Avispa Midia, un proyecto independiente y autónomo de periodismo, fue anunciado como uno de los finalistas del 2018 Freedom of Expression Awards Fellowships, ofrecido por Index on Censorship, una organización británica que publica trabajos de escritores y artistas censurados y campañas contra la censura en todo el mundo. El premio está en su decimoctava edición.
Alrededor de 400 proyectos de todo el mundo fueron inscritos en cuatro categorías – arte, campañas, activismo digital y periodismo. Por cada categoría fueron nominados cuatro proyectos como finalistas, siendo Avispa Midia nominado en la categoría periodismo de alto impacto, que expone la censura y las amenazas a la libre expresión, juntamente con proyectos realizados en Croacia, Honduras y Estados Unidos. En las demás categorías están comunicadores y proyectos de países como Congo, Paquistán, Afganistán, España, Azerbaiyán, Kenia, Irán, Rusia, Zimbabue, Palestina y Congo.
Algunos de los nominados incluyen la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Homosexuales y Lesbianas, un grupo que desafía proactivamente la discriminación LGBTI a través de los tribunales de Kenia; Mèdia.cat, un sitio web catalán que destaca las violaciones a la libertad de los medios de comunicación e investiga historias poco denunciadas o censuradas.
De acuerdo con Index on Censorship, los nominados son artistas, escritores, periodistas y activistas que han enfrentan y superan la censura y luchan por la libertad de expresión, enfrentando inmensos obstáculos. “Muchos de los 16 candidatos preseleccionados se enfrentan a amenazas de muerte regulares, otros a procesos penales o al exilio”, sostuvo la organización en boletín de prensa.
Los jueces de este año son la reportera de la BBC Razia Iqbal, la directora ejecutiva de Serpentine Galleries Yana Peel, el fundador del CEO de Raspberry Pi Eben Upton y Tim Moloney QC, subdirector de Doughty Street Chambers.
Cabe destacar que Avispa Midia ha realizado sus trabajos de investigación de forma autónoma, con escasos recursos económicos y materiales, recurriendo constantemente a la solidaridad, a la venta de fotografías, fiestas y campañas de crowfounding para sostener el proyecto.
Los ganadores de dicho premio serán anunciados en Londres el 19 de Abril.
Plantaciones de palma aceitera de la empresa NAISA en el sur de Sayaxché. A pesar de la devastación causada por los monocultivos de palma, Rainforest Alliance y el INAB ejecutan un programa de incentivos forestales para la producción de palma.
Además de que la industria de la palma aceitera ha expandido su presencia en las tierras del norte de Guatemala mediante estrategias de dudosa legalidad, los análisis de los flujos económicos que se relacionan con las empresas dominantes y sus capitales arrojan evidencias de un vínculo con el crimen organizado, específicamente con el tráfico de drogas en lo que concierne a inyectar al mercado, el dinero “sucio” resultado de sus actividades.
De acuerdo a investigaciones realizadas por Luis Solano, aún privadas pues forman parte de demandas judiciales en proceso, el Estado guatemalteco apoya a través de sus funcionarios e instituciones la presencia legal de finqueros vinculados con negocios ilícitos que concentran tierra de manera ilegal para formar grandes fincas palmeras en el Petén.
“Por ser una zona tan extensa y con una frontera tan amplia con México, hay de todo: agronegocios, narcotráfico, contrabando, trata de personas, migración. Es una zona prácticamente sin una presencia de Estado y el crimen organizado lo tiene como uno de sus territorios claves”, destaca el investigador.
Nuevas alianzas
Dentro de los fenómenos de la reconfiguración territorial en los municipios peteneros de Sayaxché, San Francisco y La Libertad, Solano identifica los vínculos entre la narcoganadería y los monocultivos de palma aceitera que se expanden hasta incursionar incluso en las zonas de áreas protegidas.
“Hay un enriquecimiento de grupos que están lavando mucho dinero constituyendo fincas y empresas a partir de lo ilegal para luego legalizar empresas de agronegocios y ganaderas que luego de legalizadas estas, se asocian a los grandes capitales guatemaltecos y extranjeros, hacen alianzas y afloran nuevos negocios, nuevas alianzas, nuevas sociedades”, apunta Solano.
Sin embargo, no en todos los territorios se da esta amable sociedad corporativa. En la FTN han existido conflictos con las industrias palmeras ya que muchas de las tierras codiciadas para la instalación de monocultivos pertenecen a narcotraficantes. Son potreros o fincas deshabitadas, sin cultivos, propiedad de criminales o militares, con quienes las empresas tienen que negociar obligada y desfavorablemente pues se niegan a pagar las exorbitantes sumas de dinero por la tierra, ya que sus dueños no las quieren destinar a la palma.
“En el caso de Palmas de Ixcan se proyectaban obtener 25,000 hectáreas y sólo lograron como 15,000. En gran parte no lo lograron por la narcoganadería o porque hay tanto conflicto agrario en la zona donde ellos están que es imposible ampliarse. Pero en el caso de Sayaxché la empresa que tiene mayor trayectoria e historial de desalojos y de eliminación de comunidades es Repsa-Olmeca del Grupo HAME”.
“Allí desaparecieron varias comunidades, en la ruta que va de la FTN al poblado de Sayaxché, la cabecera municipal. La empresa tiene aparatos de seguridad enormes, con sicarios a sus servicios porque existe una historia desde la época de la contrainsurgencia. Esos terratenientes de apellido Molina Espinoza, son los mayores terratenientes de Guatemala, grandes productores de algodón y banano; ellos contribuyeron con el ejército y hay documentación de cómo también participaron en la formación de escuadrones de la muerte para proteger sus tierras y apoyar a los militares, poniéndole al servicio sus naves aéreas, avionetas o helicópteros que se usaban en las fincas para artillarlas y usarlas en la guerra. Y toda esa historia de violencia política la arrastran hasta la fecha”, denuncia Solano.
Durante el gobierno de Colom (2004-2011) el Estado promovió la instalación de palma aceitera con los pobladores denominándolos como productores independientes. A través del Banco de Desarrollo Rural fomentó y financió el cultivo de pequeñas plantaciones entre los parcelarios. Dicho proyecto nació para acompañar las inversiones de capital estadounidense en Palmas de Ixcán a través de la FTN.
Al mismo tiempo, militares y narcotraficantes con grandes fincas también comenzaron a producir palma pero al no contar con plantas para extraer el aceite, se vieron obligados a vender el fruto a Palmas de Ixcán. Pese a que el programa terminó, la relación entre las plantaciones y la empresa continua.
86% de la cocaína traficada mundialmente atraviesa Centroamérica, dejando un estimado de 6 billones de dólares en ganancias ilegales anualmente en la región. En Guatemala se ha calculado que dicha actividad representa el 10% de su PIB por lo que el lavado de dinero es una “necesidad” que sucede encubierta en el Petén mediante la reconversión de bosques para la ganadería, la tala ilegal de madera y los agronegocios como la palma aceitera. El lavado de dinero en Guatemala es indispensable para sostener el capitalismo global tal como en 2009 lo evidenció Antonio Maria Costa de la oficina contra narcóticos de Naciones Unidas quien declaró que las ganancias generadas en el tráfico de drogas mundial eran la única fuente de dinero en efectivo a los que los bancos trasnacionales tuvieron acceso para solucionar los problemas de liquidez durante la crisis financiera mundial iniciada en 2008.
En municipios como Fray Bartolomé de las Casas y Raxruhá, atravesados por la FTN, hay fincas con plantaciones de palma que públicamente son de narcotraficantes. Una de las más famosas por su extensión y otrora actividad ganadera, la finca Sebol, es propiedad de Otoniel “El Loco” Turcios Marroquín quien fue contratista del gobierno guatemalteco durante la administración del presidente Colóm y además dirigió uno de los grupos que el grupo criminal mexicano de los Zetas utilizó entre 2006 y 2010 para incursionar en territorio guatemalteco.
Las operaciones de “El Loco” no se limitaron al trasiego de drogas, pues en 2010 cuando fue capturado en Belice y extraditado a EU ya era pionero en la siembra y cultivo de palma. Marroquín operó en Alta Verapaz pero también en el sur del Petén. En 2011, en el municipio de San Luis, a través de Palmas de Desarrollo (Padesa) propiedad de la familia Maegli-Muëller, (dueños de Naturaceites y de Palmas del Ixcán), presentó un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para inscribir las plantaciones de palma aceitera de la finca Sechin dentro del Programa de Incentivos Forestales (Pinfor).
Tras el traslado de Marroquín a EUA y después de cuatro años y ocho meses, fue excarcelado.
“Hay un vínculo de negocios entre ellos. En absoluto hay una una negativa para no comprarle el fruto de la palma a narcos. Muchos de estos también disfrazan sus fincas con nombres de empresas para legalizarlas. Originalmente el estado lo promovió, ya no. Ahora todo está en manos privadas y por ser una zona de mucha presencia de narcotraficantes la lógica dice que hay una relación de narcofinqueros con las empresas extractoras y los productores independientes que surgieron a partir del Estado”, señala Solano.
Según el reporte Siguiendo la ruta del dinero realizado en 2011, las actividades del crimen organizado en Centroamérica han evolucionado de manera que la región dejó de ser un puente o bodega para convertirse en una estación de servicios que el crimen organizado utiliza para abastecerse y garantizar el envío de sus mercancías a los Estados Unidos. De entre las actividades para el tráfico de drogas y armas, los grupos delincuenciales se ven en la necesidad de crear condiciones adecuadas para el retorno de las utilidades en otras actividades, además de las ilícitas, por lo que las altas tasas de lucro en las inversiones de palma aceitera convierten la industria en una opción para lavar dinero del narcotráfico.
El narcotráfico y la deforestación
Otra de las consecuencias a las actividades ilícitas que acompañan el cultivo de palma, es la destrucción de bosques nativos. Si bien el Petén mantiene décadas de intensa deforestación, un estudio publicado en mayo de 2017 por Environmental Research Letters demuestra que durante 2005 y 2009 ocurrió un despunte en la pérdida forestal de Centroamérica, periodo que coincide con el incremento del trasiego de cocaína por la región. De los seis países, Guatemala obtuvo la mayor tasa de deforestación de la región. Sólo el departamento del Petén acumuló el 75% de la pérdida boscosa nacional entre los años de 2000 y 2013.
Otro estudio del mismo instituto revela que entre 2005 y 2010, el 23% de la expansión de la palma en el Petén reemplazó la producción de granos básicos, mientras que el 27% de dicho crecimiento ocurrió a costa de la pérdida forestal y de mayores presiones sobre los recursos hídricos destinados para el cultivo de la palma.
Según el análisis los grandes capitales agroindustriales, que constituyen uno de los mayores motores de la deforestación a nivel mundial, están cada vez más impregnados por dinero del narcotráfico en Centroamérica y a su vez son responsables de entre el 20% y 25% de la pérdida forestal en Guatemala entre 2001 y 2013.
Al mismo tiempo que gozan de los recursos hídricos y extensiones de tierras despojadas a campesinos e indígenas, las plantaciones de palma poseen incentivos forestales, pues cuando son considerados bosques son “recompensados” a través del Programa de Incentivos Forestales del Estado de Guatemala, además de participar en programas de “reforestación” a través de ONGs trasnacionales como Rainforest Alliance con sede en Nueva York.
Contradictoriamente, los índices de deforestación son mayores en los años recientes debido a la tala inmoderada de bosques para dar paso a plantaciones de palma, mismas que son promovidas como sustentables por la ONG norteamericana, la cual para 2016 ha certificado más de 45 millones de hectáreas en el mundo para empresas como Chiquita (heredera de la United Fruit Company, responsable de planificar y ejecutar golpes de Estado en Centroamérica durante la segunda mitad del siglo pasado) y Kraft quienes han reforzado sus campañas de lavado verde para presentar sus productos ante el mercado mundial como responsables ante el medio ambiente.
Como resultado de dichas campañas de marketing, las corporaciones trasnacionales consiguen elaborar sus productos al menor precio, lo que conlleva la explotación de sus trabajadores y la destrucción del medio ambiente, todo oculto bajo los logotipos de certificación verdes.
La legitimación del sistema alimentario actual permite pues el mayor lucro de las empresas que colocan en los supermercados alimentos con leche en polvo de Nueva Zelanda, maíz de Estados Unidos, azúcar de Brasil, soja de Argentina y aceite de palma de Indonesia; ingredientes en lo más alto de la escala de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que contribuye a la intensificación del calentamiento global.
Un problema cercano al punto sin regreso, expresado mundialmente con las catástrofes actuales y futuras para toda la vida en el planeta.
El Río Paraná discurre a lo largo de unos 4.880 km entre Brasil, donde tiene sus fuentes, Paraguay y Argentina, donde desemboca en el Río de la Plata. Su cuenca abarca unos 2.600.000 km².
Nace de la confluencia del río Grande y el río Paranaíba, en Brasil. Desde el Salto del Guairá hace de frontera, entre Paraguay y Brasil primero, y a partir de su encuentro con el Río Iguazú, entre Paraguay y Argentina, precisamente hasta el encuentro con el Río Paraguay, donde se adentra en terreno argentino hasta su desembocadura en el Río de la Plata. También en su recorrido por Argentina sirve de límite entre diferentes provincias, en todo su recorrido.
Forma parte de la cuenca del Plata, que es la segunda cuenca más extensa de Sudamérica, sólo superada por la del río Amazonas. Tiene un caudal medio de 17.300 m³/s y máximo de 65.000 m³/s, lo que junto con su recorrido en llanura y su naturaleza aluvial, transportando una gran cantidad de sedimentos, provoca que transforme constantemente su propia morfología generando bancos e islas. Los afluentes Paraguay y Bermejo son los que aportan la mayor parte de los sedimentos que transporta.
Un estudio reciente del Conicet detectó la presencia alarmante de agroquímicos y metales pesados en la cuenca de uno de los principales ríos de Argentina
“No existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública” decía el investigador Andrés Carrasco (1946-2014), el célebre científico argentino que desafió al establishment político –y a sus pares– al denunciar los efectos nocivos del uso de glifosato en cultivos transgénicos cuando nadie lo hacía.
En cuanto a los detalles, el biólogo reveló que en el tramo superior de la cuenca “hay concentraciones de distintos insecticidas de uso agrícola”, mientras que desde la media hacia la baja “existe una contaminación múltiple” con algunos metales y principalmente con glifosato.
“Son los sitios más afectados. El glifosato es una molécula dominante. El Paraná está en problemas”,
RESALTÓ MARINO.
También explicó que si se toman en cuenta los parámetros internacionales, las muestras superaban por amplio margen los niveles de presencia tolerables con respecto al insecticida endosulfán (prohibido en el país en 2013), y sus posteriores reemplazantes: clirpirifós y cipermetrina.
“La publicación científica validada a nivel mundial dice que todas las muestras de agua superaron para, al menos alguno de los plaguicidas, el nivel guía recomendado para toda la biota acuática y recomienda articular políticas inmediatas. Hoy, en el mercado mundial, el 90 por ciento de los plaguicidas es glifosato y el 10% restante se reparte entre clirpirifós, cipermetrina y endosulfán”, sostuvo y mencionó que se obtuvieron resultados similares en el Río Paraguay, que también se incluyó en el trabajo.
Los monitores ambientales sobre las cuencas del Paraná se plasmaron en tres etapas: la primera fue en 2013, la segunda en 2016 y la más reciente en Enero de 2017, con las que se ratificó la presencia de agroquímicos tanto en el agua como en los sedimentos (barro del fondo).
“Las muestras se tomaron en las desembocaduras de los arroyos o ríos que drenan desde el interior del país hacia el Paraná, con el objetivo de ver el goteo permanente sobre el gran río”, contó Marino, que durante cinco años (2010-2015) llevó adelante un trabajo de investigación sobre el estado del recurso hídrico en la zona de Pampa del Indio, junto a la doctora Alcira Trinelli, especialista química de la UBA y el Conicet.
El especialista manifestó que de las muestras obtenidas se analizaron los efectos letales (organismos muertos) y subletales (alteración del desarrollo y la reproducción). “Lo relevante que se obtuvo es que las concentraciones de metales no superaban los niveles guías”, reveló, y puntualizó que sólo el plomo hallado en casi todas las muestras de sedimentos, en cantidades inferiores a las aceptadas, comprobaba la incidencia de las actividades antrópicas de ciudades que recorre el Paraná en su cuenca.
Como ejemplo, mencionó que las aguas de los ríos San Lorenzo, Saladillo y Pavón tienen sedimentos con concentraciones superiores que provocaban efectos letales en organismos. En tanto, implicancias subletales se notaron en la cuenca alta (provincia de Buenos Aires), con alteraciones en el crecimiento vinculadas a altos niveles de plaguicidas.
“Mirando los resultados, veíamos que el glifosato estaba pegado en partículas en suspensión o formando parte del sedimento. A partir de la cuenca media empezaba a aumentar la concentración. Y cuando llegaba a la altura de Luján, había aumentado mucho”,
SUBRAYÓ.
Llevando la explicación a números y comparaciones, alertó que los niveles de glifosato más AMPA (metabolito en la degradación del glifosato) halladas en la cuenca del río “son unas cuatro veces las concentraciones que pueden encontrarse en un campo sembrado con soja”. Entonces concluyó: “El fondo de un río que desemboca en el Paraná tiene más glifosato que un campo de soja”.
Hay más: todas las muestras de agua, material en suspensión y sedimento de fondo tenían presencia de insecticidas diseñados para matar insectos. “Esto muestra que los insecticidas están distribuidos a lo largo de toda la cuenca”, indicó el investigador.
Biodiversidad en caída
El contexto inicial en que Marino ubicó su presentación fue el informe de Planeta Vivo, una organización internacional que elabora un índice que mide la biodiversidad del planeta. Ese índice fue hecho sobre 10 mil especies de distinto tipo. “Se ve que entre 1970 y 2010, hubo un decaimiento del 52% de las poblaciones a nivel mundial. Pero en América Latina el valor es 80%. No es que hay menos especies, sino que los grupos poblacionales son más chicos”, graficó, y trasladando a la experiencia cotidiana explicó que la gente puede observar la presencia de menos cantidades de ranas o de peces.
Como concepto emergente del informe, resaltó que en menos de dos generaciones humanas se destruyó la mitad de la población de especies que había en la Tierra durante toda su evolución. En tanto, utilizando el concepto de Huella Ecológica, que se mide en varios países, dijo que “Argentina tiene esencialmente una huella basada en los sistemas agroproductivos”.
Luego, apuntó otro dato gráfico: tomando la biocapacidad, es decir cuánto puede ofrecer el planeta respecto de lo que se está usando, y cruzando con información de la evolución poblacional, puede verse que el 8 de agosto de 2016 la humanidad consumió todos los recursos naturales de ese año. “A partir de ahí consumimos recursos a crédito, se los estamos sacando a las generaciones futuras. La última vez que salimos hechos fue en diciembre 1970. Hoy estamos consumiendo por año un planeta y medio. Algo no está andando”, alertó.
Al respecto, resaltó que los plaguicidas “son una huella que vamos dejando a los sistemas ecológicos” y expuso que tienen asociado un concepto de dinámica. Desde el momento de la aplicación, ocurrirán procesos en la atmósfera, en el suelo, y otros que vincularán el suelo con el agua. Se dan todos en forma simultánea”.
El caso de Pampa del Indio
Luego de hallar glifosato en el agua usada para consumo en Pampa del Indio en el año 2012, la medida cautelar interpuesta tuvo efectos y las pulverizaciones dejaron de hacerse en superficies cercanas a poblaciones. Así lo resumió la doctora química de la UBA y científica del Conicet, Alcira Trinelli, quien durante media década estudió el agua para consumo y riego en esa localidad chaqueña y en parajes de la zona donde predomina la población aborigen y con alto nivel de vulnerabilidad social.
“Sabíamos que en ese momento había aviones fumigando sin restricciones sobre la lejanía de las zonas pobladas. Encontramos niveles elevados, como las 500 partes por billón en la entrada de la planta de tratamiento de agua”,
CONTÓ ALCIRA TRINELLI.
Trinelli explicó que las muestras se tomaron en la planta potabilizadora, aljibes de escuelas, aguas de napas, Pampa Chica, Lote 4, Campo Medina y Campo Nuevo; el río Bermejo y la red de agua de Presidencia Roca. Hubo campañas de muestreo en 2012, 2013 y 2014.
“Gracias a la medida cautelar que se interpuso poco después de esos muestreos donde se halló glifosato, a partir de 2013 en las muestras no fue detectado nuevamente”, ponderó. Lo más preocupante, recordó, fue el agua analizada en la zona de Campo Medida, que mezclaba múltiples contaminantes.
El estudio en Pampa del Indio surgió por un pedido expreso de la comunidad qom de la región, ante la falta de acceso al agua de calidad, y se financió con recursos de un voluntariado, subsidios de la Subsecretaria de Políticas Universitarias y de la propia universidad.
Tal como detalla Trinelli, el objetivo fue analizar la calidad del agua para consumo y riego, y así poder generar una herramienta científica que sirviera para sustentar los reclamos de acceso al agua. “En todos los parajes encontramos algún tipo de tóxico, excepto en el río Bermejo y en Presidencia Roca”, concluyó la especialista.
Esta tarde 14 de febrero se han puesto en alerta máxima todas las redes de apoyo del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) tras recibir la información oficial de que, la Caravana que recorría Baja California Sur, sufrió un grave accidente en la carretera federal 1 en San Ignacio y Vizcaíno. Se reporta hasta el momento la muerte de una consejal.
Por lo menos 11 integrantes del CIG, la Coordinación del Congreso Nacional Indígena (CNI), así como integrantes de las redes de apoyo de Baja California Sur viajabana en la caravana que tiene por objetivo recorrer diversos pueblos originarios, barrios y colonias en esta entidad federativa. El vehículo en el que viajaba la vocera del CIG, María de Jesús Patricio (Marichuy), era una camioneta nissan CZV, la cual sufío un accidente saliéndose del camino, así lo denuncio en sus redes sociales el CNI.
Se reporta una persona fallecida de la red de apoyo de Baja California. Marichuy tuvo una fractura y algunos integrantes del CIG se encuentran gravemente heridos, como el Concejal Francisco Grado, así lo denunció el CNI en sus redes sociales.
El CNI pide estar atento a la información de dichos acontecimeintos en sus redes sociales @CNI_Mexico.
Actualización por parte del Congreso Nacional Indígena
Las y los integrantes de la caravana del CIG fueron atendidos en el Hospital 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Guerrero Negro. En este momento se trasladan en dos helicópteros de la Fuerza Armada Mexicana, con destino al Hospital de Salvatierra en la ciudad de La Paz.
Les informamos que la compañera María de Jesús Patricio Martínez tuvo fractura de brazo e inflamación de la cabeza encontrándose estable.
El concejal del pueblo cochimi, Francisco Grado, se encuentra grave con fractura torácica, de pelvis y lesiones craneoencefálicas.
La concejala kumiai, Lucero Yslava Meza, presenta contusiones, lo mismo que Juana Villa Poblano, delegada comichi del CNI. Los compañeros Carlos González y Oscar Espino de la coordinación del Concejo Indígena de Gobierno presentan lesiones leves.
Del grupo de apoyo al CNI, CIG y su vocera de Baja California Sur viajaban la compañera Lorena Moreno Gómez quien resultó con contusiones, Ramona Avilés Aviña con múltiples fracturas, el compañero Antonio Diego Fernández Rosada de la Red Sudcaliforniana de Apoyo al CIG, quien conducía la camioneta también con lesiones leves.
Con gran dolor les comunicamos que nuestra compañera Eloísa Vega Castro de la Red Sudcaliforniana de Apoyo al CIG perdió la vida en este hecho.
Por lo anterior, nuestra compañera y vocera Marichuy suspende el recorrido que se tenía agendado. Agradecemos el respeto y solidaridad que como compañeras y compañeros han mostrado, agradecemos también la atención y seguimiento que han dado a la información emitida por nuestros medios, en la medida de lo posible continuaremos comunicándoles lo que ocurra.
Organizaciones sociales y ambientales, además del Consejo Intercomunitario del río San Pedro Mezquital compuesto por representantes de pueblos originarios Náyeri, Wixárika, Tepehuano y Mexicanero, en el estado de Nayarit, México, denunciaron la ausencia del proceso de consulta de parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quien promueve el proyecto hidroeléctrico de “Las Cruces”, el cual al represar el río San Pedro Mezquital dañaría irreversiblemente la complejas relaciones sociales, ambientales, y económicas de toda la cuenca, 255 km que desembocan en el sistema de humedales Marismas Nacionales, en el océano Pacífico.
Pese a que el marco jurídico mexicano contempla el mecanismo de consulta, y a pesar de que México es una de las decenas de naciones latinoamericanas que ratificaron el acuerdo 169 sobre consulta libre, previa e informada para pueblos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo, las comunidades a lo largo del río San Pedro para quien el río provee de sustento, espiritualidad e identidad cultural demandaron la cancelación de los permisos de autorización de impacto ambiental y el cambio de uso de suelo otorgado al proyecto de Las Cruces.
Desde los primeros meses de 2017, las comunidades iniciaron un proceso de amparo con el argumento de protección al territorio y el derecho a un medio ambiente sano y a la salud en sus comunidades. Además acusaron que quienes imponen el proyecto: la Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y CFE, quienes no tomaron en cuenta “el uso, y aprovechamiento que los pueblos indígenas realizan en dicho territorio, con subestimación de los impactos y riesgos regionales a nivel cuenca y para el ecosistema de humedales costeros, su biodiversidad, provisión de alimentos, viabilidad económica”, al otorgar los permisos para la construcción de la hidroeléctrica.
La represa inundaría la comunidad de San Blasito y afectaría a Saycota, además de 14 sitios sagrados y un centro ceremonial para los pueblos originarios de la región. Un aproximado de 4 mil 500 hectáreas de territorio donde yacen comunidades indígenas serían transformados, además de restringir el agua que nutre hacia uno de los bosques de manglar más grandes de México: Marismas Nacionales.
Las Cruces es una amenaza para la Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales, declarada sitio RAMSAR, una zona de más de 133 mil hectáreas entre los municipios de Santiago Ixcuintla, Tuxpan, Rosamorada, Tecuala y Acaponeta. Dicha área alberga el 20% de manglares de todo México, territorio poblado también por más de 20 mil aves acuáticas, mamíferos en peligro de extinción como la nutria de río, jabalí, puma, ocelote y el jaguar.
La comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, presentó el pasado 8 de febrero una queja ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el objetivo de denunciar las violaciones de derechos cometidas por Electricité De France (EDF Group), empresa transnacional fundada por el gobierno francés. La empresa pretende instalar el parque eólico “Gunaá Sicarú” con 115 aerogeneradores en la comunidad. Con este seria el cuarto parque de la empresa en México.
Avispa Midia reportó en noviembre pasado algunas de las estrategias que la empresa ha utilizado para llegar al territorio y las consecuencias para su tejido social, así como para el medio ambiente. Mientras los trámites legales están adelantados para iniciar la instalación del proyecto, la propuesta de consulta indígena aún no ha llegado a la comunidad.
Con la queja, realizada en acompañamiento de la asesoría del Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC A.C.) y firmada por el representante de la Asamblea Comunal, Oscar Marín, y la defensora comunitaria indígena de Unión Hidalgo, Guadalupe Ramírez, se espera que la OCDE “llame a EDF a cumplir su responsabilidad de generar mecanismos de diálogo con la comunidad; e impida una actuación corporativa contraria a lo que marcan las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales”, sostuvo ProDESC en su boletín de prensa, también reconoce que Francia, “como miembro de la OCDE, el Estado francés está obligado a vigilar que sus empresas respeten los derechos humanos en otros países”.
De acuerdo con las directrices de la OCDE, las empresas deberán respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos de las personas afectadas por sus actividades; implementar la debida diligencia basada en los riesgos; facilitar a las partes interesadas posibilidades reales de participación para planificar y tomar decisiones relativas a proyectos u otras actividades susceptibles de influir de forma significativa en las poblaciones locales; y abstenerse de cualquier injerencia indebida en las actividades políticas locales.
Desde inicios de 2017, la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo reunió evidencia sobre la eventual instalación en su tierra y territorio del parque eólico “Gunaá Sicarú”. Con el paso de los meses, la comunidad constató el avance y desarrollo de este proyecto sin que el Estado mexicano realizara una consulta indígena para obtener su consentimiento.
“Esperamos que la EDF cumpla con su responsabilidad de generar procesos de diálogo con la comunidad. De igual forma, esperamos que se pronuncie sobre los posibles abusos a derechos humanos cometidos por EDF o sus subsidiarias y que, de ser el caso, ofrezca acceso a mecanismos de reparación y remedio que puedan ser implementados y monitoreados”, sostuvo ProDESC.
Lo que sigue
Lo que sigue, explica el coordinador del Área de Justicia Transnacional de ProDESC, Juan Antonio López, para Avispa Midia, es la admisibilidad de la queja, presentada específicamente al Punto Nacional de Contacto (PNC) en Francia, una instancia intermediadora de la OCDE. “Van a decidir si se admite la queja en el PNC de Francia o en el PNC en México. Pero que se admite, se admite”, explica.
Después sigue un proceso de conciliación para llegar a acuerdos entre la empresa y la comunidad. “Hay dos posibilidades. Una es por mesa de trabajo o diálogo. Y la otra es por medio de escritos entre la empresa y la comunidad por medio del PNC”, dijo López.
El estado Francés participa del proceso ya que EDF es una empresa paraestatal. No solo entrarían los funcionarios de la empresa, también entrarían funcionarios del gobierno.
“Lo mejor es que la queja sea admitida en Francia. Eso porque, como han señalado distintos procedimientos de Naciones Unidas, los niveles de violencia, corrupción e impunidad en México hace que estos procedimientos sean poco funcionales”, sostuvo.
Todo el proceso puede tardar de seis meses a dos años, dependiendo de la voluntad de la empresa, señala el coordinador.
Preocupación
En la nota, ProDESC expresa su “preocupación por las recientes voces críticas sobre el desempeño del PNC con respecto a su mandato de impulsar la efectividad de los Líneas Directrices de la OCDE y de contribuir a la resolución de los temas relativos a la implementación de éstas. Esperamos que el PNC, en su facultad de resolver instancias específicas, garantice imparcialidad, equidad, accesibilidad, transparencia y participación de la comunidad durante el proceso”.
Otras acciones legales
Esta acción legal se suma a las demandas de amparo que la comunidad indígena, con el acompañamiento de ProDESC, presentó desde 2017 por la actuación y omisión de las autoridades mexicanas para: exigir información sobre el desarrollo del proyecto “Gunná Sicarú”; denunciar la autorización de permisos sin cumplir con los estándares internacionales; y denunciar la falta de una consulta indígena y el consentimiento libre, previo e informado para la instalación del parque.
Conducta reiterada de las empresas
El proyecto “Gunaá Sicarú” se estaría sumando a otros 23 parques ya instalados en la región del Istmo de Tehuantepec. La gran mayoría de estos proyectos se instauró con graves omisiones por parte de las empresas y el Estado mexicano, lo que trajo importantes afectaciones para las comunidades. “La comunidad enfatiza que las omisiones observadas para este proyecto eólico no son aisladas, sino parte de una conducta reiterada que debe ser modificada al interior de las empresas”, dice la nota.
En la queja también se advierte sobre la actuación de las filiales de EDF Group: EDF EN México, S. de R.L. de C.V. (EDF EN México) y Eólica de Oaxaca, S.A.P.I. de C.V. (Eólica de Oaxaca) en México.
