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Condenan a cadena perpetua a 24 represores de la Operación Cóndor

La Justicia italiana ha condenado a cadena perpetua a 24 represores de Bolivia, Chile, Uruguay y Perú quienes participaron en “Operación Cóndor”, la operación militar coordinada por el gobierno de los Estados Unidos en Sudamérica en la década de 1970. Los jerarcas y militares de Bolivia, Chile, Uruguay y Perú han sido acusados por el homicidio de 23 ciudadanos italianos

Esta condena ha sido resultado de un proceso que iniciaron los familiares de los desaparecidos 20 años atrás, cuando las familias radicadas en Sudamérica, de origen italiano, denunciaron sus casos en Roma. La Corte de Asissi, en Roma, condenó este lunes 8, en segunda instancia, a cadena perpetua a 24 militares, policías y jerarcas.

Entre los condenados de este lunes está el exmilitar uruguayo Jorge Néstor Troccoli, el único que se ha personado en el proceso, ya que reside en libertad en Italia desde que se escapara de la justicia de su país en 2007 y que había sido absuelto.

El juicio dio inicio el 12 de febrero de 2015 con 33 imputados, incluidos tres dictadores, debido a su edad y la muerte de algunos se redujo al número a los 27 acusados sobre los que la fiscalía reclamó cadena perpetua en octubre pasado. En una primera sentencia de 2017, el Tribunal había establecido ocho cadenas perpetuas y 19 imputados absueltos por haber prescrito los delitos, pero esta sentencia se tuvo que cambiar.

La Operación Cóndor o el Plan Cóndor fue un plan de inteligencia diseñado y coordinado por la CIA junto con los servicios de seguridad de las dictaduras militares de Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, para aniquilar a la izquierda opositora durante la década de los 70 y 80.

El 22 de diciembre de 1992, se desclasificó información sobre la Operación Cóndor, estos archivos llevaban por nombre los “archivos del terror”, en ellos se detalla el destino de miles de latinoamericanos secretamente secuestrados, torturados y asesinados por los servicios de seguridad de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Algunos de estos países han utilizado desde entonces algunas partes de este archivo para procesar a ex oficiales del ejército. Los archivos cuentan 50.000 personas asesinadas, 30.000 desaparecidos y encarcelados 400.000.

Arranca la 3ª Jornada de la disidencia de “Cuerpos y Sexualidades” en Oaxaca

Marcha de la diversidad sexual en Oaxaca, 2018. Foto por Eugenia López

Por tercera ocasión se reúnen, colectivxs e individuxs en las Jornadas llamadas “Cuerpos y Sexualidades”, donde, a través de foros, diálogos y expresiones artísticas buscan crear otras formas de relación, de encuentros y de aprendizaje. Pero sobre todo, para continuar con su lucha para que sean respetadxs.

“Es necesario para poder erradicar la misoginia y los lesbo/trans/homo-odios. Vista la incapacidad del Estado en generar condiciones que permitan una vida digna a mujeres y humanos sexodiversos”,

anuncian en el inicio de estas actividades que han comenzado el 8 de julio y terminará con una manifestación el día 13 del mismo mes.

En consecuencia de la incapacidad del Estado y sus instituciones para velar por el respeto de la diversidad sexual, los integrantes de La Asamblea Oaxaqueña de la Diversidad Sexual, se dieron a la tarea de construir sus propios espacios de forma incluyente e independiente a partir de la 1ª Jornada realizada en el año 2017. "Lo que nos interesa es acercarnos para escucharnos y reconocernos, quizá cuidarnos. Cooperar entre todxs con trabajo, y así tejer lazos de comunidad. Debatir y reflexionar nuestras ideas. Reconocer que todxs estamos en distintas etapas de nuestros procesos humanos, y que por eso vale la pena juntarnos, para estimularnos artística, política, cultural e intelectualmente, y así provocar cambios en lxs demás y en nosotrxs mismxs”, expresaban en 2017.

Nunca han buscado y no quieren vinculo alguno con ningún partido político o empresa. Sus iniciativas las han llevado acabo de forma autogestiva, haciendo fiestas y eventos para recaudar fondos. Por el contrario, se han reivindicado más de una vez como un proceso “anticapitalista y antipatriarcal”, que se ha espejeado con la lucha de los pueblo originarios que caminan con el zapatismo y la creación del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y su Congreso Nacional Indígena (CNI).

“Sesionamos públicamente (como Asamblea) desde el 20 de Enero de 2018, cuando a propósito de la convocatoria del Concejo Indígena de Gobierno y su vocera Marichuy, con la diversidad sexual como uno de sus ejes de trabajo, convocamos por primera vez para elaborar un mensaje de bienvenida y apoyo para la caravana del CIG en su paso por Oaxaca”,

expresan en su sitio web lxs integrantes de esta Asamblea.

Desde este momento han continuado realizando reuniones públicas y abiertas, impulsando actividades políticas, artísticas y culturales “que impacten a la población sexo-disidente del Estado”, afirman.

Esta vez, la invitación es para asistir a estas Jornadas, que son totalmente abiertas y sin ningún costo. Quienes han llevado acabo estas actividades buscan el acercamiento de más personas que se identifiquen y quieran sumarse a exigir respeto. Su fuerza radica, dicen, “en reconocer nuestras diferencias”.

Las actividades son diversas y hay desde poesía, taller de animación, presentación de documentales y fotografía, hasta danza, performance, talleres de rap y de radio. CONSULTA AQUÍ PROGRAMACIÓN 2019

Los espejos del despojo, la militarización y contrainsurgencia en el sureste mexicano y Centroamérica

Competitors from the United states continued to endure the mentally and physically challenging tests during the team event, June 21, 2019, in Viña del Mar, Chile. The events consisted of loading into a Cougar helicopter followed by helocast, combat swim, foot march and the employment of marksmanship abilities. Fuerzas Comando is an annual multinational Special Operations Forces skills competition sponsored by U.S. Southern Command and executed by Special Operations Command South, hosted this year by the Ejercito de Chile and Estado Mayor Conjunto, Chile.(U.S. Army photo by Spc. Jose Vargas Marmolejos)

Sudamérica se vuelve a los brutales tiempos de la Colonia, ahora con el “nuevo” extractivismo, que no es sino el ancestral saqueo de recursos naturales, tipificados como “materias primas”, y que, en los gobiernos progresistas de la región, se avala y promueve como un “extractivismo de izquierda” -que viene siendo algo así como un capitalismo de izquierda o una izquierda capitalista o a saber qué quiere decir eso-, pero igual destruyen y despojan, sólo que es por una “buena causa” (¿?).  Cualquier crítica o movimiento opositor a la destrucción de los territorios de los originarios es catalogada como “promovida por el Imperio”, “de aliento derechista”, y demás equivalentes a “es un complot de la mafia del Poder”. Sub comandante insurgente Moisés y SupGaleano.

I

El 16 de Agosto del 2014, el Congreso Nacional Indígena publicaba la segunda declaración sobre el despojo de nuestros pueblos, donde exponían a manera de metáfora, 24 espejos del despojo territorial y la guerra contra los pueblos a nivel nacional estructurada en una relación intrínseca entre violencias políticas del estado, a decir; la militarización, las reformas, la creación de leyes etc., y las violencias destructivas y anónimas del capitalismo; desde el actuar de las grandes corporaciones -mineras, petroleras etc.- hasta las del crimen organizado en su gran diversidad de carteles.

A 5 años de dicha declaración, la guerra no solo se ha agudizado, sino que ha permitido la continuidad de la militarización y el despojo, son pretexto de la lucha contra el crimen organizado.

El despliegue de la Guardia Nacional previsto para el 30 de Junio del presente año, se ha adelantó para el pasado martes 18 de Junio (1) debido a los acuerdos tomados entre el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrad, y Mike Pence secretario de gobierno de EU.

La intimidación de una guerra arancelaria impulsada por el presidente Trump a México puso a temblar al estado, sus instituciones y alguno que otro despistado y liberal dentro de esta geografía. Ante esto, detener el flujo migratorio en 45 días fue la condición del gobierno estadounidense para frenar la causa de lo que podría ser una “crisis económica por el alza a los aranceles en el futuro”.

Unas semanas antes, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó en conferencia matutina junto con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador una propuesta nombrada “Plan de desarrollo integral: El Salvador, Honduras, Guatemala, México” como respuesta para combatir el fenómeno migratorio en Centroamérica.

Dentro de dicho plan resalta la posibilidad de establecer una interconexión eléctrica entre los países de dicha región que implicaría la construcción de un gasoducto de 600 km para “la integración entre el sur de México y América Central para llevar el exceso de gas natural y bajar el costo”, además, una terminal de gas natural y una central energética en el puerto Cortés en Honduras, el mejoramiento de infraestructura fronteriza en 950 km entre Guatemala y México, y una conectividad ferroviaria de 710 km desde la ciudad de Hidalgo en Chiapas, hasta en el puerto de la libertad en el Salvador (2) que pueda conectar, de la misma manera, Guatemala, Honduras, el Salvador y México.

Sumemos a esto, los proyectos de inversión en presas hidroeléctricas, en proyectos de parques eólicos y paneles solares, minería etc., como parte de la continuidad del proyecto Mesoamérica financiado por distintas corporaciones -como la petrolera EXXON, SHELL, ETC- y también por el Banco Mundial, (3) impulsados y justificados, de la misma manera, por la CEPAL.

El 14 de Junio se publica en el diario oficial de la federación el decreto en el que se crea el organismo “público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado denominado corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec”, (4) órgano que asumirá la dirección de la construcción de la diversidad de proyectos dentro Plan de Desarrollo Integral para el Istmo.

Una semana antes, pobladores de distintas comunidades del estado de Oaxaca y de diferentes organizaciones sociales se habían reunido en un encuentro denominado “el Istmo es nuestro”, para rechazar la propuesta del canal interoceánico del gobierno federal.

A partir de las negociaciones el 5 de Junio en la Casa Blanca, estas iniciativas, tanto de la CEPAL como del Corredor Interoceánico, se han acelerado para proteger los intereses no solo del vecino del norte, sino de las propias corporaciones.

Este complejo de megaproyectos implica la materialización de un entramado económico con variables políticas netamente neoliberales que lo único que intentan es “resolver” la crisis dentro de los mismos marcos que la generaron. Crisis que se presenta ahora como migratoria, energética, política y económica.

Como respuesta al éxodo migratorio, se efectúa en estos momentos el despliegue de la Guardia Nacional -que comenzó el martes 18 de junio- que implica la movilización de 6000 elementos, así como 825 agentes del Instituto Nacional de Migración (5) en distintos puntos estratégicos de paso de migrantes en la zona sur-este.

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Ante este panorama, el viernes 14 de junio renuncia Tonatiuh Guillen, comisionado del Instituto Nacional de Migración y especialista en temas de migración con fuertes críticas hacia las políticas anti-migrantes del gobierno estadounidense.

Ante esta deserción, asume la responsabilidad Francisco Garduño, quien había fungido como Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social  a nivel Federal, a decir pues, un especialista en cárceles (6). Y entra en escena, el nombramiento de Kevin McAleenan como jefe del departamento de seguridad de los Estados Unidos, y la posibilidad de que Thomas Homan,  ex director de la agencia migratoria conocida como ICE, asuma este cargo en los próximos días, quien ha sido conocido también como el nuevo“zar fronterizo”, que, además de defender la separación de familias de los migrantes en el proceso de detención, promete redoblar 4 o 5 veces la inspección y deportación de migrantes, y fortalecer(7) los nuevos campos de concentración instalados ya en la frontera sur de este país.

Esta ha sido la respuesta del gobierno de Trump al flujo migratorio, la militarización no solo de la frontera norte, sino el reacomodo del Comando Sur en Guatemala y la capacitación de este comando a militares hondureños en diferentes tareas, “incluyendo salas de limpieza, calificación de armas, registros de vehículos y puntos de control táctico” (8) con intención de combatir el éxodo y otras amenazas internas.

Las prácticas de militarización y detención de migrantes han llegado a puntos extremos similares a los campos de concentración Alemanes del siglo pasado, como afirma David Brooks, “hemos entrado a lo que yo llamaría un sistema de campos de concentración… y la definición de eso es la detención masiva de civiles sin un juicio”. Por cierto, “la semana pasada se reveló que el gobierno de Trump usará una base militar en Oklahoma que fue campo de concentración para japoneses-estadounidenses internados durante la Segunda Guerra Mundial, para detener a unos mil 400 niños inmigrantes no acompañados”. (9)

El éxodo migratorio no puede entenderse sin la formula despojo-militarización, que en clave geopolítica se traduce como zonas de sacrificio (territorios estratégicos en recursos naturales, culturales) y zonas de acumulación, puntos geográficos que se “desarrollan” a costa de otros puntos geográficos y que descansan sobre  una lógica común; la violencia del capital, respaldado por los diferentes tipos de estado (desde los progresistas como Nicaragua hasta los neoliberales) y la injerencia de estrategias de contrainsurgencia, principalmente de Estados Unidos.

Es precisamente ahí donde entra la militarización de México con la Guardia Nacional. El control territorial del sur no es más que un esfuerzo de cuidar un proceso de reordenamiento territorial a favor del capital y sus grandes corporaciones, el Tren Maya y el Plan de desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec y el de Centroamérica, se insertan ahora en la llamada “economía verde ó capitalismo sustentable” (10) como “nuevos espacios globales, en los cuales el orden y gestión del territorio dejan de ser propiedad del Estado para ponerse a disposición del capital extranjero” (11), un proceso de industrialización que implica la construcción de grandes zonas maquileras, -estratégicas a nivel global- y proyectos de “desarrollo”. El mismo papel que cumplirían las Zonas Económicas Especiales, sólo que ahora, con un nombre más amigable.

II

La década de los 80´s y 90´s estuvo marcada por una fuerte violencia entre grupos guerrilleros y ejércitos estatales auspiciados y asesorados por las distintas instituciones y departamentos de seguridad del gobierno gringo. Tanto el pentágono, el departamento de defensa y la CIA cumplieron un papel especifico en contrarrestar a los grupos insurgentes a partir de la instalación de bases militares en todo territorio centroamericano, esa estrategia en lenguaje militar se ha denominado “dominación de espectro completo”, que implica control y vigilancia de todo el globo a través de 5 comandos especiales, como ya sabemos, de Guatemala a la Patagonia vigila el Comando Sur.

Centroamérica ha sido un laboratorio de contrainsurgencia impulsado por estos distintos departamentos de seguridad estadounidenses, que han llevado a imponer, en esa región tan estrecha, cerca de 28 bases y centros de operación militar. La estrategia de “dominación de espectro completo” no solo ha servido para combatir las subversiones, sino también para vigilar y controlar los recursos naturales.

Renán Vega Cantor y Felipe Vega lograron retratar el establecimiento de las bases militares y centros de operaciones gringas en Latinoamérica a través de su investigación “Geopolítica del despojo; Biopiratería, genocidio y militarización” y “Los economistas neoliberales, nuevos criminales de Guerra” (12)  . La distribución de centros de operación y bases militares se distribuye de la siguiente manera:

México:

1).- Bases de Chicomuselo y Juquipilas en Chiapas, con 600 efectivos. Se funda como parte de la iniciativa Mérida, y la militarización del sur de México, sumado a los 14000 militares que se encuentran en Chiapas.

2).- Academia Estatal de formación y desarrollo policial en las Encinas, San Salvador de Chachapa al oriente de Puebla. El FBI y otras agencias gringas tienen participación directa.

Guatemala:

3).- Fondo de mantenimiento contra el narcoterrorismo, en San José Guatemala creada por el comando SUR.

4).- Centro de operaciones contra el narcoterrorismo en Champerico, creado por el comando Sur. Cuartel-centro de operaciones y muelle con inversión de 1.75 millones de dólares.

5).- Centro de Operaciones contra el narcoterrorismo en Tecun Uman, creado por el comando sur con una inversión de 1 millón de dólares.

6).- Centro de entrenamiento de fuerzas especiales Kaibiles. Poptún. Comando Sur y operaciones especiales Sur con una inversión de 1.15 millones de dólares, funciona como centro de operaciones y base aérea.

Honduras:

7).- Centro anti-narcóticos. Comando Sur. Contrato asignado en junio de 2010 por 1.2 millones de dólares.

8).- Puerto Castilla, Comando Sur. Con una inversión de 350 mil dólares.

9).- Base aérea y militar Sotocano y Palmerola. Se origino para contrarrestar la revolución sandinista y el movimiento guerrillero en el Salvador.

10).- Fuerza de tarea conjunta BRAVO-Sotocano.

El Salvador:

11).- Fuerza de tarea conjunta el Águila, base aérea de Comalapa.

12).- Locación de operaciones avanzadas Miraflores, por el Comando de operaciones especiales Sur.

Belice:

13).- Centro anti-narcoterrorismo. Callao Hunting y Callaos Sapodilla. Cuartel, centro de operaciones y muelle creado por el Comando Sur con una inversión de 1´750.000 dólares.

14).- Centro de operaciones contra el narcoterrorismo. San Pedro. Cuartel, centro de operaciones, muelle, almacenamiento de combustibles y dispensario, financiado por el Comando Sur con una inversión de 1.5 millones de dólares.

Nicaragua:

15).- El Bluff Bluefields. Construcción de un cuartel contra el narcoterrorismo por parte del comando sur, que aportó 1 millón de dólares.

16).- Cuartel contra el Narcoterrorismo. Isla Cuerno. Comando Sur con una inversión de 500 mil dólares.

17).- Corinto. Cuartel y muelle. Comando Sur con una inversión de 3.9 millones de dólares.

Costa Rica:

18).- Base Antinarcóticos. Liberia. Construcción por el Comando Sur en 2009. Construcción de un radar y hangar por EEUU. USEN.

19).- Base Naval Punteras. Calderas, Costa Rica. Creación de escuela de guardacostas. El Comando Sur aportó 2009 1,5 millones de dólares para la construcción de muelles e instalaciones.

Panamá:

20).- Centro contra el terrorismo. Isla Grande, Panamá. Cuartel, centro de operaciones, muelle y sistema de abastecimiento creado por el Comando Sur por 3.5 millones de dólares.

21).- Centro contra el narcoterrorismo. El porvenir, Panamá. Centro de operaciones, muelle y sistema de abastecimiento creado por el comando sur por 3.5 millones de dólares.

22).- Centro contra el narcoterrorismo. Puerto Piña. Cuartel, centro de operaciones y muelle creado por el Comando Sur con una inversión de 4 millones de dólares.

23).-Centro contra el narcoterrorismo. Puerto Obaldía. Inversión del Comando Sur por 3.5 millones de dólares. (13)

Los mapas muestran el reparto de dichas bases militares aquí mencionadas.

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La militarización y control de Centroamérica permitió que en esta región se practicaran todo tipo de tácticas y estrategias de contrainsurgencia que fueron, en todos los aspectos, los generadores de la violencia que hoy repercute y expone sus efectos en el fenómeno migratorio.

Por otra parte, en el territorio dominado por el estado mexicano, la distribución del ejército se da a través de 46 zonas militares distribuidas a lo largo y ancho del país (14). Del estado de puebla a Chiapas encontramos por lo menos 10 zonas a cargo de esta institución castrense. Aunado a esto, de los 266 centros de operación de la Guardia Nacional, tan solo Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco se establecerán 50 de estos centros operativos, los cuales fueron los primeros en funcionar -desde el 18 de Julio- debido a la crisis migratoria.

La crisis que se presenta ahora ha venido acompañada de estrategias de “desarrollo integral” como respuesta a dichas problemáticas, no sin antes, como en el caso mexicano, militarizar la zona del problema con un muro de contención contra las y los despojados. Pero estas propuestas de desarrollo integral lo único que hacen es agudizar la violencia propia del capitalismo, mostrando una cara más amable.

No olvidemos que fue la CEPAL – mediante sus análisis desde el enfoque de la economía política o capitalismo con rostro humano- quien propuso y dio las pautas “científicas” para el desarrollo de Centroamérica mediante el proyecto Mesoamérica.  No podemos obviar que “desarrollar integralmente una zona” en el lenguaje de la economía política, es simplemente la continuación de la reproducción del actual modo de producción que tiene como fundamento el despojo permanente mediante la violencia.

III

Y, como era de esperarse, a poco más de una semana del despliegue de la Guardia Nacional, los efectos de la represión comienzan a hacerse notar, la Red Zona Norte de Casas y Centros de Derechos Humanos de Migrantes denuncio el hostigamiento y violencia con la que han actuado los elementos de la Guardia Nacional sobre migrantes y defensores de derechos humanos en los últimos días (15), no solo en la zona norte del país, sino sobre todo en la parte sur, donde el Instituto Nacional de Migración en colaboración con la Guardia Nacional han actuado en redadas contra los migrantes (16). Y, como se previa, la zona sur-este del país, se ha vuelto un muro de contención militar en contra de las personas que vienen migrando.

En los últimos meses,  distintas organizaciones sociales y comunidades han denunciado al gobierno federal y al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas por llevar acabo consultas amañadas (17) con la clara intención de darle continuidad a proyectos de despojo.

Por otra parte, el Congreso Nacional Indígena registra 117 asesinados desde su creación en 1996 y 11 desaparecidos. En tan solo 5 meses del actual gobierno se registraron 10 asesinatos contra miembros del CNI (18). Hay una guerra declarada contra el zapatismo, que no implica solamente el refuerzo de la militarización en territorio del EZLN, sino la agresión permanente hasta el asesinato de quienes se oponen a la toma del estado como forma de organizar la vida.

Pero es una imagen la que muestra la realidad de la guerra que ya esta en curso y de la que se avecina. El 26 de junio aparecieron muertos Oscar Martínez de 25 años y su hija Valeria de 23 meses de edad en los limites del Rio Bravo, en el norte del país al tratar de cruzar la frontera. La Organización Internacional para las Migraciones publico un estudio nombrado “Fatal Journeys Missing Migrant Children” donde señalan que son tres las cusas de muerte en el paso de migrantes en México 1).- Accidentes en el tren llamado la bestia, 2).- las causas desconocidas como desaparición y 3).- la violencia, (19) y afirman, que en 5 años, del 2014 a la fecha suman 1907 muertes registradas de migrantes, pero se les olvido explicar las causas puntuales que originaron la violencia y el despojo de quienes ahora migran, y el papel de las fuerzas armadas en dicho proceso.

La imagen del asesinato de Bertha Cáceres en Honduras, de los pueblos Xincas y Mayas en Guatemala, de las y los estudiantes y pobladores reprimidos y asesinados en Nicaragua, de la crisis política en Panamá y de los despojos territoriales en Costa Rica, nos muestra que es precisamente esta violencia de la clase criminal transnacional, las corporaciones y sus actores ilegales y legales, su vinculo con las instituciones del estado y la militarización y para-militarización, los factores que han obligado a las personas a abandonar sus territorios y/o resistir hasta ser asesinados.

Centroamérica y el sureste mexicano se nos presentan como un mosaico de imágenes, cada mosaico enfrenta su propia versión de la crisis e intenta salir de ella. La guerra que esta en curso y la que viene será la guerra de lxs nadie, de lxs dueños de nada, de lxs despojadxs y excluidxs, de lxs desplazadxs por la violencia de los estados, de lxs asesinadxs por las balas del capital, de lxs encarceladxs por las grandes corporaciones, de lxs desaparecidxs por el crimen organizado transnacional, la guerra que viene será la guerra de lxs nadie, de aquellxs que, como dice Galeano, cuestan menos que la bala que lxs mata.

Texto: Javier Abimael Ruiz García

Mapeo y diseño: Rosa Icela Aguilar Morales.

Tequio Jurídico AC.

México: Anuncian suspensión del Proyecto Integral Morelos mientras se resuelve juicio de amparo

Foto de portada de Radio Zapatista

Un juez del noveno distrito del estado de Morelos otorgó una suspensión de plano al ejido de Amilcingo para que las autoridades federales eviten poner en riesgo a los pobladores con la operación del gasoducto que forma parte del Proyecto Integral Morelos (PIM).

Con dicha sentencia no solo se protege a la comunidad de Amilcingo, sino a 60 poblaciones que serían afectadas por el paso del gasoducto que pretende transportar gas natural para asegurar la operación de la central termoeléctrica ubicada en Huexca.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala expresó que pese a que desde enero del año 2019 el primer tribunal colegiado en materia administrativa en Puebla confirmó el amparo para cuatro comunidades de Atlixco para que sean consultadas, hasta este 3 de julio no se había ordenado la suspensión del polémico gasoducto.

Dichos juicios no son los únicos que están encaminados a detener la operación de dos centrales termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto, los cuales integran el PIM.

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También 11 comunidades indígenas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala han promovido 10 amparos por la violación del Estado mexicano al derecho a la autodeterminación de los pueblos nahuas de la región.

Pese a que la suspensión ha sido ordenada mientras dura el juicio de amparo, las 80 comunidades afectadas por el PIM agregaron que con este recurso tienen la esperanza de no ser despojados de sus bienes naturales, salud y seguridad, a menos que el gobierno federal pretenda violar el orden judicial, como lo han intentado administraciones anteriores.

Las comunidades afectadas también señalaron que existe la recomendación 003/2018 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que documentó violaciones al derecho de las comunidades a la consulta y la falta de seguridad del PIM en torno al volcán Popocatépetl.

Sin embargo estos recursos y sentencias no han sido suficientes para frenar definitivamente el PIM.

Chiapas: Salud de presos tsotsiles en peligro tras 110 días en huelga de hambre

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, 13MAYO2019.- Se llevo a cabo una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolome de las Casas, en la cual se informó que ocho de los veinte presos que iniciaron una lucha y organización por haber sido encarcelados injustamente y sin el debido proceso, ellos se pondrán en huelga de hambre por segunda ocasión, para exigir otra vez a las autoridades revisen sus expedientes. Desde hace casi 60 días que inicio la primera huelga de hambre, los familiares y los compañeros presos han sido, castigados, aislados y amenazados y nadie les ha dado respuesta. FOTO: ISABEL MATEOS /CUARTOSCURO.COM

Foto de portada: Isabel Mateos / Cuartoscuro

Cinco indígenas tsotsiles contabilizan 110 días en huelga hambre. Ellos son: Adrián Gómez Ruíz, Juan de la Cruz Ruíz, Abraham López Montejo y Germán López Montejo están encerrados en el Centro Estatal para la Reinserción Social de los Sentenciados (CERSS) No. 5, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, mientras Marcelino Ruíz Gómez está en el CERSS 10 ubicado en Comitán de Domínguez. Juan Pérez Álvarez, indígena tseltal que también estaba en huelga de hambre en el CERSS 10, ha sido liberado el 14 de mayo de 2019 después de 16 años en prisión.

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La exigencia: libertad inmediata

Los cinco presos que siguen en protesta denuncian haber sido detenidos sin orden de aprehensión y que bajo tortura los hicieron confesar delitos que no cometieron. También han denunciado haber recibido tratos crueles, inhumanos y degradantes en prisión y discriminación por ser de pueblos originarios.

Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, los presos en huelga exigen al Estado mexicano: revisar sus expedientes penales; continuar las investigaciones de las denuncias por tortura y otras violaciones a derechos humanos; atender la solicitud de libertad inmediata y garantizar su seguridad e integridad al ejercer su derecho de libre expresión y manifestación.

Negligencia médica y acceso al agua potable negado

Desde que empezaron su huelga de hambre, los presos han denunciado en varias ocasiones omisión y negligencia en la atención a su salud. También denuncian que se les niega el derecho al acceso inmediato al agua potable, lo que les afecta en particular a nivel hepático y renal.

Susana Ruíz, hermana de Juan de la Cruz Ruíz, señaló en una entrevista para Avispa Midia que el domingo 30 de junio los presos nuevamente tuvieron problemas para acceder al agua. Cuando la solicitaron, “les dijeron que si querían agua la tenían que comprar, y no les quedó de otra que ir con el garrafón y llenarlo con el tubo, pero en el tubo está muy contaminada el agua porque hay una parte de las tuberías que están rotas y está conectado con las aguas negras de los baños. Y de ahí tuvieron que traer el agua porque llevaban muchas horas sin poder tomar su miel”, denuncia Ruíz.

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Salud en deterioro

Esas condiciones, sumadas a los 110 días que llevan sin ingerir alimentos, hacen que su salud se este deteriorando.

Por la mañana del sábado 29 de junio, Juan de la Cruz Ruíz fue trasladado al Hospital de las Culturas en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, ya que sufría de un dolor muy fuerte en el abdomen y presentaba diarrea.

Antes de que lo sacarán del hospital, Cruz Ruíz solicitó un permiso para ser acompañado por un familiar, el cual le fue negado por el director del penal. A pesar de ello, sus familiares decidieron seguirlo al hospital. “Fuimos para verlo aunque sea de lejos y sí vimos el estado grave en el que estaba mi hermano, no podía caminar, el dolor era muy fuerte y se doblaba. Se quejaba de mucho dolor”, nos cuenta su hermana.

A pesar de su estado de salud, al llegar al hospital se le negó el ingreso a Juan, “porque no tenían la autorización”. Por lo mismo, le negaron también la posibilidad de sentarse en una silla mientras esperaba la atención médica.

Cuando por fin llegó el permiso, lo dejaron pasar junto con su hermana ya que un trabajador social dijo que necesitaba ser acompañado por un familiar que le ayudará porque el hospital no contaba con camillas disponibles.

Lo revisaron, le pusieron un suero y le realizaron una prueba de sangre y un ultrasonido. Pasó la noche en el hospital recibiendo tratamiento, “entre dolor y risa, con muchas emociones porque es la primera vez desde hace más de 12 años que estaba cerca de su familia, que pudimos estar con él”, relata su hermana.

En la mañana del domingo 30 de junio, su mamá lo acompañaba cuando lo dieron de alta entre las 11 y las 12. El diagnóstico fue que tenía salmonelosis y deshidratación y que presenta inflamación crónica en el riñón derecho y piélica leve en el riñón izquierdo. Sus familiares fueron a la farmacia a comprar los medicamentos recetados y se los entregaron para que se los llevará de vuelta al penal.

“Lo vi bastante mejorcito porque ya no tenía mucho dolor, sí estaba cansado y débil pero pues eso ya es normal con tantos días que han estado en la huelga de hambre”, relata Susana.

Por la mañana del lunes 1 de julio, Juan volvió a hablar con su hermana para avisarle que estaba mejor, pero que otro compañero se sentía mal.

“Al compañero Adrián ya lo han traído a San Cristóbal al hospital dos veces, y me comenta mi hermano que hoy amaneció mal otra vez. Y ayer, nos trasladamos al penal para ver que Juan llegará bien y me di cuenta que el compañero Germán igual está mal de la salud, tiene tos y gripa. Se han visto afectados, en periodos muy cortitos se ponen muy mal, ya no tienen de donde sacar fuerza”, explica la hermana de uno de los presos en huelga de hambre.

Sin respuesta del gobierno estatal

El riesgo a la vida de los cinco compañeros se incrementa debido a que el gobierno del estado de Chiapas no ha resuelto su solicitud de libertad, razón por la cual continúan la huelga de hambre.

“Ellos están muy decididos. Ya confiaron una vez en el gobierno pero no hubo respuesta como lo prometieron. Y difícilmente creo que vuelvan a confiar de esa manera”, nos comparte Susana Ruiz.

El 10 de abril, el secretario general del gobierno de Chiapas, Ismael Brito, había tenido una mesa de diálogo con los familiares de los presos en huelga de hambre en la que, en nombre del gobernador Rutilio Escandón, “les garantizó que revisarían a profundidad, con un sentido muy humano, cada expediente de sus familiares”.

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En aquella ocasión, el funcionario estatal también pidió que levantarán la huelga de hambre, cosa que hicieron los huelguistas, poniéndole al gobierno un plazo de 20 días para cumplir con sus promesas. El día 15 de abril, empezaron un ayuno en el que solo comían unos días, y otros días sólo tomaban agua y miel. Sin embargo, terminó el plazo y el gobierno nunca cumplió, por lo que decidieron reanudar con la huelga de hambre.

“A más de 100 días del inicio de este proceso de lucha, la respuesta que los compañeros están teniendo por parte del Gobierno y del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas es una burla, y eso siendo generosos. El juego macabro al que están sometiendo a los compañeros en huelga de hambre y a sus familias es poco más que espeluznante. Falta de compromiso en los acuerdos, en los plazos que se comprometen a entregar respuestas e información. Juegan a tirarse la pelota entre ellos y con eso, intentan jugar al desgaste hasta la desesperación”, denunciaron integrantes del Grupo de Trabajo No Estamos Todxs en un comunicado.

En dicho documento, la organización que ha acompañado la huelga de hambre de los presos, también hacen responsable al Gobierno del Estado de Chiapas, y en especial al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, al Tribunal Superior de Justicia del Estado, y en especial al Magistrado Presidente Juan Óscar Trinidad Palacios así como al Director de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Gobierno, Francisco Fernando Pérez Robles, en caso de daño irreversible, o desenlace final.

México: El INPI podría otorgar el consentimiento del uso de los saberes indígenas para su comercialización

“Para nosotros como Nnancue Ñomndaa (Amuzgos), Gente de la Palabra del Agua, que habitamos este territorio, nos han enseñado el respeto, cuidado y continuidad del conocimiento en el telar de cintura. Es un saber que ha estado presente desde hace mucho tiempo, nadie sabe quien o quienes fueron las primeras abuelas que tejieron los primeros lienzos y en cual escribieron una forma de mirar el mundo. Sólo sabemos que es sagrado y que como mujeres nos corresponde seguir con la misma escritura, un saber que se aprende de madre a hija, parte de una educación cultural que transmite la mujer”,

nos comparten las mujeres tejedoras que conforman el colectivo Yolcuu Ñomndaa, en la comunidad de Suljaa' (Xochistlahuaca), Guerrero.

Ellas, desde chiquitas, aprendieron todo el arte de tejer con telar de cintura, siguiendo todo el proceso desde la preparación del algodón natural, su teñido con tintes naturales hasta urdir y elaborar complejas tramas e iconografías para la creación de blusas, blusones, morrales, monederos, muñecas de tela, rebozos, huipiles, aretes...

Para ellas, tejer es arte y es resistencia. “Podemos seguir tejiendo porque nacimos herederas de este bello arte, nos corresponde hacerlo para que no muera nuestra palabra, nuestra forma de mirar el mundo, su flora, su fauna, su cielo, la tierra, los seres que habitan, los colores, el día la noche, lo que existe en nuestro alrededor, es lo que nos hace ser quiénes somos. Entonces, se trata de un saber que nos pertenece, que es parte de nuestra cultura, que nos da identidad como pueblo, que guarda nuestra historia”.

Fue una sorpresa cuando se enteraron que la senadora morenista y presidente de la Comisión de Cultura del Senado, Susana Harp, lanzó una propuesta llamada “Ley general de salvaguardia de los elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables”, la cual fue aprobada en el pleno del Senado con modificaciones, y turnada a la Cámara de Diputados el pasado 25 de abril. La propuesta podría ser aprobada en los días que vienen.

¿Proteger los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos?

Según Harp, su propuesta pretende modificar los artículos 157, 158 y 160 de la Ley Federal del Derecho de Autor, así como establecer una derogación del 159, a través de la cual busca que los pueblos tengan el derecho de decidir si elementos culturales que les pertenecen pueden ser reproducidos y por quien.

Los cambios a dicha ley implican principalmente que para utilizar las obras “literarias, artística, de arte popular o artesanal” de pueblos o comunidades indígenas, se les deberá pedir y obtener la autorización previamente, así como establecer un contrato de licencia de uso que incluya los términos de remuneración o el esquema de distribución de beneficios. La ley contempla la realización de listas con los elementos culturales de cada comunidad, las cuales serían resguardadas por los municipios y los estados.

Después de su modificación por el Senado, la propuesta de modificación también planea otorgarle el derecho a la Secretaría de Cultura o al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) de permitir el uso de los saberes indígenas a particulares cuando no sea posible identificar el dueño o los dueños de un diseño.

La propuesta llega tras plagios de bordados de pueblos originarios

La iniciativa surge después de la polémica acerca de la empresa de moda Carolina Herrera, quien utilizó diseños de pueblos originarios mexicanos en su colección Resort 2020. Unos de los bordados que se plagiaron pertenecen a la comunidad Otomí de Tenango de Doria, Hidalgo, otros a distintos pueblos del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y los últimos retoman el estilo del sarape de Saltillo.

El caso de la empresa Carolina Herrera no es nada inédito, sino que es un caso más en el que una empresa de moda utiliza conocimientos propios de un pueblo para su beneficio. Según el registro de la organización Impacto – que trabaja con mujeres artesanas textil en Chiapas – entre 2012 y 2019 al menos 23 marcas de ropa nacionales e internacionales se han apropiado de diseños de pueblos indígenas de varios Estados del país. Entre ellas se encuentran la mexicana Pineda Covalin, la estadounidense Madewell, las españolas Mango, Desigual, Intropia y Zara (que tiene el récord de plagios) o las francesas Dior y Isabel Marant. La última se hizo famosa en 2015 por plagiar la blusa tradicional de la comunidad Ayuujk (mixe) de Xaamkëjxp (Santa María Tlahuitoltepec) en Oaxaca.

Todos esos casos pueden ser calificados de apropiaciones culturales: un grupo privilegiado (aquí empresas de moda) toman un elemento cultural de un grupo oprimido (los pueblos indígenas). El grupo privilegiado saca un beneficio del elemento robado mientras invisibiliza a sus autores y dueños originales.

Como lo explica Yásnaya Elena Aguilar Gil, linguïsta Ayuujk originaria de Tukyo'm (Ayutla), Oaxaca,

“a diferencia de otros fenómenos que se dan en el contacto entre culturas, la apropiación cultural indebida se enmarca en dinámicas asimétricas y prácticas coloniales; es más, la apropiación cultural misma es opresora: mientras que la cultura dominante actúa en contra de los que ejercen la cultura oprimida, al mismo tiempo toma de ésta elementos concretos para exotizarlos, extraerlos para su disfrute o, en el peor de los casos, sacar provecho económico”.

La propuesta criticada

La iniciativa de reforma de Susana Harp pretende justamente proteger a los pueblos indígenas y afromexicanos que habitan el territorio mexicano de la apropiación cultural. Sin embargo, el texto ha levantado muchas críticas.

Para muchos, el hecho de que el texto permita que la Secretaría de Cultura autorice el uso de un diseño “cuando no sea posible obtener el consentimiento del titular o exista duda sobre el mismo” es inaceptable. “Inquieta el asunto del consentimiento en su propuesta. Ninguna institución del Estado puede otorgar consentimiento para el uso de los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas, no necesitamos esa tutela, muchos pueblos han luchado contra ella”, denuncia Yásnaya E. Aguilar Gil.

“¿Cuántos intentos tendrá que hacer el interesado en un diseño, por ejemplo, para encontrar de qué comunidad es, antes de que sea considerado imposible localizarla? Esta pregunta aplica si suponemos que a lo que se refiere el artículo respecto a “cuando no sea posible obtener el consentimiento” es a que no se localizó al pueblo o a las comunidades poseedoras de la obra, pero también podría entenderse que si no le dieron permiso, la Secretaría de Cultura se lo puede otorgar”, escribe Margarita Warnholtz Locht para Animal Político.

Como lo señalan las tejedoras de Suljaa', el problema empieza por el simple hecho de que la propuesta haya sido diseñada desde arriba, sin la participación de las personas, comunidades, pueblos afectados.

“Somos un pueblo culturalmente tejedor, la mayoría de la población es originaria, y para las mujeres el trabajo principal es ser tejedora, en nuestro municipio existe un antecedente de mujeres que han representado a nivel nacional e internacional el saber colectivo del telar de cintura y han sido reconocidas a través de premios por parte de instituciones gubernamentales, entonces nos preguntamos, ¿Por qué si el Estado y sus instituciones tienen conocimiento de ello, no nos involucraron en este proceso? Acaso nosotras no tenemos mucho que decir para aportar en dicho papel? De qué manera van a resguardar según ellos, algo que en nuestro caso es sagrado e importante, si no estamos informadas de esta reforma? Por qué si se trata de una iniciativa impulsada desde el Estado y su 4ta transformación, no hubo un acercamiento hacia nosotras, no una sola, ni a una cooperativa, ni a todo el pueblo – porque se trata de un saber colectivo, no individual, se trata de un saber que tiene vida en todo el municipio – o acaso como somos indígenas lo que pensemos o digamos no tiene importancia y sólo retrasaría su dicha reforma? Nosotras nos preguntamos ¿a quien beneficiaria entonces esta ley? Por qué esa urgencia de tenerlo aprobado en próximos días si no es que ya lo aprobaron? ¿Por qué no hacer las cosas bien, por qué no informar a los pueblos que somos tejedoras, bordadoras? Para nosotras se trata una vez más de lo mismo, exclusión, racismo, paternalismo”,

denuncian

Ellas, como la lingüista Ayuujk y muchas otras personas se refieren al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual establece que “los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. La consulta debe de ser “previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada”.

“Que se consulte a las comunidades y pueblos indígenas según parámetros establecidos en el Convenio 169 de la OIT. Es necesario que las voces de las comunidades indígenas sean escuchadas. Que la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor sea resultado de la consulta a las comunidades y pueblos indígenas. Que sea su voz la protagonista de esta reforma”, expresa Yásnaya E. Aguilar Gil.

Realizar una consulta sobre esa reforma supondría un cambio drástico con las consultas que ya ha llevado a cabo el actual gobierno en los primeros meses de su periodo, las cuales no han sido ni previas, ni libres, ni informadas, ni mucho menos de buena fe y culturalmente adecuadas. Podemos citar por ejemplo la consulta que se realizó en el Istmo de Tehuantepec acerca del proyecto de corredor Transoceánico o la consulta sobre el Proyecto Integral Morelos.

El Estado mexicano como principal apropiador

El problema de la apropiación cultural es un tema muy complejo, que no sólo implica la responsabilidad de empresas de moda, sino también al Estado mexicano y a la sociedad en su conjunto. Como lo señala la linguista Ayuujk, en realidad se da en México de manera casi cotidiana sin provocar mucha polémica ya que ocurre en un país marcado por lo que llama la “narrativa del mestizaje”.

“La narrativa del mestizaje fue creada por el Estado mexicano para tratar de crear una identidad cultural homogénea; de este modo, todas las personas que tienen la nacionalidad mexicana pueden utilizar los elementos culturales de los pueblos indígenas porque estos elementos han pasado a formar parte de algo llamado cultura mexicana”, expresa.

Es más, “el mismo Estado mexicano basa la mitología de su creación en elementos de los que se ha apropiado indebidamente; los símbolos aztecas son los más socorridos: el propio escudo de la bandera mexicana es una apropiación de un símbolo cultural nahua. Al mismo tiempo que el gobierno mexicano destinaba recursos públicos e intensas campañas a la desaparición de las lenguas indígenas, tomaba elementos de estas mismas culturas para crear esa mezcla artificial que hoy se llama “cultura mexicana”: un baile de esta cultura, los elementos gastronómicos de otra más los símbolos de estas otras.”

Hoy, mientras Susana Harp lanza su iniciativa de ley, el gobierno promueve el desarrollo de megaproyectos que llevan al despojo de pueblos indígenas a lo largo y ancho del país.

Y justo, para las mujeres de Suljaa', la propuesta de Harp responde a la misma lógica extractivista que los megaproyectos: “Acaso no se trata nuevamente más de lo mismo, ya lo vienen haciendo con el territorio y los infinitos proyectos extractivos que se imponen, despojan, matan y destruyen supuestamente regulados desde el Estado. ¿Será que ahora ya vieron que aparte de explotar el territorio también se puede hacer lo mismo con los saberes colectivos de los pueblos originarios?”

La defensa de los territorios y la defensa de los saberes colectivos van entonces de la mano.

De hecho, el telar de cintura, como los conocimientos y diseños textiles de muchos pueblos originarios, tiene todo que ver con los territorios a los que pertenecen: sin territorio, no pueden existir los tejidos.

“El hilado de algodón natural, la extracción de tintes naturales y los tejidos, cada saber representa a su vez un universo, en donde existe una relación profunda con la naturaleza, el territorio y todos los seres que habitamos. Sin ello no hay creación, es uno solo, podemos hilar porque tenemos tierra y cultivo, podemos teñir hermosos colores porque tenemos una flora diversa en donde aun podemos encontrar en el monte o en el jardín del partió de la casa hojas, frutos, cortezas, semillas, raíces, minerales en donde podemos extraer tintes naturales”, expresan las tejedoras Nnancue Ñomndaa.


Fotos: del Colectivo Yolcuu Ñomndaa

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