los Pilliod.
El jurado de Estados Unidos determinó que Monsanto diseño, fabricó y distribuyó Roundup de “forma negligente”, afirmó que la compañía sabía (o debía saber) que Roundup era peligroso o que podría provocar daños y no advirtió de forma apropiada. El otro punto clave, que elevó la condena de 2000 millones de dólares, el fallo confirma que Monsanto actuó con “vicio, dolo o mala fe” al poner su herbicida en el mercado y no advertir sobre los riesgos que implicaba.
Monsanto-Bayer acumula, sólo en Estados Unidos, más de 13.000 demandas. Una muestra de la crisis de la compañía alemana: perdió casi el 40 por ciento de su valor bursátil desde que adquirió a Monsanto.
¿Escuelas o transgénicos?
El Foro Ecologista de Paraná (Entre Ríos) y el sindicato docente Agmer (Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos) presentaron en agosto de 2018 un amparo ambiental para proteger de agrotóxicos a los niños y trabajadores de las escuelas rurales. El juez Oscar Daniel Benedetto, de la Cámara II de la Sala II se expidió el 1 de octubre: en un fallo judicial sin precedentes, prohibió fumigar con agrotóxicos a menos de 1000 metros de las escuelas de Entre Ríos. Y la distancia de protección se extiende a 3000 metros si las aplicaciones son aéreas. La protección abarcó a todas las escuelas de la provincia.
"Es imposible de obviar que el modelo de producción agrícola puede generar un creciente problema de salud pública, debido a que los plaguicidas contienen sustancias químicas tóxicas que afectan a los cultivos, pero que muy probablemente también tengan efectos nocivos en la salud de la población rural", se lee entre los fundamentos del fallo, de 21 páginas.
El juez Benedetto tuvo presente el principio precautorio vigente en la Ley General del Ambiente (25675): "En materia ambiental se impone la necesidad de adoptar un criterio de precaución (...) El peligro inminente se materializa en la amenaza de la aplicación de los agrotóxicos. Y destacó que la falta de certeza científica sobre sus consecuencias no me parece un argumento que justifique la improponibilidad de la acción, sino todo lo contrario, ya que no es posible soslayar que se trata de una situación extremadamente delicada y sensible, estando en juego la salud de miles de niños entrerrianos".
El amparo que protege las escuelas fue apelado cuestionado por el gobernador Gustavo Bordet, que el 2 de enero de 2019 publicó un decreto contrario al fallo y redujo a sólo 100 metros la protección de las escuelas rurales.
El Foro Ecologista de Paraná, ya como parte de la "Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos. Basta es basta" (reúne a asambleas socioambientales, organizaciones sociales y docentes), presentó un amparo contra el decreto. En marzo de 2019 una sentencia judicial anuló el decreto del gobernador Bordet.
El presidente Macri, en apoyo explícito al agronegocio, cuestionó al Poder Judicial: “Es un fallo irresponsable. Pone en peligro el trabajo de muchos entrerrianos".
La Coordinadora "Basta es Basta" le contestó en un comunicado: "Señor presidente, nuestros gurises merecen el mismo ambiente que su hija Antonia".
El miércoles 15 de mayo, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, máximo tribunal provincial, declaró la inconstitucionalidad del decreto del gobernador Gustavo Bordet, que permitía fumigar a solo 100 metros de las escuelas rurales. De esta forma, continua vigente el amparo ambiental que aleja las fumigaciones terrestres a 1000 metros de las escuelas (3000 si son aéreas).
El jueves 23 de mayo se produjo una insólita manifestación en Paraná: productores sojeros exigieron que el Poder Judicial que revierta el fallo y propusieron cerrar las escuelas para poder seguir fumigando con agrotóxicos.
Pruebas
Un argumento recurrente de los defensores del agronegocio es que “no existen pruebas” de los efectos del glifosato. A nivel internacional son muy conocidos los estudios del investigador francés Gilles-Eric Seralini, especialista en biología molecular y docente de la Universidad de Caen (Francia). Confirmó que el herbicida Roundup estimula la muerte de las células de embriones humanos, lo que podría provocar malformaciones, abortos, problemas hormonales o de reproducción, además de distintos tipos de cánceres. También demostró la conformación de tumores en roedores alimentados con transgénicos.
Le implicó réplicas personalizadas de Monsanto, con campaña mediática de difamación incluida.
La estocada mayor sucedió en marzo de 2015. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) es un ámbito especializado de la Organizaciones Mundial de la Salud (OMS). Luego de un año de trabajo de 17 expertos de once países, emitió un documento inédito: “Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)”. Detalló que la evidencia en humanos corresponde a la exposición de agricultores de Estados Unidos, Canadá y Suecia, con publicaciones científicas desde 2001. Y destacó que el herbicida “también causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas” (situación que tiene relación directa con el cáncer).
Con la nueva evaluación el glifosato fue categorizado en el “Grupo 2A”, que significa en parámetros de la Organización Mundial de la Salud: “Probablemente cancerígeno para los seres humanos”. Esta categoría se utiliza cuando hay “pruebas limitadas” de carcinogenicidad en humanos y “suficiente evidencia” en animales de experimentación. La evidencia “limitada” significa que existe una “asociación positiva entre la exposición al químico y el cáncer” pero que no se pueden descartar “otras explicaciones”. El IARC-OMS trabaja sobre cinco categorías de sustancias que tienen relación con el cáncer. El “Grupo 2A” es el segundo nivel de peligrosidad, sólo superado por “Grupo 1”, donde se ubican, por ejemplo, el asbesto y la radiación ionizante.
Monsanto, que entre sus argumentos utilizaba hasta ese momento informes de la IARC, pasó a acusarla de hacer “ciencia basura”.
A nivel local, en 2018 se publicó “Antología tóxica del glifosato”, una minuciosa recopilación de 830 trabajos académicos (de Argentina y del exterior) que dan cuenta de los efectos del glifosato y su vínculo con el cáncer, malformaciones, intoxicaciones y abortos espontáneos, entre otras consecuencias.
"Esta recopilación suma 830 artículos científicos o papers, es decir: informes de investigaciones clínicas, experimentales, de laboratorio, revisiones, contestaciones, recopilación, resúmenes de congresos, que han sido objeto de publicación en revistas o journales científicos. Todos los trabajos han sido sometidos a revisión por un comité de científicos y aprobados para su publicación al ser considerados significativos", explica el trabajo, realizado por Eduardo Martín Rossi, integrante del colectivo Paren de Fumigar de Santa Fe, que se decidió a analizar y estudiar todas las publicaciones para desmentir los dichos de los publicistas del agronegocios.
De 182 páginas, se puede acceder vía Internet (https://bit.ly/2mewyYH ), cuenta con el detalle y link de de las investigaciones. Más de cien son de universidades públicas de Argentina (UBA, La Plata, Río Cuarto, Litoral). El primer capítulo precisa 141 trabajos sobre el impacto del glifosato en la salud humana. El capítulo dos detalla 102 investigaciones sobre "mecanismo de fisiopatología celular de cáncer". El capítulo tres se dedica a "toxicidad en los sistemas orgánicos", con 89 publicaciones académicas. El capítulo cuatro se dedica a trabajos específicos de impacto "en la biodiversidad", con 336 investigaciones.
"No es casualidad que en los pueblos agrícolas se multiplique el hipotiroidismo, el asma bronquial, los trastornos reproductivos y las enfermedades oncológicas produciendo un cambio evidente en el patrón de morbilidad y mortalidad", alerta el trabajo.
La recopilación recuerda que Monsanto publicitó "con información falsa que el glifosato era biodegradable". En 2007 Monsanto fue condenada en Francia por publicidad engañosa. Decenas de investigaciones dan cuenta, desde hace décadas, que el herbicida "es altamente persistente en el ambiente, en el suelo y cursos de agua".
Entre las empresas que comercializan glifosato en Argentina figuran Monsanto, Bayer, Syngenta, Red Surcos, Atanor, Asociación de Cooperativas Argentinas, Nufram, Agrofina, Nidera, DuPont, YPF y Dow.
La antología recuerda que la autorización de los agrotóxicos (llamado "fitosanitarios" por las empresas y funcionarios) se realiza en base a estudios de las propias empresas y que sólo analiza los efectos agudos (no investigan qué produce un químico en el largo plazo de exposición). En el caso de glifosato, "Monsanto sólo experimentó tres meses con roedores". En base a ese estudio, la empresa aseguró que el herbicida no producía efectos adversos.
"Científicos independientes midieron efectos crónicos (durante dos años). A partir del cuarto mes los roedores machos presentaron tumores. A partir del séptimo mes comenzó el mismo proceso en hembras. Y en el mes 24, el 80 por ciento de los roedores tuvo tumores", explica la recopilación.
Más de un centenar de trabajos científicos son de universidades públicas de Argentina, entre ellos el grupo de investigación de Rafael Lajmanovich (doctor en ciencias naturales de la Universidad Nacional del Litoral), que confirmó el efecto letal del glifosato en anfibios, y el Equipo Multidisciplinario de Interacción Socioambiental (Emisa), de la Universidad Nacional de La Plata, que demostraron la presencia de glifosato en alimentos, ríos, patios de escuelas y hasta en la lluvia.
El modelo
El problema de fondo no es el glifosato. Se hace eje en él porque es el más utilizado, el que más facturación produce a las compañías y, al mismo tiempo, que más denuncias provoca.
Las voces críticas al agro transgénico (campesinos, indígenas, asambleas socioambientales, académicos) cuestionan el modelo de agronegocio, en base a transgénicos y decenas de agrotóxicos, y en manos de un puñado de multinacionales.
Cuatro empresas que dominan el mercado de semillas y agrotóxicos: Bayer-Monsanto, ChemChina-Syngenta, Brevant (Dow y Dupont) y Basf. En 2015 facturaron 85.000 millones de dólares y, según proyecciones de Bayer, llegarán 120.000 millones en 2025.
“Controlan precio, innovación e impacta en las políticas agrícolas. Países que están con un alto grado de agricultura industrial, como Argentina, pasan a estar en situación de vulnerabilidad. Incluso en términos de soberanía. Estas empresas tienen un poder de negociación que es mucho más que de negociación, es de imposición sobre un país, incluso con leyes a medida”, explicó Silvia Ribeiro, Investigadora del Grupo ETC (Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración).
La Relatoría Especial sobre el Derecho a la Alimentación es el máximo espacio de Naciones Unidas dedicado al tema. Al frente está la especialista Hilal Elver, de origen turco. Visitó la Argentina en septiembre de 2018 y confeccionó un informe para el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
"En el marco de la agricultura industrial a gran escala, es esencial que se tome en cuenta el verdadero costo de los métodos de producción en relación con el suelo y los recursos hídricos, y el impacto de la degradación ambiental sobre generaciones futuras, en lugar de concentrarse únicamente en la rentabilidad y el crecimiento económico a corto plazo", alertó la relatora especial de Naciones Unidas.
Dedicó un apartado especial al glifosato: "Se aplica indiscriminadamente en la Argentina, sin tener en cuenta la existencia de escuelas o pueblos en las cercanías. Como resultado de ello, se me ha informado acerca de un aumento en la cantidad de personas que han perdido la vida o padecen enfermedades que ponen en riesgo su vida (…) La exposición a plaguicidas puede tener efectos muy peligrosos para la salud de los seres humanos, en especial para niños y mujeres embarazadas que son más vulnerables".
Hilal Elver cuestionó que la agricultura industrial está controlada por pocas y grandes empresas, y alertó que el Gobierno ya decidió su rol: "Durante las entrevistas con funcionarios de la Secretaría de Agroindustria observé una tendencia a apoyar el modelo agroindustrial y a realizar serios recortes en el apoyo, el personal y el presupuesto del sector de la Agricultura Familiar, incluido el despido de casi 500 trabajadores y expertos".
Reivindicó el papel de la agricultura campesina. En la conclusión resaltó: "Reitero la importancia de la agricultura familiar para lograr el objetivo de una alimentación adecuada y saludable para todos los argentinos. Debería ponerse empeño en promover la agricultura familiar como prioridad. Es la única manera de lograr un equilibrio, única manera de lograr una solución sostenible y justa para el pueblo argentino".
En mayo pasado, en la ciudad de Buenos Aires, se realizó un inédito “foro agrario”, que reunió durante dos días a más de 3000 campesinos, indígenas, productores familiares. Impulsado por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), entre otras organizaciones, elaboró propuesta concretas de políticas públicas para el sector rural, con una urgente democratización de la política agropecuaria.
Entre las políticas a implementar: acceso a la tierra, basta de fumigaciones con agrotóxicos, fomento de la agroecología como política de Estado, soberanía alimentaria y un tema que irrita a los conservadores transgénicos argentinos: reforma agraria integral.
Este artículo es parte del proyecto Atlas del Agronegocio Transgénico en el Cono Sur realizado con el apoyo de Misereor
Notas:
1 Pengue, W. 2005. Cultivos transgénicos: ¿hacia dónde vamos? Agricultura Industrial y Transnacionalización en América Latina. PNUMA. Serie Textos Básicos para la Formación Ambiental.
Durante el 8 y 9 de agosto del año 2018, decenas de comunidades de la región norte, selva y altos de Chiapas, se reunieron en el pueblo de Bachajón para intercambiar experiencias encaminadas a fortalecer gobiernos comunitarios.
Durante la asamblea realizada en la cabecera municipal del municipio de San Juan Cancuc, el 23 de marzo pasado, habitantes de 43 comunidades tseltales firmaron un acta de acuerdo donde rechazan otorgar los permisos para la reactivación de los trabajos técnicos del proyecto carretero entre San Cristóbal de las Casas-Palenque, Chiapas.
Asamblea de autoridades locales de Cancuc. Mayo, 2019.
El documento firmado por autoridades comunitarias, expresa el posicionamiento unánime contra la imposición del proyecto carretero del gobierno estatal. Además se desmiente el documento con fecha de 30 de julio del año 2014, que afirma tener el respaldo de los comuneros, mediante un acta de acuerdo que según el secretario de gobierno del estado del Chiapas, Ismael Brito, se levantó en este año. En este documento no solo se aprueba el paso de la carretera, sino que establece que cuenta con el apoyo de los comuneros. Y al ser desconocido por estas comunidades "queda sin efecto dicho documento”, refiere el acuerdo de las comunidades sobre la súbita aparición de esta acta de aquel año.
“Los habitantes del municipio de San Juan Cancuc tienen sus terrenos con las medidas muy pequeñas que las conservan y son las únicas que nos dan para vivir el autoconsumo. Los terrenos afectados pertenecen a varias comunidades del municipio, no solo a la comunidad de Crusiljá y Yaxnail ya que son tierras comunales”,
manifestaron las autoridades locales durante la asamblea en la cual también aprovecharon para denunciar la nula respuesta del gobierno estatal ante los escritos de inconformidad que las comunidades enviaron desde el 1 de abril.
Prioridades
Tras la victoria electoral en julio de 2018, el nuevo gobierno estatal a cargo de Rutilio Escandón del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha enfatizado que la administración chiapaneca a su cargo priorizará el desarrollo de proyectos carreteros.
Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas en reunión con empresarios del estado sureño de México
“Lo que necesita Chiapas son carreteras, supercarreteras y caminos que comuniquen todos los pueblos con las principales ciudades del estado y esa será una prioridad del gobierno”, declaró Escandón ante empresarios chiapanecos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), al vincularlo con otros planes de infraestructura en el sureste mexicano como el denominado tren maya.
En contraste al diálogo permanente entre gobierno y empresarios, los pueblos y comunidades del municipio de San Juan Cancuc no han recibido respuesta a sus escritos de inconformidad entregados en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado.
Rechazo, no sólo en Cancuc
También ocho municipios de Chiapas se unieron a San Juan Cancuc en el rechazo de la construcción del tramo carretero San Cristóbal de las Casas-Palenque pues “el único beneficio que obtienen nuestras comunidades, es el despojo del territorio, y la destrucción de nuestra hermana madre tierra”, manifestaron integrantes de las parroquias de Yajalón, Candelaria, Huixtán, Oxchuc, Ocosingo, Altamirano, Chilón, Sitalá y Chicomuselo que integran el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite).
“Nuestros pueblos originarios exigen que el gobierno actual, NO REGRESE AL PASADO, QUE ESCUCHEN NUESTRA VOZ, NUESTRAS DEMANDAS Y RESPETEN EL DERECHO DEL PUEBLO. El camino de la imposición y las falsas consultas destruyen la vida de nuestras comunidades. No queremos más destrucción a la Madre Tierra, y los más de 185 kilómetros que requiere la construcción de la supercarretera, nos despojará de nuestro territorio rico en agua, ríos, árboles y BASTOS RECURSOS NATURALES QUE ES EL INTERÉS PRIMORDIAL DE LAS GRANDES TRANSNACIONALES Y EMPRESAS EXTRACTIVAS PARA EL SAQUEO DESMEDIDO DE ESTOS RECURSOS”, enfatiza el comunicado.