Una centena de indígenas zapotecos, campesinos en su mayoría, viven en constante tensión desde que un grupo armado acompañado con maquinaria pesada intentó desalojarlos de sus tierras en el mes de mayo del 2019.
Los habitantes de los parajes los Arquitos, el Rebolledo y Rio Minas, en el municipio de Cuatro Venados, Oaxaca, conocen cada vereda que se ha dibujado en estas tierras, conocen sus linderos y cada rincón que guardan las anécdotas de los más viejos.
En estos parajes hay dos concesiones mineras que pretenden explotar oro y plata, pero los habitantes han opuesto resistencia y han decidido defender su tierra, los bosques y los ríos. Personas externas a esta comunidad han catalogado a los comuneros y comuneras que habitan estas tierras como invasores de su propio territorio para justificar la intervención del propio Estado y poder dar paso a estos proyectos considerados de “interés público”.
“Cuando los coyotes aúllan” es un documental que recoge los sentires y la resistencia de este pueblo.
Este material audiovisual recoge imágenes de archivo, audios, fotografías, mapas, así como la edición final es uno de los productos finales realizados por la 1ª Generación de la Escuela de Periodismo para Jóvenes Indígenas y de Barrio de Avispa Midia, realizado con el apoyo de Alert Funds.
Una especie de rabia y de incertidumbre retorcía las tripas, cómo si la muerte se asomara por detrás de cada mirada cruzada. La tensión se mezclaba entre carcajadas y la seriedad que implicaba preparase para una gran represión. Había pues, un tenue recuerdo de las protestas que se habían vivido una década atrás, en el año de 2006, la primera gran resistencia del siglo XXI, cuando se paralizó todo Oaxaca.
Pero esta vez no se sabía de dónde vendría el golpe ni la intensidad.
Era el 19 de junio, de 2016, y rondaban las nueve de la mañana en el lugar conocido como Hacienda Blanca, dónde se desarrollaría el segundo frente de una gran batalla desigual. Las personas que mantenían contacto con la resistencia en Nochixtlán, un municipio ubicado a una hora de la ciudad de Oaxaca, recibían la información de que ya habían matado a una persona, después a otra más y a otra, hasta que se perdió el contacto por un momento.
Después, la información fue que habían varios muertos. Días después se confirmó que fueron asesinadas por lo menos ocho personas.
El último aviso fue que cientos de policías federales y estatales se dirigían hacia la ciudad de Oaxaca. El primer frente sería Hacienda Blanca. Eran las cuatro o cinco de la tarde cuando el primer helicóptero de la Policía Federal sobrevoló las barricadas: Era la señal de que se aproximaban.
Momentos más tarde comenzó la trifulca, pero, justo cómo se había avisado, los policías estaban usando armas de fuego. Primero dispararon gas lacrimógeno desde tierra y desde los helicópteros para dispersar a los manifestantes. Después comenzaron a disparar. A pesar de ello, los manifestantes opusieron resistencia hasta las ocho o nueve de la noche.
En Viguera, un reportero de Avispa Midia presenció los momentos en que un policía disparo directo hacia el joven Azarel Galán Mendoza de apenas 18 años, momentos después había muerto. El policía que lo mató, fue identificado tiempo después como, Ismael Mendoza Díaz, quedó exonerado de cargos y quedó en libertad.
Ese día, en Hacienda Blanca, cientos de camiones de trasporte de mercancías fueron retenidos, algunos trasportaban vehículos de último modelo, así como camiones cisterna que trasportaban combustible. Algunos de estos vehículos fueron utilizados como barricada. También utilizaron otros automóviles de la policía infiltrada; llantas, piedras y hasta tanques de gas.
La memoria en la gente, por las represiones pasadas en esta ciudad, despertó. Las personas que iban a su trabajo o hasta campesinos daban consejos de protegerse.
Aquí en este estado de la república mexicana, el 2º más pobre del país, han aprendido a resistir de diversas formas contra aquello que les afecta. En ese momento fue una Reforma Educativa-laboral, que busca privatizar la educación.
El operativo conjunto de la policía estatal y federal fue enviado para tomar el control de la ciudad y los puntos donde se habían levantado las barricadas. Aunque la policía no solo accionó con gas lacrimógeno, sino que también con sus armas de fuego. Durante más de 4 horas, el magisterio, familias solidarias y habitantes de esta zona intentaron contener el desalojo, no obstante, la fuerza y la violencia de la policía federal causó daños irreparables: 8 muertes y heridos; temor y rabia.
A pesar de esta situación, la policía tuvo que replegarse e intentar a toda costa despejar las vías de comunicación para avanzar hacia la ciudad de Oaxaca, aun así, no pudieron tomar el control.
En Bristol y Londres (Reino Unido) como en Budapest (Hungría), Madrid (España), Roma (Italia), Bruselas (Bélgica), Paris (Francia), Maastricht (Holanda), Berlín (Alemania), Lausana (Suiza), Copenhague (Dinamarca) o Göteborg (Suecia), decenas de miles de personas marcharon estas últimas semanas a través de Europa para denunciar el racismo. Estas protestas son parte del movimiento que empezó en los Estados Unidos por la muerte de un hombre negro, quien fue asfixiado a fines de mayo por un oficial de policía blanco en la ciudad de Minneapolis, Minnesota.
En Berlín, los organizadores esperaban que se presentaran 1,500 personas, pero se estima que 15,000 protestaron en el centro de la ciudad con carteles que decían “Alemania no es inocente” y “Black Lives Matter” (Las vidas negras importan), informó el medio de comunicación alemán DW.
Al igual que en muchas otras ciudades, las y los manifestantes mantuvieron un momento de silencio que duró ocho minutos y 46 segundos, la cantidad de tiempo que el ex oficial de policía de Minneapolis, Derek Chauvin, se arrodilló sobre el cuello de George Floyd antes de asesinarlo.
También fueron organizadas manifestaciones en otras nueve ciudades alemanas. En Munich marcharon al menos 20,000 personas; 14,000 personas se reunieron en Hamburgo, y al menos 8,000 en Frankfurt. Incluso los equipos de fútbol alemanes como Werder Bremen, Wolfsburg, Borussia Dortmund y Hertha Berlin, se arrodillaron en solidaridad con las protestas de “Black Lives Matter”.
Inglaterra
En Bristol, ciudad del sudoeste de Inglaterra, una estatua de Edward Colston, traficante de personas esclavizadas, fue desatrancada y luego pisoteada por los manifestantes. Bristol es uno de los principales puertos ingleses donde se organizó el comerció de esclavos. Se dice que los barcos de Edward Colston transportaron decenas de miles de esclavos de África a América.
Italia
En Roma, la protesta incluía a muchos inmigrantes africanos. “Es realmente difícil vivir aquí”, dijo Morikeba Samate, un inmigrante senegalés de 32 años que llegó a Italia después del peligroso cruce del Mediterráneo. “Creen que todos somos ladrones”, agregó el manifestante.
En Göteborg, se reunieron casi 2,000 personas, pero la manifestación fue rápidamente disuelta debido a la limitación de las reuniones establecidas a 50 personas por razones de salud en la contingencia sanitaria causada por el Covid-19.
Francia
El 2 de junio, en París, aproximadamente 20,000 personas respondieron al llamado del Comité Adama para protestar en solidaridad con el movimiento estadounidense, pero también para denunciar las violencias policiales en dicho país y exigir justicia para Adama Traoré, un joven negro asesinado por la policía francesa el 19 de julio del año 2016.
El sábado 13 de junio, una marcha histórica convocó a más de 100,000 personas. “Hoy es una manifestación para denunciar la violencia policial. Lo que está sucediendo en los Estados Unidos, exactamente lo mismo está sucediendo en Francia: nuestros hermanos están muriendo”, dijo Assa Traoré, hermana de Adama. La multitud exigiójusticia y, sobre todo, un cambio profundo contra el racismo en el país.
Denuncian el racismo europeo
En Francia, como en los demás países europeos, los manifestantes no solo están expresando su indignación ante la violencia policial y la discriminación racial que ocurre en los Estados Unidos, sino que lo denuncian en sus propios territorios.
En el caso francés, la escritora, periodista y afrofeminista Rokhaya Diallo expresó en una entrevista para la radio francesa RMC: “Tenemos historias diferentes, los EEUU son un país que se fundó en base a un genocidio y la deportación masiva de esclavos para construirse, pero en Francia tenemos nuestra propia historia de racismo, que se traduce todavía hoy en día en prácticas institucionales. Francia fue condenada por primera vez por la Corte Europea de los Derechos Humanos en 1999 por violencias policiales racistas, y sigue recibiendo condenas hoy en día”.
De manera más general, el historiador de la colonización Pascal Blanchard señaló que “lo que pasa en EEUU resuena en países como Francia, Alemania e Inglaterra, porque también tenemos una historia colonial, tenemos una historia de la esclavitud”.
El racismo denunciado en las movilizaciones que atraviesan la Union Europea (UE) no sólo es el que se manifiesta con las violencias policiales, sino el está presente en toda la organización social, política y económica de estos países.
En 2018, un informe llamado “Ser Negro en la Union Europea” ya había señalado oficialmente el racismo específico al que se enfrentan las personas negras de Europa. Escrito por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA, por sus siglas en inglés), el informe examina las experiencias de casi 6,000 personas negras de 12 Estados miembros de la UE.
Ser negro en la UE significa a menudo ser objeto de racismo, vivir en condiciones insalubres y sufrir precariedad laboral, estableció la investigación.
“Las personas negras de la UE se enfrentan a dificultades intolerables en cosas tan básicas como el alquiler de una vivienda o encontrar un trabajo digno, todo debido a su color de piel” detalló la FRA en un comunicado de prensa.
A modo ejemplo, el informe expone que el 30% de los encuestados afirma haber sufrido acoso racial durante los últimos cinco años, mientras que el 5% ha sido víctima de agresiones físicas.
Por otra parte, el 39% expresó haber sido discriminado en su vida cotidiana, y el 25% ha sufrido discriminación racial en su puesto de trabajo o en el momento de la búsqueda de empleo. Los jóvenes negros son especialmente vulnerables: en algunos países, hasta el 76% carecía de empleo, educación o formación, frente al 8% de la población general.
En cuanto a la vivienda, el 14% de los encuestados afirma que los arrendadores no están dispuestos a alquilarles una vivienda. El problema es aún más grave sabiendo que solo el 15% de las personas negras interrogadas posee una vivienda en propiedad, en comparación con el 70% de la población general de la UE. Además, el 45% vive en condiciones de hacinamiento, en comparación con el 17% de la población general.
Finalmente, los controles policiales discriminatorios también son preocupantes: el 24% de los encuestados ha sido interpelado por la policía durante los últimos cinco años. Entre los interpelados, el 41% considera que el control policial se hizo por su perfil étnico.
La gravedad de la pandemia de Covid-19 está superando las predicciones epidemiológicas en Oaxaca, donde los casos confirmados han rebasado los 3,000 y las muertes se elevaron a más de 340. Pero mientras las autoridades sanitarias instan a las y los habitantes a lavarse las manos con frecuencia y a desinfectar las superficies de uso común con el fin de controlar la propagación del nuevo coronavirus, en más de la mitad del territorio oaxaqueño escasea un recurso esencial para cumplir las medidas de contingencia: el agua. En este contexto de sequía el gobierno ha decidido declarar la minería, una industria con alto impacto en los recursos hídricos, como una actividad esencial.
El jueves 4 de junio de 2020, madres y familiares de personas desaparecidas se manifestaron afuera de Palacio Nacional, Ciudad de México, con tres exigencias claras: impedir el recorte presupuestal a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); la destitución de la titular de la institución, Mara Gómez Pérez; y, por último, acordar una reunión con el presidente de la república, la titular de la Secretaría de Gobernación y el subsecretario de Derechos Humanos, esto con la intención de que las madres puedan hacerles llegar de viva voz sus preocupaciones y exigencias.
Ante la sordera del gobierno, las personas participantes decidieron instalarse frente a Palacio Nacional en un plantón que crece día con día, el cual está integrado por alrededor de 100 familiares pertenecientes a diferentes colectivos, organizaciones y grupos de búsqueda de distintos estados de la república, y continuará firme hasta que las autoridades correspondientes salgan a sostener una comunicación directa y se cumplan las demandas.
El pasado jueves 11 de junio, las madres dieron una conferencia de prensa con el objetivo de dar a conocer sus exigencias, los tratos que han vivido y desmentir una falsa reunión que las autoridades anunciaron, sin la presencia de las autoridades que familiares solicitan, y sin haberla acordado primero con ellas.
Las exigencias de los familiares de personas desaparecidas no nacen de la nada. Son respuestas directas a acciones institucionales que han violentado, revictimizado y colocado en situación de riesgo a quienes buscan respuestas, un trato digno y, principalmente, a sus familiares.
En contexto ⇒El peligro de buscar a los desaparecidos en México
Recortes a la CEAV, desde antes de la pandemia
En un decreto publicado por la Secretaría de Gobernación sobre la CEAV el 23 de abril de este año, se anunció un “recorte del 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros”, el cierre de “la mitad de las oficinas, con excepción de las que atiendan de manera directa al público o aquéllas que son esenciales para el bienestar del pueblo”, así como la postergación de “las acciones y el gasto del gobierno”, con excepción de 38 programas prioritarios, el último de ellos es el de la “Defensa de los derechos humanos”. Sin embargo, los familiares denuncian que la CEAV no atiende cabalmente a las víctimas desde hace meses, que los recursos están parados incluso antes de que comenzara la pandemia causada por el Covid-19. Ante esto, las madres han declarado que “La CEAV va a desaparecer hasta que no haya una víctima más. No vamos a permitir que no seamos escuchados, por eso estamos aquí. Y aquí vamos a permanecer hasta que seamos atendidos”.
Cabe señalar que el presupuesto de la CEAV, amparado por la Ley General de Víctimas, es utilizado para atención psicológica y médica, así como para las búsquedas que hacen los diversos colectivos a lo largo del territorio mexicano, entre otras cosas. El decreto reciente es, además, un retroceso inmenso en el trabajo que las familias han realizado durante años.
“Las familias de diferentes estados nos reunimos para hacer esta ley, porque vimos la necesidad de cada estado, la comisión se hizo justo por eso, para las víctimas. Si las personas que están trabajando ahí no sirven para lo que es, cámbienlos o asesórelos, pero si ellos están ahí son por las víctimas”,
COMENTARON LAS Y LOS INTEGRANTES DEL PLANTÓN.
En la búsqueda de justicia
La desaparición forzada es uno de los alarmantes y terribles problemas que se viven en México, es parte de la crisis humanitaria que estremece al país desde hace décadas. De acuerdo al Informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas, publicado por la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos en enero 2020, hay más de 60 mil personas desaparecidas registradas por las autoridades. Cada una de ellas tiene una madre, esposx, hijas o hijos, amigos, sobrinos o familiares que le quieren, extrañan y esperan su llegada. Y hoy y siempre, lxs desaparecidxs están presentes.
Quienes les buscan y esperan han levantado la voz exigiendo justicia, han recorrido campos enteros, montañas, desiertos y fosas clandestinas. Han realizado búsquedas en todo el país y quienes escarban son las madres, los padres, las hijas, las hermanas y hermanos. No es el gobierno, no es el Estado, sino que son las mismas familias las que han trabajado para mitigar el dolor y la tragedia aún con el miedo presente.
Hoy las familias nos demuestran que el horror se combate con la frente en alto y con el corazón en la mano, tanto riendo como llorando. Sintiendo, evitando la indiferencia, atacando la injusticia y encontrándose con otras, otros que viven procesos similares.
“Quisiéramos que se pusieran ellas [los funcionarios públicos] en nuestro lugar un momento, saber qué pasaría con ellos si sus hijos no estuvieran a su lado. Y nosotros no hablamos nada más con la mente, hablamos desde nuestras entrañas porque nosotros cargamos a nuestros hijos, y así como vivos se los llevaron: ¡Vivos los queremos!”, demandaron las y los familiares de personas desaparecidas en México.
Discriminación y revictimización, la respuesta oficial
Además del riesgo que corre el presupuesto para las búsquedas, los familiares de desaparecidos han denunciado ataques y falta de sensibilidad de los servidores públicos. Debido a la revictimización que sistemáticamente han padecido por parte de la titular de la CEAV, Mara Gómez Pérez, su destitución es parte de las exigencias.
“En la V Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, nos juntamos y todas las familias vimos que era un mismo sentir de todas, que no era posible retroceder a todo lo que se había logrado con la Ley General de Víctimas, sobre todo porque esta ley, y esta lucha no solamente nos ha costado trabajo, sino esfuerzo, dolor y sangre. Este trabajo significa mucho para nosotros, este logro que tenemos con la Ley General de Víctimas, para que venga ella y quiera desarticular y desmantelar todo lo que ya nosotros hemos ganado y lo vuelvo a repetir, porque en verdad es importante enfatizar porque esto nos está costando la vida, nos está costando la vida, nos está costando mucho dolor y ha costado sangre”, expresan integrantes del plantón en referencia a las acciones de la titular de la CEAV.
Desde que Mara Gómez entró como comisionada, las buscadoras han recibido comentarios discriminatorios, como prueba de ello está el audio que se filtró en marzo, donde se le escucha decir: “Todo el mundo cree que somos la Lotería Nacional y que de aquí salen premios”. La grosería e insensibilidad que ha demostrado la titular de la CEAV es alarmante y ha generado una respuesta colectiva:
“Mara Gómez está diciendo que para las víctimas del país la CEAV es una Lotería Nacional, que nos ganamos la lotería cuando nos hicimos víctimas. Esa es la sensibilidad de esa señora, esa es la violación a nuestros derechos humanos. Nosotras la invitamos a que vacacione (como lo ha dicho) a nuestro lado, a buscar con pico y pala a nuestros familiares”.
“Nosotros somos los que realmente hemos buscado y encontrado, porque ninguna autoridad ha encontrado a nuestros hijos. Nos quieren poner tiempos para las búsquedas, ella dice que no se puede hacer una búsqueda por más de seis meses. Ahí se ve la ignorancia de la señora. No sabe realmente lo que es una búsqueda. Nosotros le hemos dicho que la invitamos, que se vaya un día, no semanas como nosotros hemos andado, para que vea si realmente encontrar a un familiar se lleva una semana, dos días. Ella dice que estamos abusando de los tiempos. Nosotros tenemos años buscando a nuestros hijos y no los hemos encontrado. ¿Quién nos va a poner los tiempos? Los tiempos son de dios, pero también de nosotros, de las madres que no vamos a parar hasta encontrar a nuestros hijos. De aquí no nos vamos a mover hasta que esa señora se vaya de la Comisión, porque es una mujer insensible. No sabe lo que nosotras, las madres, sufrimos”, afirman las y los integrantes del plantón durante la conferencia de prensa.
Solidaridad, desde abajo
Al plantón han ido a apoyar de diferentes organizaciones, grupos, colectivos y otras víctimas de violencias pues se entiende que es momento de acompañar a las familias. El apoyo no ha venido ni vendrá de ninguna institución gubernamental, han sido las organizaciones civiles, la organización desde abajo la que ha brindado acompañamiento. Estar, poner el cuerpo y sentir, acompañar y escuchar es la principal petición que hacen las buscadoras a la sociedad en general.
“Lo que necesitamos es ser escuchados y atendidos. Y también quiero decirle a Mara que le cambio mi boleto de lotería y el de todas las mamás que estamos aquí por el de ella. Buscamos familiares de diferentes estados […] nos hemos organizado, y cada una, cada que tenemos una búsqueda nos invitamos, por eso es que estamos aquí muchos de diferentes estados, porque así nos conocimos, buscando. Así que buscándolos, nosotros nos encontramos”.
Entre los colectivos que han acompañado el largo caminar de las madres que buscan a sus hijxs, se recalcó el apoyo que ha dado la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, grupo que esta semana fue atacado por un noticiero corporativo, difamando su trabajo y labor de acompañamiento.
“Nosotros como plantón les queremos manifestar que apoyamos incondicionalmente a la Brigada Humanitaria Marabunta. Ellos han acompañado a las víctimas de desaparición forzada desde hace muchos años en las búsquedas. Ellos han hecho lo que la gente capacitada de la fiscalía no ha podido hacer. Marabunta nos cuida y ahora nos toca también cuidarlos y defenderlos”.
En las distintas visitas que hemos hecho al plantón, las madres nos han compartido la importancia que tiene para ellas el acompañamiento y la solidaridad con su lucha y su búsqueda.
“Nunca, a nadie le pediría que estuviera en mis zapatos, porque este dolor que yo siento no se lo desearía a nadie. Simplemente les pediría mucho a la sociedad, a toda la gente, que nos comprenda, […] un familiar no se sustituye ni con el tesoro más grande del mundo. Este dolor no lo puedo ni explicar y tampoco les puedo decir ‘ojalá lo sientan’, no. Nunca quisiera que alguien estuviera pasando por lo que pasamos, simplemente que nos comprendan, que nos tengan paciencia, necesitamos mucho apoyo y no hablo, en verdad que no hablo de lo material y los recursos, yo necesito alguien que me abrace, alguien que me diga ‘la vas a encontrar, va a regresar a casa’, yo necesito esa mano que me sostenga cuando caigo y me quiero dar por vencida, yo los necesito a ustedes para yo poder seguir buscando. Eso es lo que yo quiero de mi gente, de mi pueblo, de todos mis amigos, […] cuando me vean caída, me ayuden a levantar y a seguir mi camino, que cuando yo ya no exista en este mundo, ellos busquen por mí, si yo no la llego a encontrar a mi hermana, lo único que me dolería es que nadie la buscara”.
Puedes leer el comunicado completo del plantón de Familiares de Desaparecidas y Desaparecidos Nacional en este enlace.
Hace poco mas de un año, el 7 de Junio del 2019, EEUU y México firmaron un acuerdo migratorio el cual estipulaba que, a cambio de que la administración de Donald Trump no impusiera aranceles a la importación de productos mexicanos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendría que contener el flujo de migrantes que se dirigen hacia EEUU.
Como principales medidas, México acordó desplegar su Guardia Nacional en las fronteras sur y norte, detener y deportar a más migrantes, así como permitir la expansión de los Protocolos de Protección al Migrante (MPP), más conocidos como “Quédate en México”, que obligan a miles de personas solicitantes de asilo en EEUU a esperar sus audiencias en ciudades fronterizas mexicanas.
Los meses que siguieron al acuerdo dieron lugar a un aumentó drástico de las detenciones por parte del gobierno mexicano. En mayo del 2019, 23, 000 personas fueron detenidas, un número de arrestos que no había sido alcanzado desde el año 2006.
Esa persecución obligó a las y los migrantes a usar rutas diferentes, atravesando territorios remotos y haciéndoles más vulnerables al crimen y el abuso.
Por otro lado, el despliegue de la Guardia Nacional para la aplicación del acuerdo migratorio provocó un aumento en las denuncias de uso excesivo de la fuerza contra personas migrantes y solicitantes de asilo.
El aumento en las detenciones también fue acompañado por múltiples denuncias que estipulan que las autoridades han estado deteniendo personas migrantes sin el debido proceso, un problema que se ha intensificado durante la pandemia del COVID-19.
Según el diario mexicano Proceso, desde el inicio de la crisis sanitaria, varios amparos han sido promovidos en Tabasco, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Tijuana, Veracruz y Nuevo León, solicitando a las instancias de gobierno garantizar “el acceso a la salud, una estancia regular, una vivienda digna, así como la suspensión de las detenciones y la libertad de las personas detenidas en estaciones migratorias”. Además, el pasado 18 de abril, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativo ordenó al Instituto Nacional de Migración (INM) que cumpla con 11 medidas, entre ellas la puesta en libertad y la dotación de una estancia regular a las personas en detención migratoria.
Sin embargo, “en lugar de cumplir con la orden judicial, el INM deportó y abandonó en la frontera, de manera masiva, a más de 3 mil personas recluidas en sus centros de detención”.
Anunciada en diciembre de 2018 e implementada un mes después, la política de Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), más conocida como “Quédate en México”, establece que todos los solicitantes de asilo que llegan a la frontera sur de Estados Unidos tienen que esperar la resolución de sus casos por dicho país mientras esperan en territorio mexicano.
Según la Casa Blanca, en Washington, durante los 13 primeros meses de su implementación, la medida justificó que 60,000 migrantes fueran devueltos a México. Esa realidad ha estado poniendo a decenas de miles de personas en peligro, ya que el año 2019 fue el año más violento registrado en el México.
De hecho, según la organización Human Rights First, hasta mayo de 2020, se han reportado públicamente al menos 1,114 casos de asesinato, abuso sexual, tortura, secuestro y otros asaltos violentos contra personas solicitantes de asilo obligadas a esperar en México mientras se preparan sus audiencias migratorias en EEUU.
Varias de las ciudades fronterizas que reciben solicitantes de asilo se encuentran entre las más violentas del mundo. Según una estimación realizada por grupos de derechos humanos en enero de 2020, las autoridades estadounidenses han regresado unas 27,500 personas solicitantes de asilo a la región de Tijuana-Mexicali, y otras 18,000 a Ciudad Juaréz. Según una clasificación anual realizada por la organización mexicana Seguridad, justicia y paz, Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C., Tijuana y Ciudad Juárez fueron respectivamente la primera y la segunda ciudad más violenta del mundo el año pasado.
En el marco de la pandemia de COVID-19, Tijuana también es una de las ciudades más afectadas, y su tasa de mortalidad es la más alta de todo el país, con un 30% de defunciones.
Migrantes deportados a México, en lugar de sus países de origen
Como si fuera poco, la pandemia de COVID-19 ha intensificado las políticas anti-inmigrantes y anti-asilo del gobierno de Trump y, como lo señaló la WOLA, “una vez más, el gobierno de México no ha protestado”.
En marzo pasado, el Departamento de Seguridad Nacional de los EEUU (DHS, por sus siglas en inglés), firmó un acuerdo con Canadá y México con el pretexto de la lucha contra la propagación del virus. El acuerdo especifica que “la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) ya no detendrá a inmigrantes ilegales en nuestras instalaciones de detención, sino que los extranjeros serán inmediatamente devueltos al país desde el que ingresaron, ya sea Canadá o México”.
Según el diario Los Angeles Times, “en menos de un mes, más de 11,000 migrantes han sido enviados de vuelta a través de la frontera mexicana bajo las nuevas pautas. Incluyen solicitantes de asilo y cientos de menores no acompañados”.
Esa medida fue implementada el 21 de marzo, y a la fecha su plazo ha sido extendido hasta el 22 de junio 2020.
“Este enfoque va en contra de las recomendaciones de los expertos de salud pública, quienes han señalado las formas en que es posible (y más sensato, desde una perspectiva de salud pública) aplicar políticas que defiendan el derecho a migrar y solicitar asilo en medio de la pandemia”, denunció la WOLA.
Hacinamiento en estaciones migratorias, casas del migrante y campamentos
El gran aumento de las detenciones de migrantes en México, el programa “Quédate en casa” y las medidas tomadas para supuestamente controlar la propagación del COVID-19 han dejado a la mayoría de los albergues y estaciones migratorias operando por encima de su capacidad.
En agosto del 2019, las estaciones migratorias y estancias provisionales del Instituto Nacional de Migración (INM) ya albergaban en promedio a un 61% más de su capacidad. En algunos casos, el excedente alcanzaba el 300%.
“La mayoría carece de instalaciones sanitarias adecuadas, atención médica y acceso a alimentos. A pesar de las preocupaciones generalizadas sobre el hacinamiento, las malas condiciones de salud y las denuncias de maltrato, el gobierno mexicano sigue restringiendo el monitoreo independiente de las condiciones de las estaciones migratorias”,
SEÑALÓ LA WOLA CON RESPETO A LAS ESTACIONES MIGRATORIAS DEL INM.
Por otro lado, las miles de personas que han estado esperando la resolución de sus solicitudes de asilo para EEUU en ciudades fronterizas mexicanas no han tenido que hospedarse en campamentos superpoblados, con condiciones sanitarias pésimas.
“Los gobiernos de México y los Estados Unidos crearon las condiciones para un posible desastre de salud pública en el contexto de la pandemia COVID-19”, denunció la WOLA.
Finalmente, el cumplimiento de México con las demandas del gobierno de Trump para restringir el flujo migratorio está poniendo el sistema de asilo de México al borde del colapso.
Según la la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), en 2019 México recibió 70,302 solicitudes de asilo, más del doble del número recibido en 2018, y entre enero y mayo de 2020 recibió otras 19,211 solicitudes.
En el marco de la pandemia, y en contraste con EEUU, la COMAR sigue recibiendo solicitudes de asilo, aunque haya dejado de procesar casos. La acumulación de casos no resueltos aumentó el tiempo que las personas solicitantes de asilo tienen que esperar. Como lo señala la WOLA, muchos están “en condiciones precarias en ciudades sureñas de México que están mal equipadas para apoyar a las personas solicitantes de asilo o para garantizar que tengan un acceso adecuado a los servicios de salud pública.”
Por otro lado, las y los migrantes que han solicitado el asilo en EEUU y esperan en la frontera norte de México también se encuentran en gran precariedad e incertidumbre. “En lugar de un proceso de migración y asilo ordenado y bien regulado, muchas personas migrantes y sus abogados enfrentan una falta de claridad sobre cuándo deben presentarse para sus audiencias migratorias en los Estados Unidos”, precisa la WOLA.
